El Narcoestado mexicano: drogas a granel, crimen organizado, autoridades cómplices
El Narcoestado mexicano: drogas a granel, crimen organizado, autoridades cómplices
José Gil Olmos – Proceso
Desde hace tres décadas, a partir del salinismo para ser más preciso, en México comenzó a gestarse lo que hoy conocemos como el Narcoestado. Los periodistas mexicanos nos hemos convertido en corresponsales de guerra en nuestro propio país. En México nadie va a venir a rescatarnos, no hay un caudillo. La esperanza la debemos construir nosotros mismos.
En esta forma de gobierno, el crimen organizado y las autoridades se han fusionado hasta ser uno mismo con las consecuencias fatales que ahora sufrimos: periodistas ejecutados, miles de muertes y desapariciones, violencia galopante, gobernadores delincuentes, partidos encubridores, sociedad participante, impunidad y una presidencia de la República cómplice por omisión o por participación directa.
Parto del hecho de que, desde el gobierno de Salinas, comenzó a gestarse esta forma de cogobierno por el caso de su hermano Raúl Salinas quien fue acusado, precisamente, de usar las redes de la Conasupo para la distribución de la droga, aunque en la cárcel estuvo por otros delitos.
Pero antes de este gobierno ya se habían presentado algunos síntomas de la imbricación entre autoridades y narcotráfico, como fue la increíble existencia del rancho “El Búfalo” en Chihuahua. Sin embargo, en el salinismo se expresaron las primeras señales del Narcoestado.
En tres décadas la descomposición de la clase política y la corrupción se han enquistado hasta los más altos niveles, lo cual ha llevado a 30 gobernadores de diferentes partidos a ser acusados de tener vínculos con el crimen organizado, incurrir en actos de corrupción, crear y encubrir redes delincuenciales, hacer negocios ilícitos, desviar recursos y recibir dinero sucio para sus campañas proveniente de distintas organizaciones criminales.
Casos como el de los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas, Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo, Fausto Vallejo en Michoacán, el perredista Ángel Aguirre Rivero en Guerrero y el panista Sergio Estrada Cajigal de Morelos, son algunos ejemplos claros de cómo el Narcoestado ya es una realidad.
En ese Narcoestado el crimen organizado es el que gobierna y controla el territorio. Nada de lo que ocurra ahí escapa de su poder, incluido el ejercicio de la libertad de expresión. Ocho periodistas han sido asesinados en lo que va del año, entre ellos Javier Valdez. Y no es casual que en estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua sean donde se registre los casos más recurrentes de asesinatos, amenazas y persecución a reporteros.
Todas las autoridades están involucradas con los grupos criminales donde cogobierna el crimen organizado. Las fuerzas armadas no se escapan de este poder corruptor que compra voluntades con enormes cantidades de dinero para que los dejen tranquilos en el trasiego, distribución y venta de enervantes, así como en el negocio del secuestro, extorsión, tráfico de personas y de armas.
Pero en el Narco Estado también la sociedad participa directa o indirectamente. Muchas de las veces amplios sectores de la sociedad son cómplices y forman parte de las redes o de la comunidad de base de apoyo que se gestan por necesidad, a la fuerza o por interés alrededor de los distintos grupos criminales como ocurre de manera clara en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México.
En otras ocasiones, la propia sociedad ha normalizado la presencia y la actuación violenta de estos grupos ante la imposibilidad de protestar o de hacer una denuncia. ¿Cómo acudir ante una autoridad que está corrompida o que es parte del grupo criminal que gobierna el municipio o el estado?
Esta situación será la prioridad para quien quiera ser el presidente en el 2018. La expansión de zonas controladas por el crimen organizado crece todos los días, la población adicta en México rebasa los seis millones, según la última estadística oficial del 2011; el número de periodistas muertos o desaparecidos aumenta día con día, se disparó a 600% el número de asesinatos en este sexenio y hay más de 350 mil personas desplazadas por la violencia.
A pesar de la gravedad de la situación, el tema no está en la agenda de ninguno de los aspirantes a la presidencia. Ni uno de ellos habla del crimen organizado y, menos, del Narcoestado y sus consecuencias. Es un tópico espinoso que evaden pero que cualquiera que gane tendrá que afrontar.
