Brasil: El bandidaje político, Temer y la entrega del país – Por Juraima Almeida
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
En sesión turbulenta, la Cámara de Diputados, dio otro vergonzoso espectáculo antidemocrático cuando el miércoles 2 de agosto decidió rechazar la denuncia de la Fiscalía General de la República (PGR por sus siglas en portugués) contra el presidente de facto Michel Temer, acusado de corrupción pasiva.
La misma coalición que desalojó el año pasado a la presidenta constitucional Dilma Rousseff, ratificó en su cargo a Michel Temer al rechazar la apertura de un juicio por corrupción impulsado por la Procuraduría General de la República, que cuenta con nutridas evidencias. Para abrir un juicio a un presidente en funciones es necesario contar con una mayoría especial de 342 diputados, equivalente a los dos tercios de la Cámara de 513 miembros.
El sentimiento casi unánime de la población, el 94%, que se manifiesta en las encuestas rechazando a Temer, no guarda correlación con el silencio abrumador en las calles, donde se observa la disminución del movimiento de masas guiado por la consigna de «Fuera Temer-Directas ya».
La sesión parlamentaria de doce horas fue lo que se esperaba: un circo marcado por empujones, discusiones y denuncias sobre compra de votos de parlamentarios por parte del gobierno para evitar la salida del jefe golpista.
Cada diputado dispuso de menos de un minuto para marcar su posición: los que defendieron a Temer fueron muy breves, priorizando lo político a lo jurídico, tratando de pasar inadvertidos ante la población, argumentando que enjuiciar a Temer conspiraría contra las “reformas” en curso, especialmente la prometida modificación regresiva del sistema previsional y garantizar la “estabilidad institucional” de un gobierno surgido de un golpe de estado.
De acuerdo con el derechista Folha de Sao Paudo, en medio del debate representantes de la Presidencia negociaban la emisión de enmiendas presupuestarias parlamentarias para garantizar la votación para que se desestimara la denuncia.
En los últimos 50 días fueron destinados para ese fin más de nueve mil millones de reales (unos tres mil millones de dólares), incluyendo exenciones impositivas y moratorias de deudas a grandes grupos empresariales, especialmente del agronegocio, para sobornar a los diputados.
Temer, además, exoneró a diez de sus ministros para que pudieran votar en la Cámara, garantizando que la denuncia de corrupción pasiva fuera archivada. Antes que saltara la delación premiada del empresario Joesley Baptista tras un audio grabado en pleno palacio de gobierno donde Temer dispuso el pago de coimas, el presidente de facto ya había firmado 32,8 millones de dólares, según la organización no gubernamental Contas Abertas.
La entrega de un país
El bloqueo de la investígación a Michel Temer en Diputados es la síntesis perfecta de un Brasil golpeado en su democracia, su dignidad y su decencia, señala Jeferson Miola.
La sesión fue la segunda parte de la de abril de 2016 cuando la Cámara votó la admisibilidad del juicio político contra Rousseff. Entonces, Temer, junto a su hoy preso (por corrupción) socio Eduardo Cunha, orquestó aquella votación a punta de billetes y prebendas. Igual que ahora. El columnista portugués Miguel Sousa Tavares la definió entonces como una «asamblea general de bandidos dirigidos por un bandido llamado Eduardo Cunha».
El jefe del gobierno de ladrones integrado por políticos de una decena de partidos como el PSDB, PMDB, PP, PR, PRB, PPS, PTB, PSB, PV, PSD, DEM, es la solución del consenso del establishment, la opción que unifica el bloque dominante. Esos diputados solo acatan las decisiones impuestas por el sistema financiero internacional y por el gran capital nacional y extranjero, que tiene y en la oligarquía paulista y en el PSDB su representación orgánica en el sistema político brasileño.
Salvar a Temer, para los dueños del poder, era imprescindible para la estabilidad del pacto destinado a profundizar la restauración ultraliberal, a través de una contrarreforma laboral esclavista y patriarcal.
Temer seguirá gobernando ilegítimamente Brasil hasta el 31 de diciembre de 2018 con la misión de entregar las riquezas nacionales, la renta pública, la soberanía política y económica, las tierras, la cadena de petróleo y gas, la Amazonía, la legislación ambiental, el Acuífero Guaraní, la soberanía nuclear, la capacidad de lanzamiento de satélites, los derechos laborales, la seguridad social y muchos otros valores de la novena economía más grande en el mundo, recuerda Miola
Hay otras dos denuncias del fiscal general que caerán sobre la cabeza de Temer en las próximas semanas, por organización criminal, obstrucción de la justicia y prevaricato y malversación. La pregunta es de dónde sacará recursos para seguir comprando votos favorables en la Cámara.
El parlamentarismo les funciona
La votación del parlamento brasileño permanece, de hecho, disociada de los anhelos populares. Según investigación de la Central Única de Trabajadores/Vox Populi, 93% de los brasileños consideran que los parlamentarios deberían votar para que prosiga la investigación contra Temer.
Hay descontento popular, y los movimientos sociales trabajar por una ampliación de la conciencia popular ante el empeoramiento de la situación de vida después del golpe, en comparación con los gobiernos anteriores. La apuesta es que esta nueva conciencia política y social, que se construye en las calles, pueda sorprender en 2018 en elecciones directas, libres y democráticas.
Difícil, cuando los movimientos sociales fueron cooptados y desarmados, durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. La tarea es por demás ardua.
Una amenaza para el futuro es que esta especie de “parlamentarismo” que puso en juego el poder fáctico a través de Temer, y que les ha dado tan buenos resultados, empuje a asesores políticos a intentar cambiar, incluso, el modelo presidencialista. Por ahora la mejor excusa que tienen es que el presidencialismo seguirá beneficiando a Lula, que mantiene el más alto índice de adhesión de la ciudadanía, a pesar de todo.
(*) Investigadora brasileña, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
