Bastante más que algo: la continuidad del debate sobre la marihuana en Uruguay – Por Guillermo Garat
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.¿Cómo está funcionando la venta de marihuana legal en Uruguay? ¿Cuáles son los debates políticos actuales sobre el innovador proceso?
Por Guillermo Garat, periodista uruguayo
Desde el 19 de julio de 2017, técnicamente se puede comprar cannabis recreativo (sin fines medicinales) en 15 farmacias del Uruguay. Es la tercer forma de acceso al cannabis que funciona tras la aprobación de la ley 19.172 que reguló la relación entre esta droga y la ciudadanía en 2013.
Desde entonces, unas 7.000 personas se registraron para plantar cannabis en su casa. 63 clubes de membresía hacen cultivo asociativo, creando una asociación civil sin fines de lucro con hasta 45 miembros para cosechar su marihuana.
Para abastecer a las farmacias, el Estado compró semillas en España con un bajo índice de tetrahidrocannabinol (THC) y las hizo germinar en el estatal Instituto Nacional de la Semilla. Luego, entregó cuatro mil plantines a las dos empresas que ganaron la licitación pública internacional en 2014 y pueden producir hasta dos toneladas cada una.
Todo iba bastante bien hasta que el banco Santander amenazó con cerrar la cuenta bancaria de una de las farmacias, ubicada en la periferia montevideana. 13.000 personas pasaron por un breve registro con carácter de dato reservado, a cargo de El Correo uruguayo, que les permite acceder a 10 gramos de marihuana semanales en las farmacias.
Luego el Bank of America y el Citibank comunicaron al estatal banco República que no comercializarían más dólares con la institución financiera uruguaya si se involucraba en la captación de fondos del cannabis (legal).
La solución que aparece en el horizonte es crear herboristerías cannábicas. Comercios que funcionen bajo la ley de farmacias pero que se dediquen exclusivamente a comercializar marihuana.
Autoridades de gobierno uruguayo viajaron a Nueva York para mantener reuniones con autoridades bancarias y de la Reserva Federal para buscar una salida al conflicto. Distintos voceros del gobierno desde el presidente, Tabaré Vázquez, pasando por el ministro de Economía, Danilo Astori y por el hoy senador y principal impulsor de la regulación de la marihuana a nivel político, José Mujica, aseguraron que va a haber una solución.
El Estado asumió un rol protagónico en todo el proceso. Quienes deseen plantar en su casa o comprar en las farmacias, deben pasar por una oficina pública, la del Correo, para dejar datos personales básicos que son encriptados y almacenados en un servidor informático que maneja los mismos niveles de seguridad que las instituciones financieras. Los clubes de membresía deben hacer un tramite para conseguir una personería jurídica y cosechar hasta medio kilo de cannabis por año por socio.
El Estado compró, almacenó y puso a germinar las semillas que los dos privados plantaron en un predio a sesenta y pocos quilómetros de Montevideo. Cuando las farmacias hacen un pedido se comunican con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que envía el encargo a las empresas que también distribuyen este nuevo rubro para el país.
Entre 2012 y 2013, mientras el Congreso uruguayo debatía los alcances de la ley, el gobierno de José Mujica argumentaba que con la regulación de la venta de marihuana se atacaría económicamente al narcotráfico. Además, aseguraba que los riesgos asociados al uso de marihuana descenderían al vender una sustancia con controles de calidad. El Ministerio de Salud Pública, el de Agricultura y el IRCCA hacen varios controles a cada lote antes de ponerlo en la venta.
Otra de las cosas que se repitieron, durante el debate público, fue que habría un fuerte énfasis en el control y el monitoreo de esta política pública para eventuales modificaciones. Por ahora todo está en estado de prueba.
Datos primarios de Monitor Cannabis, una organización académica multidisciplinaria con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, muestran que si los clubes de membresía y los autocultivadores cosecharan lo máximo que les permite la ley (hasta 40 gramos por mes) estarían superando la cantidad de cannabis que incautó la policía antinarcóticos el año pasado. Si las farmacias vendieran todo el cannabis que podrían vender –no lo hacen porque los privados no dan abasto con la alta demanda además que hay solo cuatro farmacias en todo Montevideo y ahora el asunto de los bancos dejó en stand by buena parte de la venta–, se duplicaría la cifra de cannabis legal que el narcotráfico se pierde de vender con respecto a las incautaciones de la policía.
Todavía parece temprano para sacar conclusiones mayores, sobre todo a la sombra de la situación financiera del proyecto. Pero Monitor Cannabis está viendo por primera vez en 15 años una disminución –o una meseta– en la cantidad de personas privadas de libertad en general y por delitos vinculados a violaciones a las leyes de drogas en particular. Aunque el fenómeno puede tener distintas explicaciones, los académicos que siguen este dato plantean como hipótesis que el mercado se estabiliza.
En materia de salud no hubo todavía una evaluación del impacto. Lo que las organizaciones sociales, médicos y un puñado de políticos reivindican, es que prontamente haya cannabis medicinal. Un producto que, a pesar de la ley y los reconocidos usos terapéuticos del cannabis, no está disponible en las farmacias uruguayas.
El movimiento social que apadrinó la reforma lo hizo en la clave de una agenda de derechos. La ley de regulación del cannabis fue la hermana de la ley de la interrupción voluntaria de embarazo y del matrimonio gay. Por un motivo u el otro, estas tres leyes son amenazadas por políticos de todos los partidos. Sin embargo, por ahora parecen pocas las posibilidades reales de acabar con estas leyes.
La ley del cannabis genera una tensión en una parte del Congreso y poco convencimiento de figuras gubernamentales. De hecho, es parte de una batalla entre sectores del oficialismo de hoy y el del gobierno pasado.
También genera tensión en las entidades bancarias que prendieron la última alerta. La sociedad no está encolumnada detrás de esta propuesta –unos por simple oposición a todo lo que denota la palabra droga, otros porque tienen miedo a los registros estatales–. Así y todo, una cuarta parte de los uruguayos apoya la regulación. Y se estima que en los cuatro años de regulación un 20% de los usuarios se abastece del sistema legal. Y eso ya es bastante más que algo.
