Argentina: Tierras indígenas, un ladrón que alimenta ladrones – Juan Guahán
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Juan Guahán, periodista de Question Digital.
Más allá del impacto que significó el reportaje a la ex Presidenta Cristina Fernández, el tema de la desaparición forzosa del artesano Santiago Maldonado sigue estando en la primera plana de noticieros y diarios argentinos. El gobierno busca la forma de despegarse de este problema cuyos efectos electorales teme. Pero da la impresión que a esta cuestión algo le falta. Hay que tratar de no perderse en los vericuetos procesales de este hecho y colocar en dimensión histórica lo central que está en disputa.
Se trata ni más ni menos que de una cuestión que hace al basamento físico de una nación: la tierra. En efecto, el origen de ésta y tantas otras disputas -que vienen desde antes que seamos la Nación que somos- es la tierra. Es por eso que la entrega dominical de los “Hechos…” estará dedicada, hoy, a este tema tan sensible y que es parte del futuro de todos.
Conquistando la Patagonia y ocupando un “desierto” ocupado
Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX el reparto de tierras fue una de las características de la política mundial. En los países coloniales se hacía mediante la conquista previa, en los neocoloniales –como la Argentina- donde la tierra pertenecía al Estado la cuestión era más compleja. Si bien este fenómeno se dio en varias regiones, en este caso nos detendremos sobre lo ocurrido en la Patagonia por ser el lugar donde se desarrollan los actuales acontecimientos.
Los gobernantes de nuestro país, identificados como la “Generación del 80” (Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Juárez Celman, Pellegrini), querían integrarnos a los intereses y las políticas de Europa y América del Norte. La vastedad de la Patagonia era un desafío y una posibilidad para hacerlo, ampliar las fronteras agropecuarias y las tierras en manos de los “civilizados” les parecía una condición básica para lograrlo. Pero ocurría que ése no era un territorio vacío, desde hacía varios miles de años estaba poblado por diversas etnias. La tarea previa, para disponer de esas tierras, consistía en vaciarlas de indígenas.
La famosa “Campaña al Desierto” (1878/1885) de Julio Argentino Roca incorporó al Estado Argentino una parte importante del territorio, pero el extremo sur patagónico continuaba ocupado por los indígenas.
Ya iniciado el siglo XX ese forzado despoblamiento de nativos se concentraría en lo que son hoy las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Se usaron métodos diversos, la calificación de los mismos queda a cargo de cada lector. Uno de ellos fue la cacería de indígenas. Secuaces de los estancieros, armados con fusiles Mauser, cazaban a los indios y cobraban por ello. Primero se pagaba por oreja, pero ante la aparición de indios desorejados se optó por abonar solo ante la presentación de otros órganos vitales.
Así se constituyó el poder de José Menéndez fundador de feudos familiares (Menéndez Braun y Menéndez Behety) que siguen siendo dueños de gran parte de la Patagonia y que aportan miembros de su familia al actual gobierno (uno como Jefe de Gabinete y otro como Secretario de Comercio). Alexander Mc Lennan, conocido como “Chancho Colorado” y administrador de la Estancia Primera Argentina de José Menéndez fue uno de los encargados de esa tarea. Este mismo personaje protagonizó, en 1905, una masacre en la Playa de Santo Domingo (Tierra del Fuego) donde asesinaron a unos 300 nativos a los que emboscaron y emborracharon bajo el pretexto de celebrar un armisticio. Algo parecido había ocurrido dos años antes, en el mismo territorio, en Springhill, donde envenenaron a una tribu entera de onas (500 personas) mediante el ardid de una ballena preparada para que se alimenten los nativos.
Así fue como, mediante aquellas “Campañas al Desierto” y estos hechos, fueron vaciando de indígenas al territorio patagónico. Esa fue la condición previa para adueñarse del mismo sus riquezas, potencialidades y bellezas naturales.
La tierra de los Benetton y los mapuches
Treviso es una bella ciudad del norte de Italia. Allí habitan unas 80 mil personas. Entre ellas están los -ya ancianos- 4 hermanos Benetton. Hace 50 años fundaron ahí la empresa que lleva su nombre y donde se fabrica la colorida ropa de marca que los identifica. Sus campañas propagandísticas, más de una vez rondando lo escandaloso, se caracterizan por sus llamativas imágenes que reivindican la necesidad de integración e inclusión de todas las razas, expresiones y situaciones humanas.
En 1991 desembarcaron sus inversiones en la Argentina y hoy -entre otras cosas- son los mayores propietarios de tierras, con más de 900 mil hectáreas, mayoritariamente ubicadas en la Patagonia. En esas tierras pastan 210 mil ovejas y unos 9 mil vacunos. En una de sus estancias, Leleque de 83 mil hectáreas y usada como base logística por los gendarmes, se desarrolla el conflicto actual con los mapuches que tiene que ver con la detención de Facundo Jones Huala y la desaparición de Santiago Maldonado.
La historia de cómo llegaron esas tierras a sus manos forma parte del relato efectuado en las líneas precedentes. El 1° de mayo de 1889 se constituyó en Londres “The Argentinian Southern Land Company Ltd”, una empresa destinada a administrar los campos de varios lores ingleses, transformándolos en terratenientes argentinos. Esos campos, donde vivían mapuches, ranqueles y tehuelches, fueron “pagos” del gobierno a la Corona Británica por haber financiado la “Campaña al Desierto” del General Roca. Ahí se concreta, con recursos y por intereses extranjeros, el despojo original que ilegitima los traspasos posteriores.
