Evo Morales tras la condena y expulsión de funcionarios bolivianos: “Es una represalia porque demandamos a Chile ante La Haya”
Bolivia – Evo: «Es una represalia de Chile»
El presidente Evo Morales aseguró que el fallo que dictó la justicia de Chile, en el caso de los nueve bolivianos detenidos en ese país desde marzo, es una represalia por la demanda marítima que Bolivia instauró ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el país trasandino.
“Quedó demostrado que 9 bolivianos luchaban contra el contrabando. El fallo es una represalia porque demandamos a Chile ante La Haya», escribió en su cuenta de Twitter: @evoespueblo.
La justicia de Chile declaró culpables a los nueve bolivianos detenidos en ese país y los condenó a tres años de cárcel; sin embargo, sustituyó esa pena por su expulsión en un plazo de 30 días, además impuso un pago de 32. 176. 272 Pesos Chilenos.
Morales consideró que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, por “revancha” ordenó que los connacionales vayan presos, acusados por robo con intimidación, contrabando y porte de armas.
“Por revancha, hace tres meses, Heraldo Muñoz ordenó que 9 bolivianos vayan presos. Hoy la justicia de Chile acata esa instrucción», agregó en otro mensaje en la red social.
Aseveró también que el fallo de la jueza de Pozo Almonte, Iquique, Isabel Peña, fue «político», pues los nueve encarcelados son inocentes, verdad que Chile no pudo ocultar y tuvo que poner fin a la detención «ilegal».
“Fallo político. Los 9 bolivianos son inocentes; gobierno de Chile no pudo ocultar la verdad y tuvo que poner fin a la detención ilegal», publicó en otro tuit.
Agregó que «La defensa demostró que camiones chilenos llevaban contrabando, uno de ellos tiene frondoso prontuario. Los 9 bolivianos cumplían su deber».
En 2013, Bolivia presentó ante la CIJ una demanda contra Chile, para que se siente en la mesa del diálogo y atienda el pedido boliviano de un acceso soberano al mar, proceso que está en curso.
El Gobierno recibió con molestia el fallo de la justicia de Chile y anunció que proseguirá con la denuncia internacional, pues en el caso de la detención y en el proceso legal se vulneraron los derechos de los bolivianos.
García dice que fallo chileno confirma subordinación del sistema judicial y alienta el contrabando
l vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el fallo chileno contra los nueve bolivianos detenidos en la frontera responde a una instrucción política cumplida por un sistema judicial heredado “de la vieja dictadura”. Acusó además al Estado administrado por la presidenta Michelle Bachelet de fomentar el contrabando hacia Bolivia.
“Es una estructura judicial heredada de la vieja dictadura, que no ha sido modificada porque no han habido cambios constitucionales, muy difícilmente un juez o una jueza va ir en contra de lo que su presidenta -de manera acelerada, precipitada- lo definió meses atrás”, sostuvo en alusión a la acusación de robo que hizo Bachelet contra los nueve procesados y ahora condenados a tres años de prisión.
Horas después de la captura de los bolivianos cuando combatían el contrabando en la zona de frontera, la presidenta chilena afirmó que fueron detenidos porque “tenían la intención de robar más camiones”. Este miércoles fueron condenados por robo e intimidación, portación ilegal de armas y contrabando.
El presidente Evo Morales atribuyó este jueves el fallo a una venganza por la demanda marítima instaurada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por lo que anunció que el Estado acudirá a las instancias internacionales para exigir un resarcimiento. Un día antes, el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que se apelará al Pacto de Bogotá para pedir una investigación.
La juez de Pozo Almonte Isabel Peña condenó a los acusados a tres años de cárcel y a pagar una multa de más de $us 48.000 por contrabando. La Fiscalía consideró que los vehículos oficiales en los que se movilizaban ese 19 de marzo los bolivianos fueron introducidos a suelo chileno de forma ilegal.
García cuestionó los argumentos para la sentencia y denunció que el Estado chileno, con esa decisión judicial, no contribuye a la lucha contra el contrabando hacia Bolivia que –según el Gobierno- proviene en un gran porcentaje por las fronteras chilenas.
“La ilegalidad es del Estado chileno que no combate el contrabando, la ilegalidad es del Estado chileno que fomenta el contrabando hacia Bolivia. Han creado una institucionalidad policial y judicial acorde a la sostenibilidad del contrabando, es decir que ellos están institucionalizando desde el Estado el contrabando, eso es lo terrible”, insistió en una conferencia de prensa.
Añadió: “Entonces, no solamente tenemos un sistema judicial chileno que ha respondido a la instrucción política que le dio una autoridad máxima. Aquí no ha habido una evaluación de justicia, ha habido cumplimiento de una instrucción política. En segundo lugar, es un sistema judicial que sigue encubriendo en esta institucionalización estatal del contrabando. Dos cosas terribles”.
