América Latina en el Día de los Desaparecidos: el caso Maldonado en Argentina y una realidad preocupante en México y Colombia

Colombia: buscar los desaparecidos, una tarea de avance lento – Por Olga Patricia Rendón

La desaparición forzada en Colombia es un delito que se mantiene. Si bien se firmó un Acuerdo de Paz con las Farc, que, según la Procuraduría, deben responder por 2.760 personas de las que se desconoce su paradero, otros grupos como bacrim, carteles de droga y delincuencia común siguen con esta práctica.

Este crimen, aún vivo en el país, ha dejado, según el Registro Único de Víctimas, 46.970 personas desparecidas en el marco del conflicto armado, y esta es una de las razones por las que la búsqueda se ha tornado lenta e infructuosa.

Además, la imposibilidad de determinar cuántos siguen sin aparecer debido a los subregistros por falta de denuncia, o porque regresaron y sus familiares no avisaron a las autoridades, ayuda a mostrar un panorama sin resultados apremiantes.

“La desaparición forzada sigue ocurriendo en Colombia, y eso es algo que tiene que ser visible para toda la sociedad”, señaló Martina Fava, responsable de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR.

¿Un Estado insuficiente?

La conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada busca sensibilizar a la población mundial sobre uno de los delitos más atroces, ya que su carácter de ejecución permanente no permite la sanación de las familias y, por el contrario, la inquietud y zozobra se mantienen hasta la aparición del ser querido.

De la desaparición forzada se tienen noticias en Colombia desde 1977. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, son más de 60.000 personas de las que no se sabe nada (dato que difiere con el de la Unidad de Víctimas).

Para hallarlos, Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, dijo que se hace necesario impulsar, con una firme voluntad política, “avances concretos en la búsqueda de personas desaparecidas. Los pasos que se han dado no son suficientes. Todas las partes del conflicto tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas sobre los hechos ocurridos”.

En esa dirección, hoy el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, le enviará una carta al presidente Juan Manuel Santos en la cual le pide que adelante todas las acciones legales para aceptar la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas, contemplado en la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones, cuyo artículo no fue ratificado por Colombia, lo que impide que el Comité contra la Desaparición Forzada de las ONU pueda recibir y tramitar casos que se presenten en el país.

“Evidencia falta de voluntad política para resolver uno de los crímenes más atroces que, desafortunadamente, se siguen presentando”.

Las acciones del Estado

No obstante, el Estado colombiano ha trazado una ruta para la búsqueda de aquellas personas de las que se desconoce su paradero.

Una de las medidas es la creación la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, nacida bajo el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Aunque esta unidad aún no está conformada, hasta el momento funciona la comisión nacional creada en el año 2000. El Comité de Escogencia de la JEP está determinando quién será el director de la UBPD y se conocerá el 26 de septiembre; se espera inicie operación en enero de 2018.

Los retos los dejó claros el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina: “Hemos estado trabajando hasta en el más mínimo detalle para garantizar que la unidad pueda cumplir con sus funciones, para que las víctimas puedan participar en los momentos del proceso. El mayor desafío que enfrenta la UBPD es el de consolidar el número de personas desaparecidas”.

Además, Medicina Legal avanza con el Plan Cementerio desde octubre de 2015, con el cual ha exhumado 388 restos óseos que habían sido sepultados sin identificar. Ahora la tarea es darles nombre. Así mismo, la Fiscalía ha exhumado desde el 2005, 8.736 cadáveres y ha entregado a sus familiares 4.062 restos óseos de sus seres queridos.

INFORME

CIFRAS DE LA PROBLEMÁTICA

· 46.970 personas han sido víctimas directas de desaparición forzada, según el Registro Único de Víctimas.

· Entre enero y junio de 2017, 3.357 personas desaparecieron, de acuerdo con Medicina Legal. 1.829 eran hombres y 1.528 mujeres. De ellos, 51 corresponden a desaparición presuntamente forzada.

· En Antioquia se presentaron 221 desapariciones en el primer semestre de este año.

· 87.054 personas desaparecidas continúan sin aparecer, según Medicina Legal.

· Desde el 2014, el CICR recuperó los restos de 44 personas desaparecidas, indagó por la suerte de 857 personas y adelantó gestiones que dieron con el paradero de 365 personas reportadas como desaparecidas, quienes fueron encontradas vivas o muertas.

(*) Periodista egresada de la Universidad de Antioquia.

El Colombiano

ONU: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Llegan unos hombres. Irrumpen en la vivienda, casa, casucha o choza de una familia, rica o pobre, en una ciudad o en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en cualquier momento del día o de la noche, habitualmente de paisano, algunas veces en uniforme, siempre armados. Sin dar explicaciones, sin presentar ninguna orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quién actúan, se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un automóvil, haciendo uso de la violencia de ser necesario.

Así suele ser el primer acto del drama que lleva a la desaparición forzada o involuntaria de una persona, violación particularmente odiosa de los derechos humanos.

¿A quién afecta?

Definición

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Documento PDF, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:

«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y queluego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»

Las propias víctimas

Las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber «desaparecido» de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.

Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.

Amigos y familiares de las víctimas

La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas si no existe un certificado de defunción. El resultado es a menudo la marginación económica y social.

Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres, además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A ese título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo.

Los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos.

Comunidades

Las comunidades están directamente afectados por la desaparición de sostén de la familia, y la degradación de la situación de las familias económica y su marginación social.

La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Una grave violación de los derechos humanos

Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber «desaparecido» de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son:

-El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

-El derecho a la libertad y seguridad de la persona;

-El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

-El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida;

-El derecho a una identidad;

-El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales;

-El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización;

-El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición

Las desapariciones también suponen en general una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas, así como sus familias:

-El derecho a la protección y a la asistencia a la familia;

-El derecho a un nivel de vida adecuado;

-El derecho a la salud;

-El derecho a la educación.

Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, establecen que, cuando como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una «desaparición forzada» ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.

ONU