La desigualdad, una enorme caldera de presión
Paul Walder
La economía chilena mantiene desde los últimos tres años una tasa de crecimiento inferior al dos por ciento anual, ritmo que con seguridad se extenderá durante este año y con no pocas probabilidades el entrante. Un fenómeno que lleva consigo una caída en la producción, en las exportaciones y el consumo interno, más un deterioro en las condiciones laborales. Pese a ello, el capital y sus dueños en Chile gozan de otras estadísticas, con tasas de crecimiento que superan varias veces el escenario de la economía real.
El año pasado, un año de evidente estancamiento económico, con una escasa expansión del PIB de sólo 1,6 por ciento, la riqueza privada se expandió 7,7 por ciento.
Esta información, difundida la segunda semana de junio por The Boston Consulting Group, reveló también que los activos financieros privados del país sumaron en 2015 más de 393 mil millones de dólares (como comparación el PIB chileno alcanza a 240 mil millones anuales), entre los cuales se hallan los fondos de pensiones. Pero el dato más relevante fue una nueva constatación de la abierta y creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. El informe destaca que los 16.200 hogares chilenos (0,3 por ciento del total) que tienen activos por más de un millón de dólares poseen instrumentos financieros por más de 140 mil millones de dólares, o un 35 por ciento del total.
Este informe, que revela parte de la riqueza que posee el sector más adinerado, confirma también el proceso de concentración y desigualdad: mientras la economía en general no alcanza a crecer a un dos por ciento, su riqueza se expande mucho más que el doble.
Durante esos mismos días el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el estudio Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, que concluye en seis grandes nudos como los reproductores de la desigualdad. Esta investigación es sin duda un documento relevante que confirma la desigualdad en Chile no sólo en la distribución de la riqueza, sino en extensos aspectos que conforman la vida social y cultural. Las relaciones sociales en Chile tienen como elemento conceptual y fundante la desigualdad y discriminación. Aquella misma figura que revelan los números y estadísticas económicas se reproduce en amplios y profundos aspectos de la sociedad chilena.
“En Chile la desigualdad no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la población rural y de las regiones retrasadas, los pueblos originarios, y a personas de diversas minorías”. Una condición de país que “perjudica al desarrollo, dificulta el progreso económico, debilita la vida democrática, afecta la convivencia y amenaza la cohesión social”, sanciona el informe. Una declaración que es demostrada por el estudio y vivida de forma diaria por millones de chilenos.
Ingresos por 140 millones mensuales para el 1% más rico
Una condicionante central de la desigualdad es la económica. La generación de riqueza en Chile que ha multiplicado su PIB durante las últimas décadas, ha conducido a niveles de concentración otrora no imaginables. Hoy no es sólo el diez o cinco por ciento más rico el sector que concentra la riqueza, sino el uno por ciento. Esta es una dimensión no medida por las encuestas, pero sí por los registros tributarios. En una evidencia de la pesada desigualdad, hoy el uno por ciento más rico capta el 33 por ciento del ingreso que produce la economía nacional, en tanto el 0,1 por ciento se apropia de casi el veinte por ciento.
El ingreso promedio de este uno por ciento, afirma el estudio, se estima en ingresos por 140 millones de pesos mensuales antes de impuestos (y de 111 millones netos). No es que cada una de las 9.900 personas que conforman este 0,1 por ciento obtengan este ingreso líquido, sino que son dueñas o accionistas de grandes empresas con altas utilidades. Y bajo la cúspide de la pirámide, el resto del país exhibe un pleno y absoluto contraste. Si entendemos un salario bajo como aquel que no logra satisfacer las necesidades básicas de un hogar promedio, “la mitad de los asalariados con jornada de treinta y más horas semanales obtenía un salario bajo en 2015”, señala el PNUD.
