La paz ante el asedio de las leyes de dios, el Estado y el mercado

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Decisiones como las que ha tomado la corte constitucional respecto al pacto político de paz negociada, ya suscrito entre el estado y la insurgencia; la insistencia de los líderes de grupos político-religiosos por limitar derechos; iniciativas para favorecer a responsables de delitos atroces de paramilitarismo o corrupción con medidas especiales de reclusión, rebaja de penas o; la continuidad de contratos con empresas cuestionadas por violaciones a derechos, advierten de la existencia de tres tendencias en la concepción que orienta y somete a confusiones y estrategias de poder la vida judicial del país.

Las tres se mezclan unas veces para complementarse, otras para subsidiarse y por solidaridad de poder y en el actual momento de tensión, ante la polarización a la que quieren devolver al país algunos sectores con la falsa disyuntiva guerra-paz, que ya está superada, queda al descubierto una disputa entre fuentes distintas en el orden discursivo y modos de acción, reconocible cada una a través de sus temas y defensores. La primera es la Ley de Dios, que en el siglo XXI ha reaparecido con fuerza, en buena parte por la cooptación del estado por el mercado que envió a la miseria a millones de personas y provocó el desmonte de los sistemas de gasto y asistencia social, lo que fue aprovechado para reconducir la desesperanza hacia la fe.

Esta concepción es defendida por cientos[1] líderes de congregaciones religiosas (pastores y de obispos), con representación en el gobierno, las cortes de justicia, el congreso y los medios, desde donde promueven el regreso del debate moral que pone en retroceso derechos y conquistas ya logradas, a la vez que fomenta temores al desconocido y pasiones por lo imponer lo propio.

La segunda es la Ley del Estado Laico, defendida por sectores progresistas,  intelectuales, sectores políticos minoritarios y la gran mayoría de organizaciones sociales que resisten contra las políticas del estado, que aceptan la existencia de un mundo cambiante movido por intereses de emancipación y deseos de libertad. En común en esta concepción se entiende el derecho como instrumento de regulación social y protección de derechos conquistados. Y la tercera es la Ley de las Mafias, que defienden sus conquistas a base del terror y consideran que el derecho es una mercancía a la que pueden acceder según su deseo personal, porque como todo conocimiento o cosa material la ley es un objeto de mercado que tiene precio y otorga el beneficio a quien pueda pagarla, y permite comprar inclusive a jueces, magistrados, funcionarios, condenas, vidas humanas y gobiernos.

La ley de Dios, es invocada para negarse a aceptar que el viejo régimen, de la constitución de Núñez de 1886, fue derrotado por las convulsiones sociales, civiles y armadas, cuyo punto de encuentro fue la Asamblea Nacional Constituyente que forjó la nueva constitución de 1991, que, abrió la puerta al estado moderno, respetuoso de los otros, de sus derechos y sus conductas, dejando atrás al antiguo régimen confesional en el que el estado estaba entregado al sagrado corazón, la política al frente nacional liberal-conservador y la vida personal a los prejuicios morales de los capataces de las fincas. De la puesta en escena política de la ley de Dios, para entorpecer derechos, no son responsables sus feligreses, que también hacen parte de los sectores vulnerados, excluidos y marginados por el poder.

Sus responsables hay que buscarlos entre congresistas, magistrados, gobernantes y directivas de instituciones que no separaran su fe personal y prejuicios de su oficio y a veces convierten sus despachos en capillas de oración, izan las banderas de fe de los cruzados, celebran oficios religiosos en nombre de las instituciones, fomentan la segregación en nombre de la hermandad y maldicen a quienes no acogen sus mandatos, sin precaución por entender que sus comportamientos violentan derechos, irrespetan y ofenden la conquista común llamada laicidad, consignada en la constitución que a pesar de ser agredida con frecuencia trata de afianzar el estado moderno, diverso y plural.

La ley del Estado, de carácter civil, se funda en la construcción humana de la justicia. Reconoce la historia de los pueblos, su fuente es la razón y funciona separada de todo prejuicio, reconoce a la ética no a la moral y juzga sin distinciones. Aunque es la única con validez efectiva, su aplicación resulta débil, por la inexistencia de un real estado de derecho, obstaculizado justamente por la solidez de las otras leyes. Es la ley que fundamenta sus actuaciones en la justicia material y reconoce a los derechos en la base de sus decisiones. Acoge los resultados de luchas sociales y sus formulaciones son técnicas, objetivas e imparciales con el fin de regular la convivencia y además contiene la letra y espíritu de los grandes aportes universales de protección de la vida humana y del planeta.

Es la ley que debe imponerse en el estado de derecho, más ahora que su capacidad es requerida para que el estado en cada uno de sus poderes entienda y aprehenda que los pactos políticos, como el acuerdo de paz entre el estado y la insurgencia, tiene esencia política y la ley del estado ha de ser el instrumento de garantía, no al contrario, máxime cuando al amparo de la ley de dios se produjo la derrota electoral del primer acuerdo, y que sus líderes tratan de cobrar para poner en retroceso la paz negociadaLa tercera ley que impera en Colombia con fuerza suficiente para provocar daños irreversibles, bien porque esta incrustada en el estado o por su alcance afirmado en las reglas del mercado, -para el que nada es legal o ilegal-, es la ley de las mafias, asociada a una idea de ley de la selva, del más fuerte, extendida a través de esparcir horror y sufrimiento, con la astucia del que delinque y sabe tapar o borrar las huellas de su crimen. Esta ley fomenta el espíritu mafioso y criminal del todo vale, del astuto, el cínico, el perverso que desconoce toda construcción humana colectiva, se hace y aplica con base al interés propio de un sector, grupo o cofradía que invalida lo que sea para imponer lo suyo.

