Asesinan a otro líder social en Colombia y ya son 36 en lo que va del año
«El país no puede repetir la historia de la UP»: Procurador sobre asesinato de líderes sociales
El procurador General, Fernando Carrillo Flórez considera que se debe tomar una decisión de fondo frente a los casos de los líderes asesinados en los últimos meses en el país. Por esto pidió implementar un programa de protección y seguridad para estos líderes que han sido amenazados y amedrentados por su trabajo social y su defensa del proceso de paz.
«Estamos absolutamente consternados, este país no puede repetir la historia de la Unión Patriótica, no hay que aguantar el asesinato de un líder más», precisó Carrillo. En este sentido señaló que se presentará un proyecto con el fin de que se tomen cartas en el asunto frente a estrada grave problemática.
Para el Procurador General frente a la seguridad de los líderes sociales se debe tomar una acción «combinada, seria y pragmática, hay que proteger a los líderes porque ahí está la prueba de fuego del proceso de paz».
En la noche del pasado miércoles fue asesinado Bernardo Cuero, líder de la Mesa Departamental de Víctimas de Atlántico y fiscal nacional de la Asociación Nacional de Afrodescendientes (Afrodes), por hombres armados que ingresaron a su vivienda en el barrio Villa Esperanza, del municipio de Malambo, en Atlántico.
Cuero, de 62 años, recibió cuatro disparos que acabaron de inmediato con su vida. Según primeras versiones, a la casa llegaron dos hombres en motocicleta, que simularon estar buscando una casa hasta que llamaron la atención del líder afro. Cuando salió, fue tiroteado.
Hace solo 19 días, a la sede de Afrodes en Cali llegó un paquete con un mensaje intimidante y explícito: un pequeño ataúd con una cruz y un papel adentro. El papel contenía un escrito reivindicado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que Erlendy Cuero, vicepresidenta de la organización, Arnaldo Hernández, líder de la organización en Cartagena, y otros líderes de la organización fueron declarados objetivo militar.
Defensoría había advertido riesgo para líder social y de derechos humanos asesinado en Malambo (Atlántico)
La Defensoría del Pueblo rechaza el crimen de Bernardo Cuero Bravo, víctima de desplazamiento forzado, delegado por la organización AFRODES a la Mesa de Participación de Víctimas de Atlántico y miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo.
Cuero Bravo denunció reiteradamente amenazas en contra de su vida. En este sentido, la Defensoría en su informe de riesgo “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos” del 30 de marzo de 2017 advirtió el peligro para los defensores de derechos humanos de Barranquilla, su área Metropolitana e integrantes de la Mesa de Víctimas departamental.
En este informe se documentaron al menos 500 amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos, dentro de los cuales se relaciona el caso de Bernardo Cuero Bravo. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones elevadas a las autoridades, se registró el hecho violento.
Por lo anterior, la Entidad solicitó a las autoridades nacionales y locales que se adelanten las investigaciones, la identificación y judicialización de los responsables del asesinato de Bernardo Cuero. Así mismo, que garanticen la vida e integridad de todos los defensores de derechos humanos en el Atlántico y especialmente en Barranquilla, donde se focalizan los mayores niveles de riesgo para esta población.
Estos son los 36 líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación
Hace cinco meses comenzó la implementación de los acuerdos de paz. El primero de diciembre, conocido dentro del cronograma de dejación de armas como el día D, el gobierno y las Farc echaron a andar una hoja de ruta para que esa guerrilla, la más antigua del continente, se convierta por fin en un partido político legal, que hable con votos y no con balas.
Desde entonces, a los obstáculos por las demoras en la entrega de las zonas veredales, los debates políticos de reglamentación de los acuerdos y la eterna pelea entre el gobierno y la oposición, se ha sumado un problema: el asesinato de líderes sociales. Han matado a 33 dirigentes que van desde presidentes de juntas de acción comunal, miembros de la Guardia Campesina, líderes indígenas, estudiantes, etc.
A partir del día D, ¡Pacifista! decidió hacer un contador para registrar esos asesinatos. A partir de ahora, alimentaremos esa lista en este artículo, que se convertirá en una especie de bitácora de la tragedia que significa perder a los hombres y mujeres que van a implementar la paz en las regiones. Mientras el gobierno dice que las muertes no son sistemáticas, y los paramilitares en Colombia no existen, este contador seguirá presente. Ojalá que no crezca.
