El reino trasnacional de la soja
El reino trasnacional de la soja
Desde hace algunos años se habla –en realidad es un invento de las trasnacionales- de la República Unificada de la Soja para referirse a la expansión del cultivo de la soja en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El 60% de la tierra cultivable en Argentina, un porcentaje similar en el sur de Brasil y casi el 80% en Paraguay ya están sembradas de soja, casi toda transgénica.
El cultivo de la soja se ha convertido en un pilar muy importante de la economía de exportación de estos países. Se trata de una opción política favorable a los intereses de grandes multinacionales que cuenta con el apoyo de la mayoría de los dirigentes políticos de la región que suelen presentar este cultivo como una gran oportunidad económica.
Hay mucho silencio sobre los problemas que este modelo de cultivo supone. Los intereses en torno a él son muy poderosos. Sin embargo, están creciendo las resistencias, las críticas y los problemas de salud de las familias víctimas de este modelo de la agroindustria con un uso masivo de transgénicos y productos químicos que padecen enfermedades que no existían antes de la instalación de multinacionales como Syngenta, Monsanto y Bayer.
Los movimientos sociales, críticos a este modelo, hablan de un nuevo colonialismo que reserva a América Latina el papel de exportador de materias primas con escaso valor añadido: en este caso soja transgénica producida con biotecnología de grandes multinacionales y exportada a China para dar de comer a los cerdos o a Europa para fabricar biodiesel.
Este negocio tiene consecuencias muy importantes y produce daños sobre los recursos naturales, el medio ambiente y las personas en forma de deforestación y devastación ecológica.
La contaminación ambiental y los daños sobre la salud de las personas que provocan los productos agroquímicos utilizados en el cultivo de la soja están cada vez más documentados. Junto a ello, el acaparamiento de tierras y agua (muchas veces en manos de trasnacionales y empresas financieras internacionales), la contaminación de sistemas hidrológicos, la deforestación. Lo que supone la negación del derecho a la tierra de muchas familias.
Los pueblos originarios son los grandes perdedores, pues los cultivos de soja se extienden por sus territorios y son frecuentes los desalojos, el hostigamiento y las agresiones. De forma particular esta situación se da en Brasil donde hay una gran presión por parte de grupos armados.
En Paraguay, junto a los indígenas, también están siendo gravemente afectados los campesinos que viven de otros cultivos: la soja ocupa ya el 80% de la tierra cultivable en un país en el que sólo el 2% de la población acapara el 85% de la tierra. La deforestación es brutal en Paraguay. El bosque atlántico paraguayo ha perdido ya cerca del 85% de su extensión.
República Unificada de la Soja, el agronegocio cuestionado
Nazaret Castro
A primeros de noviembre de 2016, el médico argentino Damián Verzeñassi vio cómo el decanato de la Universidad Nacional de Rosario decidió clausurar con cadenas la oficina donde se archivaban más de 96.000 historias clínicas de vecinos de cuatro provincias argentinas que, según las investigaciones de Verzeñassi, padecen enfermedades que no existían en la región antes de la instalación de las multinacionales Monsanto y Bayer.
La decisión del decanato, que el médico calificó de persecución, se producía días después de que el académico participase en el primer “Tribunal Internacional Monsanto” (TIM, una iniciativa de la sociedad civil) que tuvo lugar en La Haya. Verzeñassi había testificado en calidad de médico en este tribunal popular contra la estadounidense Monsanto.
Verzeñassi denunció que “el decano Ricardo Nidd inició una persecución ideológica y académica contra el equipo de docentes” y alumnos que vienen acompañando a “familias víctimas del modelo agropecuario dominante, con transgénicos y agroquímicos”, y afirmó que detrás de esa campaña hay “funcionarios provinciales y empresas del agronegocio».
La sociedad civil no tardó en reaccionar y un conjunto de organizaciones de base, asociaciones ambientalistas y ONG lanzaron una declaración pública y abierta en repudioa lo sucedido a Verzeñassi. También un grupo de académicos críticos apoyó al investigador y comparó su caso con el del fallecido Andrés Carrasco, uno de los primeros científicos en probar en Argentina los riesgos del glifosato. Hoy reconocido y recordado, Carrasco fue duramente cuestionado por su contundente crítica al modelo sojero –pilar, hoy día, de las economías del Cono Sur–.
