El Parlasur en la mira de la derecha argentina – Por Guillermo Carmona
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La diputada derechista Elisa Carrió presentó un proyecto de ley que propone dejar sin efecto la elección de los parlamentarios de Mercosur que, de acuerdo con la legislación vigente, debe realizarse en el 2019 de manera simultánea a la elección presidencial. El artículo 1° del proyecto propone “Suspéndase la aplicación de la Ley 27.120 hasta la fecha del vencimiento de la prórroga de la etapa de transición de la constitución del Parlamento del Mercosur, es decir hasta el 31 de diciembre de 2020, conforme a la Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) Nº 11/14 del 2 de junio de 2014, o hasta la fecha que dispusiere el Consejo del Mercado Común en caso de que la modificare oportunamente”.
El proyecto acota la suspensión “exclusivamente en todo lo relativo a la elección y el mandato de los parlamentarios del Mercosur, representantes de la República Argentina”, por lo que no modifica el mandato de los parlamentarios que actualmente están en funciones. No es mucho lo que protege esta acotación. La odisea que viven los actuales parlamentarios para que el gobierno de Macri les reconozca sus prerrogativas parlamentarias ha hecho que el cumplimiento de sus funciones sea una suerte de misión imposible.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 14 de julio y fue girado para su tratamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia.
Afán derogatorio
Si hay algo que no se le puede imputar a la derecha neoliberal argentina tras 20 meses de gobierno es improvisación en su acción de desarticulación y eliminación de las políticas de los gobiernos populares y progresistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El plan derogatorio de la legislación “kirchnerista”, propuesto por el entonces senador nacional y precandidato presidencial Ernesto Sánz en una entrevista en TN ocurrida en octubre de 2014, ha resultado ser un presagio que se va cumpliendo sistemáticamente y sin titubeos desde que Macri comenzó su gobierno.
Sánz había afirmado por entonces que el país “está enfermo de anormalidad” y que “si llegamos al gobierno todas las leyes que salieron de manera forzosa las vamos a revisar y derogar”.
Para Sánz –como para casi todo el arco de la oposición de aquel tiempo- las leyes que salían de “manera forzosa” eran las que sancionaba el Congreso gracias a una mayoría legislativa integrada por el Frente para la Victoria y sus fuerzas aliadas, investida con ese carácter mayoritario por la voluntad popular expresada en las elecciones. Ese enfoque opositor expresaba una peculiar forma de concebir la democracia: las leyes que no contaban con el “consenso” de la oposición no eran democráticas y, por lo tanto, quedaban sujetas a la censura legislativa bajo la amenaza de su derogación.
A esta altura de la historia sabemos que esa vocación derogatoria no se fundaba en cuestiones de naturaleza formal relacionadas con supuestas carencias de consensos. Las motivaciones reales pasaban –y siguen pasando- por la decisión de instaurar un modelo económico neoliberal. Esa oposición consideraba como condición necesaria para lograrlo a la capacidad de borrar la secuela de “anomalías” que el kirchnerismo plasmaba en la legislación que dictaba la mayoría del Congreso.
Elisa Carrió –cofundadora de la Alianza Cambiemos- practica con fervor el deporte derogatorio propuesto por Sánz. Ahora, la diputada le apunta contra la ley 27.120 referida a la elección directa de los parlamentarios de Mercosur. En términos concretos su iniciativa significa la eliminación de la elección directa de los parlamentarios de Mercosur que debe realizarse en el año 2019 para renovar los 43 representantes argentinos electos en 2015 actualmente en funciones.
Si tomamos en cuenta las posiciones expresadas la oposición en el debate parlamentario de la ley de elección directa y, sobre todo, las que han sostenido ahora desde el oficialismo, todo sugiere que buscan restarle legitimidad al parlamento regional, debilitarlo y hasta hacerlo desaparecer. Lo que tras un tono de moderación y excepcionalidad se propone como una suspensión transitoria implica, en realidad, la derogación de un derecho reconocido por ley al pueblo argentino: el derecho de elegir a sus representantes regionales y, por lo tanto, de involucrarse y decidir democráticamente sobre el futuro del proceso de integración.
Descarriados por Carrió
El proyecto de ley de Carrió utiliza como argumento de la suspensión de la elección directa a la Decisión N° 11/14 adoptada por el Consejo del Mercado Común (CMC) –organismo integrado por los ministros de relaciones exteriores y de economía de los estados parte del Mercosur- mediante la cual fue ampliado el plazo de elección directa de los parlamentarios de Mercosur de los Estados parte hasta el 31 de diciembre de 2020. Esa decisión fue tomada por el CMC a partir de una solicitud del propio Parlasur, que buscaba contemplar las dificultades que Uruguay y Brasil alegaban para la elección directa, de acuerdo a sus particulares realidades políticas y normativas. Cabe ser destacado que en la referida decisión del CMC no hay nada que impida que los Estados parte opten por elegir de manera directa a sus representantes antes de esa fecha, ya que esa norma establece un plazo de gracia para los Estados que no pudieran cumplir los compromisos asumidos de elegir de manera directa a sus representantes antes del 31 de diciembre de 2014.