A la desigualdad económica comienzan a sumarse otros sesgos y formas de discriminación. La principal es la de género. “El 71% de las mujeres con enseñanza media completa recibe un salario bajo por su trabajo, así como el 83% de aquellas con estudios medios incompletos. Incluso aquellas con estudios superiores del área técnico-profesional, o universitarios incompletos, enfrentan una probabilidad de 44% de obtener un salario bajo”.
A la desigualdad que se origina en los bajos salarios se suma la que produce un sistema de pensiones que no provee los medios de vida requeridos para la vejez, afirma el estudio. “Alrededor de la mitad de los jubilados percibe hoy una pensión inferior a un valor mínimo, definido en este trabajo como un 70% del salario mínimo”.
Discriminación en las relaciones sociales
A la contundencia de la disparidad en ingresos se le suma la social, que condiciona en Chile el trato cotidiano hacia los otros. Se trata de una de las expresiones cotidianas más sensibles y menos estudiadas. En la encuesta PNUD de 2016, “el 41% de la población encuestada declara haber experimentado en el último año alguna forma de malos tratos, desde ser pasado a llevar, ser mirado en menos, ser discriminado o tratado injustamente. Consultadas las personas sobre las razones, la clase social (43%) y ser mujer (41%) aparecen a considerable distancia de todas las demás como las razones más frecuentes de la experiencia de malos tratos. En tercero, cuarto y sexto lugares aparecen razones íntimamente ligadas a la posición social de las personas: el lugar donde vive (28%), su vestimenta (28%) y su trabajo o ocupación (27%)”.
Bajo estas mismas concepciones sociales y culturales se ha estructurado el espacio urbano. Las ciudades de Chile son tremendamente segmentadas y limitan real o virtualmente la libre circulación. “En la calle, y en función de la lógica de lo propio y lo ajeno, para aquellos pertenecientes a las clases bajas o sectores populares caminar por comunas de estratos altos implica someterse a un trabajo de ocultamiento y disimulo si no quieren padecer las sanciones diversas -y a veces implacables- que reciben aquellos que entran en terreno ajeno”.
Datos de la encuesta PNUD muestran que la molestia frente a la disparidad se concentra en el acceso a la salud y la educación, y en que a algunas personas se las trate con mayor respeto y dignidad que a otras. En una escala del 1 al 10, donde 10 indica “mucha molestia”, alrededor del 67 por ciento de la población declara que le molesta mucho la desigualdad en esos tres ámbitos (68 por ciento salud, 67 educación, 66 por ciento trato no respetuoso).
Raíces de la desigualdad
La desigualdad en Chile tiene elementos fundacionales en la Colonia, con la asignación de tierras que el gobierno colonial realizó a inicios del siglo XVII, y que tuvo por beneficiarios a los españoles y sus descendientes blancos, en especial aquellos de mayor alcurnia o fama militar, afirma el estudio. “Esta asignación fue el germen de la clase alta tradicional chilena y de la hacienda, institución que perduró tres siglos y en torno de la cual se estructuró una sociedad rural estratificada entre patrones, empleados, inquilinos y peones”.
Siempre hubo una élite económica que concentró una parte significativa del capital y, por tanto, del ingreso. Ciertamente esta élite se ha renovado, tanto en su composición como en sus fuentes de ingresos, y hubo períodos de mayor concentración económica que otros, pero siempre un número reducido de familias ha tenido la propiedad o el control de los activos productivos más rentables, agrega. “Un período de transformación de la élite económica chilena se dio durante el cambio de modelo económico impuesto por la dictadura militar: el mapa de los actuales grupos económicos en Chile está fuertemente influenciado por este proceso”.
Por último, la desigualdad socioeconómica en Chile ha tenido una connotación étnica y racial. Las clases altas se configuraron como predominantemente blancas, mientras que mestizos e indígenas ocuparon un grado más bajo en la jerarquía social, y negros y mulatos uno aún más bajo. “Incluso hoy el aspecto físico es un buen predictor de la clase social en Chile, lo que delata a una sociedad con escasa movilidad social, en la que han primado los prejuicios y la discriminación en el acceso a las oportunidades”.