Eso es un genocidio constituyente, es decir genocidios que dan origen a un Estado, que hoy comienza a ser cuestionado y que fuera construido a sangre y fuego. Ese es el criterio sostenido por Eugenio Zaffaroni, quien fuera miembro de nuestra Suprema Corte de Justicia. Pero la rueda siguió girando y según la documentación oficial, el 3 de julio de 1975 una empresa offshore, radicada en Luxemburgo de capitales argentinos de la que formaba parte un señor Menéndez Hume (no podía faltar el apellido “Menéndez” cuando se menciona a tierras patagónicas), compró el paquete accionario de la sociedad inglesa.
El 26 de mayo de 1982 los accionistas decidieron cambiar el nombre de la empresa dueña de esas tierras. Le pusieron el nombre más gauchesco de Compañía de Tierras del Sud Argentino. ¿El motivo? Estaba en pleno desarrollo la Guerra de las Malvinas. Por fin, en 1991, las acciones de esa empresa pasaron a manos del Grupo Benetton, los actuales titulares de esos títulos.
Si nos atenemos a lo que se ha dicho sobre el genocidio originario, sustento del actual Estado, alcanzar la independencia completa supondrá restablecer el derecho de los pueblos indígenas en un nuevo tipo de Estado plurinacional. Este debate, que ahora recobra fuerzas, está escondido entre los pliegues del fárrago de informaciones que nos inundan cotidianamente. Lo dicho puede gustarnos o no, según nuestras pasiones personales, pero la realidad allí está y vuelve con episodios que -en una primera mirada- nos parecen incomprensibles.
El sistema legal argentino y algunas consideraciones finales
Coincidentemente con el debate planteado por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la detención de Jones Huala está sobre la mesa una cuestión, respecto a las tierras indígenas, que está entrando en un crítico período de definiciones. Se trata de la vigencia de la Ley 26.160. Dicha norma “declara la emergencia, en materia de posesión y propiedad, de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Esa norma suspende el desalojo o desocupación de tales tierras. Dicha medida rige provisionalmente hasta tanto se haga un relevamiento catastral de la situación de tales tierras y de las respectivas comunidades indígenas que las ocupan.
Esa Ley, dictada en el 2006, tenía vigencia por 3 años, durante los cuales debían hacerse los relevamientos e inscripciones pertinentes. Como no se avanzaba en el cumplimiento de esa tarea, prevista en el Art. 3° de la mencionada norma, se la fue prorrogando (leyes 26.554 y 26.894). Así es como se llegó hasta hoy. Ahora, el próximo 23 de noviembre vence la última prórroga. Para esa fecha deberíamos tener una ley general que reordene el tema de las tierras indígenas, obviamente imposible en el corto plazo que resta.
La situación se puede salvar con una nueva prórroga de las suspensiones (de desalojos o desocupaciones) mencionadas en el Art. 2° de la Ley mencionada. Si nada de ello ocurre, el 70% de los asentamientos indígenas –ya registrados- quedarán en condiciones de ser desalojados. Se trata de millones de hectáreas de tierra y miles de indígenas. En estos 11 años de vigencia de la Ley 26.160, según el propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INADI), solo se registraron 1532 comunidades y se regularizó la situación de la tierra respecto a 459, el 30% de las mismas.
Tal demora indica claramente el poco interés manifestado en resolver esta cuestión y el rol que tiene la tierra en un enfoque mínimamente humano en el tema indígena. Los “blancos”, que tienen interés en esas tierras, pudieron más que el humanismo hipócrita de nuestras normas legales. Los diferentes gobiernos que tuvimos en estos años y la justicia vigente siempre fueron proclives a inclinarse hacia los “civilizados”, que forman parte de sus círculos de familiares, vecinos, socios o amigos.
Estas normas legales tienen su fundamento en las reformas introducidas en 1994 en la Constitución Nacional. Allí, en el Art. 75 inc. 17 se establece: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (…) reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”. El texto original de la Constitución de 1853 establecía en su artículo 67 inciso 15 “…conservar el trato pacífico con los indios y procurar la conversión de ellos al catolicismo”.
A la luz de los acontecimientos actuales y la feroz campaña de estigmatización de las comunidades indígenas no es exagerado pensar que no será sencillo lograr una nueva prórroga de la Ley 20.160. Los intereses de la oligarquía nativa y de vastos grupos extranjeros son muy fuertes y ellos son parte del actual gobierno. Como suele suceder en otros temas, el gobierno actual está profundizando lo hecho en períodos anteriores. El caso de las tierras indígenas es uno de ellos. Los bennetton, lewis y otras yerbas parecidas ya vienen ocupando tierras fuera de la legislación vigente sobre la propiedad de tierras en manos extranjeras.
El sur patagónico es un auténtico territorio en disputa donde variados intereses tienen puestos sus ojos. Cuando un patriota como el gobernador Jorge Cepernic, en la década de los 70, expropió estancias inglesas desde el propio peronismo fue castigado. Primero tuvo que dejar el gobierno y luego –con la dictadura cívico militar de 1976-1985- fue preso por largos años.
