Renán Vega Cantor: Colombia, un modelo neoliberal armado

Entrevista de Mario Hernández

En Colombia hace cinco años entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Buenaventura se transformó en el puerto más moderno e importante de tu país. Se inauguró en marzo del año pasado, por allí sale el 70% de la producción colombiana y sin embargo en esa ciudad se constata un 62% de desempleo y un trabajo informal que afecta al 90% de la población. Esto a pesar de que se han invertido 500 millones de dólares.

-En Buenaventura se desarrolló un paro cívico hasta hace pocos días, ¿cómo se explica esta situación?

– Yo creo que lo que sucede en el puerto de Buenaventura, que es el más importante del país por donde circula la mayor parte del comercio internacional tanto las exportaciones como las importaciones, tiene que ver con un modelo que no es solamente colombiano y es el que podemos llamar como el regreso de los enclaves económicos. Es decir, lugares que están vinculados al capitalismo mundial que no inciden de manera positiva en la economía local.

En el caso de Buenaventura estamos hablando de una ciudad que tiene entre 400 y 450 mil habitantes pero que la mayor parte de la población no tiene nada que ver con el puerto, porque éste funciona manejado por concesionarios internacionales y por funcionarios colombianos. Es como si la población viviera a un mundo de distancia a pesar de estar a pocas cuadras.

Hay una separación entre la Buenaventura moderna, el puerto ligado al comercio internacional y el resto de la población que vive en condiciones oprobiosas de vida, en una miseria generalizada impresionante. Para darles dos datos que revelan la terrible situación de la gente y que es en su mayoría población de raza negra, esa ciudad de 450 mil habitantes no tiene un hospital de primer nivel, que pueda atender problemas de salud medianamente críticos o especializados y cuando algo le sucede a un paciente del lugar tiene que dejarse morir porque no hay quien lo atienda y en el mejor de los casos lo mandan a Cali que es la capital del Valle del Cauca, que queda a más de 120 km de distancia.

Asimismo, esa ciudad que está situada en una zona costera de clima tropical húmedo cuya temperatura promedio es superior a los 35 grados centígrados no tiene agua potable, la gente consume agua en pésima condición, lo que genera una pésima calidad de salud sobre todo para los niños y las mujeres. Eso indica que los grandes recursos que circulan por el puerto tienen que ver con grupos monopólicos que lucran con ese comercio pero la gente no disfruta para nada de ningún tipo de beneficio que se genere de esa actividad.

Hay un cambio en los últimos 25 años, antes existía una entidad pública que se llamaba Colpuertos que ocupaba unos 12 mil trabajadores y estos irrigaban parte de sus ingresos a distintos sectores de la población; Colpuertos desapareció, se privatizó el funcionamiento del puerto, la mayor parte de esos trabajadores fueron despedidos y ya no hay ninguna relación, ni siquiera indirecta, entre los ingresos de los trabajadores del puerto y la población de Buenaventura. Lo cual ha generado desempleo generalizado y hay que agregar que ésta ha sido una zona tomada por grupos paramilitares que han asesinado a decenas y centenas de integrantes de la población en los últimos años.

– En octubre de 2011 el Congreso de EE. UU. convalidó el TLC con Colombia y en ese momento el presidente Santos anunció que se crearían 250 mil puestos de trabajo y habría menos pobreza. ¿Cuáles son los resultados a 6 años de esos anuncios?

– Hay una afirmación muy coloquial en Colombia que se suele usar y es la que afirma que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, muchas fueron las promesas que se hicieron al firmar el TLC con los EE. UU., se anunció que esa era nuestra entrada al Primer mundo, que además eso iba a beneficiar a la Cuenca del Pacífico porque suponía vincularla con los polos de desarrollo económico como por ejemplo China, y que iba a significar también un mejoramiento por aumento de los ingresos dirigidos a los EE. UU.

Nada de esto es cierto, incluso los pocos indicadores que se han dado haciendo un balance de lo que ha sucedido con este Tratado indican que, por el contrario, el comercio exterior de Colombia se ha visto fuertemente resentido por la competencia con los Estados Unidos, algo que era totalmente previsible porque estos tratados son siempre una vía de comercio para las multinacionales pero en EE. UU. siguen existiendo restricciones a la producción de un país que además tiene muy poco que exportar, porque es un país primario exportador que ha regresado a la vieja división del trabajo colonial del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX. Nuestra vinculación con el comercio internacional se hace a través de los productos tradicionales, como petróleo, carbón y en menor medida café que ya no es el principal producto de exportación. En esa medida el Tratado ha sido profundamente negativo.

Sigue fluyendo el comercio internacional por Buenaventura, pero repito, eso no repercute de manera positiva en la población local, por el contrario, se ha generado un comercio paralelo “ilegal” que se basa sobre todo en la exportación de cocaína hacia el mercado estadounidense que sigue siendo muy atractivo para este tipo de actividades. Gran parte de la población de Buenaventura además de estar hundida en la pobreza se ve obligada a alistarse como polizones embarcados en el primer navío que llegue de manera clandestina para intentar llegar a los EE. UU. De tal manera que los efectos han sido terriblemente negativos.

– Hubo un paro docente, tengo entendido que luego se sumaron los trabajadores estatales y el pasado martes un paro nacional. ¿Cuál fue la magnitud e importancia de esa movilización social?

– Se han presentado tres  movilizaciones. El paro de los maestros estatales que se agrupan en la organización Federación Colombiana de Educadores se mantiene desde mediados de mayo y no hay perspectivas de un arreglo inmediato. El sector docente es el más importante porque los procesos de privatización han ido reduciendo el sector estatal al máximo y ya hay pocos trabajadores en otras entidades estatales. Los docentes agrupan a miles de trabajadores y cada vez que paralizan de verdad eso se siente en las ciudades y grandes marchas.

