Venezuela: 12 gobiernos de la región insisten en la “ruptura del orden democrático” y los 11 países del ALBA reconocen la Constituyente
Declaración conjunta de 12 gobiernos de la región sobre la situación de Venezuela
Los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en la ciudad de Lima, el día 8 de agosto de 2017, para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada;
Animados por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, no atenta contra los derechos humanos y la democracia, y es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias;
Declaran:
1. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
2. Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
3. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa.
4. Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
5. Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.
6. Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
7. Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.
8. Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
9. Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.
10. Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
11. Su apoyo a la decisión del MERCOSUR de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.
12. Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.
13. Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.
14. Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.
15. Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países.
16. Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú
Declaración de la VI Reunión Extraordinaria del Consejo Político ALBA-TCP reafirma apoyo a Venezuela
Caracas, 08 de agosto de 2017
Los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, (ALBA-TCP) en ocasión de la VI Reunión Extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP, celebrado en Caracas-República Bolivariana de Venezuela, el 08 de Agosto de 2017.
Reconocemos y felicitamos al pueblo venezolano por la jornada democrática del pasado 30 de julio de 2017, conscientes de que celebrar esos comicios y votar en ellos fue un auténtico acto soberano y que solo compete a los venezolanos superar sus dificultades, sin intromisión, amenazas ni condicionamientos injerencistas.
Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral, impuestas contra el pueblo venezolano, constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela, para conseguir con ello un cambio de régimen.
Teniendo en cuenta los constantes esfuerzos directos e indirectos de atentar contra la paz y soberanía del pueblo y gobierno de Venezuela, la campaña de desprestigio mediática internacional y las acciones unilaterales, violatorias del Derecho Internacional que afectan hoy la economía venezolana.
Destacando que los enemigos históricos de la integración latinoamericana y caribeña han lanzado una guerra no convencional contra los gobiernos y pueblos que más la han defendido, cuyo único objetivo es destruir los avances alcanzados en la región; dividirnos e imponer nuevamente el modelo económico neoliberal para así poder dominar y controlar nuestras riquezas y someternos al control de los intereses transnacionales.
Recordando la Declaración de la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el pasado 5 de marzo, en Caracas, Venezuela, en la que se afirmó que “la defensa de Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos. Es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y El Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI.”
Rechazamos las sanciones, arbitrarias e ilegales, impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, contra ciudadanos venezolanos, incluido el Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Los países del ALBA-TCP advertimos que se cometen una vez más los mismos errores que los condujeron al fracaso en el pasado.
Declaramos que estas acciones contra Venezuela no conducirán a ninguna solución que favorezca al pueblo y sólo tienen como objetivo generar más inestabilidad, al alentar a los sectores más violentos de la oposición venezolana. Los países y organismos internacionales que propician la violencia y el caos, serán responsables de sus consecuencias
Exigimos la firme e inmediata condena internacional de la violencia, que ha costado lamentables muertes y numerosas pérdidas al pueblo venezolano.
Reiteramos el llamado al establecimiento de un diálogo constructivo y respetuoso con vistas a avanzar en la estabilidad política y económica de Venezuela.
Resaltamos el vigor con el que los pueblos latinoamericanos y caribeños defienden los ideales de justicia social y la dignidad del ser humano.
Ratificamos nuestro apoyo a la iniciativa emanada de la 38° Reunión Ordinaria de Jefes de Gobierno de CARICOM, del 06 de julio de 2017, donde ofrecen acompañar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, a fin de reactivar y dar un reimpulso definitivo a dicha iniciativa que busca la paz en el país.
Reiteramos nuestro más firme rechazo a la política hacia Cuba anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de América el 16 de junio de 2017, que revierte avances alcanzados en los dos últimos años y constituye un retroceso en las relaciones entre ambos países y fortalece el injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba.
Igualmente, reiteramos la preocupación expresada por los Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP en su XV Cumbre sobre el tratamiento que reciben los migrantes latinoamericanos y caribeños, y la necesidad que se respeten sus derechos.