*Autor de Los Brujos del Poder, La Santa Muerte la virgen de los olvidados, Los reporteros mexicanos en la guerra de Chiapas y Batallas de Michoacán. Publicado en la revista Proceso.
México, la hidra mafiosa
Carlos Figueroa Ibarra
En México las mafias del crimen organizado proliferan de manera incontenible. Tras más de diez años de guerra al narcotráfico, 207 mil muertos y 28 mil desaparecidos (éstos en los últimos cuatro años), el narcotráfico goza de muy buena salud.
La madrugada del 3 de julio de 2017, en el municipio de Huehuetlán el Grande (estado de Puebla), un grupo de sicarios penetró a los hogares de dos comerciantes y del jefe de policía municipal y los asesinó en sus lechos. Además secuestró a otras cuatro personas en un acto que avizora el más negro de los presagios. Los presuntos autores intelectuales de estos inauditos crímenes son jefes de una banda local de “huachicoleros”, como hoy se les llama coloquialmente a los ladrones del combustible que corre a través del país por los ductos de Pemex, la compañía petrolera estatal.
En Puebla y en México, los “huachicoleros” se han convertido en un nuevo azote mafioso. La proliferación de las mafias en México cada vez más se asemeja a La Hidra, aquel monstruo de la mitología griega que era una serpiente marina policéfala que era invencible porque por cada cabeza que le cortaban, le crecían dos más. El terror que sembró a lo largo de su existencia, terminó cuando Heracles el semidiós de fortaleza increíble pudo matarla tras fiero combate.
En México las mafias del crimen organizado proliferan de manera incontenible. Tras más de diez años de guerra al narcotráfico, 207 mil muertos y 28 mil desaparecidos (éstos en los últimos cuatro años), el narcotráfico goza de muy buena salud. Al igual que las cabezas de la monstruosa Hidra, lo más que ha sucedido es que han desaparecido o menguado algunos carteles de la droga y han surgido otros nuevos como consecuencia del vacío dejado por los primeros. Hoy a las mafias del narcotráfico se han agregado las de los ladrones de combustible. En Puebla particularmente, se están convirtiendo en poderes locales tan eficientes que se calcula que en dicho estado se roba el 25% del combustible del total robado en todo el país.
Durante el gobierno del hoy aspirante presidencial Rafael Moreno Valle (2011-2017), el robo de combustible creció en un 3,000%. Como la hidra, la mafia “huachicolera” tiene muchas cabezas: la mafia local que roba el combustible, la mafia que se la compra para luego revenderla, la mafia al interior de Pemex que les avisa a los ladrones los horarios del flujo de combustible, la mafia dentro de los gobiernos estadual y federal que da protección a las mafias anteriormente mencionadas. El crimen acontecido en Huehuetlán el Grande, se debió a la resistencia de las víctimas a ser extorsionados por los mafiosos quienes buscan expandir sus ganancias a través del llamado “cobro de piso”. Como ha sucedido con los cárteles de la droga, el negocio mafioso se diversifica con la extorsión y el secuestro.
El Heracles que podría abatir a la Hidra mafiosa mexicana no es ningún hombre fuerte que por la fuerza logre acabarla. A esta Hidra más que decapitarla una y otra vez, fundamentalmente hay que hacerla morir de inanición. Solamente una drástica política anticorrupción y social que prevenga la delincuencia, podrá acabarla algún día. He aquí uno de los grandes retos de este país que camina hacia la ruina.
El asesinato de Meztli Sarabia
Luis Hernández Navarro
Meztli Sarabia Reyna fue ejecutada por cuatro sicarios. A las 10 de la mañana del 29 de julio, llegaron al mercado Hidalgo, en Puebla, preguntaron por ella, y, cuando Meztli se identificó, le descerrajaron dos balazos: uno en el abdomen y otro en la nuca. Junto al cuerpo dejaron un mensaje escrito en una cartulina: “esto les pasará a todos los que apoyen a Simitrio. Sigues tú Simitrio y a los que apoyen a Simitrio. Fuera la 28”.