Si se coteja la fecha de esa Decisión del Consejo del Mercado Común con la fecha de sanción de la ley 27.120 se verifica la primera gran incosistencia de la propuesta de Carrió: cuando el 29 de diciembre de 2014 el Congreso argentino sancionó la ley de elección directa de los parlamentarios de Mercosur ya estaba vigente, desde el 2 de junio de 2014, la mencionada Decisión del Consejo del Mercado Común. Resulta claro que el Congreso argentino decidió cumplir con la obligación asumida en el Protocolo Constitutivo del Parlamento de Mercosur en ese momento y no esperar al 31 de diciembre de 2020, nueva fecha tope dispuesta por el CMC. Es importante recordar que Paraguay elige de manera directa a los parlamentarios de Mercosur desde el año 2008 y que la Argentina es el segundo Estado parte que decidió elegir directamente a sus representantes, medida que fue festejada en el Parlasur como un paso fundamental para su consolidación.
De lo dicho hasta aquí se puede inferir que, por lo tanto, no hay en la normativa de Mercosur ninguna modificación sobreviniente a la sanción de la ley 27.120 que pueda servir de fundamento a la pretensión de Carrió de que se deje sin efecto la elección que debe realizarse en 2019.
Los fundamentos políticos que esgrime Carrió para sostener su proyecto derogatorio son tan inconsistentes como el argumento normativo recién mencionado. Parece valorar la importancia de la elección directa como forma de lograr una mejor representación de la ciudadanía, pero al mismo tiempo la descalifica con argumentos pueriles: la falta de “consenso” al momento de la sanción de la ley, la deficiente representación territorial que resulta de su aplicación, la ausencia de simultaneidad con las elecciones de los parlamentarios en los otros países son, entre otros, algunos de los planteos que toma prestados de diputados que, como ella, se opusieron a la sanción de la ley de elección directa de los parlamentarios de Mercosur cuando fue tratada en 2014.
Además pone énfasis en la falta de ejercicio de facultades legislativas por el Parlasur y en la ausencia del carácter supranacional de ese organismo. Sostiene que “si bien el Protocolo de Montevideo, creador del Parlasur en diciembre de 2005, instituye un órgano parlamentario con facultades amplias y completas, incluso, en el futuro, para proyectar normas vinculantes, nunca fue más allá de un órgano deliberativo y recomendatorio, que ha dictado resoluciones, declaraciones y algunos proyectos de normas, sin obligatoriedad. Su funcionamiento se ha asimilado más a un organismo interparlamentario regional o internacional que a un órgano parlamentario de un sistema de integración regional”.
Frente a estas críticas es necesario destacar que la pretensión de que el Parlasur actúe como un organismo supranacional cuando el Mercosur no lo es –dado que tiene el carácter de organismo intergubernamental- se revela como la exigencia de una condición de cumplimiento imposible, al menos por ahora, impuesta arbitrariamente por Carrió con el solo fin de descalificarlo. Al respecto sostuve en el debate parlamentario que la supranacionalidad se construye con un proceso creciente de integración y no como parte de un acto de voluntarismo. El Parlasur, en su carácter de parlamento regional de carácter esencialmente político, puede y debe jugar un rol determinante para el logro de un mayor grado de integración. El fortalecimiento del Parlasur es, por lo tanto, una apuesta al futuro de la integración.
Del mismo modo resulta criticable sostener la eliminación de la elección directa de los parlamentarios con el argumento de la falta de ejercicio de competencias legislativas. Al respecto sostengo que la apreciación de Carrió es contradictoria y equivocada. Contradictoria en tanto el párrafo antes transcripto de los fundamentos de la diputada reconoce que el Protocolo constitutivo del Parlasur “instituye un órgano parlamentario con facultades amplias y completas”, por lo que habría que concluir que la elección directa aporta máxima legitimidad a los parlamentarios para ejercer esas facultades. Por otra parte esa apreciación de Carrió es equivocada ya que el Parlasur no ha ejercido sus funciones de manera meramente declarativa o consultiva, como sugiere, sino que ha asumido gradualmente un rol más político y de contrapeso frente al carácter predominantemente ejecutivista de los órganos decisorios del Mercosur. Al respecto resulta de suma importancia que –junto con las competencias declarativas, consultivas y de control que el artículo 4° del Protocolo de Montevideo le reconoce- existan dos disposiciones que denotan la existencia de funciones de naturaleza política y legislativa: la facultad de elaborar dictámenes sobre todos los Proyectos de Normas del Mercosur que requieran aprobación legislativa en uno o varios Estados Partes (artículo 4° inciso 12) y la facultad de proponer proyectos de Normas del Mercosur para su consideración por el Consejo del Mercado Común (artículo 4° inciso 13). Es evidente que Carrió busca restarle legitimidad democrática a la elección de los parlamentarios en lugar de promover la ampliación de las competencias del Parlasur para que avancen hacia una función legislativa más vigorosa.
