Chile: más de 180 organizaciones expondrán ante el Tribunal Constitucional sobre ley de aborto
Este lunes a las 14:00 horas venció el plazo para inscribirse en las audiencias que definirán en el TC la constitucionalidad del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales y más de 180 organizaciones expondrán, ya sea a favor o en contra.
Por parte de los partidos políticos se han inscrito parlamentarios del Partido Comunista, como Karol Cariola y Camila Vallejo, la bancada del PS, la ex diputada del PPD María Antonieta Saa y la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.
Entre los inscritos, además, figura Marcela Aranda, representante del llamado «Bus de la Libertad», del Observatorio Legislativo Cristiano, quien abogará en contra de la iniciativa aprobada por mayoría en el Parlamento.
«La pena de muerte fue abolida en Chile bajo este principio, en el sentido de decir que ningún ser humano, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano», explicó para argumentar su presentación ante el TC.
Aranda, que expondrá a nombre de «Vive la fe», agregó que «esto atenta en contra de la seguridad de las niñas que hay un engaño atrás. También queremos denunciar cómo se ha desarrollado el proceso legislativo, cómo hay una industria detrás de esto».
Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, también pidió ser escuchada, llamando a que «el Estado se haga cargo en una decisión voluntaria frente a que el aborto sea con seguridad sanitaria y no sea clandestina».
En tanto, María Francisca Zapata, presidenta de la Asociación de Magistradas de Chile, que expondrá a favor del proyecto de ley, fundamentó que «estas mujeres, que recurren a la interrupción del embarazo en estos casos humanamente límites, no deben ser tratadas como delincuentes. Estas mujeres están en esta posición en forma involuntaria».
Otros expositores
A su vez, Jorge Becker, ginecólogo que representará a la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), detalló que «no existe una certeza de 100 por ciento, ni en Chile ni el mundo» para determinar la inviabilidad fetal, argumento en que se basará su exposición.
Mientras que la investigadora de la Universidad de California Antonia Biggs sostuvo que «lo que concluimos fue que el aborto no aumenta el riesgo de tener trastornos mentales en la mujer, y más bien negarle el aborto es algo que tiene consecuencias más negativas, en términos de salud de mental».
Henry Boys, quien inscribió a la Fundación Soñando Chile, argumentó que «este mismo Tribunal Constitucional, en la sentencia de la píldora del día después, señaló que la vida comienza desde la concepción, y esto es importante porque no ha cambiado nada en la ciencia médica desde ese fallo hasta hoy y, por lo tanto, nosotros esperamos que se reconozca la vida del que está por nacer hoy también».
Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal, quien enviará un documento por escrito al TC, afirmó que «hay una diversa cantidad de instituciones católicas, de profesionales, de expertos, de académicos que las van a pedir por ellos, entonces nos parece que ellos también representan la opinión de la Iglesia Católica».
«Nuestra tarea como representantes de una confesión cristiana es expresar oficialmente el parecer a través de un documento», añadió, indicando que ellos entregan «cuáles son los fundamentos antropológicos y jurídicos que, en opinión de la Iglesia, sustentan el derecho a la vida y cuál es la razón porque la misión pastoral de la Iglesia incluye una sólida defensa en esta materia».
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, calificó de «indignante» que Chile Vamos en su requerimiento haya citado el Informe Rettig, ya que «sectores de la derecha han negado y no han aportado en la búsqueda de la verdad. Nombrar el Informe de Verdad y Reconciliación nos parece que es violento y ofensivo».
«Realmente eso es lo que nos lleva a ir y a desenmascarar y enrostrarle, ni siquiera el doble estándar, sino que un desconocimiento, realmente un terrorismo de Estado de este sector, para unirse en forma totalmente oportunista», agregó.
Gobierno presentó sus argumentos
El Gobierno, en tanto, presentó sus argumentos con las cifras del aborto en Chile, que son 30 mil al año solo en el sistema público, y aludió a que el proyecto se hace cargo de la realidad. Además, hablaron de que al embrión le asiste un deber de protección que no es absoluto.
La ministra de Salud, Carmen Castillo, insistió en su confianza en la iniciativa, expresando que «para nosotros es importante que esta ley tenga, ojalá, todo un proceso que salga positivamente para nuestro país, por el hecho de que somos uno de los cinco países en el mundo que no cuenta con una ley para interrumpir el embarazo en situaciones muy especiales».
Las audiencias públicas en el Tribunal Constitucional se realizarán este miércoles y jueves y el viernes se realizarán los alegatos los abogados de Chile Vamos y el Gobierno, por lo que durante ese mismo día podría haber una resolución.
Discusión por tercera Cámara
El Tribunal Constitucional revisa la inconstitucionalidad de una ley antes de que entre en vigencia, por lo que durante estas semanas no han estado ausentes las críticas al TC por ser una tercera Cámara. El abogado constitucionalista José Ignacio Núñez sugirió que es más conveniente tener una regulación que actúe cuando una ley ya esté en vigencia.
«Las minorías parlamentarias que suelen resultar derrotadas en algunas discusiones acuden al Tribunal Constitucional para tratar de revertir la situación, y ése es el problema principal de los controles preventivos de constitucionalidad, de esos que se hacen antes de que la ley entre en vigencia, por eso parece más sensato, en algunos casos, mantener el control represivo», explicó.
En tanto, Patricia Silva, que expondrá representando al Instituto Igualdad y ex subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, criticó «la decisión que ha sido permanente y consistente de la derecha de recurrir al Tribunal cada vez que las mayorías democráticas han aprobado proyectos que han avanzado en los derechos de las personas, en este caso el derecho de las mujeres».
«No nos sorprende que terminemos acá. Lo que sí queremos es que el Tribunal ratifique lo que ya está resuelto por la cuna de la democracia, como es el Parlamento, eso es lo principal», añadió la ex autoridad.
El TC, sin embargo, también puede revisar alguna ley que ya esté vigente cuando se pide la inaplicabilidad de ésta en un proceso judicial.
Según las estadísticas del organismo, en 2016 hubo 299 requerimientos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional y sólo cuatro respecto a la inconstitucionalidad de un proyecto de ley.