Escasos minutos después de su asesinato, en las redes sociales se desató una campaña de desinformación contra la víctima y su organización, presentándola como narcomenudista y extorsionadora, advirtiendo sobre la inminencia de una oleada de violencia y llamando a no visitar los mercados en los que trabaja la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) (https://goo.gl/iT6VHg).
La tercera fue la vencida. Durante los primeros meses de 2017, Meztli fue atacada en dos ocasiones. Tenía 42 años y tres hijos. No era dirigente de la organización. Solamente la que auxiliaba en tareas secretariales. Pero era muy cercana afectivamente a su padre, Rubén Sarabia Reyna, Simitrio, líder histórico de la 28 de Octubre.
La UPVA nació bautizada a sangre y fuego. Como recuerda Polo Noyola, la noche del 28 de octubre de 1973, policías y granaderos “limpiaron” de vendedores las calles que se encuentran alrededor del Mercado de la Victoria, en el Centro Histórico de Puebla. Metieron maquinaria pesada, aplastaron los puestos y a gente que estaba en ellos, y prendieron fuego. Nunca se supo el número exacto de muertos. La gente se llevó a sus difuntos, temerosos de que hasta los cuerpos les quitaran (https://goo.gl/bBWHLS). Los vendedores ambulantes tenían años trabajando esa zona. Estaba cerca la fiesta de Todos Santos, un día de magníficas ventas.
Puebla vivía entonces una cruzada anticomunista, acompañada de una salvaje represión, con el Ejército en las calles evitando protestas. Varios líderes universitarios fueron asesinados: en julio de 1972, Joel Arriaga Navarro; en diciembre de ese mismo año, Enrique Cabrera Barroso; en febrero de 1973, Josaphat Tenorio Pacheco, y en mayo, Alfonso Calderón y otros tres jóvenes estudiantes que se encontraban en el edificio Carolino de la Universidad.
La 28 de Octubre ha sobrevivido a cuatro décadas de acoso y represión. Agrupa a unos 5 mil socios, en su mayoría vendedores y taxistas. Su capacidad de movilización es sorprendente. Es la organización popular independiente más añeja en el estado. Exige, entre otras muchas demandas, un verdadero reordenamiento comercial y el freno a la gentrificación. Frente a la especulación inmobiliaria y la expansión de los grandes supermercados trasnacionales, defiende los pequeños comercios, al pueblo pobre y a los trabajadores. Su lucha choca de frente con los intereses de empresarios de la construcción, inmobiliarios, monopolios del transporte, la Cámara Nacional de Comercio y los políticos que expresan sus intereses.
Rubén Sarabia fue parte de un equipo de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que, decididos a vincularse a las luchas sociales para servir al pueblo, asesoraba al profesor Lorenzo Hernández Becerra. Y, cuando, al poco tiempo, el maestro Hernández desvió el sentido de la lucha, Sarabia asumió la dirección de la 28 de Octubre. Se le conoció desde entonces como Simitrio (Tzompasquelitl), por su parecido con el personaje de una película mexicana de este nombre.
De 61 años de edad, formado en el maoismo, ha pasado más de la mitad de su vida desaparecido por fuerzas policiales, preso (incluso en penales de alta seguridad, donde tenía prohibido cantar y silbar) y exilado de Puebla, sin que nunca haya claudicado. Fue detenido por primera ocasión a los 18 años. Estuvo dos años tras las rejas.
La UPVA ocupa un lugar clave en el archipiélago de la izquierda extraparlamentaria de México. Desempeña un relevante papel en la articulación de las resistencias populares en Puebla y en el acompañamiento a la lucha de los trabajadores de la educación democráticos (durante varios años fue muy cercana al Frente Magisterial Independiente Nacional). Pero, más allá de esto, no ha renunciado a entablar alianzas con otros proyectos apartidistas radicales en el país, provocando la alarma y el encono de los servicios de inteligencia.
La confrontación de la UPVA con el gobernador (2011-2017) Rafael Moreno Valle fue frontal. Simitrio se negó a entregarle la organización al mandatario y éste respondió atacándolo a él y a toda su familia. Su secretario de Gobierno, Luis Maldonado (hoy diputado por el PRD), le exigió “que dejáramos la dirección del movimiento. No aceptamos. Lo siguiente fue el golpe”. El morenovallismo lo encarceló con cargos falsos en 2014. Detuvo a su hijo Atl Rubén, inventándole que se dedicaba al narcomenudeo. Giró orden de aprehensión contra otro de sus hijos, Xihuel. Y abrió alrededor de 20 averiguaciones previas y una orden de aprehensión contra su esposa, Rita Amador.
