La decisión de excluir a Venezuela del Mercosur de manera «indefinida» y el rechazo del Gobierno nacional
La decisión del MERCOSUR de excluir a Venezuela
En una reunión celebrada en Sao Paolo (Brasil), los Estados miembros del MERCOSUR decidieron excluir a Venezuela de esta organización subregional, recurriendo al instrumento que prevé la exclusión (el Protocolo de Ushuaia, adoptado en julio de 1998). Venezuela integró formalmente esta organización internacional en julio del 2012.
Nótese que, a diferencia de lo que se lee en algunos titulares de prensa, en ningun momento se menciona el proceso de Asamblea Nacional Constituyente, que algunos Estados de América Latina han decidido no reconocer (véase nuestra breve nota al respecto titulada «Anuncio de Costa Rica de no reconocer resultados de Asamblea Constituyente en Venezuela: breves apuntes» y editada en el sitio jurídico Ius360). De los miembros del MERCOSUR, solamente Argentina ha externado mediante un comunicado oficial no reconocer los resultados de esta Asamblea Constituyente, electa el pasado 30 de julio y formalmente instalada en Caracas el pasado viernes 4 de agosto, un día antes de la decisión tomada por los integrantes del MERCOSUR.
Los artículos 4 y 5 del Protocolo de Ushuaia de 1998 se leen como siguen:
ARTICULO 4: En caso de ruptura del orden democrático en un estado parte del presente Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado.
ARTICULO 5: Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente. Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.
En la decisión adoptada (véase texto completo al final de esta nota en Documento A) se lee que los cuatro Estados miembros del MERCOSUR decidieron: «Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación de la presente Decisión a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Protocolo de Ushuaia».
Venezuela ha inmediato reaccionado a esta decisión mediante un comunicado de prensa emitido por su aparato diplomático el mismo 5 de agosto (véase texto integral reproducido en Documento B al final de esta misma nota).
Documento A:Texto completo de la decisión del MERCOSUR
Decisión sobre la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el MERCOSUR en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR
05 Agosto 2017 Información para la Prensa N°: 316/17
La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,
CONSIDERANDO
Que, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, suscripto el 24 de julio de 1998, la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración;
Que toda ruptura del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración;
Que, en las consultas realizadas entre los Cancilleres de los Estados Partes del MERCOSUR, se constató la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela, consignada en la “Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR sobre la República Bolivariana de Venezuela” del 1° de abril de 2017 y, desde entonces, celebraron consultas entre sí y solicitaron al Estado afectado la realización de consultas;
Que las consultas con la República Bolivariana de Venezuela resultaron infructuosas debido al rechazo de este Gobierno a la celebración de las mismas en el marco del Protocolo de Ushuaia;
Que no se han registrado medidas eficaces y oportunas para la restauración del orden democrático por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela;
Que el espíritu del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR es el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el Estado afectado;
Que la aplicación del Protocolo de Ushuaia no debe interferir en el funcionamiento del MERCOSUR y de sus órganos, ni producir perjuicio alguno al pueblo venezolano;
Que los Estados Partes del MERCOSUR se comprometen a trabajar en favor del restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y en la búsqueda de una solución negociada y duradera en pro del bienestar y el desarrollo del pueblo venezolano.
DECIDEN:
1) Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.
La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación de la presente Decisión a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Protocolo de Ushuaia.
2) Los Estados Partes definirán medidas con vistas a minimizar los impactos negativos de esta suspensión sobre el pueblo venezolano.
3) La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela.
4) Mientras dure la suspensión, lo previsto en el inciso iii) del artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto se producirá con la incorporación que realicen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en los términos del inciso ii) de dicho artículo.
São Paulo, 5 de agosto de 2017
Jorge Marcelo Faurie – República Argentina – Aloysio Nunes Ferreira- República Federativa del Brasil – Eladio Loizaga – República del Paraguay – Rodolfo Nin Novoa – República Oriental del Uruguay
Documento B : Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazando la decisión sobre su exclusión
Venezuela protesta y rechaza Declaración mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en MERCOSUR.
