El paro minero en Segovia y Remedios cumplió un mes con un saldo de tres muertos

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Contexto Nodal
Los trabajadores mineros informales de los municipios de Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, iniciaron un paro el 21 de julio para reclamar que el gobierno formalice sus condiciones laborales. Acusan a las autoridades de beneficiar a las empresas mineras multinacionales. Además, denuncian la represión policial a sus protestas, que ya dejó al menos tres muertos.

Paro minero en Segovia y Remedios’ cumple un mes de incertidumbre y tensiones

El paro que mantienen dos municipios de Antioquia en defensa de la minería tradicional completa su primer mes, en medio de choques entre manifestantes y autoridades que dejan al menos tres muertos e incertidumbre en la población.

Lo que comenzó el pasado 21 de julio como una movilización pacífica a favor de la minería tradicional en Remedios y Segovia, poblaciones de unos 80.000 habitantes que por más 200 años han vivido de extraer oro, ha degenerado en hechos de violencia, que, según la Policía, incluyen la manipulación de explosivos.

«La situación se ha tornado muy difícil. Los manifestantes y las autoridades locales no hemos sido escuchados por el Gobierno Nacional para buscar solución«, dijo el personero (delegado del Ministerio Público) de Segovia, Jeyson Atehortúa.

Unos 10.000 obreros iniciaron la protesta para rechazar las políticas del Gobierno por considerar que perjudican la minería ancestral y tradicional y favorecen los planes de expansión de las multinacionales mineras.

Los manifestantes reclaman además la firma de «contratos justos» entre pequeños mineros y las grandes empresas extranjeras.

«No vamos a levantar la manifestación hasta que no tengamos la garantía de que el Gobierno en el futuro no va a venir a exterminar toda nuestra cadena productiva«, dijo el presidente de la Mesa Minera de Remedios y Segovia, Eliober Castañeda.

Para él, este mes de paro deja «únicamente el desprecio y el silencio del Gobierno hacia los mineros de estos municipios».

Subrayó que la movilización se convocó para rechazar unos proyectos de ley que debate el Congreso que, en su opinión, buscan «favorecer» a las multinacionales y darían a los mineros un «tratamiento de narcotraficantes».

En esa zona opera la Gran Colombia Gold, empresa canadiense que gestiona otras minas en el país.

Así, el paro avanza sin horizonte de solución, mientras en Remedios y Segovia se vive una «tensa calma» con días de total normalidad y otros de alteración del orden público.

Los choques entre manifestantes y autoridades se han cobrado la vida de tres personas, una de ellas el viernes pasado, cuando intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

Según la Policía, la «manipulación indebida» de un «artefacto explosivo improvisado» causó la muerte a Alexis Acevedo Galvis, de 42 años, en Segovia y una lesión en una pierna a otra persona.

Ese día resultaron también lesionados ocho policías, según esa institución.

«Hay una problemática seria y económica que requiere de intervención, pero no con represión, sino un acercamiento real para buscar soluciones», agregó Atehortúa.

Sobre ese tema, Castañeda denunció una «persecución constante» a la mesa minera y advirtió que en este mes ya son 24 heridos.

«Nos han masacrado», se quejó al recordar los fallecidos, y descartó la posible presencia de grupos armados en la protesta.

El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Wilson Pardo, asegura que en el paro hay «enquistados» miembros de la banda criminal Clan del Golfo.

Informó que durante el mes de protestas han resultado más de 20 policías lesionados con armas de fuego y artefactos explosivos.

Pero la protesta no solo tiene paralizado el comercio en estos municipios sino que ha obligado a suspender las clases en los colegios por temas de seguridad.

El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ordenó que la Policía patrulle todos los días para «ejercer control» en los lugares donde actores armados puedan causar «miedo» a la población.

«El paro minero que inició siendo pacífico se fue convirtiendo paulatinamente en un paro armado«, advirtió en sus recientes declaraciones a los medios, en las que aseguró que velará para que los 15.000 menores que estudian en Segovia y Remedios vuelvan a clases.

El Espectador


Paro minero en Antioquia limita acceso a alimentos y movilidad de 5.500 familias: ONU

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) reveló un informe que estima que unos 22.000 habitantes de los municipios de Segovia y Remedios se han visto damnificados por las confrontaciones entre mineros y Esmad que completan ya un mes.

La protesta que mantienen desde hace un mes los municipios de Segovia y Remedios (Antioquia) a favor de la minería tradicional ha limitado el acceso a alimentos y la movilidad de unas 5.500 familias, 200 de ellas indígenas, reveló este lunes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

«Al menos 5.500 familias (22.000 personas) pertenecientes a comunidades indígenas, afrocolombianos y campesinos de zona rural y urbana presentan restricciones al acceso de alimentos, bienes, servicios, y movilidad como resultado de las confrontaciones entre mineros artesanales (manifestantes) y la fuerza pública», señaló el organismo internacional.

El pasado 21 de julio, habitantes de Remedios y Segovia, poblaciones del departamento de Antioquia que por más 200 años han vivido de extraer oro, convocaron a una movilización pacífica a favor de la minería tradicional, la cual ha degenerado en hechos violentos que dejan al menos tres muertos.

La OCHA alertó que «hay información sobre desplazamientos de familias debido a la presión para participar en dichas protestas y también por violaciones a los derechos humanos».

En ese contexto, señaló que esas 22.000 personas necesitan garantizar su seguridad alimentaria «debido al desabastecimiento de alimentos que se presenta por el cierre de comercio y las vías bloqueadas para el acceso a los municipios».

La información advirtió asimismo sobre el cierre de instituciones educativas y cese total del servicio de transporte público.

«A la fecha aproximadamente 3.000 estudiantes de zona rural y urbana de Segovia se encuentran desescolarizados», apuntó la información, e indicó que «desde el 8 de agosto al menos 9.000 estudiantes regresaron a clases».

El organismo internacional detalló que desde inicios del paro y durante 18 días, «cerca de 12.000 estudiantes» no pudieron «acceder a las escuelas por estar expuestos a actos violentos».

De igual forma, la OCHA advirtió que las familias «no cuentan con recursos para suplir sus necesidades, ya que sus ingresos son generados por trabajos informales» a los que se dedican muchos de sus habitantes, que son mototaxistas, boleteros, entre otros.

«De mantenerse esta situación, se podría estar configurando una situación de confinamiento, y agravando la respuesta a los sectores ya afectados», subrayó.

Al dar cuenta de la situación de orden público, la OCHA reveló que los disturbios «ya dejan tres personas muertas (entre ellos un menor de edad) y varias personas heridas en zona rural (otra menor menor de edad), como consecuencia de la explosión de un artefacto explosivo en una vivienda».

Igualmente aseguró que se han reportado saqueos de plazas de mercado y carnicerías por parte de encapuchados, dos vehículos incinerados y amenazas contra los mineros que opten por trabajar durante el paro.

«Según información de la Policía de Antioquia, dentro de las manifestaciones hay presencia de actores armados quienes han realizado ataques contra la Fuerza Pública», señaló el informe, extremo que ha sido desmentido por dirigentes de la protesta.

El Espectador

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