El 60% de la tierra cultivable en Argentina, un porcentaje similar en el sur de Brasil, y casi el 80% de Paraguay ya está sembrada con soja, y casi toda es transgénica. Fue Syngenta quien, en 2003, publicó un anuncio en los suplementos rurales de los dos diarios argentinos más vendidos bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se ha expandido el “nuevo oro verde”: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Después, fueron las resistencias al agronegocio las que utilizaron esa expresión, caracterizándola como expresión del “neocolonialismo” que reserva a América Latina el papel de exportador de materias primas con escaso valor añadido. En concreto, soja transgénica producida con biotecnología de los países ricos y exportada a China para dar de comer a los cerdos, o a Europa para producir biodiésel.
La versión más extendida es la soja patentada por Monsanto: la Intacta, que se caracteriza por ser resistente a uno de los agroquímicos más vendidos del mundo: el Roundup Ready, que tiene entre sus ingredientes el glifosato. Ese es el “paquete tecnológico” que se vende a los productores y garantiza la rentabilidad del monocultivo.
En 2013, en Argentina se emplearon 320 millones de litros de glifosato, según la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS); en 2000, habían sido 145 millones de litros. La sustancia, según la REDUAS, afecta a 22 millones de hectáreas y, de modo directo o indirecto, a 13,4 millones de personas.
Para el ingeniero y académico Walter Pengue, el modelo sojero es parte de un sistema “neocolonial” por el cual los países del Sur global exportan su riqueza a los países ricos.
Pengue ha intentado cuantificar los nutrientes y el agua que se pierden con la exportación de soja: “El comercio agrícola mundial puede ser pensado como una gigantesca transferencia de agua, en forma de materias primas, desde regiones donde se la encuentra en forma relativamente abundante y a bajo costo, hacia otras donde escasea, es cara y su uso compite con otras prioridades”, afirma el académico, que califica la sojización de la región pampeana como “una maquinaria de hambre, deforestación y devastación socioecológica”.
Madres en pie contra los agrotóxicos
El daño de los ecosistemas ya es innegable: una investigación reciente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) confirmó que la cuenca del río Paraná ha sido contaminada con glifosato. Las evidencias del impacto sobre la salud son también sobradas, gracias al trabajo de Verzeñassi, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, quien ha identificado, entre otros, el aumento de casos de cáncer y leucemia, malformaciones fetales y abortos espontáneos.
Las evidencias científicas también van en aumento: así, el pasado octubre, bioquímicos de la Universidad Nacional de Rosario detectaron alteraciones en el aprendizaje y la memoria de células nerviosas sometidas al glifosato.
Monsanto, mientras, mantiene la inocuidad del glifosato, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluyó en su lista de sustancias potencialmente cancerígenas.
Fueron las resistencias sociales las que empujaron a la comunidad científica al desarrollo de estudios críticos con la versión de las multinacionales y de los gobiernos de turno. En los países productores comenzaron a registrarse denuncias por un aumento de malformaciones genéticas, abortos espontáneos o cáncer en las regiones cercanas a los cultivos.
Tal vez la lucha más emblemática es la de las Madres de Ituzaingó Anexo, un barrio periférico de Córdoba donde las mujeres lideraron la oposición a la soja. “Comenzamos a apreciar que habían aumentado ciertas dolencias, y al principio pensábamos que era por causa del agua. Pero después empezamos a lograr que nos ayudaran expertos y, con ellos, determinamos que el causante de nuestros problemas era el glifosato”, narra una de las activistas.
En el epicentro de la expansión sojera, el pueblo cordobés ha demostrado su oposición a un modelo de desarrollo que pone en peligro su salud y su futuro.
Monsanto había escogido la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas como sede de su nueva planta productora de semillas, pero, tras dos años de acampada militante, la multinacional desistió el pasado mes de agosto. No obstante, los miembros de la Asamblea Autoconvocados del Acampe han decidido permanecer en el lugar hasta comprobar que, tal como ha sido anunciado, el terreno será loteado con el objetivo de desarrollar un parque industrial para pymes.