La República Bolivariana de Venezuela protesta y rechaza enérgicamente la Declaración emitida en São Paulo, Brasil, de fecha 05 de agosto de 2017, suscrita por los Cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en MERCOSUR.
La República Bolivariana de Venezuela alerta a los pueblos del mundo ante la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas, violatorias de los más elementales principios del derecho internacional. Nefastos intereses anti integracionistas han convertido a MERCOSUR en un órgano de persecución política contra Venezuela al procurar avanzar en una senda de ilegalidad e intolerancia política semejante a la que fue sometida la República de Cuba en los años 60 del pasado siglo.
Venezuela ratifica enfáticamente que resulta improcedente la aplicación del Protocolo de Ushuaia, toda vez que se fundamenta en falsos supuestos, en presunciones ilegítimas que no se corresponden con los extremos jurídicos compatibles con las disposiciones de tal normativa. Es la segunda vez, en menos de un año, que se pretende arbitrariamente suspender a Venezuela de la organización mediante argumentos artificiales, lo cual es una clara muestra del tenor intervencionista, y alejado del Derecho, de estos Cancilleres de la nueva Triple Alianza, así como de la verdadera intención política que los motiva. Quedarán marcados por la historia los nombres de los Presidentes y Cancilleres que han tomado esta aberrante e ilegal decisión.
La utilización de la declaración de los cuatro Cancilleres del 01 de abril de 2017, señalada como preámbulo de este nuevo Comunicado de hoy, no corresponde a Ushuaia, ni a las reglas del Derecho Internacional ni al sistema normativo fundacional y derivado del MERCOSUR; por el contrario, constituye una corrupción a la integridad del sistema legal organizacional que busca posicionar una matriz mediática para excusar sanciones injustas, carentes de sustento jurídico e incluso inexistentes dentro del ordenamiento constitutivo de la organización.
Es menester revelar a la comunidad internacional, la falsía en torno al supuesto desinterés de Venezuela por participar de una reunión para avanzar en soluciones constructivas y ajustadas a norma. La República Bolivariana de Venezuela confirmó, amplia y suficientemente, por misiva de su Canciller de fecha 27 de julio de 2017, la disposición al diálogo sincero, proponiendo la realización de una reunión en la ciudad de Caracas durante la primera semana de agosto de 2017, con observancia a los principios del Derecho Internacional y al respeto mutuo, en el debido reconocimiento a la causa arbitral interpuesta por Venezuela en contra del resto de Estados Partes y a la condición plena de Venezuela como miembro de la organización; nunca en el marco de espurias pretensiones de aplicabilidad del Protocolo de Ushuaia.
Si en torno a principios y protección de la democracia se abriera un debate, serían los gobiernos que hoy condenan a Venezuela los que tendrían que “justificar” por qué no han ratificado su compromiso con el acervo democrático regional, a través de los Protocolos de Ushuaia I y de Ushuaia II; de los cuales, por cierto, la República Bolivariana de Venezuela, como Estado Parte del MERCOSUR, es la única que ha completado los trámites internos para convertirlos en derecho positivo y vigente dentro de su ordenamiento jurídico constitucional. El único gobierno al que legalmente debería aplicarse el Protocolo de Ushuaia es al que hoy mal gobierna al Brasil, encabezado por una tragicomedia de mafias económicas y parlamentarias que ni siquiera gozan de la legitimidad del voto, que sí ostentan el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y nuestra flamante y soberana Asamblea Nacional Constituyente recién instalada en Caracas con todo el apoyo de un pueblo que desea la paz.
La República Bolivariana de Venezuela, fiel a su vocación integracionista legada por el Comandante Hugo Chávez, reitera el llamado a la sindéresis, insta al respeto de la autodeterminación de nuestros pueblos, reclama la observancia a las normas del Derecho Internacional y exige el cese de las acciones antijurídicas de acoso en perjuicio de los derechos de Venezuela como Estado Parte del MERCOSUR y como pueblo libre, soberano e independiente de Nuestra América.
