Brasil y el Cono Sur en la geopolítica estadounidense
Brasil y el Cono Sur en la geopolítica estadounidense
Silvina Romano y Amílcar Salas Oroño – Celag
La mega causa del Lava Jato, que ha puesto en jaque a Brasil en una aparente “limpieza” anti-corrupción, ha atacado (no casualmente) a los principales exponentes del Partido de los Trabajadores, en particular a los ex presidentes Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Se ha escrito bastante ya sobre lo que subyace a este proceso de lucha contra “la corrupción” (léase: la lucha contra el Estado y lo público, etc.), en particular, al modo en que se relaciona con los intereses de petroleras estadounidenses de tener una participación más protagónica y directa en la explotación de las enormes reservas submarinas de gas y petróleo en aguas del Atlántico, el yacimiento del PreSal, cuya producción estaba –hasta hace poco- prioritariamente en manos de la petrolera nacional Petrobras.
La importancia de estas reservas se dimensiona cuando se conocen los operativos de espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, focalizados en Petrobras –hackeando las computadoras de la empresa e interceptando sus conversaciones telefónicas.
El Atlántico Sur: del PreSal a Las Malvinas
A esto se suman probados encuentros entre el embajador estadounidense en Brasil y CEOs de otras empresas petroleras, en los que se desliza la necesidad de presionar a favor del cambio de la legislación en hidrocarburos a los fines de quitarle el monopolio a Petrobras, datos que están a disposición en los documentos de wikileaks.
Los mismos documentos muestran que el PreSal –una de las mayores reservas de petróleo en aguas profundas descubiertas en el siglo XXI– no es la única reserva preciada en el Atlántico, espacio considerado por algunos expertos como “una mina de oro” para la industria petrolera. Recordemos que en el 2011 la Rockhopper encontró una reserva calculada en 1.4 mil millones de barriles de petróleo en la cuenca de las Islas Malvinas, bajo control británico (espacio en disputa histórica con la Argentina, particularmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner). Esto aparece también en los documentos filtrados por wikileaks relativos a Brasil y la actuación de la empresa Stratfor entre 2004 y 2011–empresa de análisis de inteligencia y seguridad internacional “privada”, que en los hechos está al servicio de varias agencias del gobierno de Estados Unidos y de otras empresas multinacionales.
Uno de los analistas de Startfor comentaba con asombro el apoyo de Brasil a Argentina en el contexto de disputa por las Malvinas frente al Reino Unido, además de recalcar que “Brasil ha mencionado varias veces que el Atlántico del Sur es un Amazonas azul y que ningún país del Norte debe ocuparlo (…) Desde que Lula está en el gobierno, ha mostrado signos de apoyo a la postura de Argentina con respecto a Las Malvinas. No quieren tener al Reino Unido cerca de las reservas del Pres-Sal”. En otro mail secreto, la empresa Stratfor advertía a sus investigadores: “Brasil está aumentando su capacidad militar de cara a la próxima década. De modo que cualquier cosa que pueda hacerse respecto del desarrollo de doctrina militar o de industria militar es de interés”. Por ejemplo, lograr que las empresas de armas de EEUU fueran las proveedoras.
Otro aditivo es que el fundador de Stratfor, George Friedman, en su libro The Next Decade (2012) advertía que Brasil en sí mismo no era una amenaza para los EEUU, pero que podría representar un desafío económico en caso de lograr un mayor desarrollo de su poderío naval y aéreo, extendiendo así su control sobre el Atlántico Sur, hasta las costas de África. El “experto” recomendaba al gobierno estadounidense que procurara un acercamiento a Argentina para contrabalancear el liderazgo de Brasil, pero incluyéndolo en los programas a nivel latinoamericano, cuestión que además ayudaría a contrarrestar a Chávez en Venezuela.
Aclaraba que la estrategia “costará dinero, pero será más barato que enfrentar a Brasil en el 2030 o 2040 por el control del Atlántico Sur”. Esto explica, también, el acercamiento estadounidense con varios políticos argentinos que, posteriormente, serán claves en la victoria electoral de Mauricio Macri en el 2015, como lo explicita propiamente wikileaks.
