Entrevista a Ana Cristina Ruelas, directora de la organización de DDHH Artículo 19, sobre los asesinatos de periodistas en México: “La mayor amenaza contra la prensa son los funcionarios públicos”
Por Nadia Luna – Nodal
El pasado 22 de agosto fue asesinado otro periodista en México, el décimo en lo que va de 2017. Cándido Ríos Vázquez era corresponsal del Diario de Acayucan y fundador del medio La Voz de Hueyapan. Durante los seis años que lleva Enrique Peña Nieto en la presidencia, ya suman 44 comunicadores asesinados.
Además, según un informe elaborado por Artículo 19, una organización internacional de DDHH por la defensa de la libertad de expresión, en México se agrede a un periodista cada 15,7 horas. Durante el primer semestre de 2017, se registraron 276 agresiones a periodistas, que representan un incremento del 23% respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016.
Para conocer mejor la situación que atraviesan los periodistas en México, Nodal habló con Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para la región de México y Centroamérica.
El último periodista asesinado, Cándido Ríos Vázquez, estaba bajo un programa de protección gubernamental. ¿Qué otras medidas ha tomado hasta ahora el Gobierno y por qué han sido ineficientes para garantizar la seguridad de los periodistas?
Una de las grandes fallas que tiene el mecanismo de protección a periodistas en México es la falta de integralidad de las medidas. El mecanismo no se coordina de manera efectiva con las entidades locales y federales que forman parte de la junta de Gobierno. Esto hace que cuando un periodista se inserta en el mecanismo tras una amenaza, eso no precisamente deriva en una investigación de la amenaza. Mientras no se considere que el combate a la impunidad es una medida efectiva de protección, no va a haber otra medida que alcance. Se necesita que cualquier situación que derive en que el periodista entre al mecanismo sea investigada, para que se mande un mensaje de consecuencia a los perpetradores que inhiba la continuidad de los agresiones. El problema actualmente en México es que con los altos niveles de impunidad, el mensaje que se está mandando a los perpetradores es el contrario: que no existen consecuencias respecto a las agresiones a la prensa.
¿La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y otras instancias encargadas de esclarecer estos casos han tenido algún avance o todos los casos continúan impunes?
La FEADLE forma parte del mecanismo de protección de la junta del Gobierno y en teoría tendría que participar en las investigaciones puntuales de manera en que se reduzcan las agresiones. Sin embargo, el nivel de impunidad que reporta la propia fiscalía es muy alto (99,75%) y en los casos en los que se ha identificado algún perpretador de las agresiones, se trata de los autores materiales, es decir, los gatilleros, no los autores intelectuales. Esto es consecuencia de una falta de protocolos de investigación efectivos que permitan identificar, en primer lugar, qué temas estaba investigando el periodista y qué intereses estaba tocando. Es importante decir que en el caso de Cándido Ríos el propio mecanismo de protección a periodistas a priori determinó, como siempre lo vienen haciendo, que el crimen no iba contra él sino contra las personas que estaban con él. Esto es algo muy grave porque ya se ha señalado en numerosas ocasiones que las instituciones mexicanas justifican su ineficiencia tratando de señalar que los periodistas fueron asesinados, desaparecidos o agredidos porque estaban en mal momento y mal lugar con las personas equivocadas. Para nosotros, esa también es una forma de violencia.
En su informe, calculan que cada 15 horas es agredido un periodista en México. ¿A qué se debe el incremento del nivel de violencia respecto a años anteriores?
La violencia contra la prensa se va incrementando conforme nos vamos acercando a un período electoral que cada vez se vuelve más complejo. Este año, se dieron dos momentos clave en los que se incrementaron de manera considerable las agresiones contra la prensa. Por un lado, un proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, que se convirtió en un proceso electoral muy complejo que derivó en muchas agresiones contra la prensa; y por otro lado, una serie de protestas contra el aumento de la gasolina que se dio en los primeros meses del año.
Ustedes también señalan que en casi mitad de los casos (47.8%), la cobertura de los periodistas estaba relacionada con el tópico “corrupción y política”. Además, mencionan un informe que da evidencia de espionaje a defensores de DDHH y periodistas por medio de un malware comercializado únicamente a gobiernos. ¿Esto indica que el Gobierno es uno de los principales responsables de las agresiones y asesinatos de periodistas?
Desde 2007, Artículo 19 ha señalado que la mayor amenaza contra la prensa son los funcionarios públicos. Sin embargo, el Estado siempre ha señalado al crimen organizado como la mayor amenaza contra la prensa, aún cuando las propias cifras de la FEADLE dan pauta a decir que los principales perpretadores son funcionarios del Estado. Esto tiene relación con los altos niveles de impunidad porque el Estado es incapaz de investigarse a sí mismo y esta fue una de las cosas que se hicieron patentes en el informe «Gobierno espía», en el que se señala que en lugar de que el Gobierno esté utilizando los instrumentos de inteligencia para combatir el crimen, está utilizándolos para investigar a defensores de DDHH y periodistas que están tratando de develar temas de interés público para la sociedad.
¿Qué políticas exigen para poner fin a estos asesinatos?
Desde Artículo 19, señalamos que no solamente se trata de generar más mecanismos de protección a periodistas sino principalmente combatir la impunidad existente en materia de agresiones contra la prensa. Por otro lado, derogar todas las normativas que criminalizan la libertad de expresión, como los delitos contra el honor, las calumnias, las injurias. También hacemos patente la necesidad de regular la publicidad oficial que se convierte en otro de los mecanismos para restringir la libertad de expresión, ya que es utilizada para censura de manera indirecta a la prensa y también impacta de manera importante en la precariedad laboral de las y los periodistas. Por eso, solicitamos medidas que garanticen de manera definitiva la libertad de expresión. Exigimos al Estado reconocer que las violencias a la libertad de expresión son un problema de Estado que requiere una política de Estado de los tres niveles de Gobierno y de todas las instituciones.
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