Nada ni nadie puede suspendernos ilegalmente del MERCOSUR. Venezuela es MERCOSUR porque está sembrada en el corazón de sus pueblos y no podrán evitar que sigamos latiendo como la esperanza de liberación y justicia de millones.
Caracas, 05.08.17
Otra infamia consumada: suspenden a Venezuela del Mercosur por «tiempo indefinido»
Rubén Armendariz
Tal como se preveía, Venezuela fue suspendida del Mercosur ante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente votada por más de ocho millones de ciudadanos. Así lo anunciaron los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay reunidos de emergencia en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde decidieron aplicar la cláusula democrática del bloque previsto en el Protocolo de Ushuaia (1998), haciendo caso a las presiones de la Casa Blanca.
La medida servirá para que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pueda insistir en la expulsión del organismo panamericano regenteado por Washington –tras tres estruendosos fracasos consecutivos cuando apenas logró 14 votos- y también para darle mayores argumentos a Donald Trump para practicar alguna forma de intervención tras la permanente injerencia en los asuntos internos venezolanos.
«La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración de orden democrática», señalaron en un comunicado conjunto –por demás injerencista en los asuntos internos de otro país- los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina, Jorge Faurie, de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, de Paraguay, Eladio Loizaga, y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, tras su encuentro de una hora y media en la sede de la Alcaldía San Pablo.
El apoyo de Uruguay fue clave para esta decisión. Hasta el jueves, el gobierno de Tabaré Vázquez se mostraba reticente a tomar una postura más dura contra Venezuela, resistida por el gobernante Frente Amplio, como sí impulsaban sus colegas del bloque, el argentino Mauricio Macri, el golpista brasileño Michel Temer, y el paraguayo Horacio Cartes.
El dirigente uruguayo Rodolfo Nin Novoa había dado a entender este cambio de posición, cuando en su calidad de Presidente del Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en un acto tan insólito como lamentable, procedió a consagrar la coronación del mexicano Alejandro de la Peña como Secretario General sin que siquiera se hubiera instalado el Consejo, ante un silencio estruendoso de las delegaciones.
El Consejo no podría haber sesionado por falta de quórum –sobraba tiempo para hacer una nueva convocatoria- y el mexicano contaba con amplia mayoría, pero no con el consenso. Era vox populi en la sede montevideana de ALADI que el embajador mexicano en Uruguay, Francisco Arroyo, amenazó directamente a Nin Novoa con el cupo de importación de leche uruguaya a México.
Venezuela estaba “administrativamente” suspendida del Mercosur desde diciembre del año pasado, luego que la triple alianza mercosureña adujo que el país no cumplió con los plazos para adoptar las normas burocráticas y económicas para la adhesión al bloque, al que se unió en 2012. Ahora, pasando por encima de lo jurídico, sus “socios” del Mercosur le impusieron una sanción “política”.
Es tan injerencista esta decisión que para ser revertida requerirá de un cambio de régimen, con elecciones supervisadas y consideradas democráticas por los cuatro países (el gobierno brasileño, por ejemplo, surge de un golpe parlamentario), así como indicadores de que las instituciones están realmente funcionando. Este es el castigo máximo que prevé el Protocolo de Ushuaia, ya que la expulsión no está contemplada como tal en el acuerdo.
El Protocolo de Ushuaia II sí establece medidas más severas, incluso sanciones como el cierre de fronteras, del tráfico aéreo y marítimo, así como el fin del abastecimiento de energía y la suspensión parcial o total del comercio. Por ahora los países socios no se animaron a aumentar más la presión sobre Caracas, pese a las presiones hechas por la dirigencia opositora venezolana y varios altos funcionarios estadounidenses.
*Investigador y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Experto en temas de integración regional.