Los seis nudos
Para el PNUD la desigualdad socioeconómica es un fenómeno multidimensional y dinámico, con diversos componentes que interactúan. Pero su complejidad no impide delinear sus límites y detectar aquellos nudos que más influyen en su reproducción en el tiempo.
Un primer nudo ejerce presión sobre el sistema económico. La evidencia apunta a que un núcleo duro de la desigualdad en Chile es la existencia de circuitos de empresas de alta productividad, con trabajadores calificados que reciben mejores salarios y tienen empleos más estables, y su contracara, empresas de baja productividad, bajos salarios, trabajadores menos calificados y alta rotación. “A esto se suma que las instituciones del mercado laboral, como los sindicatos y la normativa de la negociación colectiva, que en países más igualitarios han tenido un papel importante en la reducción de desigualdades, en Chile hoy son marginales por efecto de la legislación basada en el plan laboral de 1979, que favorece a los empleadores mediante diversos mecanismos”.
Un segundo nudo es un patrón en que el capital y los ingresos están muy concentrados en un conjunto de grupos económicos, cuya propiedad está en manos de un número reducido de personas. Así es como las 75 empresas más grandes del país tienen ingresos por ventas que superan en cada una de ellas los mil millones de dólares anuales, y por sí solas dan cuenta del 63 por ciento de las ventas del segmento de grandes empresas.
El tercer nudo es un Estado neoliberal insuficientemente involucrado en las tareas de redistribución y provisión de seguridades para los ciudadanos, fenómeno que toma expresión en la desigualdad que sienten las personas en el acceso a derechos tan básicos como la salud y la educación. “La acción estatal resulta muy insuficiente para revertir la elevada desigualdad de ingresos que caracteriza al país: en la actualidad, el total del gasto en transferencias monetarias representa solo el 1% del PIB. Así, el impacto redistributivo de transferencias e impuestos en Chile es muy bajo comparado con los países de la OCDE”.
Un cuarto nudo es la concentración del poder político y la sobrerrepresentación de los grupos de mayores ingresos en los espacios de toma de decisiones, hecho sufrido hasta el día de hoy por las políticas de la transición y el sistema binominal heredado de la dictadura. “En Chile el financiamiento de la actividad política ha sido una de las principales herramientas con que han contado los grupos acomodados para asegurar que sus puntos de vista se tomen en cuenta en los procesos políticos.
Según datos del Servicio Electoral, en la elección parlamentaria de 2013 el total de aportes reservados y anónimos a candidatos a senador representó casi el 58 por ciento del total de aportes. En cuanto a los diputados, representaron el 46 por ciento del total. En promedio los candidatos que lograron llegar al Parlamento recibieron 2,5 veces más aportes reservados y anónimos que quienes no obtuvieron un escaño. Otro dato que confirma este argumento es la pertenencia a las élites en los cargos de representación popular y de gobierno. Cerca del 75 por ciento por ciento de los ministros, el 60 por ciento de los senadores y más del 40 por ciento de los diputados del período 1990-2016 «asistió a colegios de élite, estudió carreras universitarias de élite, o ambas cosas”.
Un quinto nudo lo conforma un sistema educativo cuya estructura altamente segmentada no permite asegurar la suficiente igualdad de oportunidades, en tanto un sexto nudo es la consolidación de una serie de principios normativos que justifican y naturalizan las desigualdades existentes.
Seis grandes nudos que conforman finalmente una gran caldera a presión sobre la precaria condición de país.
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 878, 23 de junio 2017.