Expresamos que la construcción del muro en la frontera norte de México por parte del gobierno de los Estados Unidos, es una clara expresión de discriminación y rechazo, a los migrantes de toda América Latina y el Caribe. Rechazamos las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos y caribeños muchas veces sin respeto a los derechos humanos.
Saludamos los avances que se han alcanzado para la reactivación del Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes del Banco del ALBA.
Nos comprometemos a la observancia y defensa de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estados y de Gobierno de la región en la II Cumbre de la CELAC.
Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe a estar alertas y a unirnos en defensa de nuestra independencia y soberanía regional, así como a cerrar el paso a los que se empeñan en revertir nuestros logros sociales, impedir la integración y la unidad de Nuestra América.
Asimismo, denunciamos la existencia y el desarrollo de un Plan impulsado por el Imperio, el cual pretende vulnerar el desarrollo de gobiernos progresistas. Sabedores de este Plan estamos conscientes y dispuestos a hacer frente y dar la lucha como bien lo hizo el aguerrido y digno pueblo venezolano.
Maduro propone un diálogo con los países que lo rechazan
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este martes un «diálogo regional» con los países de Latinoamérica que le acusan de una «ruptura» de la democracia y desconocen su Asamblea Constituyente.
Maduro hizo el planteamiento en Caracas durante una reunión de cancilleres del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América), grupo de gobiernos aliados del mandatario entre los que figuran Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, reseñó AFP.
«La derecha continental rompió las reglas de juego y la convivencia. Yo creo que hace falta un diálogo regional y propongo al ALBA (…) que iniciemos un diálogo por el respeto de Venezuela», expresó el gobernante, enfrentado a protestas opositoras que dejan más de 120 muertos en cuatro meses.
«Que se inicie un diálogo con México, Colombia, Argentina, no sé si Brasil porque allí no hay gobierno legítimo, Chile, Paraguay, con un punto único: restituir las normas de respeto al derecho internacional», agregó Maduro.
Este martes, en Lima, representantes diplomáticos de 17 países de América, encabezados por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, México y Uruguay, aprobaron una declaración en la que condenan una «ruptura del orden democrático» en Venezuela y desconocen la Constituyente y sus actos.
La Constituyente convocada por Maduro se puso en marcha la semana pasada pese al rechazo de la oposición, que la considera una maniobra para instaurar «una dictadura».
El presidente venezolano aseguró que la presión internacional en su contra responde a una campaña de Estados Unidos para desatar una intervención internacional en Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras en el mundo.
«Venezuela es el mayor botín, la joya de la corona, así se dice en los pasillos de Washington», manifestó Maduro.
El mandatario propuso igualmente que la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) organice «una cumbre de reunificación» en El Salvador, sin asomar posibles fechas.
«Venezuela no es un botín imperial», expresó Maduro al defender su cuestionada Constituyente como vía para imponer «la paz» en medio de la grave crisis política y económica de su país.
«Eso se llama dictadura»: Santos sobre situación en Venezuela
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo este martes que en Venezuela se ha instaurado «una dictadura» por encima de los poderes legítimamente constituidos que está destruyendo las instituciones.
«Lo que está sucediendo en Venezuela infortunadamente es una destrucción de la institucionalidad democrática», dijo Santos en una entrevista con Efe que será difundida íntegramente en las próximas horas.
El presidente recordó que un vocero del propio régimen venezolano describió la Asamblea Constituyente instalada la semana pasada como un poder que «está por encima de todos los poderes constituidos».
«¿Cuáles son los poderes constituidos? El poder de la Justicia, el poder Legislativo y el poder Ejecutivo; eso es poner en marcha una instancia todopoderosa que no guarda ningún respeto por la división de poderes o por la institucionalidad democrática y eso se llama una dictadura», afirmó.
Justamente, los 17 países de América y el Caribe reunidos en Lima reafirmaron su opinión común de que Venezuela «ya no es una democracia» y que «los actos que emanen» de su Asamblea Constituyente «son ilegítimos».
Según dijo Santos, la comunidad internacional sólo comenzó a reaccionar ahora a la crisis venezolana porque la situación llegó a un punto en el que democracia «comenzó realmente a ser puesta en tela de juicio».
