Triángulo Norte centroamericano, en llamas
Triángulo Norte centroamericano, en llamas
Ulises Noyola Rodríguez, desde México
La crisis humanitaria en los países centroamericanos del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) podría recrudecerse durante la presidencia de Donald Trump, quien desea incrementar la deportación de inmigrantes ilegales y detener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica por medio de la construcción de un muro fronterizo, la firma de acuerdos de seguridad y la reducción de la ayuda económica.
La administración de Donald Trump deportó, en sus primeros cien días de gobierno, a 56,315 inmigrantes ilegales, cantidad que se encuentra por debajo de las deportaciones realizadas por el ex presidente Barack Obama durante el mismo período en 2016[1]. A diferencia del gobierno anterior, el arresto de inmigrantes ilegales para proceder después con su deportación creció sustancialmente, lo cual allanó el camino para la expulsión masiva de centroamericanos.
La deportación masiva de inmigrantes centroamericanos, sin embargo, tiene el potencial de debilitar el poderío de la industria estadounidense de alimentos, ya que no contaría con una mano de obra sobreexplotada que continuamente necesita renovarse con cuadros jóvenes por las condiciones inhumanas en sus lugares de trabajo. El conflicto se ha resuelto hasta el momento por medio del otorgamiento de visas de trabajo para el sector de la agricultura, pero evidentemente no alcanzarán a cubrir a todos los trabajadores centroamericanos[2].
Si el número de deportaciones adquiere una escala masiva en Estados Unidos en los próximos meses, los gobiernos centroamericanos se verán obligados a recibir crecientemente a migrantes ilegales en medio de una crisis humanitaria. Lo anterior se confirma con la terrible situación económica de los países miembros del Triángulo del Norte, que tienen los índices de pobreza extrema más elevados en América Latina[3].
La dura realidad de los países del Triángulo del Norte es que dependen de las remesas enviadas por los inmigrantes residentes en Estados Unidos, puesto que representan 10, 17 y 18% del PIB de Guatemala, El Salvador y Honduras respectivamente[4]. La reducción de las remesas recibidas por las familias centroamericanas exacerbaría entonces el caos social caracterizado por la indigencia, la pobreza y la violencia.
El margen de maniobra de los países del Triángulo del Norte es extremadamente estrecho debido a la reducida recaudación fiscal promedio (16% del PIB), que imposibilita incrementar el gasto público para crear oportunidades de empleo para los migrantes ilegales. La corrupción de las autoridades públicas que recaudan principalmente sobre los impuestos indirectos, demuestra la imposibilidad de recaudar más fondos por medio del mayor cobro sobre las ganancias del capital trasnacional.
La corrupción política es apoyada por Washington a través de los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que promovió recientemente los golpes de Estado de Manuel Zelaya en Honduras y Otto Pérez Molina en Guatemala. En consecuencia, los gobiernos centroamericanos no pueden implementar reformas económicas en beneficio de las mayorías sociales, mientras sus instituciones políticas se encuentren bajo la tutela de Estados Unidos.
Además de la insignificante recaudación fiscal, los gobiernos centroamericanos no pueden reducir sustantivamente el enorme gasto militar a causa de las exigencias de Washington que demanda la destinación de sus fondos al combate contra las redes criminales. Por ejemplo, el gasto militar de Honduras y El Salvador está por encima del 6% del PIB, cifra que supera el gasto militar como proporción del PIB de todos los países latinoamericanos[5].
La doble cara de Washington en sus fuertes demandas al gasto militar se refleja en su casi nula aportación de 630 millones de dólares a la Alianza para la Prosperidad, mientras que los países del Triángulo del Norte aportaron 2,900 millones de dólares para la conformación del 80% del fondo en 2107[6]. Los países centroamericanos se encuentran así aislados y desprotegidos para cambiar su penosa situación económica ante el desinterés de Washington.
Adicionalmente, los gobiernos centroamericanos ya son presionados por el presidente Donald Trump, quien solicitó una disminución del 30% en la ayuda económica de la Alianza para la Prosperidad correspondiente a 2018. La asistencia económica se reducirá a 460 millones de dólares y podría disminuir aún más próximamente, ya que la continuidad del apoyo económico está condicionada a la cooperación de los países centroamericanos en la deportación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
Cabe destacar que más de la mitad de la contribución estadounidense a la Alianza para la Prosperidad se destina al fortalecimiento del aparato bélico de los países centroamericanos a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica[7]. Esta estrategia solamente ha contribuido a militarizar todo el territorio centroamericano a costa de aumentar la violencia, la represión y la persecución de la población.