La existencia entrecruzada de estas tres concepciones ponen en tensión el valor de la ley impidiendo consolidar un estado de derecho real, solido, legítimo y capaz de responder en democracia a los retos que plantea este tiempo de complejidades, de interconexiones que superan todo limite previsto y de creación colectiva de una paz estable y duradera. El primer paso para todas las concepciones es abandonar su ideologización respecto al espíritu contrainsurgente que provoca odios y discriminaciones, al tiempo que el estado emprenda la tarea de imponer para todos los poderes, instituciones y funcionarios, la soberanía del derecho de concepción civil y laico, que es único con capacidad para representar legítimamente a la nación entera y fomentar la protección y respeto por los derechos humanos. Solo de esta manera se podrá garantizar el transito no otra vez del antiguo régimen a la sociedad moderna, si no de la guerra a la paz con plenos derechos.

El objetivo común tiene que ser el de crear una cultura de la legalidad que fomente la convivencia democrática, sirva para recuperar el valor de la vida como esencia de toda actuación humana y contribuya a reconstruir las instituciones y aceptar con respeto la ley como norma fundamental de garantía para que Colombia no sea una buena noticia para turistas, sino una maravillosa realidad para vivirla con paz y dignidad.

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Anexo

La paz, el compromiso ético fundamental de los colombianos hoy

Adelaida Nikolayeva

La sensación de frustración e incertidumbre generada por la reciente decisión de la Corte Constitucional de revisar los apartes H y J de la vía rápida legislativa o fast track, ha incidido notoriamente en el debate sobre para dónde va el proceso de paz y lo que pueda pasar con la implementación del mismo. Dentro de este contexto, el lunes 22 de mayo estuvo en la Universidad de Antioquia Humberto de La Calle Lombana, ex-Jefe negociador del gobierno en los diálogos con las FARC de La Habana, invitado a la celebración de los 25 años de la revista de estudios políticos de la Universidad.

El anuncio del fallo de la Corte Constitucional el miércoles pasado, ha abierto muchos interrogantes respecto al rumbo y el tiempo que pueda tomar en adelante el procedimiento legislativo para la tramitación de la normatividad de los acuerdos en el Congreso. Y es que la misma información y los análisis hechos por distintas fuentes de opinión, no han sido, a mi parecer, lo suficientemente claros y han ayudado a aumentar las dudas. Las distintas interpretaciones que se han hecho dejan un sinsabor preocupante y de nuevo cierta sensación de vacío y frustración, como cuando se perdió el plebiscito.

El miércoles 17 de mayo se escuchó en la radio una declaración de Francisco González, “Pacho Chino”, uno de los negociadores de la guerrilla, acerca del congelamiento de la entrega de los 1200 fusiles de miembros de las FARC que iban a hacer parte de la UNP, ya que la decisión de la Corte declaró inexequible el decreto 298 del 2017 que permitía la incorporación de integrantes de esa guerrilla a la UNP, de acuerdo a lo pactado en los acuerdos.

Hay un conjunto de hechos que generan una situación alarmante respecto a los acuerdos de la La Habana, particularmente lo referido a los numerales H y J del fast track que fueron tumbados, y que consistían básicamente en la posibilidad de votar en bloque los proyectos de ley para la implementación, tal y como se hace con los tratados comerciales (TLCs)2; y, en que las modificaciones que se hicieran a los proyectos tendrían que tener el aval del Gobierno. Esta última modificación que permite hacer cambios sin el aval, está supeditada a que los cambios no pueden ir en contravía del espíritu de los acuerdos. La tesis de la Corte es que hay una violación a la independencia y autonomía de los poderes, y de otro lado, que así como estaban los apartes del fast track, se estaba sustituyendo con ellos la Constitución.

Humberto de La Calle expresó categóricamente su compromiso para defender lo que fue el fruto del equipo de gobierno que él encabezó, un esfuerzo muy grande de más de 6 años de discusiones y negociaciones muy delicadas en La Habana. Fue enfático en la necesidad de asumirnos como un país que debe pasar ya esta página de la violencia que tanto daño ha hecho a los colombianos. Aceptar por fin nuestro compromiso real con la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que trabaje decididamente por disminuir los niveles de inequidad social y saldar por fin la deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto, millones de compatriotas, que también han sido de la negligencia del Estado.

Ante la el reversazo que metió la Corte a los acuerdos, De la Calle hizo un llamado urgente a que nos apropiemos de los acuerdos y asumamos nuestro compromiso ético con el cumplimiento de “la palabra empeñada” en la construcción y la firma del Acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera con las FARC-EP. LLamó a construir una gran coalición, a lo largo del país, en defensa de lo acordado y exigirle al Congreso que no puede seguir dilatando ni poniéndole freno a la implementación.

Ante las elecciones presidenciales que se avecinan, caldo de cultivo para el oportunismo que caracteriza a la mayoría de los políticos colombianos, se hace necesario que los colombianos dejemos de ser víctimas de la desinformación que generan cada día las fuerzas políticas contrarias a los acuerdos, que buscan hacerlos “trizas” y de paso destruir la vida de miles de jóvenes, porque nadie pone en duda que hacerlos trizas, no se puede traducir a otra cosa que volver a la guerra.

El compromiso y el imperativo poliético (político y ético) que tenemos es hacer respetar nuestro derecho a la paz, consagrado como un derecho fundamental en nuestra Carta magna, y nuestro derecho a cambiar el destino de nuestro país. Finalmente, en este complejo, incierto y difícil momento para el país hay que asumir posiciones en defensa de la vida, impedir que suenen tambores de guerra con cantos de alegría, y hacer trizas sus discursos de muerte.