Añadió que antes, «a pesar de que no se estaba de acuerdo con el modelo económico y con mucho de lo que estaba sucediendo (…) no se había roto con tanta claridad el esquema democrático» y cuando eso empieza a ocurrir, especialmente tras el desconocimiento de la Asamblea Legislativa, es cuando «la comunidad internacional comenzó a tomar una posición más dura».
Al ser preguntado sobre si el narcotráfico es un factor que dificulta una solución por los supuestos lazos de líderes chavistas como Diosdado Cabello y mandos militares con el llamado «Cartel de los Soles», el presidente fue tajante.
«Sin duda, el narcotráfico ha generado unas condiciones muy especiales y muy dañinas en Venezuela que dificultan cualquier solución», dijo.
Sobre los esfuerzos externos, como los de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que Venezuela encuentre una salida democrática a la crisis mediante el diálogo del Gobierno y la oposición, Santos afirmó: «hasta ahora hemos fracasado, pero tenemos que seguir insistiendo porque la situación es cada vez peor».
«La esperanza es lo último que se pierde y yo espero que alguna salida pacífica pueda encontrarse, negociada entre las partes, porque Venezuela se merece una salida que no sea violenta y habrá que insistir en esa salida por todos los medios y formas posibles», agregó sobre el futuro del país caribeño.
En referencia a la posibilidad de que la crisis lleve a una ruptura de relaciones de Colombia con Venezuela, el jefe de Estado aseguró: «No es una opción que esté contemplando en este momento».
Explicó que un comentario en ese sentido que hizo en días pasados fue «simplemente una respuesta a una pregunta» que le hicieron sobre «si yo descartaba esa posibilidad».
«Las opciones todas están sobre la mesa y no se descartan, pero no creo que sea la forma más útil y conveniente para mantener alguna posibilidad de diálogo y para mantener alguna posibilidad de ayudar a una solución pacífica», aclaró.
El mandatario consideró la situación de Venezuela como «muy difícil» y «motivo de permanente preocupación» y por eso también el interés de Colombia de que se encuentre una salida que no sea traumática para el país.
«Por eso siempre hemos estado pendientes de buscar una buena salida, una salida negociada que restablezca a Venezuela no solamente su democracia, sino su economía, su capacidad de desarrollo», afirmó.
Al comentar la llegada masiva de venezolanos a Colombia en las últimas semanas para escapar de la violencia y la escasez de alimentos y medicinas principalmente, Santos dijo que se les ha tratado con la generosidad que corresponde.
«En el caso nuestro, nosotros hemos sido muy generosos con los venezolanos, porque los venezolanos fueron muy generosos con Colombia cuando nosotros tuvimos problemas y lo que deseamos de todo corazón es que resuelvan sus problemas y no tengan que venirse a Colombia», manifestó.
Santos afirmó que no le afectan en lo personal las ofensas que suele hacerle su homólogo venezolano, Nicolas Maduro, porque, según dijo, «quien realmente está generando una reacción en contra es Maduro con esas ridiculeces que dice con tanta frecuencia».
Venezuela aprueba ley de Comisión de la Verdad, Justicia y Paz
La Ley de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz fue aprobada este martes durante la segunda sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela.
El instrumento legal fue aprobado por unanimidad por los diputados constituyentes, quienes asistieron al Palacio Federal Legislativo, centro de Caracas, capital del país caribeño, para realizar su segunda sesión.
«Queda aprobada la Ley constitucional para la Comisión por la Verdad, Justicia y la Legitimidad Pública. Dijimos que vinimos a hacer historia y esta ley es un poderosísimo instrumento para sofocar la violencia, el odio y la intolerancia», indicó la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez.
https://twitter.com/DrodriguezVen/status/895026648554373120?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FVenezuela-aprueba-ley-de-Comision-de-la-Verdad-Justicia-y-Paz-20170808-0047.html
La comisión fue creada por el presidente Nicolás Maduro para brindar justicia a las víctimas de la violencia promovida por sectores de la oposición venezolana, explicó Rodríguez.