El martes tuve la oportunidad de participar en esa marcha que fue extraordinaria. Participamos miles y miles de personas y se espera que mañana vuelva a suceder. Hay que decir que el caso de la educación colombiana es similar al de Buenaventura pero ya no a nivel local sino a nivel global de todo el país, porque estamos hablando de una educación completamente abandonada, con poca financiación, donde al profesor no se lo reconoce de ninguna manera, soporta las peores condiciones laborales, alargamiento de la jornada de trabajo, pésima vinculación laboral, sobre todo en las zonas agrarias, y aulas abarrotadas de estudiantes.

El Estado colombiano no considera que la educación sea un aspecto importante, aunque demagógicamente Juan Manuel Santos continuamente repita que en el 2025 Colombia va a ser el país más educado de América Latina, lo que no deja de ser un chiste cruel porque si el Estado no invierte en la educación, en aulas, infraestructura, bibliotecas, laboratorios y en la calificación de los profesores así como en el mejoramiento salarial de los mismos, difícilmente pueda hablarse de una educación que sea digna y la mejor de América Latina.

El precepto fundamental del paramilitarismo es despejar la tierra para asegurar el funcionamiento de los grandes negocios

– El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó 389 ataques contra defensores de los DD HH durante 2016 y la propia Defensoría del pueblo colombiano informó que entre enero de 2016 y febrero de 2017 se produjeron 120 asesinatos de líderes y defensores de DD HH. También hay una denuncia porque se expande el paramilitarismo en la zona de Chocó que fue escenario de un paro cívico recientemente, además de Putumayo, el Pacífico nariñense y caucano, Antioquia, el norte de Santander, esto a pesar del acuerdo al que arribaron el gobierno y las FARC.

– El informe sobre asesinatos de defensores de DD HH, líderes sindicales, dirigentes populares que indica una cifra de cerca de 200 personas, es una continuación de un proceso de larga duración en la historia colombiana que se remite por lo menos a los últimos 30 años.

Si hacemos un balance comparativo año a año veremos cifras parecidas o peores que éstas. Lo “novedoso” de lo que está sucediendo ahora es que se da dentro de un proceso llamado de paz y de desmovilización de las FARC, lo cual indica que nunca fue cierta una tesis que manejó la academia colombiana mas conservadora que analizaba la violencia, que consideraba que el paramilitarismo había surgido como una resistencia a la insurgencia, ya no tenemos insurgencia o, por lo menos, no a su mayoría y, sin embargo, los grupos paramilitares reciclados con nuevos nombres, por ejemplo “bandas criminales” siguen actuando y matando a todos aquéllos que consideran enemigos siempre bajo una lógica terriblemente anticomunista que nunca ha desaparecido del imaginario de las clases dominantes de este país.

Cualquier trabajador que se organice sindicalmente, cualquier comunidad indígena que defienda sus derechos, cualquier comunidad que pida mejores condiciones de infraestructura, serán vistas como reivindicaciones terroristas que deben ser reprimidas y este brazo armado ilegal que el gobierno dice que no existe, sigue operando azuzado por distintos sectores dominantes de este país, tanto políticos como económicos.

Lo significativo es que esos nuevos grupos paramilitares que son los viejos de siempre que nunca desaparecieron, se están entronizando en regiones de influencia de las FARC antiguamente que quedaron desocupados y que ellos están ocupando ahora y, por lo general, son regiones donde se generan grandes megaproyectos mineros, energéticos, hidroeléctricos y lo que se trata es de respaldar esas inversiones del capital trasnacional para asegurar el libre funcionamiento de la inversión extranjera.

Ese es un precepto fundamental del paramilitarismo, despejar la tierra para asegurar el funcionamiento de los grandes negocios y, en ese sentido, no estamos asistiendo a nada distinto de lo que ha sucedido en los últimos años en el país que es la consolidación de lo que yo llamaría un modelo neoliberal armado, en forma estatal y paraestatal.

-¿Cuál es el papel que juega Colombia en la crisis interna que vive Venezuela?

– El papel es muy activo y muy negativo. Muy activo porque muchos sectores que hoy participan en protestas en Venezuela, muy organizadas y con la finalidad de desestabilizar al gobierno constitucional de Maduro, han sido armados y auspiciados desde Colombia, y desde hace años.

Cuando se denuncian las incursiones paramilitares en territorio venezolano no se está especulando ni inventando nada, estamos hablando de una gran frontera en los dos países de cerca de mil kilómetros a través de la cual es posible introducir grupos paramilitares que en Colombia los hay bastantes, y máxime cuando una oposición de derecha como la que hay en ese país reclama cierto tipo de apoyo para participar en una estrategia de saboteo.

También está el asunto de que gran parte del contrabando que desangra a la economía venezolana significa que fluyan los productos que allí se producen hacia el territorio colombiano y se vendan a precios muy baratos en ciudades como Bogotá.

Además, hay una estrategia internacional muy orquestada, como quedó claro en la reciente visita de Juan Manuel Santos a EE. UU., cuando uno de los temas que se iban a tratar a fondo era el de Venezuela y donde Santos ha tenido un papel muy importante en el accionar desestabilizante de la OEA. De tal manera que Colombia cumple el papel que siempre ha desempeñado, y por desgracia, ser el Israel de Sudamérica, una especie de portaaviones terrestre de los EE. UU. para sabotear los procesos progresistas de la región y en este caso específico respecto a lo que está sucediendo en Venezuela.

El gobierno colombiano no ha tenido ni la más mínima diplomacia para ocultar su apoyo abierto a la oposición en contra del gobierno constitucional del presidente Maduro. En ese sentido lo que sucede en Colombia creo que es una vergüenza para el resto del continente.