36. Bernardo Cuero Bravo
Dos hombres se acercaron a Bernardo cuando él miraba un partido de fútbol en una cancha del barrio Villa Esperanza en Malabo, Atlántico. Venían un una moto negra y le preguntaron si por el área se arrendaba algún apartamento, “cuando Bernardo se acercó para atender a los sujetos uno de ellos saco un arma y lo último en presencia de su compañera y demás familiares y luego huyeron del lugar”, según denunció la organización Afrodes, de la que él era el fiscal nacional.
Según la Defensoría del Pueblo, “Cuero Bravo denunció reiteradamente amenazas en contra de su vida. En este sentido, la Defensoría en su informe de riesgo “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos” del 30 de marzo de 2017 advirtió el peligro para los defensores de derechos humanos de Barranquilla, su área Metropolitana e integrantes de la Mesa de Víctimas departamental”.
35. Álvaro Arturo Tenorio Cabezas
A las 4 de la tarde del 18 de mayo, desconocido abordaron a Álvaro Arturo y le dijeron que lo habían llamado para una reunión. El líder social “se dirigió al sitio de la reunión con sus dos hermanos y en el sitio Bocas de Guilpi sobre el rio Patía los desconocidos dispararon sus armas de fuego en contra de su humanidad”, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica. Ese mismo documento señaló que a Tenorio Cabezas lo mataron de 10 disparos.
Las autoridades investigan las causas del crimen.
34. Mario Andrés Calle Correa
El 14 de mayo a las 9.30 de la mañana, desconocidos llegaron al Corregimiento Santa Rosa de Tapias, Vereda Pomares, del municipio de Guacarí en el Valle del Cauca buscando a Mario Calle. Encapuchados, le dispararon tres veces y lo mataron en medio del pueblo. Calle tenía 40 años y era el presidente de Astracava subdirectiva Guacarí desde marzo de 2016.
33. Jorge Chantre Achipiz
En la tarde del jueves 5 de abril fue asesinado el líder indígena y dirigente de la comunidad Nasa, quien se desempeñaba como secretario del Cabildo de Pueblo Nuevo, en el corregimiento de Mesetas, en el Valle del Cauca. Según la versión de los familiares Chantre estaba trabajando en un lote muy cerca a su casa, donde recibió un disparo en el abdomen. Su cuerpo fue trasladado al hospital de Jamundí, en el que sus seres queridos esperan el resultado de la necropsia.
32. Diego Fernando Rodríguez
El representante legal del Consejo Comunitario de Ganaplata y Canei, dos veredas del municipio de Mercaderes, en el Cauca, fue encontrado sin vida este jueves. Al parecer, fue asesinado con arma blanca. Rodríguez era un reconocido líder social de la región y había sido el presidente de la Junta de Acción Comunal de esas veredas en el periodo pasado. Las autoridades investigan las circunstancias en las que fue asesinado el líder social.
31. Gerson Acosta
Este miércoles 19 de abril a las 4 y 40 de la tarde llegó sin vida al hospital de Timbío, en el Cauca, Gerson Acosta, el gobernador del cabildo indígena Kite Kiwe de la vereda La Laguna de este municipio. Según información preliminar, Acosta fue asesinado cuando “salía de una reunión de su comunidad, y un sicario le disparó en repetidas ocasiones. La comunidad lo auxilió, lo trasladó de urgencia a hospital cercano pero llego sin signos vitales”. El líder tenía medidas de protección de la UNP tipo uno. Es decir, escoltas.
30. Rubiela Sánchez Vanega
A las 8:30 de la mañana de este martes 20 de abril, Rubiela regresaba a su casa, en la vereda Las Cruces del municipio San Vicente Ferrer en Antioquia, de llevar la leche que había producido al tanque recolector. En ese momento, hombres armados se acercaron y la asesinaron. “Era una mujer campesina, luchadora, sola, le había tocado batallar para salir adelante”, la recuerda Gloria Quintero, presidente de la Asociación de Mujeres del municipio (AMUSAVI). El alcalde del municipio, Roberto Jaramillo Marín, denunció el hecho y las autoridades aún no se han pronunciado.
29. Eliver Buitrago
Este domingo 2 de abril, en pleno casco urbano del municipio de mMesetas, en el Meta, fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires de ese lugar. Desconocidos mataron a disparos a Elber Buitrago, en hechos que todavía son materia de investigación. Al día siguiente, los campesinos decidieron bloquear la carretera para protestar por el homicidio de este líder social.
28. Alvenio Rosero
En la vereda La Unión, del municipio de San Miguel en pleno Putumayo, desconocidos llegaron a la casa de Alvenio Rosero y le dispararon. Fue el lunes 27 de marzo, a la 1 de la mañana y los vecinos avisaron de inmediato al presidente de AsoJuntas en la región, Jaxin Oswaldo Solarte Rosero. Este martes, a través de un comunicado, Solarte comunicó la noticia y dijo, además, que “se desconoce los hechos que le ocasionaron la muerte”. Dijo también que “La acción comunal esta de luto, un líder más que perdemos, nos solidarizamos con sus familiares por la gran perdida de nuestro estimado presidente”.