Como factor fundamental de este panorama geopolítico, no debe dejarse de lado que desde 2009 se supo que los EEUU estaban “aumentando su potencial para ataques nucleares y no nucleares en América Latina y el Caribe, adquiriendo una libertad de acción sin precedentes en siete nuevas bases militares, navales y aéreas en Colombia”. A este dato, se agregaba el regreso del “patrullaje” de la Cuarta Flota (incluyendo los submarinos nucleares militares Polaris). Este despliegue fue explicado en su momento, no solo por el hecho de que la mitad del petróleo de EEUU proviene de América Latina, sino que según las FFAA estadounidenses, avanzar territorialmente en espacios estratégicos resultaba clave “en una región de nuestro hemisferio donde la seguridad y la estabilidad está bajo constante amenaza… por parte de gobiernos anti-EEUU”. Ambas “amenazas” son una preocupación constante, más allá de la escasa o inusual presencia de América Latina en la agenda oficial del Departamento de Estado estadounidense.
Defensa y desarrollo tecnológico nacional
El presidente Lula en varias oportunidades advirtió sobre la necesidad imperiosa de proteger el Amazonas y las reservas de petróleo en aguas marinas, así como la importancia de aumentar la proyección diplomática y militar de Brasil a nivel regional. En esta clave, por ejemplo, se impulsó el desarrollo del sector nuclear, incluyendo un programa de construcción de submarinos nucleares, el ProSub (Programa de Desarrollo de Submarinos).
En 2008, Brasil firmó un acuerdo de defensa con el gobierno francés y se embarcó en la compra de cuatro submarinos diesel-eléctricos y la asistencia en la construcción de un submarino de propulsión nuclear que sería desarrollado en una joint venture entre la francesa DCNS y Odebrecht SA (empresa de construcción e ingeniería brasileña), que comenzaron a trabajar en conjunto en un astillero de la Marina en Río de Janeiro. Esto, en un contexto en que Odebrecht SA fue estrechando vínculos con los gobiernos del PT, participando en diferentes proyectos, incluso en la expansión realizada por la propia Petrobras.
Desde un inicio, el interés fue adquirir el know-how para la construcción de los submarinos a nivel nacional, disminuyendo la dependencia respecto de constructoras extranjeras. El financiamiento de 3.2 mil millones de dólares, dio cuenta del empuje real que buscó darse al desarrollo de tecnología nuclear, remitiendo de algún modo a la experiencia de Embraer y el desarrollo aeronáutico.
El desarrollo nuclear brasileño data desde finales de los ’70 y está fuertemente ligado a la industria militar, pues fue con el proyecto Aramar que la Marina se encargó de desarrollar (no sin contratiempos) la energía nuclear desde 1979. Teniendo en cuenta ese antecedente, vale aclarar que la estrategia de defensa nacional del primer gobierno de Lula exponía que los objetivos de la industria militar estaban orientados a lograr transferencia tecnológica y desarrollar la industria de manufactura nacional, procurando controlar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la política nacional.
Los proyectos incluyen la producción de energía eléctrica, el enriquecimiento de uranio, la construcción de un submarino nuclear, acondicionar un astillero para submarinos y una base naval [15]. Estos emprendimientos han implicado no solo desarrollo en ciencia y tecnología sino un importante desarrollo infraestructural, así como la creación de fuentes de trabajo. Como declaró el entonces Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de Lula, Roberto Amaral “cuando desarrollas submarinos, se desarrolla al mismo tiempo física, matemática e ingeniería” .
Se calculó que en el ProSub participarían más de 30 empresas brasileñas, que proveerían de 36 mil productos, incluidos sistemas complejos. Se estimaba que la construcción y manutención de bases submarinas generaría 2 mil puestos de trabajo directos y 6 mil puestos indirectos [17]. Un ejemplo concreto es que en 2013, la Unidad de Fabricación de Estructuras Metálicas (UFEM) quedó formalmente implicada en la construcción de cascos metálicos para las plataformas [18]. Esto debe enmarcarse en un escenario en el que Brasil – siguiendo una determinada tradición de desarrollo– ha compuesto un complejo tecnológico/industrial de envergadura en determinados sectores, como por ejemplo el de la aviación (Embraer), producto de la coordinación de diferentes ámbitos y esferas estatales, científico-universitarias, militares, empresariales, etc.