Pero Carrió también sostiene que el Parlasur es caro y que para ahorrar hay que volver a la situación previa a la elección directa, es decir a que sean diputados y senadores quienes cumplan el rol de parlamentarios del Mercosur. Esta afirmación expresa una desfachatez inusitada. Su gobierno ha sometido a los parlamentarios a una situación de absoluta carencia de recursos (tras una dura disputa lograron se les reconociera el pago de pasaje y estadía solo para concurrir a las sesiones en Montevideo), incumplido con el pago de la remuneración que la ley 27.120 les reconoce (no perciben remuneración alguna, situación que ha dado lugar a una acción judicial actualmente en trámite) y desconocido las prerrogativas con que la ley los inviste al equipararlos a los diputados nacionales en lo relativo a remuneración, régimen previsional y fueros parlamentarios. De tal manera, los diputados del Parlasur que han sido elegidos por voluntad soberana del pueblo argentino se han transformado en una suerte de involuntarios benefactores que deben cumplir sus tareas de alcance regional apelando a los ingresos y recursos propios.
Esta iniciativa de Carrió tiende a profundizar la marginalidad del parlamento regional en el esquema de toma de decisiones del Mercosur, una acción nada inocente si se toma en cuenta lo que en estos tiempos de restauración neoliberal se juega en el bloque regional. La acción tendiente a la marginalización del Parlasur implica denostarlo, invisibilizarlo, someterlo a inanición. Se lo trata cual rebaño descarriado… descarriado por Carrió.
Entonces, ¿quién decide en el Mercosur?
Se ha señalado con razón que el Mercosur ha padecido un fuerte déficit democrático. La mayoría de las decisiones del bloque regional son tomadas por organismos técnicos, carentes de la legitimidad democrática que aporta la elección popular, integrados por funcionarios absolutamente desconocidos para los ciudadanos.
El involucramiento directo de los presidentes en la toma de decisiones –que habitualmente se la denomina “diplomacia presidencial- ha subsanado parcialmente ese déficit pero ha sometido al proceso de integración a una impronta ejecutivista que se hace necesario superar mediante el fortalecimiento de un ámbito parlamentario que tenga un creciente carácter decisorio.
El debate de estas cuestiones fue intenso en el Congreso de la Nación cuando se sometió a discusión al proyecto de ley que proponía la elección directa. Carrió busca ahora retrasar el reloj al momento previo al debate que dio lugar a la sanción de la ley 27.120.
No es para nada casual que esta iniciativa derogatoria llegue de la mano de la madrina y compinche política de Mariana Zuvic, la parlamentaria de Mercosur que más ha hecho por desacreditar y estigmatizar al Parlasur. Tampoco es casual que el proyecto aparezca en tiempos en que el gobierno argentino se encuentra internacionalmente cuestionado por la violación de los fueros parlamentarios de Milagro Sala. Y mucho menos casual es que se apunte contra el Parlasur en momentos en que ese ámbito parlamentario se ha diferenciado con sus decisiones de la actitud hostil de los presidentes contra Venezuela. Un Parlasur débil es la mejor garantía de que no sea impugnada la actual orientación desintegradora de Macri, Temer y Cartes y de que no se abra la discusión acerca del contenido de las negociaciones que se están llevando adelante con la Unión Europea en pos de un acuerdo de libre comercio.
Cambiemos exhibe con esta iniciativa derogatoria su peor rostro: el de una fuerza política con escasa convicción y compromiso democráticos. Sin lugar a dudas, la democratización de la representación argentina en el Parlasur y en el Mercosur sufriría un categórico retroceso si este proyecto de ley se aprobara.
Pero esta iniciativa además es prueba de que se encuentra en ejecución un plan de desintegración regional impulsado por el macrismo desde el poder ejecutivo y desde el Congreso.
En la Cumbre de Mendoza, los presidentes neoliberales que mandan en el Mercosur decidieron dejar afuera de la convocatoria a los pueblos. Carrió, en la misma línea y con especial saña, da un paso más en ese sentido al pretender dejar al pueblo argentino sin representantes democráticamente legitimados en el ámbito parlamentario del bloque regional. Se trata de un verdadero atentado contra la democracia y contra la integración regional. Un atentado más en la breve pero destructiva saga protagonizada por el macrismo.
(*) Diputado Nacional por Mendoza (FPV-PJ), vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación.
