Uruguay: La Educación Pública en una sociedad injusta (Sebastián Tati Sabini)
Como sabemos la Educación en nuestro país es mayoritariamente pública, y salvo excepciones, los sectores pobres y medios concurren a centros estatales y los sectores medios alto y alto, a instituciones privadas. Este proceso se acentúa más en la Educación Media que en Primaria y es más profundo en la capital que en el interior.
Un hecho poco conocido, es que en los últimos años se ha producido un acortamiento de la brecha de la inversión por estudiante en la educación pública en relación a la privada. Esto es un acto de justicia que se debe destacar. Mientras que en Primaria hace una década se invertía casi tres veces menos en la educación pública que en la privada, hoy nos hemos acercado, a raíz de un aumento más intenso de la inversión en el sector público. El mismo proceso identificamos en la educación media: más que la duplicación de la inversión por estudiante en cada caso.
Sin embargo, con jóvenes con menos recursos y menos recursos para invertir por cada uno de ellos, le exigimos a la educación pública que logre mejores resultados que la educación privada. Como hemos visto en otros artículos, la educación y sus resultados están íntimamente ligados al grado de desigualdad de una sociedad y no obstante ello el desempeño educativo de las instituciones públicas es relativamente bueno con respecto a las privadas si no consideramos el nivel socioeducativo. Cabe entonces preguntarse porque el discurso instalado va en sentido contrario y que intereses en pugna existen para que ello sea así.
“Alarman los números de egreso de los sectores pobres” podría ser un titular de prensa poco seria (lo es con frecuencia lamentablemente). Enhorabuena, nunca generó alarma que esos jóvenes estuvieran fuera del sistema educativo, ya que sabemos que la cobertura aumentó en todos los niveles (1), especialmente en el inicial, pero también en el nivel medio y en el nivel universitario ya que “la expansión de la educación superior en Uruguay ha sido relativamente positiva” (2). Está claro que el aumento de la cobertura tiene que ver con la inclusión de sectores postergados, con lo que cada uno que se suma implica un esfuerzo mayor en términos de necesidades. Vale decir, en la medida que avanza este proceso inclusivo, es más difícil sumar a los últimos de la fila y necesariamente debemos cuestionarnos las prácticas institucionales que atentan contra la continuidad educativa, de fundamentalmente, los jóvenes más pobres.
Que nadie se confunda, no estamos diciendo que todo está bien, el hecho que los pobres tengan menos posibilidades que los ricos de estudiar es un problema de Estado, de justicia, igualdad y democracia. Esos jóvenes y niños sufren una doble penalización: son pobres, lo que implica peores condiciones de vivienda, problemas de alimentación, vestimenta y capital cultural y sobre esas carencias la sociedad invierte menos que en los jóvenes de ingresos altos, como señalamos antes.
Para incluirlos no solo se han desarrollado variadas experiencias invisibilizadas y denostadas: desde los cursos de Formación Profesional Básica de UTU (hay que ver la diversidad de cursos que se están desarrollando en todo el país!), hasta la ampliación de los cursos de CECAP, desde Áreas Pedagógicas del INAU, la educación en contextos de encierro, y la creación de pequeños y medianos centros educativos de enseñanza media en los barrios (claros y exitosos ejemplos en la Barra de Maldonado, Las Piedras 5 o Liceo 6 de Rivera), también con la ampliación del sistema de becas o la universalización del sistema de boleto estudiantil.
Tampoco podemos dejar afuera las experiencias de liceos que están trabajando por proyectos (que aún debemos evaluar), los maestros comunitarios que recorren las casas de los alumnos de la periferia o la ampliación de escuelas y liceos de tiempo extendido y completo que brindan alimentación y talleres extracurriculares. Tampoco el aumento de alrededor del 30% de horas docente que permiten tener menos estudiantes por grupo en secundaria, más allá de que subiste la superpoblación en varios casos.
Todas estas iniciativas se llevaron adelante porque existieron más recursos para la Educación y muchas carencias se cubren sobre las espaldas de docentes y funcionarios que sostienen la expansión educativa. Por no hablar del Plan Ceibal, quien junto a primaria y educación media están desarrollando una serie de innovaciones con estudiantes y docentes altamente motivantes e innovadoras, especialmente en robótica y ampliación de la enseñanza de inglés y el rol de lo lúdico en el aprendizaje, que dejaron de mostrar “casos aislados” para ser cientos de ejemplos que enorgullecen y nos muestran que hay cosas que se mueven, sin contar que ello fue posible, no solo por tener recursos, sino también por la existencia de una empresa pública como ANTEL, quien jugó un rol fundamental en la conectividad.
No se puede dar un debate educativo que parta de la idea que nada se ha hecho, como tampoco podemos pensar que tocamos el cielo con las manos. Todas estas iniciativas, como cualquier proyecto educativo, debe medirse en décadas, y vaya si hemos tenido décadas perdidas en educación, no sólo el descalabro total de la dictadura, sino los bajísimos niveles de inversión que conocimos en democracia hasta 2005, que nos ubicaban en los últimos lugares en inversión junto a Haití.