Bolivia denunció en diferentes foros internacionales lo que consideró una injusta detención y la falta de voluntad para resolver por la vía diplomática este asunto en frontera. Chile respondió que era un problema que estaba en la justicia. “Chile tiene que saber que no puede abusar impunemente de un país hermano”, sostuvo.
García llamó a los bolivianos a extremar esfuerzos para potenciar la economía y su influencia para hacer frente a Chile. “Sigamos potenciando Bolivia, que eso va a ser la mejor forma de canalizar la rabia, porque da rabia tanto abuso, injusticia”, dijo.
Chile – Tribunal de Garantía de Pozo Almonte decretó la expulsión de bolivianos detenidos
El Tribunal de Garantía de Pozo Almonte decretó la expulsión de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos el 19 de marzo pasado, cuando Carabineros los acusó de apropiarse de un camión con mercaderías en la localidad de Colchane, en territorio chileno.
Durante la audiencia de juicio simplificado, la jueza Isabel Peña acreditó el delito de contrabando y de robo con violencia contra los dos militares y siete funcionarios de Aduanas. Además, contra los dos militares se imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego.
En su sentencia, la jueza condenó a tres años y un día por el delito de robo con violencia a Carlos Calle, Alex Carvajal, Arsenio Choque, Edilberto Flores, Karl Guachalla, Diego Guzmán, Bryan Quenallata, David Quenallata y Casimiro Tórrez, y al pago de una multa de poco más de 32 millones de pesos por contrabando.
Además, Carvajal y Calle fueron condenados a tres años y un día, por el delito de porte ilegal de armas.
El fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres, planteó que «yo creo que es fundamental analizar la conducta esperable de un funcionario público ante un delito flagrante. No es posible ni aquí ni en Bolivia que ante la comisión de un delito flagrante los funcionarios públicos simplemente no detengan, no pongan a disposición de las autoridades a aquellos que están cometiendo el delito y simplemente se lleven las especies producto de aquel ilícito».
En tanto, el abogado de los bolivianos, Claudio Vila, comentó que «hemos sostenido una charla con los nueve funcionarios públicos bolivianos, quienes nos han reiterado la petición de que analicemos adecuadamente los pasos a seguir y es por eso que en esta audiencia no hemos renunciado a nuestro derecho a apelar, derecho que corre a partir de hoy por cinco días, es decir, hasta el día lunes».
La expulsión de Chile de estos bolivianos se realizará en los próximos 30 días, tras los cuales no podrán ingresar al país en 10 años, mientras que Carvajal y Calle no lo podrán hacer en 20.
Chile pide evitar politización tras fallo tribunal que condenó a bolivianos
El Gobierno de Chile pidió ayer evitar la politización del caso de los nueve ciudadanos bolivianos que este miércoles fueron condenados por delitos de contrabando, robo con violencia y porte ilegal de armas, y que serán expulsados del país.
«El Gobierno de Chile respeta los fallos de los tribunales y los cumple íntegramente, en línea con la independencia y separación de los poderes del Estado», señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, en un comunicado difundido la noche del miércoles.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que condenó y ordenó la expulsión en un plazo de 30 días, de los nueve acusados (dos militares y siete funcionarios de Aduanas), quienes permanecían detenidos en una cárcel chilena desde el pasado mes de marzo.
La jueza Isabel Peña dio por acreditados los delitos de robo con violencia y contrabando para los siete funcionarios, y el de porte ilegal de armas para los dos militares que los acompañaban.
La declaración de la Cancillería subraya que «el tribunal competente estableció que los nueve detenidos cometieron delitos en territorio chileno, condenándolos a distintas penas» y agrega que «sustituyó las penas aplicadas por la expulsión del país.
«Tanto la defensa de los detenidos como la opinión pública nacional e internacional son testigos de que se cumplieron plenamente las normas del debido proceso», agrega la declaración del canciller Muñoz.
La resolución judicial generó el rechazo de las autoridades de Bolivia, cuyo presidente, Evo Morales, sostuvo en su cuenta de Twitter que se trató de un fallo político y enfatizó que los detenidos eran inocentes.
«Quedó demostrado que 9 bolivianos luchaban contra el contrabando. El fallo es una represalia porque demandamos a Chile ante La Haya», señaló Morales en alusión a la denuncia presentada por su Gobierno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se obligue a Chile a negociar el otorgamiento al país altiplánico de una salida al mar.
Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile sostuvo que «los detenidos han contado con una amplia defensa y condiciones apropiadas, incluyendo la visita de representantes de la Cruz Roja Internacional y numerosas autoridades bolivianas y familiares que los han visitado reiteradamente».
«Hacemos un llamado a evitar situaciones de politización de procesos judiciales y que, de este caso, se saquen las conclusiones correspondientes para el futuro», concluye la nota de la Cancillería.
La Razón