Kuczynski: un tecnócrata en declive (Perú) – Por Jacqueline Fowks
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Jacqueline Fowks, periodista peruana
Hace un año, cuando asumió la Presidencia del Perú el economista Pedro Pablo Kuczynski, era sabido que el modelo económico iniciado en los años 90 se mantendría. Kuczynski había ofrecido una revolución social para reducir las brechas en la población sin acceso a salud, educación, agua y saneamiento, y prometió encarar la pobreza urbana. Su perfil como representante de la derecha «democrática» se impuso frente a la derecha populista y de herencia autoritaria que encarna Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular. Pasado este tiempo, el prefijo «a» como negación sirve para entender qué ha pasado: ha sido un agobierno, los tecnócratas han estado en el poder pero sin tomar las riendas y, dado el continuo obstruccionismo de la oposición fujimorista en el Congreso, Kuczynski ha terminado cogobernando con ese grupo político, voluntaria o involuntariamente.
No se trata de un desgobierno, pues salvo episodios particulares de crisis y muertos, el país no se ha ido por el desfiladero. Por eso la importancia del prefijo «a» para describir el primer año de gestión de PPK, como se lo conoce en el Perú por sus iniciales.
La abogada y periodista Rosa María Palacios y el sociólogo Julio Cotler, investigador y ex-director del Instituto de Estudios Peruanos, han descrito este periodo como «el año de la parálisis». Según Palacios, ni el primer ministro Fernando Zavala y ni el jefe de Estado confrontan con el fujimorismo. Esa forma de operar del Ejecutivo le ha costado la pérdida de tres ministros: la censura del titular de Educación y la salida por distintas fórmulas del de Economía y el de Transportes y Comunicaciones. En los tres casos, el aspecto común fue la presión del Congreso de mayoría fujimorista, que tenía como arma de ahogamiento la posibilidad de no aprobar algunos de los cientos de decretos legislativos que emitió el Ejecutivo en sus primeros meses con el fin de reactivar la economía y combatir la inseguridad ciudadana.
El fujimorismo tiene, además, otra forma de ahogar: mantiene en la mira a los ministros de Interior, Salud, Educación y Justicia, con ataques y citaciones al Congreso a responder preguntas, o atormenta al Gobierno con la amenaza de otra posible censura. La inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema para los peruanos, según una encuesta de julio elaborada por GfK: la principal expectativa de 58% de los encuestados acerca del primer balance anual que ofrecerá el presidente es lo que dirá sobre la lucha contra la delincuencia.
Respecto del Ministerio de Educación, aunque la ministra que reemplazó a Jaime Saavedra tiene una buena relación con el fujimorismo, Fuerza Popular y grupos evangélicos y católicos muy conservadores han insistido en sus campañas contra el currículo escolar, arguyendo que este puede «homosexualizar» a los niños.
La mayoría opositora ha logrado además retirar –de tres decretos legislativos sobre seguridad ciudadana y política deportiva– las menciones al enfoque de género, orientación sexual, identidad de género, derechos humanos e interculturalidad. El Ejecutivo no rebatió ni planteó una mayor discusión –política– del asunto. Acató la voluntad de Fuerza Popular.
Además, desde fines de junio, una huelga de maestros en el sur del país ha significado otro tipo de confrontación. Sectores radicales del gremio magisterial han usado vías violentas para promover demandas laborales. El sindicato nacional, uno de los más grandes del país, está dividido en por lo menos dos facciones: una izquierda respetuosa del cauce democrático y otra que no duda en retirar rieles del tren a Machu Picchu – el principal destino turístico del país– y obstruir los aeropuertos. La reacción del Gobierno ha sido declarar el estado de emergencia en las circunscripciones donde sigue la huelga y enviar más contingentes de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, medida similar a la que adoptaban Alan García y Ollanta Humala en conflictos sociales.
La economía
Palacios ha señalado la paradoja de que siendo economistas el presidente y la mayoría de miembros del gabinete, la economía se haya estancado. El PIB creció 3,9% en 2016, pero entre diciembre y abril dos factores golpearon el país: las revelaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la corrupción de las obras de Odebrecht en la región y la emergencia por lluvias torrenciales debidas al fenómeno El Niño costero, que dañaron zonas agrícolas y dejaron a cientos de miles de personas sin casa ni medios de vida.
En marzo, la economía creció 0,7% y en abril, 0,17% la cifra más baja desde 2009. Al inicio de año, la proyección de crecimiento anual del PIB era 3,5%, pero en junio el Banco Central de Reserva del Perú la ajustó a 2,8%, siguiendo la reducción a la baja que hizo en mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 3,5% a 2,7%.
La corrupción denunciada por el Lava Jato condujo a que el gobierno rescindiera el contrato de uno de los más grandes proyectos de infraestructura, el Gasoducto del Sur, que en 2014 la administración de Humala había concesionado a Odebrecht y a su socia española Enagás. La firma brasileña no cumplió con obtener en enero los más de 4.100 millones de dólares de crédito bancario que requería, tras el escándalo.
En una conferencia de prensa con la prensa extranjera realizada hace un par de semanas, el primer ministro Zavala dijo que Lava Jato había significado dos puntos de reducción del PIB.
Incomprensión de lo social
Un tercer rubro que puede tener implicancias de fondo en los cuatro años que restan del mandato de Kuzczynski es la anunciada fusión de dos sectores con carga importante: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), creado durante el gobierno anterior con un crédito del Banco Mundial.
El primero, entre muchas tareas, se ocupa de atender la alta tasa de violencia familiar y sexual y los femicidios, la niñez en abandono, las personas con discapacidad, las adopciones y las personas que viven en la calle (menores de edad o adultos mayores). Por su parte, el Midis administra los programas y prestaciones sociales para los pobres: Juntos (una subvención mensual que llega a más de 673.000 familias), Pensión 65 (una subvención mensual para adultos mayores, con más de 507.000 beneficiarios) y los programas de alimentación escolar complementaria que atienden a más de 3.615.000 niños, según cifras del Midis de mayo. Además, tiene otros programas orientados a población rural, como los tambos, que son puntos de presencia y actividad del Estado en lugares muy aislados, especialmente en los Andes y en regiones quechuahablantes, y Foncodes, una plataforma para gestionar pequeñas obras locales, como por ejemplo, canales de agua o caminos en localidades alejadas de los centros urbanos.
Nuevamente, la decisión de reducir burocracia deja el mensaje de que el grupo de tecnócratas que lidera el país no calibra lo suficiente la importancia de administrar por separado los diferentes tipos de poblaciones vulnerables y pobres, los diferentes tipos de problemas que hay en los espacios urbanos y rurales, con culturas y lenguas diferentes.
El presidente Kuczynski inicia su segundo año de mandato con 32% de aprobación de su gestión y en junio generó una nueva polémica al plantear que era posible el indulto a Alberto Fujmori, el ex-presidente preso por crímenes de lesa humanidad. Los analistas sostienen que a Keiko Fujimori no le conviene y no le simpatiza esa salida, pues su liderazgo podría quedar minado, algo que ya empezó a ocurrir con el incremento de figuración política de su hermano menor, el congresista Kenji Fujimori, más cercano al padre. Luego de una conversación que tuvo PPK con la líder opositora Fujimori el 11 de julio en el Palacio de Gobierno, se cree que se reducirá la tensión con esa formación política; todos indican que del indulto no hablaron. Pocos creen que el fujimorismo vaya a dejar de sofocar la garganta del Ejecutivo. Y pocos creen que el Ejecutivo vaya a usar sus propias manos para librarse del ahogo.