Dentro de las propuestas “alternativas” a la Educación Pública, que tienen variada prensa y elogiosos comentarios, no hay uno solo de ellos que no suponga aumentar la inversión por estudiante. Aunque parezca reduccionista, no es posible pensar en saltos cualitativos “radicales” sin más recursos que posibiliten la ampliación de la planta física de la educación media, la generación de nuevos cursos y la multiplicación de equipos docentes. Descontando que cada vez es más difícil atraer a las nuevas generaciones a la tarea docente: por las condiciones de trabajo, en donde se vive una retirada de las familias de los centros educativos y por las bajas remuneraciones en comparación con otras carreras profesionales.
Ese proceso tiene que ayudarnos a generar un gran movimiento nacional en defensa de la Educación Pública para que los centros educativos se llenen de familias apoyando a sus hijos en las escuelas y liceos, mejorando los climas educativos y la convivencia en la comunidad. Naturalmente, eso ocurre con políticas públicas que las promuevan y alienten.Las primeras señales de este proceso están en la campaña que lanzó la FUM-TEP el 1º de Mayo en la que convocan a a figuras de diversos ámbitos del arte y la cultura bajo la consigna “Yo apoyo a la Escuela Pública”
El INEED ha estimado en 0.45% del PBI que suponen las exoneraciones fiscales que gozan las instituciones educativas privadas: cabe entonces preguntarse si no es tiempo de trabajar sobre los 200 millones de dólares que toda la sociedad deja de percibir y que nutre por abrumadora mayoría a los sectores acomodados (vale decir que es bastante más que las asignaciones familiares en discusión). No estamos diciendo que todas esas exoneraciones son injustas en términos de igualdad, pero en buena medida es un traspaso de la sociedad a sectores de altos ingresos y patrimonio. Para esto hay que modificar el Artículo 69 de la Constitución, dado que el espíritu del artículo está totalmente desfigurado, la idea del mismo era proteger la libertad de enseñanza y ese beneficio termina por generar instituciones educativas que tienen cuotas sumamente onerosas y que no pagan impuestos (3).
Esto también es un problema de justicia y de una sociedad que protege y fomenta desigualdades. A no confundir, hay instituciones privadas que hacen aportes y es bueno que lo sigan haciendo, pero no creo que debamos, como sociedad, transferir a los sectores más poderosos un subsidio de ese tamaño, peor aun cuando las instituciones públicas (que son las que atienden a los sectores populares) sí tienen que hacer efectivos esos impuestos.
Sin embargo, otro hecho no menor, salió a la luz estos días, los jóvenes ricos tienen dificultades para culminar sus estudios obligatorios. Eso nos obliga a pensar que aún en las mejores condiciones económicas hay otros problemas de orden simbólico que están operando en el mundo de la educación. Una vez, una profesora de didáctica me dijo que si yo me estaba aburriendo entonces los estudiantes también, eso quiere decir que sin una propuesta didáctica que entusiasme, que genere curiosidad, intensidad, es muy difícil que la búsqueda del conocimiento llegue a instalarse en las personas jóvenes.
Las bases mismas sobre las que se asientan nuestros sistemas educativos están interpeladas, ya que antes el acceso a la información era una cuestión relativamente compleja y hoy parece estar a la mano de todos y cada uno de nosotros. La educación tiene que ser capaz de darle herramientas a los estudiantes a saber filtrar, criticar, comparar, contraponer y formular hipótesis sobre esa información. A trabajar en equipo y resolver problemas, a comprometerse con los problemas de su comunidad, a conocerla y transformarla, ¡Casi nada! No parece que con el sistema actual podamos llevar adelante esa transformación. No quiere decir que todo lo que hacemos está mal, hay muchos ejemplos que muestran que hay alternativas pedagógicas y didácticas en las aulas que no suponen cambios presupuestales, sino cuerpos docentes dispuestos a dar el salto innovativo y formular maneras diferentes de acercarse a los alumnos.
Los que defendemos la Educación Pública, sabemos que partimos de una sociedad que prefiere invertir más en los jóvenes y niños de los sectores ricos que en los sectores medios y pobres, y que además tenemos que soportar un discurso destructivo hacia la educación pública, con fuertes intereses, fundamentalmente económicos, para su privatización. La educación pública ha demostrado tener mejores resultados educativos que la educación privada, mal que les pese a los detractores, pero además supone una apuesta a la integración social y a la convivencia. Es nuestra responsabilidad, conociendo las históricas desigualdades de las que venimos, no solo dar a conocer las cosas positivas que están pasando, sino seguir acortando las brechas de inversión educativa sumado a un fuerte debate político educativo para poder incluir a todos aquellos a quienes hoy no estamos dando respuesta.
Notas
- Ver por ejemplo: https://twitter.com/ineed_uy/status/869540392261357568 y https://twitter.com/ineed_uy/status/869540203668676608
- Ver el Informe de PNUD en http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/40539/refererPageId/73
- Artículo 69 (Constitución de la República, última modificación 1997): “Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios.”
Antes de modificarse el número y el contenido por la redacción de 1967, la Constitución de 1934 expresaba en el artículo 60: “Las instituciones de enseñanza privada que suministren clases gratuitas a un número de alumnos y en la forma que determinará la Ley, y las instituciones culturales, serán exoneradas de impuestos nacionales y municipales como subvención por sus servicios“.
Se puede consultar en : https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion
