Perú: Fiscalía pide 25 años para el exmandatario Fujimori por crimen de seis pobladores en Pativilca
En medio del debate sobre un posible indulto humanitario para el ex presidente Alberto Fujimori, condenado por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional lo incluyó entre los responsables por el asesinato de seis pobladores de Pativilca, cometido el 29 de enero de 1992 por el destacamento militar Colina.
El despacho, que preside el fiscal Luis Landa Burgos, presentó el viernes la acusación ante la Sala Penal Nacional. Lo acusa de autoría mediata y fundamenta la responsabilidad del ex mandatario por haber aprobado una política antisubversiva que implicaba la ejecución de operaciones especiales para asesinar a sospechosos de terrorismo.
Por ello solicitó 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 500 mil soles para cada uno de los herederos legales de las víctimas.
La acusación también se extiende a su ex asesor presidencial y jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos Torres; el jefe nominal del SIN, Julio Salazar Monroe; y quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, entre otros. Para ellos la Fiscalía también pide 25 años de cárcel.
Y como autores directos incluye a varios integrantes del destacamento militar Colina, entre los que figuran Santiago Martin Rivas y Carlos Pichiligüe.
Extradición ampliada
Fujimori pudo ser incluido en esta acusación fiscal debido a que hace un mes la Corte Suprema de Chile amplió el pedido de extradición por el asesinato de pobladores de los anexos Pampa San José y Caraqueño, del distrito de Pativilca, en la provincia limeña de Barranca.
La madrugada del 29 de enero de 1992, agentes de Colina sacaron de sus casas a John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manrique, Pedro Agüero Rivera, Ernesto Arias Velásquez y César Rodríguez Esquivel. Sus cuerpos aparecieron horas después en un cañaveral, con impactos de bala en la cabeza, algunos atados y con huellas de tortura.
De acuerdo con la acusación fiscal, este operativo formó parte de un plan formulado por la Dirección de Inteligencia y aprobado por el Comando General del Ejército por órdenes de Montesinos y con el conocimiento del entonces presidente Alberto Fujimori.
Por la forma en que ocurrieron los hechos, establece que incurrieron en el delito de homicidio calificado con alevosía, que es considerado como delito de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
Precisamente, en el fallo de la Corte Suprema de Chile que amplía la extradición para este caso reconoce de forma expresa su trascendencia al señalar que «comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia, referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por los cuales se requiere la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori».
Ahora depende de la Sala Penal Nacional fijar la fecha para el inicio del juicio oral.
Los crímenes son Parte del ‘plan cipango’, Gloria Cano
Estos crímenes se produjeron en enero de 1992, tres meses después de la masacre cometida por el destacamento Colina en un solar de Barrios Altos. Formó parte del “Plan Cipango” para realizar acciones contrasubversivas en el norte de Lima que incluían ejecuciones a quienes para ellos eran subversivos. Sigue el patrón del secuestro del periodista de Huacho, Pedro Yauri, y los asesinatos de la familia Ventocilla, cometidos el mismo año. Los agentes de Colina se desplazaron hasta los centros poblados de Pampa de San José y Caraqueño, en Pativilca, donde secuestraron y asesinaron a seis pobladores y disfrazaron los hechos como si hubieran sido de Sendero. Por ello, nunca se investigó como si los autores fueran del Ejército, sino hasta que miembros del Destacamento Colina confesaron los hechos. Fujimori debe ser juzgado como autor mediato de estos hechos, ya que él aprobó una política antisubversiva de doble cara.
