El caso Odebrecht – Por Rafael Correa, expresidente de Ecuador
Creer que las detenciones y allanamientos de la madrugada del 2 de junio, son fruto de poco más de una semana de trabajo -con feriado incluido-, es ingenuidad extrema o abierta mala fe.
La verdad es que mientras unos hacían charlatanería y demagogia con algo tan serio y sensible como la lucha contra la corrupción, desde hacía varios meses nos reuníamos cada semana con el Servicio de Rentas Internas (SRI); la Unidad de Análisis Financiero (UAF); la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) -todas ellas instituciones dependientes del Ejecutivo-; y con la propia Fiscalía, para seguir todas las pistas posibles, fruto de viajes de altos funcionarios a Estados Unidos, Brasil y Perú, cooperación penal con España y Suiza, así como de información de ejecutivos de Odebrecht, exfuncionarios de gobierno, y varias “listas” que circulaban por doquier. Mientras tanto, con fines políticos, teníamos un bombardeo mediático tratando de hacer creer a la ciudadanía que se estaba ocultado la supuesta lista, la cual, sin pruebas, no representaba absolutamente nada, y que en realidad nunca existió.
Lo que existe son delaciones de empresarios corruptos, información que las correspondientes autoridades brasileñas iban a dar a conocer tan solo el 1 de junio, debido a un acuerdo de confidencialidad con los delatores. Para esa fecha, el Gobierno y la Fiscalía buscamos tener todo listo para que la justicia pudiera actuar con contundencia. En función de aquello se investigaron movimientos financieros, tributarios, las empresas relacionadas, se mantuvo bajo vigilancia a los sospechosos y se ubicaron sus domicilios y oficinas, para poder actuar inmediatamente con las detenciones y allanamientos.
Sí molesta y ofende la falta de mención de todo este trabajo de meses, haciéndole el juego a la oposición sobre que se quiso ocultar algo. Prometimos una revolución ética y cumplimos. Ya no existe la corrupción institucionalizada de antaño, cuando, descaradamente, se repartían las aduanas; se llevaban en peso las telefónicas; se toleraba antros de corrupción y maltrato como el viejo Registro Civil o las cortes penales; se hacían negociados con el almacenamiento del gas o la compra de electricidad carísima a barcazas particulares; o, incluso, cuando se robaba “legalmente”, como fue el caso de la Ley AGD y del Feriado Bancario, consecuencias de un poder político totalmente capturado por intereses particulares.
Los lamentables casos de corrupción que hemos enfrentado en los últimos meses, han sido investigados y sancionados. El caso Refinería de Esmeraldas ya cuenta con sentencia en varios de los procesos iniciados, pero como se demostró que el cabecilla era el socialcristiano Charlie Pareja Cordero, exsecretario privado de León Febres-Cordero y jefe de varias campañas socialcristianas, y, dicho sea de paso, también vinculado con Odebrecht, la prensa ha hecho ‘mutis’ por el foro.
El único “pez gordo” del anterior Gobierno fue Carlos Pareja Yannuzzelli, el cual trabajó en el sector petrolero con varios gobiernos, y que, para tratar de asegurar su impunidad apoyó descaradamente a la derecha en las últimas elecciones. Al perder impacto político el caso Refinería, apostaron totalmente a especular con el caso Odebrecht, pese a que conocían perfectamente que hasta el 1 de junio era muy difícil actuar. Las detenciones que se dieron en Colombia y Perú fueron fruto de delaciones, no del acceso a la información de Brasil, y, en este último país, el acuerdo al que se llegó con la empresa, sería imposible en el marco jurídico ecuatoriano, pues es garantizarle prácticamente impunidad absoluta.
Pese a que el caso Odebrecht se extiende a doce países, en Ecuador la politiquería ha atacado a la propia institucionalidad del Estado, pretendiendo, como siempre, hacernos creer que somos los peores y que aquí nada funciona. En democracia habrá que soportar ilustres desconocidos que llenos de vanidad y odio a la Revolución Ciudadana, se autodenominen “Comisión Nacional Anticorrupción”.
Lo que sí sorprende es que se nombren oficialmente comisiones ad hoc, y, más aún, se pida “ayuda” a organismos internacionales, claudicando en lo avanzado todos estos años en cuanto a institucionalidad y soberanía se refiere. Por supuesto, dada la presión mediática, cualquier comisión ad hoc, para ser “autónoma” y “creíble”, deberá estar también contra la Revolución Ciudadana. Hace algunos años estalló un caso muy similar de corrupción por parte del consorcio alemán “Siemens”.
Las investigaciones arrojaron que la multinacional, que empleaba cerca de medio millón de personas en 190 países, había entregado más de 400 millones de euros en sobornos alrededor del mundo, incluyendo varios países europeos. A su presidente ejecutivo, Heinrich von Pierer, la nueva canciller Angela Merkel le había ofrecido el Ministerio de Economía, y, al no aceptarlo, lo puso al frente del Consejo para la Innovación. No recuerdo que por esto alguien haya llamado “corrupta” a Ángela Merkel, o que, en España, donde también operó dolosamente Siemens, se haya llamado a la ONU o nombrado comisiones ad hoc. Todo se investigó y sancionó dentro de la institucionalidad del Estado.
La clave del desarrollo es crear capacidades y creer en ellas. La politización de la lucha anticorrupción y las respuestas fuera de la institucionalidad del Estado, no nos fortalecen, nos debilitan. Confiemos en el nuevo país que tenemos. ¡Venceremos a la corrupción!
