Tipnis y confrontación – El Deber, Bolivia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Innecesaria y peligrosamente, algunas autoridades han avivado la confrontación durante la promulgación ayer en Trinidad de la Ley 969, que abre el candado para pavimentar una vía dentro del Parque Nacional Isibore Sécure. “Los que se oponen a esta ley son enemigos de Beni”, sentenció el presidente Evo Morales, casi seis años después de haber firmado la 180, que blindó al territorio indígena con la llamada intangibilidad. En la misma línea confrontacional, el gobernador de Beni atribuyó, entre otros motivos, a intereses cruceños un supuesto bloqueo histórico a la carretera, lo que, según él, frena el desarrollo de su región.
El proyecto vial dentro de un parque tiene defensores y también contrarios, lo que es democrático, pues no todo el país puede pensar igual. Eso no significa que los que la rechazan sean enemigos del progreso de un departamento y, menos aún, que sectores de otra región históricamente hermanada a Beni tengan la intención perversa de hundirla en la pobreza. Nadie que sea racional puede oponerse a la integración vial de Bolivia o al desarrollo de sus regiones. Nadie puede discutir también que las carreteras son claves para el progreso. No obstante, la protección del medioambiente es igual de importante, así como es fundamental el derecho a la consulta previa y la autodeterminación de los pueblos indígenas.
La reciente historia del Tipnis no parece, sin embargo, caminar en el sentido del respeto absoluto a la llamada “madre tierra” ni ha sido totalmente clara la legitimidad de las consultas previas a las comunidades indígenas del parque. Son estas dudas y algunos procedimientos contradictorios los que mantienen abierta la polémica por la norma. Si hace seis años la poderosa mayoría oficialista aprobó la intangibilidad del Tipnis es una contradicción histórica que la levante ahora para que se construya una carretera que para algunos sectores busca la expansión de intereses cocaleros y petroleros, más que un auténtico desarrollo de los pueblos indígenas.
Borrar en el tiempo récord de solo una semana una ley de hace seis años plantea una preocupación sobre la seguridad jurídica que necesita cualquier actividad en un país que se precie de serio. Las confusas versiones sobre obras descubiertas recién en los caminos que hay cerca o dentro del Tipnis también generan desconfianza sobre la credibilidad del Estado. Aunque el Gobierno se esfuerce en mostrar un ambiente festivo en Beni por la Ley 969, queda la sensación después de ayer que el poder arrasa con todo lo que se le cruza en su camino y que el discurso confrontacional es parte de su genética.