Asediados por las masacres sociales y la terrible situación económica, los centroamericanos siguen siendo obligados a abandonar su país de origen debido a las continuas extorsiones, las amenazas de muerte y los altos índices de violencia. Dichos factores mantienen a la región del Triángulo del Norte como el territorio más violento de América Latina a pesar de la inexistencia de una guerra comparable a los conflictos en Medio Oriente.
En contraste con el fortalecimiento del aparato militar, el gobierno de Donald Trump no tomará acciones decisivas para desarticular el tráfico de drogas que tiene como destino a los consumidores estadounidenses. La región del Triángulo del Norte seguirá teniendo una importancia geoestratégica para el narcotráfico, ya que representa un importante corredor del tráfico de drogas entre América del Sur y Estados Unidos.
La deportación de migrantes ilegales, por consiguiente, beneficiará a las organizaciones criminales trasnacionales como las maras, organización que se dedica al tráfico de drogas, la venta ilícita de armas y la extorsión de personas y empresas principalmente en Centroamérica. La razón por la cual sucederá esto es porque los centroamericanos deportados engrosan las filas de las organizaciones criminales trasnacionales con una mano de obra barata, con lo cual se acrecentará la violencia en los países centroamericanos.
Lo más atroz vendrá para los migrantes si se llegara a concretar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, ya que la experiencia ha demostrado que la construcción de muros únicamente promueve la creación de rutas más mortíferas y riesgosas hacia los puntos de destino, con lo cual se engrandece el poder y la influencia de los traficantes de personas[8].
A pesar del silencio de los grandes medios de comunicación sobre los acontecimientos de los pequeños países de Centroamérica, indudablemente son ellos los que sufren con mayor violencia la dominación de Estados Unidos. Y el futuro que depara a los centroamericanos dependerá fundamentalmente de la resistencia de los movimientos sociales contra la política migratoria de Donald Trump.
Notas:
[1] The Washington Post. Immigration arrests soar under Trump; sharpest spike seen for noncriminals. Fecha de publicación: 2017.
[2] New York Times. Los productores de California apoyaron a Trump, pero ahora temen perder jornaleros. Fecha de publicación: 2017.
[3] CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina 2016. Fecha de publicación: 2016.
[4] Inter-American Dialogue. El triángulo de la desesperación de Centroamérica. Fecha de publicación: 2017.
[5] Banco Interamericano de Desarrollo. Los costos del crimen y de la violencia. Fecha de publicación: 2017.
[6] Atlantic Council. Building a better future: A Blueprint for Central America’s Northern Triangle. Fecha de publicación: 2017.
[7] Congressional Research Service. U.S. Strategy for Engagement in Central America: Policy Issues for Congress. Fecha de publicación: 2017.
[8] Amnistía Internacional. Enfrentando muros. Fecha de publicación: 2017.
* Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.
El drama continúa
Nils Castro, desde Ciudad de Panamá
El Triángulo Norte, la zona del istmo centroamericano con mayor integración regional y el destinatario de la Alianza para la Prosperidad propuesta por Washington, está en situación crítica y seguirá produciendo acontecimientos imprevistos y lecciones inusitadas.
En Guatemala como en Honduras, la casta empresarial y política dominante desbordó las dimensiones y el cinismo habituales de sus prácticas corruptas y desató reacciones sociales no solo masivas sino inusualmente tenaces. Anteriores abusos no habían ocasionado reacciones tan notorias. Eso reconfirma el agotamiento del sistema político establecido y abre posibilidades no sólo de adecentarlo, sino incluso de quitarles a esas camarillas el control del país y emprender mejores caminos.
Detrás hay una constante que varios otros países comparten: se ha vuelto insoportable e insostenible la extrema privatización neoliberal de la política, donde ya no se enfrentan distintos proyectos nacionales sino grupos de interés que financian la disputa entre sus respectivos operadores políticos. Por consiguiente, cuando estas protestas colectivas exigen combatir la corrupción y reclaman transparencia, rendición de cuentas y llevar a los bandidos públicos y privados a los tribunales, lo que reclaman es ponerle fi n a esa degradación de la política, buscando que ella exprese a las diversas corrientes sociales y no a quienes la mangonean.