27. Javier Oteca
El 22 de marzo a la 1.40 de la tarde, Javier Oteca fue asesinado en la finca Miraflores del municipio de Corinto, en el Cauca. Según la Asociación de Cabildo Indígenas del Norte del Cauca (Acin), “este hecho fue perpetrado por personal que labora en los ingenios azucareros, (…) a escasos metros donde se encuentra el ejército y la policía nacional.
25 y 26. Luz Ángela Anzola y José Antonio Anzola
Dos sindicalistas fueron asesinados el domingo 5 de marzo en “la finca Guayabetal ubicada en la vereda Alto Gobernador del municipio de Mesetas”, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía del Meta. Se trata de Luz Ángela Anzola Triana, de 45 años, quien, según las autoridades “fue objeto de atentado contra su humanidad, presentando herida por arma de fuego en la región temporal izquierda”. Con ella murió su hermano José Antonio Anzola Tejedor, de 61 años, quien “fue encontrado sin vida en la vereda Buenos Aires de Mesetas, con heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo”, según el mismo comunicado de la Policía. Fuentes consultadas por ¡Pacifista!, los hermanos Anzola militaban desde hace tiempo en el partido Comunista y eran beneficiarios de uno de los proyectos conjuntos entre la organización Cumbre Agraria y el ministerio de Agricultura.
En un principio las autoridades dijeron que ellos habían intentado robar una finca, y que por eso los habían matado, pero estas mismas fuentes, y el comunicado posterior de la Policía, desvirtuaron esa información. Estos campesinos son los dos primeros líderes sociales asesinados en el Meta desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz el pasado primero de diciembre. La cifra, que aumenta drásticamente, aún no parece llamar la atención del gobierno ya que ningún funcionario se ha referido ni a estos ni a ninguno de los 26 homicidios.
24. Fabián Rivera
El pasado dos de marzo, hombres encapuchados acabaron con la vida de otro dirigente comunitario, en Bello, Antioquia. Se trata de Fabián Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal Rosalpi, que fue interceptado por varios hombres encapuchados mientras viajaba en su moto. Los sicarios le dispararon y le causaron la muerte. El hecho, según medios de comunicación regionales, sucedió “en cercanías al cementerio San Andrés, en la diagonal 61 con la avenida 49, en el barrio Niquía Camacol, sector que está bajo el control de la banda que lidera alias el Tío y que está aliada con la banda El Mesa”.
En un comunicado público, la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Bello rechazó “el vil crimen de este líder comunal” y le solicitó a “las autoridades competentes hallar a los responsables del hecho”.
23. Alicia López Guisao
Este 2 de marzo, en pleno centro de Medellín, hombres armados se metieron en el taxi de Alicia López Guisao y la asesinaron. Alicia trabajaba en la ejecución del proyecto “Cumbre Agraria y Gobierno Nacional con Asokinchas – CNA en el departamento del Chocó”, según pudo conocer ¡Pacifista!. Al parecer, Alicia pertenecía a la organización Congreso de los Pueblos, pues en su cuenta en Twitter este movimiento político lamentó la muerte de la dirigente: “#DDHH Con indignación informamos del asesinato de la compañera Alicia López Guisao quien acompañaba proyecto @CumbreAgrariaOf del Chocó”, trinaron.
22. Eider Cuetía Conda
El 26 de enero, en zona rural del municipio de Corinto, en el Cauca, un miembro de la Seguridad Campesina conocido como Eider Cuetía Conda fue asesinado por “hombres encapuchados que le dispararon varias veces desde una moto”, según le contó a ¡Pacifista! un miembro de la comunidad. La Seguridad Campesina es un mecanismo creado en el Catatumbo por miembros de asociaciones comunitarias, que se está replicando en varias veredas del Cauca. Justamente en Corinto, líderes sociales han denunciado la presencia de hombres encapuchados y la aparición de graffitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
21. Wilfredy Gómez Noreña
Wilfredy Gómez Noreña, un bogotano de 32 años, era desde hace tiempo el representante de una asociación comunal de Usme, al sur de la capital. Hacía parte de la mesa de Derechos Humanos de la ciudad y ya había recibido amenazas por parte de un grupo conocido como Los Rastrojos. Hasta que el 29 de enero, hombres encapuchados llegaron al barrio Compostela, en Usme, y lo asesinaron. Gómez Noreña había sido mencionado en panfletos amenazantes por su liderazgo social, y no contaba con ninguna medida de protección. El caso, según el alcalde de esta localidad bogotana, quedó en manos de la Fiscalía, quien investiga los posibles autores del crimen.
