Honduras: movimiento estudiantil anuncia más protestas a nivel nacional hasta que se solucione crisis en la universidad
El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) advirtió que arreciarán la lucha, dentro y fuera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), hasta que el Congreso Nacional (CN) apruebe el anteproyecto presentado la semana anterior.
“Las presiones siguen hasta que el Congreso emita un dictamen final sobre el anteproyecto de ley que presentamos. Esperamos le dé resolución inmediata así como en 2013 cuando aprobaron, dentro de ocho horas, el anteproyecto de ley de Julieta Castellanos”, indicó la representante del MEU, Mirtha Gutiérrez.
Esa organización estudiantil pide la renuncia de la rectora Julieta Castellanos y luego asuma un gobierno universitario provisional que actúe en función de lo que ellos proponen en el anteproyecto. Las asambleas informativas serán a partir de las 7 de la mañana en todas unidades académicas a nivel nacional.
Rectora de la UNAH niega información sobre campaña de odio contra estudiantes: C-Libre
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, se negó a dar información sobre la campaña que mantiene en diferentes medios de comunicación del país, contra el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), denunció el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Mediante oficio RU-No.554-2017 remitido a la señora Cintia Liliana Salgado Coordinadora de la Comisión de Control de Gestión, firmado por Castellanos, no respondió la solicitud presentada y en cambio manda al periodista del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Andrés Molina, que vaya a los medios de comunicación a solicitar la información, violando la Ley de Acceso a la Información Pública y la Convención Americana de Derechos Humanos, aseguró la oenegé.
Según los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dice textualmente, “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
La información fue solicitada desde el día 22 de junio a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), registrada bajo el número “SOL-UNAH-444-2017”.
Al respecto la Comisión Interamericana ha establecido, que el derecho de acceso a la información es “un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención, tanto por los Estados miembros de la OEA, como por la doctrina y la jurisprudencia internacional El derecho de acceso a la información ha sido considerado una herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública en especial para el control de la corrupción”.
El acceso a la información es considerada como una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, y para el control de la corrupción, según la CIDH.
La información solicitada fue la siguiente:
1.- Copia íntegra de los vídeos de las cámaras de seguridad del edificio administrativo de Ciudad Universitaria del día 24 de mayo de 2017 de las 7:00 P.M. hasta las 2:00 A.M. del día 25 de mayo de 2017.
2.- Copia del vídeo de la campaña para exigir clases que se transmite por varios canales de televisión.
3.- Cuantas empresas se han contratado para la difusión de dicha campaña.
4.- Cual es el presupuesto destinada para la realización y difusión de dicha campaña y cuál es la línea presupuestaria que se afecta.
5.- Que empresa fue la que diseño y produjo dicha campaña.
6.- Cuantos medios de comunicación y que medios han sido contratados para la difusión de dicha campaña.
Ninguna pregunta fue respondida por las autoridades, la respuesta de las autoridades fue un oficio sin ninguna argumentación jurídica que avale su actitud, para negarse a informar cómo se gasta el 6%del presupuesto nacional.
Las autoridades de la Universidad encabezadas por Julieta Castellanos, pautaron en diferentes medios de comunicación una serie de anuncios para criminalizar a los diferentes líderes estudiantiles, presentándolos en un spot publicitario televisivo como miembros del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y poniendo en entredicho su honorabilidad y responsabilizándolos de la situación de crisis que vive la UNAH.
Al grado que una de las voceras del Movimiento Estudiantil la estudiante Mirtha Gutiérrez acudió al Ministerio Público (MP), para denunciar la campaña en su contra, financiada con Fondos Públicos.
El numeral cinco de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que forma clara que “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
Según registros del Comité por la Libre Expresión, la rectora de la UNAH Julieta Castellanos, llegó al extremo de despedir a la Oficial de Acceso a la Información Pública Gloria Segura, por dar trámite a solicitudes de acceso a información pública.
Según la alerta 112-15 publicada 15 de julio de 2015, Segura empezó a recibir represalias por tramitar información por haber dado información, al ingeniero Amílcar Montoya, que solicitó información sobre el concurso para la elección del Director del Centro Regional de Olancho (CURNO) en el 2014 y porque por orden del IAIP, vía recurso de revisión, debió responder una solicitud de información de la periodista Wendy Funes que pidió una copia del listado de plazas de la carrera de periodismo.
La funcionaria también recibió represalias cuando el extinto Presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario del Litoral Pacífico (CURLP), Héctor Orlando Martínez Motiño, solicitó acuerdos de nombramiento de una persona en la UNAH.
“Me llamó Aleyda Romero y me dijo que ese señor es mal empleado” y qué por qué le estaba tramitando solicitud de información a “un loco”, dice la alerta publicada por el Comité.
Un año después de ese incidente, Martínez Motiño fue asesinado el 17 de junio de 2015, en la ciudad de Choluteca aunque gozaba de la medida cautelar No. MC-253-14, otorgada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Su asesinato ocurrió nueve días después de la desaparición forzada del sindicalista, Donatilo Jiménez, ex Presidente de este mismo sindicato en el Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA) en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