«Determinaremos la verdad, las responsabilidades de los victimarios. Aquí no hay distinción política ni partidismo. Hay víctimas que son venezolanas y venezolanos y a ellos debemos nuestra reparación moral, física y material», resaltó.
Otros acuerdos
Durante la sesión de este martes la ANC también aprobó un acuerdo en respaldo al presidente Nicolás Maduro, ante las medidas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU).
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Asimismo, se aprobó una resolución en solidaridad con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tras el ataque terrorista perpetrado este domingo contra el Fuerte Paramacay, en Valencia, estado Carabobo.
«La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le da un carácter a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana súblime para defender la independencia y soberanía nacional», expresó en el hemiciclo el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.
De igual forma, los constituyentes aprobaron un decreto de convivencia con Poderes Públicos que fija los lineamientos para los cinco poderes constituidos que conforman el Estado venezolano.
La presidenta de la ANC indicó que de acuerdo al artículo 349 de la Constitución de 1999, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la ANC.
«El poder constituido está subordinado a esta Asamblea Nacional Constituyente. Este es un decreto que refleja la buena voluntad de esta asamblea que tiene un mensaje muy claro de cordialidad, de convivencia y de entendimiento entre los venezolanos», afirmó Rodríguez.
VP espera conformar un nuevo gobierno antes de las elecciones regionales
Voluntad Popular (VP) decidió participar en las elecciones regionales planteadas para diciembre. Sin embargo, espera que para finales de 2017 ya esté instaurado un gobierno de unión nacional y se haya designado un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Planteamos que la Asamblea Nacional (AN) elija a los nuevos rectores del Poder Electoral y que ese CNE convoque elecciones de una vez, como se hizo el 16 de julio, para elegir a un gobierno de unión nacional”, propuso Freddy Guevara, coordinador encargado de VP y primer vicepresidente del Parlamento, en declaraciones a El Nacional Web.
Insistió en que el objetivo de la tolda naranja -que debatirá la propuesta junto con la Mesa de la Unidad Democrática en los próximos días- es que el nuevo Poder Electoral y autoridades gubernamentales sean electos en comicios, antes de la contienda de gobernadores.
Más allá de las intenciones que pudiera tener el Parlamento, el gobierno nacional sentó precedente al prácticamente anular a los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que nombró el Legislativo el 21 julio. Entre los jueces se encuentra Ángel Zerpa, preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras otros están refugiados en la embajada de Chile en Caracas, incluso algunos huyeron hacia Colombia.
Poco después de que la AN juramentara a los juristas, Maduro prometió públicamente enviarlos a la cárcel a cada uno. Si bien aún no ha cumplido su palabra, el anterior TSJ, al cual la oposición califica como ilegítimo e inconstitucional, lejos de parar sus actividades encarceló e inhabilitó a cinco alcaldes en las últimas dos semanas.
“El gobierno se atribuye un poder que le pertenece. Nosotros tenemos el poder del pueblo. Debemos generar presión en la calle y en lo internacional sin dejar de lado lo institucional”, indicó el parlamentario.
Sin ceder la calle
Con el objetivo de que los ciudadanos mantengan la protesta en las calles, Guevara sugirió que la oposición plantee una agenda de manifestaciones. “Solo con una ruta de acción se podrá avanzar. Sin calle perdemos la presión hacia la dictadura y su deslegitimización, así como la presión internacional”, expresó.
A su juicio, la prioridad debe ser la salida de Maduro por encima de las elecciones de gobernadores, en las cuales partidos como Acción Democrática y Avanzada Progresista confirmaron su participación, postura contraria a la asumida por Alianza Bravo Pueblo. Organizaciones como Primero Justicia todavía no fijan posición.
“La inscripción debe ser asumida como una movida para que el problema lo tenga el gobierno”, apuntó.
Y defendió la legitimidad de estas acciones basándose en los más de siete millones de votos que cosechó la oposición en la consulta popular del pasado 16 de julio, en los que las personas les exigieron renovar los poderes públicos, instaurar un gobierno de unión nacional y pidieron a la Fuerza Armada respetar la Constitución de 1999.
