Entrevista al analista Luis Mack sobre la crisis política en Guatemala: “El problema es que el comisionado Iván Velásquez ha tocado intereses muy poderosos”
Por Nadia Luna – Nodal
Luis Mack es un analista político guatemalteco y se desempeña como profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es uno de los fundadores del colectivo Analistas Independientes de Guatemala, un grupo de profesionales abocados al análisis de la realidad social del país.
Nodal charló con Mack para comprender mejor la crisis que atraviesa el Gobierno, el clima que se vive en la población y las posibles salidas del conflicto. “Es una batalla campal que va a llevar muchos años para poder limpiar las estructuras enquistadas en el aparato estatal”, afirma.
¿Cuáles son las raíces de la crisis institucional que atraviesa actualmente Guatemala y desde cuándo se viene gestando?
La crisis que se vive en Guatemala se da por la denuncia que hace el presidente Jimmy Morales contra el comisionado Iván Velásquez de injerencia en asuntos nacionales. Sin embargo, es el procedimiento que él utiliza para declararlo non-grato es lo que origina la crisis. Hay una discusión en torno a si él tiene o no la potestad legal para hacerlo. Más allá de eso, la crisis tiene raíces institucionales muy profundas y se viene gestando desde hace mucho tiempo. Hay una lógica en la cual se plantea que esta crisis se origina realmente desde el tiempo en que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a través del comisionado Iván Velásquez, ha venido investigando contra una serie de personajes de las altas esferas políticas. En este caso, la investigación que se está haciendo en contra del presidente de la República es por financiamiento electoral ilícito.
¿De qué se tratan los antejuicios contra Jimmy Morales?
Los antejuicios están tratando de dilucidar si el presidente tenía la competencia legal para expulsar al comisionado Velásquez. Aquí hay dos interpretaciones. Una de parte de los que están a favor del presidente, que dicen que según la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas, un presidente puede expulsar y declarar non-grato a un representante de cualquier nación sin tener que dar explicación. En tanto, los que están a favor de Iván Velásquez argumentan que el convenio por el cual se establece la CICIG es un acuerdo específico entre el Estado de Guatemala y la ONU, y por lo tanto el presidente no podía expulsar unilateralmente al comisionado Iván Velásquez porque él no representa a ninguna nación y vino al país por petición del gobierno de Guatemala para ayudar en la lucha contra la corrupción.
Otra discusión es qué legitimidad tiene el presidente para hacerlo. Se cuestiona que lo hace de manera sigilosa. El comunicado por el cual expulsa al comisionado lo difunde a las 6 de la mañana del domingo 27 sin haber comunicado las razones ni haber establecido procedimientos durante la semana previa. Aquí hay a todas luces un procedimiento anómalo y además se da en el contexto de la investigación que hace la CICIG contra el presidente. Justamente, el viernes 25, cuando el presidente estaba en la ONU, el comisionado Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana habían presentado un antejuicio contra el presidente que debe ser conocido en los próximos días para ver si se le quita la inmunidad y se lo investiga.
¿La trama de corrupción en la que está envuelto el presidente se extiende también a otros funcionarios del Gobierno?
Lo que está de fondo es que el comisionado ha perseguido y perjudicado a una serie de personajes de alto nivel, no solo funcionarios del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, sino también a empresarios de alto nivel y otros personajes que tienen mucho poder. Entonces, el problema es que el comisionado Iván Velásquez ha tocado intereses muy poderosos en Guatemala y por lo tanto la opinión generalizada es que su expulsión es una excusa para que el presidente salve el pellejo y para beneficiar a sus familiares (tiene a su hijo y su hermano ligado a procesos judiciales) y otros personajes de poder.
¿Cuál es el clima que se vive en la población ante estos sucesos?
El clima que vive Guatemala es bastante complejo. A diferencia del año 2015, en el cual había un consenso y una demanda por que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti renunciaran, en este caso tenemos una sociedad dividida. Los que están a favor del comisionado y de la lucha contra la impunidad son más, pero los intereses que ha tocado el comisionado son tan profundos que, por ejemplo, hay medios de comunicación que están desinformando sistemáticamente desde hace meses porque los dueños de estos medios están siendo perseguidos. Incluso hay un caso en el que el dueño está prófugo de la Justicia. Por lo tanto, tienen meses difundiendo noticias en contra del comisionado y de la fiscal. Uno de los argumentos es que el comisionado ha parcializado la Justicia y solamente ha perseguido a miembros de la derecha o del gobierno de Otto Pérez Molina, pero que, por ejemplo, no ha investigado a los miembros del partido de la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza), que es de izquierda. Por lo tanto, han difundido que en realidad la izquierda quiere tomar el poder y los comunistas quieren vengarse de los derechistas. Esta es una de las mentiras que están de fondo en la división que vive Guatemala y hay miedo de que este enfrentamiento termine en violencia.
¿Considera que la salida de la crisis es la renuncia del presidente? Si es así, ¿cree que con eso sería suficiente?
El martes 29, la Corte de Constitucionalidad finalmente dijo que el presidente actuó de manera ilegal, pero la división ya quedó. Hay varios actores que siguen reclamando que el presidente tiene que tener la potestad de expulsarlo. Por su parte, los que están a favor del comisionado plantean que habiéndose demostrado que el presidente actuó con abuso de autoridad, el que debe renunciar es él. Entonces, la salida puede darse por la expulsión de uno o la renuncia del otro, pero me parece que cualquiera de las ellas va a ser insuficiente porque el problema de fondo es el combate contra la corrupción. Es una batalla campal que va a llevar muchos años para poder limpiar las estructuras enquistadas en el aparato estatal.
Uno de los grandes problemas es que necesitamos reformas institucionales: la reforma constitucional y la reforma electoral. Al final de cuentas, los principales enemigos de las reformas están incrustados en las estructuras institucionales del país. Por ejemplo, el Congreso de la República, donde más de la mitad de los diputados están siendo investigados. Lo mismo sucede con los alcaldes que salen a defender al presidente y tienen una serie de juicios en trámite. La salida del comisionado o del presidente Morales quizás va a aplacar los ánimos en el corto plazo pero no va a solucionar la crisis de fondo, que es cómo limpiamos las estructuras institucionales y cómo permitimos que transitemos a reglas constitucionales que impidan que en el futuro nuevas estructuras criminales coopten al Estado de Guatemala.
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