Uruguay: la energía eólica es un viento a favor de la soberanía energética y el ahorro popular (Por Eduardo Blanco)
El liderazgo regional en el desarrollo de energías renovables que logró Uruguay en la última década viene de la mano de una participación popular incentivada por el Estado, que ha fomentado desde 2015 la captación de ahorros desde 100 dólares para la construcción de los parques eólicos que permitieron que ese país pase de la dependencia a la exportación de energía.
Para orgullo de los uruguayos, en 2017 sólo Dinamarca tiene una capacidad superior de producción de energía eólica en el mundo. Pero es cuestión de tiempo, si el plan de Política Energética Uruguay 2030 se sigue aplicando rigurosamente como lo viene haciendo desde 2008, pronto el pequeño país latinoamericano liderará ese ranking mundial.
La estrategia uruguaya de liderar el cambio de las energías convencionales hacia las sustentables tiene origen en sus desventajas geográficas. Hasta 2008, Uruguay, un país sin petróleo ni posibilidades de desarrollar grandes centrales energéticas, dependía de la importación de energía de Brasil y la Argentina, lo que en la práctica implicaba que sus habitantes pagaban las tarifas eléctricas más caras de la región.
La decisión de apostar a energías cuya tecnología estaba aún en desarrollo como la eólica estuvo vinculada con esa dificultad y fue planificada estratégicamente por el Estado, que administra los parques eólicos y planifica el crecimiento energético desde la UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas), una empresa estatal que regula las concesiones públicas y privadas del sistema.
Uno de los puntos clave de esta revolución del viento uruguaya es el apoyo popular que recibió la iniciativa. En 2015, el gobierno de Tabaré Vázquez ideó un fideicomiso que incentivó a los pequeños ahorristas a apostar por la energía eólica participando con acciones preferenciales de la financiación de los parques que se estaban construyendo. Los uruguayos interesados podían participar con aportes desde los 100 dólares. El efecto fue que hubo una canalización del ahorro popular hacia una política estratégica del Estado y que la compra de esas acciones benefició a los ahorristas con rendimientos del 10 por ciento anual, además de convertir a los ciudadanos en accionistas de su propia empresa de energía.
El responsable de UTE, Gonzalo Casaravilla, explicaba este mecanismo en noviembre de 2015, cuando se abrió el primer fideicomiso para un parque en la localidad de Tacuarembó: “En el área de financiamiento se buscó un instrumento nuevo, no porque UTE tenga problemas de conseguir socios, en realidad hay una cola de gente dispuesta a hacerse socia de la empresa en sus emprendimientos; el tema es que se buscó desde el principio tener un nuevo instrumento de ahorro nacional”.
Otra política adicional que impulsó el crecimiento de las energías alternativas fue la salida laboral que se generaba. La política de desarrollo de energías alternativas obliga a los inversores internacionales a instalar sus centros de operaciones en Uruguay y a, partir del primer año de funcionamiento, todos los centros de distribución están obligados a tener un plantel conformado en un 80 por ciento por uruguayos.
Actualmente Uruguay comenzó a exportar energía a Brasil y está muy cerca de su autoabastecimiento. Además, uno de los temas que se debate en las últimas semanas es la posibilidad de que las tarifas eléctricas bajen entre un 12 y un 15 por ciento en el próximo invierno, una medida que fue sugerida por la UTE y se está analizando en el gobierno.