Los grandes perdedores, los pueblos indígenas
Los grandes perdedores del modelo de desarrollo sojero son los pueblos indígenas, pues es sobre sus territorios sobre los que se expande la soja. En las provincias argentinas de Chaco y Formosa, el pueblo Qom ha denunciado la presión creciente sobre ellos, en forma de hostigamiento y agresiones, que investigadores como el periodista Darío Aranda han relacionado con el avance de la soja.
Unas 3.000 personas de etnia Guaraní-Kaiowá que habitan en el estado brasileño de Matto Groso do Sul, se enfrentan al hostigamiento de grupos armados ilegales y a la inacción de un Estado que no cumplió con el compromiso adquirido en 2009 de demarcar sus territorios, como ha denunciado FIAN Internacional.
En 2012, causó conmoción una carta abierta de una comunidad guaraní que amenazaba con el suicidio colectivo si se les desalojaba de sus territorios; pero desde entonces nada ha cambiado: el pueblo guaraní sigue amenazado por el avance del monocultivo o de otros emprendimientos extractivos, como las megarrepresas, que impiden que puedan proseguir con sus modos tradicionales de vida.
En Paraguay, el avance de la soja amenaza tanto al pueblo guaraní como a los campesinos, en un país donde la soja acapara ya el 80% de la tierra cultivable, y donde el 2% de la población concentra el 85% de la tierra. El avance de la agroindustria se ha vinculado a la muerte de 115 campesinos desde que terminó la dictadura en 1989, como ha denunciado Oxfam.
La sojización del país es, además, una de las principales causas de la deforestación del bosque atlántico paraguayo, que ha perdido el 85% de su extensión: de los 9 millones de hectáreas de superficie original, se conservan apenas 1,3 millones, según WWF.
En el juicio de la sociedad civil celebrado en La Haya, Monsanto fue señalado como responsable de violaciones de derechos contra los pueblos indígenas; la empresa negó la mayor: “Este juicio, simulado a través de un falso tribunal, distrae tanto del auténtico diálogo sobre las necesidades de la agricultura y los alimentos, como de una verdadera comprensión de los derechos humanos”, expresó la empresa en una carta abierta en la que enfatizó también las medidas tomadas para “mejorar la salud de las abejas” o para “evitar la deforestación ilegal y proteger a las especies locales”.
El consenso sojero
Pero, aunque las resistencias se hacen cada vez más fuertes en el ámbito académico y en los territorios afectados directamente por las fumigaciones, entre la clase política se mantiene el consenso en torno al modelo sojero, que en Argentina es la principal fuente de divisas: las exportaciones de derivados de la soja entre 2002 y 2013 sumaron 158.000 millones de dólares.
Así lo resume el intelectual uruguayo Raúl Zibechi: “El cultivo de soja creció exponencialmente durante el kirchnerismo; la diferencia es que al 50% de abajo le daban más planes sociales que los gobiernos de la derecha”, mientras que una de las primeras medidas del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre de 2015, prefirió bajar las retenciones a las exportaciones a las empresas sojeras.
En las últimas semanas ha arreciado la polémica entre Monsanto y el Gobierno de Macri, pero la disputa no es en torno a la expansión de la soja, sino a los cánones que Monsanto impone a los productores. En Argentina, una gran parte de los productores no utilizan la soja patentada por Monsanto, sino otras similares, a las que la empresa viene cobrando cánones o regalías a través de contratos individuales cuya legitimidad ha sido puesta en cuestión por los productores; el Ministerio de Agricultura, con el aval de Macri, se posicionó a favor de estos últimos.
Como medida de presión, Monsanto ha anunciado que suspenderá el lanzamiento en Argentina de la nueva soja Roundup Ready 2 Xtend, y ha amenazado al Gobierno con lo que más le duele: que la confianza inversionista se vea afectada.
Mientras tanto, las resistencias en torno a Monsanto siguen sin aparecer en las portadas de los diarios y sin entrar en la agenda gubernamental, pero se fortalecen en los territorios.
El investigador Mauricio Berger, especialista en justicia ambiental, lo explica así: “Creo que la lucha asumirá un giro anticapitalista, porque se está llegando a la raíz: que el modelo genera desarrollo para unos pocos y daños ambientales y sobre la salud para las minorías. Se comienzan a visibilizar alternativas, cambios de modelo, formas de lucha, en los que se van concretando modos de auto-organización, como asambleas y trueques, que emergieron en la crisis de 2001, y que están ahí, latentes”.
