Guatemala: La corrupción, anomalía congénita de su democracia – Por Ana Lopez Molina (Especial para Nodal)

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El 25 de agosto 2017 la Comisión contra la Impunidad en Guatemala –CICIG, ente de Naciones Unidas- y el Ministerio Público sostenían una conferencia de prensa donde pedían el retiro de la inmunidad para Jimmy Morales en su calidad de secretario general del partido FCN-Nación, puesto que ocupó desde 2013 hasta que fue electo como presidente en 2015. La petición responde a la necesidad de continuar con la investigación sobre financiamiento ilícito durante la campaña hacia el balotaje que le llevó a ocupar el cargo. Esta conferencia de prensa habría sido apresurada por la visita de Morales a la ONU en la que se especulaba que pediría la remoción del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, pero en la que únicamente cumplió con el requisito de formular una queja para luego poder declararlo non grato y expulsarlo del país, como hizo la madrugada del domingo 27 de agosto.

Hay dos diputados sobre los que CICIG-MP también han pedido el retiro de la inmunidad. Ambos eran los secretarios generales de sus partidos durante el proceso electoral de 2015 y enfrentan investigaciones por financiamiento ilícito de las campañas electorales en ese proceso. Se trata de Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- (partido del ex presidente Álvaro Colom y su ex pareja Sandra Torres) y Roberto Villate, del partido Libertad Renovadora –LIDER- del derrotado y polémico Manuel Baldizón, quien hasta antes del escándalo provocado por el involucramiento del binomio presidencial de Partido Patriota –PP- aparecía como ganador en las encuestas.

Estas tres acusaciones han sido posibles gracias a que, investigando al PP del ex presidente Pérez Molina, se ha visibilizado –a partir de la centralidad política nacional que ha adquirido la CICIG- la trama de corrupción que es, en suma, la democracia guatemalteca. Este caso, denominado “Cooptación del Estado” dejó en claro que el procedimiento requiere una red de sociedades anónimas reales y de papel que recaudan y mueven el dinero. Para eso es necesaria la complicidad de funcionarios y empresarios, así como la intervención de operarios. El financiamiento de partidos políticos asegura contratos jugosos con el Estado, por lo tanto, más partidos financiados, más posibilidades de apostarle al ganador. De esa cuentaresulta, por ejemplo, el candidato del PP, Alejandro Sinibaldi, aportando a los gastos de publicidad de su contrincante, Baldizón. Y Torres, candidata de la UNE y contrincante de Morales en el balotaje, volando en un helicóptero propiedad de Sinibaldi, viajes pagados con cheques de una empresa que hace años no reporta movimientos fiscales.

Anteriormente, el 4 de agosto, ante un tribunal, el empresario de la construcción José Luis Agüero narraba cómo había sido extorsionado por Sinibaldi, Ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Pérez Molina, exigiendo un soborno a cambio de que el Estado pagara la deuda millonaria que por años había mantenido con la empresa contratista. Y ese soborno, según instrucciones, fue entregado al Movimiento Cívico Nacional –MCN-, dirigido por Rodrigo Arenas y del que formó parte desde sus inicios Gloria Álvarez (la opositora de los populismos en América Latina). MCN es una organización autoconcebida como “anti-corrupción” que surgió en 2009 tras la muerte de Rodrigo Rosenberg, de cuyo asesinato culpaban al entonces presidente Colom, y que se hizo notar con programas de radio y publicaciones en redes sociales promoviendo la renovación del radicalismo conservador-libertario. Según informó Arenas, los “aportes” sirvieron para financiar la campaña “#NoTeToca” en contra de Baldizón. Tres empresarios declararon haber sido extorsionados y recibido las mismas instrucciones de parte de Sinibaldi. El mismo Sinibaldi, a través de una de las empresas de su propiedad, aportó al MCN. La campaña, sin embargo, no fue del MCN. Fue un hashtag que se repitió en las redes sociales y tuvo vida propia como ocurre con ese tipo de fenómenos. Todo parece ficción, pero es la realidad.

Las acciones presidenciales de los últimos días, que tienen a los poderes y las instituciones en tensión, se justifican oficialmente como defensa del Estado de Derecho y la soberanía, aduciendo que las instituciones permanecen más allá de las personas que ocupan los puestos. Eso es un hecho, pero también es evidente que estas acciones van en la vía de debilitar la estructura institucional que aún está en construcción y que impediría que el circuito de corrupción entre partidos políticos, gobiernos de turno y empresas siga cooptando al Estado.

Durante las protestas masivas en 2015 en las plazas de Guatemala exigiendo la renuncia del binomio presidencial debido su involucramiento en las redes de desfalco aduanero, un grupo –reducido, se reconoce- mantuvo la consigna “en estas condiciones no queremos elecciones”. Hoy, dos años después, se hace evidente que esas condiciones en las que es la corrupción la que impulsa la política nacional, el único resultado posible era un gobierno con las mismas características que sus antecesores. La corrupción –de larga data en la forma de ejercer el poder en Guatemala- se erige como el motor de la democracia. Más que nunca, se hace evidente que lo que hay que cambiar son esas condiciones y no las piezas del tablero, que sigue siendo el mismo y teniendo las mismas reglas en el juego electoral al que se ha reducido la democracia en Guatemala.

(*) Integrante del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (GECA), UBA, Argentina
lopezmolina.ana@gmail.com