El 10% más rico gana 26 veces más que el 10% más pobre
Gonzalo Valenzuela-El Mostrador
Entender, vivir o siquiera percibir la desigualdad nos emplaza en corresponsables de una construcción social que debe ser cambiada por el derecho de vivir en paz y en dignidad, tanto por las futuras generaciones como por quienes hoy viven y vivirán de sus jubilaciones. Reconociendo su carácter multidimensional es posible situar la desigualdad en tres áreas limitantes para enfocar una humilde reflexión en torno a la misma: nivel de ingresos en los chilenos, sistema educacional y nuestra participación como miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Una de las primeras preguntas a desarrollar consiste sustancialmente en ¿qué entendemos por desigualdad? Ésta puede ser explicada desde la lógica materialista, como el fenómeno social que afecta directamente la cohesión, el bien común y la calidad de vida en una población, estableciendo brechas inconmensurables entre vidas más confortables y vidas más desfavorables. Se atribuye principalmente este fenómeno a la distribución de los ingresos, en un contexto donde el motor de la riqueza de una nación proviene principalmente de sus trabajadores.
Entendido esto, se puede generar lineamientos para medir qué tan desigual podemos estar comportándonos como sociedad. Universalmente existen varios métodos (como el índice de Atkinson o la curva de Lorenz) con los cuales podemos realizar ésta cuantificación, siendo quizás el más aplicable el coeficiente de Gini, quien accede a graficar la distribución de las riquezas en relación con la equidad social, situando numéricamente de 0 a 1 la relación de menor o mayor desigualdad. En éste caso, es atribuible un país con Coeficiente Gini 0 quien tiene perfecta igualdad y a los países más acercados a 1 representan elevados índices de desigualdad, lo que arrastra en definitiva múltiples malestares sociales a raíz de profundos sucesos negativos a la hora de mejorar las condiciones de vida.
A finales de noviembre 2015, la OCDE presentó el Estudio económico de la OCDE Chile 2015 incluyendo su último informe sobre distribución del ingreso, donde nuestro país lidera el ranking de los más desiguales con un índice de Gini de 0,503 entre el periodo 2006 al 2011, compartiendo los últimos puestos con Turquía y México. En la otra vereda encontramos a Finlandia, Dinamarca y Noruega, quienes presentan un índice de Gini de 0,261, siendo los países con menor desigualdad dentro de la OCDE. Dentro del estudio, se señala que el crecimiento económico en Chile debe ser más inclusivo, hoy el 10% más rico gana 26,5 más que el 10% más pobre superando en más de un 100% el promedio de los países en la organización internacional.
Es preciso señalar que pobreza y desigualad no significan lo mismo, si bien, Chile en estos últimos 25 años ha reducido sus niveles de pobreza (aunque se vuelve menester señalar que existen grandes desafíos en políticas públicas para superar la pobreza y extrema pobreza en Chile, teniendo presente la actualización de las metodologías con que ésta es medida y la necesidad de la misma por recalcular la línea de la pobreza), se observa con gran preocupación como la brecha entre quienes tienen más aumenta ostensiblemente a un grupo minoritario de la población chilena.
A partir de enero 2016, también comenzó a regir el reajuste a la remuneración del ingreso mínimo para los trabajadores, que contó con el acuerdo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el gobierno, así como fue aprobado por unanimidad en el Senado. Y aquí es dable poder realizar la siguiente pregunta: ¿Cuando una desigualdad podría ser socialmente tolerable? si es que ya no lo es. En este sentido, respecto a la desigualdad de ingresos es oportuno señalar que los hombres ganan más que las mujeres desempeñando la misma función o cargo; los parlamentarios de la cámara de diputados ganan sobre 40 veces un sueldo mínimo mientras que los senadores ganan sobre las 80 veces. Y el 1% más rico de Chile paga lo mismo en Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el 20% más pobre, al momento de comprar un kilo de pan.