Por lo tanto, esta lucha por la autenticidad cívica no es un fi n en sí misma, sino un medio necesario y una etapa intermedia de un proceso mayor. Cuando logren vencerla, abrirán otra etapa donde luchar por los objetivos de un quehacer político e ideológico de superiores proyecciones. Más allá de sus actuales demandas inmediatas, estas jornadas ciudadanas son oportunas para educar y organizar fuerzas que en esa siguiente etapa podrán ser decisivas. Por ello, hoy quienes procuran desarrollar esta posibilidad mientras otros quieren limitarla o descalificarla, desde uno u otro flanco.
En El Salvador, a su vez, donde los problemas de la corrupción y la impunidad ahora están mejor resueltos que en la mayor parte del continente americano, otro reto se ha levantado. Uno que también Guatemala y Honduras deberán enfrentar, tan pronto logren resolver sus actuales desafíos: el reto de las organizaciones pandilleras y las dificultades adicionales que ellas le contraponen a la lucha por el desarrollo. Más allá de ganar la presente lucha, también podrán plantearse mayores objetivos.
Los crímenes según el color de cuello
En los tres países esos procesos ocurren en un contexto de multiformes violencias, que hacen del Triángulo Norte una de las zonas de peor índice mundial de homicidios.
Los observadores foráneos, por razones de diferentes signos, suelen reducir sus causas al tamaño de las pandillas, el impacto del narcotráfico y sus posibles complicidades. Omiten examinar la violencia en las relaciones de poder como la criminalidad política y la de los terratenientes y obvian el hecho de que en estos países, como en muchas partes, también se computan asesinatos que tienen otras causas y formas, como los crímenes pasionales, las reyertas de cantina o los delitos personales, y dejan de prever que enseguida de esta coyuntura empieza otro capítulo de la historia regional.
En estas páginas no cabe abarcar todo el complejo de la violencia y criminalidad en el área ni todas sus implicaciones, y sólo nos ocuparemos de lo que actualmente es la cuestión principal en estos tres países, para extraer unas conclusiones más generales.
El Salvador vive un ambiente histórico y geográfico similar al de sus vecinos, pero no tiene costa en el Caribe, por donde fl uye el mayor corredor del narcotráfico. Además, allí la corrupción político-empresarial y el narcotráfico no son ahora el problema principal, pues los acuerdos de paz de 1992 y la fortaleza del FMLN posibilitaron imponerle límites más rigurosos a la voracidad oligárquica.
Aunque la derecha política y económica no abandona sus viejas mañas, desde que el partido de las izquierdas entró al gobierno en 2009, los dueños del derechista Arena están privados de la impunidad que antes se dieron.
El mayor problema salvadoreño es otro que, aunque también aflige a Honduras y Guatemala, por el momento lo hace de forma menos prioritaria: el de la delincuencia organizada no oligárquica, de extracción popular. Esta diferenciación es indispensable.
El saqueo de los fondos del Seguro Social durante los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, en Honduras, o la operación de La Línea en el de Otto Pérez Molina, en Guatemala, igualmente fueron operaciones de delincuencia organizada, pero de un género mucho más lucrativo, que las cúpulas empresariales y políticas instrumentan a través del Estado que ellas controlan.
De esta modalidad de delincuencia –la de cuello blanco– el Salvador ha logrado zafarse, aunque quienes la disfrutaron siguen activos y esperan la oportunidad de reinstalarla.
La modalidad que hoy agobia a El Salvador es otra –la de cuello sudado–, que por el origen social de susvactores y su tipo de actividades suele calificarse de pandillera. Ante menor presencia del narcotráfico y refrenada la delincuencia oligárquica, esta otra modalidad predomina en el escenario.
En Honduras y Guatemala, donde quienes operan la corrupción oligárquica controlan el poder, hoy elvmodo de enfrentarla son las grandes movilizaciones populares que reclaman poner a sus responsables ante los tribunales. En El Salvador, la forma de combatir la variante pandillera es la acción judicial y policial, combinada con las inversiones sociales que ofrecen opciones para recuperar a los pandilleros que no sean culpables de crímenes mayores.
Comparar los tres casos de estos países evidencia que un Estado corrompido no puede combatir al crimen organizado ni desintegrar las pandillas mediante instrumentos asimismo corruptos o corruptibles. Para alcanzar ese objetivo es preciso empezar por sacar a la casta corrupta de la cabeza del Estado