Tal avance fue promovido, al mismo tiempo, gracias a la existencia de ciertos diseños jurídicos que lo han posibilitado, en donde la esfera estatal tiene un protagonismo clave; el complejo industrial en torno al ProSub quizás también deba ser comprendido en esta posibilidad, no necesariamente presente en otros países del Cono Sur.
Estabilidad política y disputa de soberanía: Brasil y Venezuela.
Unos meses antes del golpe “parlamentario” a Dilma Rousseff (2016), en un evento sobre petróleo llevado a cabo en un think-tank estadounidense muy influyente, el Center for Strategic and International Studies (CSIS), los expertos “predijeron” (o anunciaron) que Rousseff no llegaría a finalizar su mandato, debido a la crisis económica y las investigaciones por corrupción que involucraban a Petrobras y al Partido de los Trabajadores. En el mismo encuentro, representantes de Medley Global Advisor (NY) exponían con claridad que lo que “realmente se necesita tanto en Brasil como en Venezuela es la estabilización política antes de una estabilización económica”. En el caso de Brasil, se dejaba en claro que el problema era la “incapacidad” e “ineficiencia” de Petrobras de explotar la cantidad de reservas (sobre todo las del PreSal), de modo que planteaban la inminencia de “nuevas leyes” para que el sector privado pudiera intervenir con mayor protagonismo en el proceso de extracción, transporte, etc. de hidrocarburos en Brasil (ley que fue enmendada inmediatamente luego del derrocamiento de Rousseff).
En el caso de Venezuela, se advertía en el encuentro del CSIS, que si bien Estados Unidos estaba en un momento muy positivo en la producción de crudo debido al impulso del fracking, eso no debía ocultar el hecho de que los “300 mil millones de barriles de reserva que tiene Venezuela no sean atractivos a inversores extranjeros, en un escenario político más estable” .
Aquí vale señalar dos cuestiones. La primera es que, precisamente, los gobiernos progresistas en Brasil y Venezuela han experimentado una dura arremetida de la oposición y de las derechas, que en el caso de Brasil, conllevó al derrocamiento de Rousseff y en el caso de Venezuela a una escalada en los métodos de desestabilización e implementación de violencia. La segunda, es la relación entre estabilización política y presencia de Fuerzas Armadas estadounidenses en la región.
Con respecto a este último punto, hay que destacar que en el escenario de debilitamiento y crisis política y económica, se ha notado un mayor protagonismo de Brasil en los programas del Comando Sur: en 2015 fue el anfitrión del ejercicio UNITAS y en 2016 Brasil fue el que subcomandó el Panamax2016–Multi-National Forces-South. En el segundo mandato de Rousseff hubo mayores acercamientos, y luego del golpe, los lazos se han estrechado. En marzo de 2017, el Ejército de los EEUU inauguró un centro de tecnología en São Paulo para “asociarse con Brasil en proyectos de investigación enfocados en la innovación” y el Ministerio de Defensa de Brasil y el Departamento de Defensa de los EEUU firmaron el Convenio para Intercambio de Informaciones en Investigación y Desarrollo, el MIEA (Master Information Exchange Agreement).