La desigualdad también se encuentra presente en el actual sistema de educación chileno. Lo que debiese ser un derecho garantizado por el Estado, por un lado, se encuentra predeterminado por la lógica del mercado (educación de enseñanza básica y media particular pagada y una buena parte de la subvencionada; así como toda la rama crediticia frente al acceso a la educación técnica profesional y superior), mientras que por otro lado se observa un debilitamiento de la educación pública, tanto en el ámbito de enseñanza básica y media, como en las instituciones de educación superior pertenecientes al Estado, sobre todo, las que tienen carácter focalizado en lo regional.
Es más, constitucionalmente el Estado no garantiza directamente el derecho a la educación. En el artículo 19° sobre las garantías constitucionales, número 10 inciso 2, establece que “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. Con ello, el Estado se desentiende constitucionalmente de todos los niños que por distintas razones socioeconómicas no puedan estar estudiando en la actualidad y vivan en situación de calle, sin desmerecer el rol y potenciamiento del mismo que debemos propender otorgar al Sename.
Actualmente existen mecanismos de medición que buscan acercarse a conocer la calidad educacional en el ámbito escolar y medio. El sistema de medición de la calidad en la educación (SIMCE) fue creado en 1988 como un sistema de evaluación e información respecto del aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, más allá de la información relevante que pueda proporcionar este mecanismo, actualmente sus resultados sólo contribuyen a la competitividad entre estudiantes de la esfera municipal, subvencionada y/o particulares pagados, donde en muchos casos todo se predetermina a la condición socioeconómica de sus padres. Aquí encontramos otro factor de desigualdad, debido a la segregación por poder adquisitivo y de requisitos de precio determinados por los establecimientos educacionales.
Hace un par de días volvimos a evidenciar que en Chile existe una gran brecha de desigualdad y que se refleja en los promedios obtenidos en la prueba de selección universitaria (PSU) frente al acceso a la educación superior. Los datos proporcionados por un académico de la Universidad de Santiago de Chile evidenciaron que el 71% de los estudiantes provenientes de la educación municipal no alcanzaron los 500 puntos hacia las postulaciones 2016. De acuerdo a la información entregada por el CRUCh la diferencia en el promedio nacional PSU de un colegio particular respecto a los establecimientos municipales llegó a los 138 puntos, donde la educación privada obtuvo un promedio nacional de 606 puntos, mientras que los municipales promediaron los 468.
El presente análisis sobre la desigualdad en Chile contextualizado tanto en el nivel de ingresos, la posición del país frente a sus pares OCDE y la estructural brecha desigual del sistema educacional, debe hacernos pensar en la importancia de un urgente cambio de reglas. Un cambio que permita superar las condiciones adversas que millones de chilenos sufren día a día en contextos desfavorables como por ejemplo no poder brindarle una educación como derecho gratuito y de calidad asegurada a través del sistema público.
La educación es una herramienta vital para el desarrollo de la sociedad chilena. Con ella los ciudadanos pueden organizarse con más equidad instaurando un país con mayores principios de comunidad nacional, donde el más sano ayude al más enfermo, el más joven al más longevo, restableciendo el valor por el prójimo, por la solidaridad encausada no sólo al vivir mejor sino al vivir mejor juntos. Nuestro país necesita crecimiento económico, pero este debe avanzar hacia el desarrollo económico. Se llega al desarrollo cuando el crecimiento se traduce en beneficio hacia la sociedad mediante una justa distribución de las riquezas.
Por último, desde la incorporación de Chile a la OCDE en enero del 2010 el país ha debido enmarcarse en la misión del organismo internacional, considerando alcanzar una economía más justa, fuerte y limpia. Un reto que debe ser constante, honesto a la ciudadanía y con cambios esenciales que permita hacer de Chile un país desarrollado. A lo anterior, es fundamental se consolide las óptimas condiciones para desplegar un proceso de Asamblea Constituyente que permita al país tener una nueva Constitución. Recordemos que nos caracterizamos por ser el único país democrático en el mundo que vive bajo las reglas de una Constitución vigente proveniente un régimen no democrático.