Uno tras otro, los abogados de la unión (entre los cuales está Toantiuh, otro de los hijos de Rubén) han desmontado los infundios legales en su contra y ganando los casos en los tribunales. Para Moreno Valle, esos triunfos jurídicos de la 28 son inadmisbles.
En una carta dirigida a la periodista de La Jornada Blanche Petrich, Simitrio explicó: “Los sucesivos gobernadores del estado se han empeñado en destruirme a mí, a mi familia y a la organización. Moreno Valle, con sus aspiraciones presidenciales, es el que más lo ha hecho. Para él soy una piedra en el zapato. Quiere demostrar a los inversionistas que es capaz de limpiar el terreno para que nada interfiera con sus intereses, ningún sindicato, ninguna organización popular. Y para lograrlo está dispuesto a todo, legal o ilegal”.
Hoy, a la interminable lista de persecución, acoso y represión contra la 28 de Octubre y Simitrio (en arraigo domiciliario desde marzo), se suma la ejecución de su hija Meztli Sarabia. Y el mensaje de quienes enviaron a los sicarios a quitarle la vida: “Sigues tú Simitrio y a los que apoyen a Simitrio. Fuera la 28”.
- Periodista, coordinador de opinión y editorialista del diario mexicano La Jornada.
Cárteles, apoyados en mafias locales, invaden la capital
Jorge Carrasco Araizaga y Patricia Dávila
Pese a las evidencias en contra, los estudios de especialistas y las denuncias ciudadanas, el gobierno de la Ciudad de México sólo tiene una versión: aquí no hay presencia de los cárteles del narcotráfico. Y las bandas criminales se han afianzado en la capital del país –especialmente desde la llegada al gobierno de Miguel Ángel Mancera–, apoyándose en mafias locales, como La Unión Tepito o el ahora célebre Cártel de Tláhuac, cuyo líder murió el jueves 20 de julio en un enfrentamiento con la Marina, durante un operativo del cual no se informó a la policía local, bajo sospecha de estar infiltrada.
La delincuencia organizada se ha consolidado en la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Aunque la capital de la República está lejos de ser asiento de alguna organización del narcotráfico, prácticamente ninguna de las 16 delegaciones políticas escapa de la presencia de los cárteles del narcotráfico que operan en el país, gracias a grupos locales como el llamado Cártel de Tláhuac.
El caso más significativo es el de La Unión Tepito, que según autoridades y especialistas, le permitió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convertirse en el grupo de delincuencia organizada predominante en la Ciudad de México, como parte de la expansión de esa organización en el país durante el actual sexenio.
Durante una década, desde que era titular de la Procuraduría General de Justicia de la capital, Mancera ha minimizado la presencia del narcotráfico en la Ciudad de México, pese a las crecientes expresiones de violencia, extorsión y hasta presunta penetración de esos grupos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, como ha ocurrido en el resto del país.
El titular de la SSP, Hiram Almeida, informó que entre 10 y 15 mandos de la corporación comisionados en Tláhuac están bajo investigación por su supuesta protección a la célula delictiva local. Explicó que los agentes pudieron involucrarse con esta banda por acción u omisión: “Puede ser encubrimiento, tolerancia o no reaccionar ante un llamado. Y en muchos de los casos, tener algún nivel de participación”, lo que deberá ser establecido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).
Fue precisamente por el temor a una fuga de información que la Secretaría de Marina excluyó al gobierno de Mancera de la Operación Tango del pasado jueves 20 en la delegación Tláhuac contra la mafia local, revelan a este semanario fuentes cercanas a la investigación.
Fue un operativo militar sin precedente en la capital del país desde que las fuerzas armadas participan en el combate frontal al narcotráfico. En la confrontación, que la Marina presentó como una respuesta a una agresión armada, murieron ocho presuntos delincuentes, entre ellos Felipe de Jesús Pérez Luna, identificado como El Ojos y señalado como líder de la organización local.