Por otra parte, las Fuerzas Armadas brasileñas invitaron a tropas de los EEUU para participar de un ejercicio militar “inédito” en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia (para octubre 2017) en un escenario de escalada de la violencia en Venezuela, agravado por información que da cuenta que desde hace varios años, el Comando Sur maneja diversas alternativas para una posible intervención en Venezuela. Esto, a su vez, opera en un contexto en el que las FFAA de EEUU mantienen programas de entrenamiento a lo largo y ancho de la región: a inicios de junio en el marco del programa Trade Winds 2017 del Comando Sur, se iniciaron ejercicios conjuntos nada más y nada menos que en la Cuenca del Caribe (junto a Venezuela), con 2500 militares de diferentes países de la Cuenca, así como personal de países Europeos y Norteamericanos, con el objetivo de “aumentar la cooperación multinacional compleja en operativos de seguridad, asistencia humanitaria y operaciones en respuesta a desastres”. La última fase de los ejercicios conjuntos consiste un “Seminario de liderazgo” con el Comando Sur en Miami, que presumiblemente tendrá un alto contenido político-ideológico camuflado en objetivos de “seguridad hemisférica”.
Si bien los ejercicios militares conjuntos, o la “cooperación internacional” en estas áreas viene operando desde hace varias décadas, se trata de una “red” que parece estar en una fase de expansión y consolidación (mientras que en otras etapas estuvo más latente), materializada en la presencia -más o menos permanente- de las FFAA estadounidenses en territorios del Cono Sur. Esta “red” se actualiza últimamente también, por ejemplo, mediante las “cooperaciones” en materia judicial-investigativa, que desde el Departamento de Justicia de EEUU (en triangulación con agencias vinculadas, como NSA, FBI o CIA) interfieren sobre la jurisdiccionalidad estatal brasileña.
La desarticulación de la economía
Las numerosas afirmaciones (infundadas) sobre la ineficiencia de Petrobras para hacerse cargo de la explotación del PreSal y la presión de empresas (junto y a través de sectores opositores al gobierno del PT) parecen haber encontrado (¿inducido?) un escenario propicio en la crisis generada por la Investigación Lava Jato, una mega causa judicial en buena medida organizada y auditada por el Departamento de Justicia de EEUU.
Por ejemplo, el desarrollo del ProSub quedó en aparente suspenso luego de que “El Padre del desarrollo nuclear brasileño”, el Almirante Othon Luiz Piheiro da Silva, fuera condenado a 43 años de cárcel (una cantidad de tiempo ciertamente llamativa, considerando que empresarios implicados en esa misma causa lograron reducir sus penas gracias al sistema de “delación premiada” a 6 años, y el menos favorecido estará 20 años preso) por estar implicado en actos de corrupción durante la construcción de la usina nuclear Angra 3; la principal contratista del programa era Odebrecht SA. Una circunstancia enmarcada en la que Petrobras –que fue en algún momento “el orgullo brasileño”– pasó a influir sobre el debilitamiento de la economía brasileña que, como se ha planteado, afecta profundamente diversos planos a la vez, y en términos estratégicos, el propio desarrollo en ciencia y tecnología, muy vinculado a los rubros de petroquímica, ingeniería y construcción.
La cantidad de funcionarios procesados, el impeachment a Dilma Rousseff y las acusaciones realizadas al mismo Michel Temer, llevaron a un escenario de inestabilidad casi permanente –que se refuerza con el reciente fallo de la Corte Electoral a favor de que Temer conserve su cargo, mostrando de paso la escasa “imparcialidad” de la justicia. Lo preocupante es que en medio de las turbulencias, en lo que va de este interinato de Michel Temer, queda claro un nuevo panorama: los sectores estratégicos de la economía nacional brasileña (petróleo, ingeniería, construcción y, ahora, proteína animal) están en metamorfosis estructurales vertiginosas, con secuelas para la soberanía del país.
Si bien algunas fuentes afirman que “a pesar de la crisis política, la Marina brasileña continua con el Proyecto de construcción de submarinos”., en caso de que así sea, se abre el interrogante de cuánto de este desarrollo se dará en el marco de la ciencia y tecnología a nivel nacional, ahora que se ha quitado el monopolio a Petrobras (en un camino hacia su eventual privatización) y Odebrecht está prácticamente fuera de juego ¿De dónde saldrán los contratistas?
*Investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
Desmalvinización en tiempos de Macri
Alicia Castro
Desde el inicio de la gestión de Macri se ha operado un drástico retroceso en la Cuestión Malvinas. Recordemos que en 1997, en un reportaje de Pagina 12, Mauricio Macri afirmó: «Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro» y consideró que «las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina». Como presidente de un club de fútbol sus opiniones no tenían relevancia entonces, pero que un Jefe de Estado no entienda el valor de la soberanía, es inadmisible. Y peligroso.
El martes 13 de Septiembre de 2016 las cancillerías de Argentina y Reino Unido firmaron un Acuerdo que abarca una agenda “omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial” en el que se soslaya el reclamo por la soberanía. En el capítulo referido al Atlántico Sur se acuerda «remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos.» Este compromiso – que plasma la pretensión británica – supone el desmantelamiento de las Leyes y de todas las medidas administrativas y judiciales que ha tomado la República Argentina para proteger nuestros recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos en las Islas.
El Acuerdo no contempla beneficio alguno para la parte argentina, ni favorece un avance en materia de integración social con los isleños: establece la promoción de vuelos hacia terceros países, admitiendo la negativa a hacer vuelos con origen u destino en Argentina continental.
Como embajadora en el Reino Unido entre 2012 y 2015 mi primera mision fue ofrecer vuelos directos y regulares desde Argentina continental, y no obtuvimos respuesta. Recordemos que mientras un habitante de las islas puede circular libremente por nuestro país, estudiar gratuitamente en nuestras universidades y recibir asistencia en el sistema de salud pública, un ciudadano argentino no podrá establecerse ni comerciar en las islas Malvinas.
El gobierno ha dejado de elevar protestas por la gigantesca base militar instalada en las Islas Malvinas, que tiene más de 1.500 efectivos británicos y un despliegue de armamentos que incluye buques de guerra, aviones de combate, misiles, helicópteros, radares y hasta un submarino nuclear. Un equipo de radares de alta sofisticación asegura el espionaje y control de nuestro continente.
A pesar de que el gobierno proclama que ha avanzado en el diálogo y ha acordado «brindar una coordinación más estrecha en el área de Seguridad y Defensa» el gobierno del Reino Unido ha aumentado recientemente el presupuesto militar para el equipamiento bélico en las Islas, usando como argumento una hipótesis de conflicto con las Argentina.
Hemos denunciado que entre noviembre y diciembre de 2016 fueron detectados cuatro vuelos militares operados por la Real Fuerza Aérea británica entre la base de Monte Agradable y aeropuertos en Brasil -San Pablo, Rio de Janeiro y Porto Alegre- realizados con aeronaves Airbus A-330 y Hércules C-130 transportando soldados y material bélico. Este hecho viola las Resoluciones adoptadas por el Mercosur y la UNASUR que establecen que los Estados miembro no recibirán en sus aeropuertos o puertos, aeronaves o buques británicos de guerra apostados en el archipiélago bajo disputa. Sin embargo, la Cancillería Argentina no elevó oportunas protestas contra Brasil ni el Reino Unido.
Para responder al rechazo que despertó el Acuerdo del martes 13 la ex canciller Malcorra fue convocada al Senado, donde sostuvo que no se trataba de un Acuerdo sino de una “hoja de ruta” que demandaría, en un futuro cercano, modificar las leyes de hidrocarburos en el Congreso.
A todas luces se trata de un Acuerdo para el Derecho Internacional, y está en principio de ejecución. Estamos ante una diplomacia del secreto y la mentira, que opera con hechos consumados.
Malvinas es una cuestión de Estado, que ha sido defendida hasta ahora por gobiernos y partidarios de distinto signo. Malvinas no es una causa Argentina, es una causa regional, es una causa global.
Toda Latinoamérica rechaza la existencia de un enclave colonial al sur de nuestro continente, la militarización del Atlántico Sur y la expropiación de nuestros recursos naturales.Todos los foros multilaterales se han expresado a favor del diálogo y la negociación para resolver la controversia en forma pacifica y diplomática.
*Diputada Nacional (1997-2005) / Embajadora en la Republica Bolivariana de Venezuela (2006- 2011) / Embajadora ante el Reino Unido (2012-2015)
