Argentina: en cumplimiento de la resolución de la CIDH, trasladan y otorgan prisión domiciliaria a la diputada del Parlasur Milagro Sala
Milagro Sala fue trasladada a La Ciénaga
Sin notificar a los abogados de la dirigente social, el juez Pablo Pullen Llermanos llegó a las 15,30 al Penal de Alto Comedero para ordenar el traslado de Sala a la casa donde cumplirá la prisión domiciliaria, una de las medidas alternativas propuestas hace más de un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «El juez puso una serie de restricciones absolutamente ilegales, que no tienen que ver con lo demando por la CIDH», advirtió la coordinadora de prensa de la Tupac, Sabrina Roth, poco después de conocerse la noticia del demorado traslado.
Por lo dispuesto por el juez Llermanos, Milagro estará alojada en El Carmen, a 40 kilómetros de su domicilio real, con una fuerte custodia perimetral de la Policía Provincial y de la Gendarmería, que incluye 2 cabinas, un container, cámaras de seguridad y alambres de púa. La dirigente de la Tupac Amaru no podrá recibir, según la orden del juez, más de 4 visitas por vez y solo tres días a la semana.
«Las restricciones de una prisión domiciliaria son que la persona no salga del domicilio, pero Jujuy es un país aparte parece. Todas las condiciones puestas por los jueces Llermanos y (Gastón) Mercau son absolutamente ilegales. La defensa ya apeló, pero deberá definir la Cámara», explicó Roth.
Como informó hoy PáginaI12, en la Argentina hay en la actualidad 145 detenidos por crímenes de lesa humanidad en sus domicilios particulares: ninguno de esos detenidos tiene cámaras de seguridad, que son entendidas como un sistema violatorio de las garantías individuales; no tienen custodia perimetral de fuerzas de seguridad alguna; no tienen restricciones de horarios ni de número de visitas y sólo uno —que violó el beneficio de la domiciliaria— de los 145 detenidos de lesa humanidad tiene un gendarme parado en la puerta de la casa.
La dirigente social, quien estuvo detenida arbitrariamente durante más de un año y medio —de acuerdo con la resolución de la ONU emitida en octubre pasado—, hoy solo podrá estar rodeada por su familia y sus abogados defensores.
«Milagro perdió más de 18 kilos en este año y medio; y tal como lo describió la CIDH tras la visita al Penal de Alto Comedero, su estado no es el mejor, en virtud del hostigamiento que recibió en la cárcel», detalló Roth, quien agregó: «Ella es una dirigente social que tiene mucha fortaleza, pero la afectó este tiempo de hostigamiento, que se demuestra día a día».
La resolución de la CIDH ordenando la liberación de Milagro o la prisión domiciliaria como medida alternativa, se conoció el 28 de julio, pero recién el 18 de agosto el juez se pronunció al respecto, cuando ya se había vencido el plazo otorgado por la CIDH al Estado argentino.
«Las condiciones de detención no eran malas, pero Milagro Sala estaba aniquilada anímicamente», dijo el presidente de la CIDH
El juez jujeño Gastón Mercau y posteriormente su par Pablo Pullen Llermanos determinaron la prisión domiciliaria para Milagro Sala apoyándose, en parte, en el pedido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo a la Argentina. Según el organismo, la dirigente debía seguir con su arresto dentro de su domicilio.
LA NACION entrevistó a Francisco José Eguiguren Praeli, Comisionado Presidente del organismo -que depende de la OEA- quien se mostró «muy satisfecho» con la medida. Aseguró que la decisión se tomó luego de mucha reflexión y que si bien las condiciones de detención no eran malas, Sala estaba «aniquilada anímicamente» en la prisión de Alto Comedero.
Si bien evitó definir si la líder de la Tupac Amaru es efectivamente una presa política o no, deslizó: «No cabe duda de que es una dirigente política y social enfrentada con el gobierno de su provincia». La conversación derivó también en la desaparición de Santiago Maldonado, que tildó de «preocupante». Al respecto de las comunidades mapuches, aclaró que «se debe garantizar la integridad de sus tierras y de sus personas y dirigentes».
¿Cómo tomó la CIDH la decisión de otorgarle prisión domiciliaria a Sala?
Tomamos con mucha satisfacción el que se dictara una medida para seguir la recomendación de la CIDH. Ahora, por lo que hemos seguido de información que nos han remitido, entendemos que el debate que se suscitó y el estado de la vivienda demoraron el cumplimiento de este mandato.
¿Tienen planeada otra visita a la Argentina para darle seguimiento al caso?
No es habitual que la Comisión viaje a revisar una decisión. No obstante, sesionaremos en Uruguay a fines de octubre y voy a tener unas reuniones de trabajo vinculadas a la Argentina. Si se juntan varios asuntos podríamos plantear una visita e incluir este tema.
¿Por qué consideró la CIDH que Sala debía tener prisión domiciliaria?
Esta resolución tomó mucho seguimiento y reflexión. El tema que era motivo de mi atención eran las condiciones de detención y el hecho de que no había una condena a prisión efectiva. Tomamos conocimiento de que la Sra. Sala se había autoinfligido una lesión y tenía un cuadro grave de depresión. En una visita al penal constatamos que el lugar estaba en condiciones razonables o incluso mejores que en muchos otros centros. No obstante, se notaba un hostigamiento y una vigilancia excesiva a Sala. La vimos aniquilada anímicamente. Se consideró, sin transmitir ningún juicio sobre los procesos, que esas condiciones de detención resultaban muy riesgosas para su vida e integridad.
¿Cree que debería esperar los procesos judiciales en libertad?
Nosotros dimos las dos alternativas para que la autoridad judicial evalúe. Podía ser prisión domiciliaria o una libertad con controles electrónicos.
¿La considera usted una presa política?
Como usted podrá revisar, nosotros no emitimos opinión. No cabe duda de que es una dirigente política y social enfrentada con el gobierno de su provincia.
Teniendo en cuenta que la CIDH también tomó cartas por la desaparición de Santiago Maldonado ¿Qué respuesta tuvieron de la Argentina?
Hay dos aspectos en esa causa. Por un lado, un procedimiento de medida cautelar que ya se acordó y un procedimiento especial previsto por la desaparición forzada de personas. Se le otorgó un plazo al estado argentino para que nos informe qué datos hay y qué se ha hecho sobre las investigaciones del paradero y la vida de Santiago Maldonado.
¿Qué postura tiene la CIDH ante organizaciones aborígenes y el conflicto mapuche en particular?
En varios lugares, como en Chile, el tema de los mapuches es un problema. Vemos con preocupación este tipo de problemas. Es muy importante la búsqueda del diálogo y de soluciones amistosas. Existen derechos para estas comunidades como la consulta previa, y se debe garantizar la integridad de sus tierras y de sus personas y dirigentes. Estamos atentos a este tipos de asuntos y nos preocupa este suceso.
¿Cómo catalogaría la política de DDHH de nuestro país?
Nosotros estuvimos en sesiones en mayo pasado en la Argentina y hemos percibido una polarización política que sigue su propio camino. Más allá de eso, valoramos mucho la disposición permanente del Estado y de sus autoridades de dialogar con la Comisión y de seguir y aplicar sus resoluciones. Mantenemos un estrecho contacto. Sí me preocupa que la Corte Suprema no haya cumplido lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Fontevecchia y D’amico. No queremos una línea de conducta de no acatamiento.