20. Faiver Cerón Gómez
Cuando Faiver regresó de una reunión con autoridades locales y miembros de la Gobernación del Cauca, fue alcanzado por dos hombres en moto. Ahí, a 10 minutos de la cabecera municipal lo detuvieron y le dispararon en varias ocasiones. Mataron el 19 de febrero al presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Esmeraldas, en el municipio de Mercaderes. El propio presidente Santos le pidió a las autoridades que investiguen el caso: “”He solicitado a la @PoliciaColombia y @FiscaliaCol esclarecer de inmediato el asesinato del pdte de la JAC del corregimiento de Esmeraldas, Cauca”. Vea también: Por qué el asesinato del líder social número 20 debe sacudir a los colombianos.
19. Luz Herminia Olarte
Desapareció el pasado 28 de enero en el corregimiento Llano de Ochalí, en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia. Días después, el 7 de febrero, unos campesinos hallaron su cuerpo entre matorrales y cubierto con ramas en una zona boscosa de la vereda Las Cruces. Al parecer fue atacada con un machete. Olarte pertenecía a la Junta de Acción Comunal de su corregimiento. Era madre de cuatro hijos y se encargaba del cuidado de su padre, un hombre de avanzada edad. Su caso dejó preocupados y afligidos a los vecinos del sector, pues en el lugar nunca se había presentado un hecho de violencia de este tipo.
18. Edilberto Cantillo
El 5 de febrero, a las 7 de la noche, dos hombres llegaron a la vereda Entre Ríos, en el municipio del Copey en Cesar. Le preguntaron a Edilberto por su nombre y cuando respondió, lo mataron a tiros. Tenía 55 años, hacía parte de la Asociación Veredal de Víctimas y era reconocido en el pueblo como un activo reclamante de tierras. “El gobierno está hablando de paz, pero no nos está garantizando a las víctimas la vida; hoy asesinan a un compañero de nuestra comunidad y mañana no se sabe si de pronto será otro, ya hay personas que se desplazaron”, le dijo al periódico El Pilón de Valledupar Deyis Carmona Tejada, líder de víctimas del municipio de El Copey y miembro del Comité de Justicia de Transicional de la Mesa de Víctimas.
17. Porfirio Jaramillo
La noche del 28 de enero, cuatro hombres armados entraron en la casa de Porfirio Jaramillo en la vereda Guacamayas, en Turbo (Antioquia) para llevárselo con rumbo desconocido. En la madrugada del domingo lo encontraron muerto. Jaramillo, reconocido reclamante de tierras en la región, había recibido amenazas en los últimos días, por eso le solicitó a la Unidad Nacional de Protección un esquema de seguridad. Sin embargo, las peticiones fueron rechazadas por el organismo.
16. Yoryanis Isabel Bernal
Esta líder se desempañaba como defensora de los derechos de las mujeres de su comunidad. La gente la recuerda como una persona que siempre estaba en busca de soluciones a las necesidades de los suyos en Santa Marta. También apoyaba una delegación wiwa asentada en Riohacha. La asesinaron el pasado jueves 26 de enero en Valledupar de un disparo en la cabeza. Sus familiares llevaron su cuerpo a Santa Marta donde tuvieron lugar los actos fúnebres. La investigación está en manos del CTI de la Fiscalía. “Nos quitaron a una gran líder, y cuando esto sucede, nuestra cultura se baja porque no hay mucha gente valiente para enfrentar nuestros problemas de orden público, que siempre son peligrosos”, dice el cabildo gobernador Kogui José de los Santos Sauna.
15. Hernán Agames
En la vereda San Ciprian, del corregimiento Tierradentro, de Montelíbano (Córdoba), fue asesinado Hernán Agamez Flórez. Según la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, afiliada a Marcha Patriótica, Agamez era “parte del comité cocalero y dinamizaba políticamente” la preparación de las comunidades para la fase de implementación de los puntos uno y tres del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc en La Habana.
De acuerdo con la Asociación, el cuerpo sin vida de Agamez fue trasladado desde San Ciprian hasta el corregimiento Juan José, en Puerto Libertador (Córdoba), por campesinos e integrantes de la guardia indígena Zenú San Jorge. Desde allí fue trasladado a la morgue del municipio de Puerto Libertador. Vea también: Estos son los 15 líderes asesinados desde que arrancó la implementación de los Acuerdos de Paz
14. Emilsen Manyoma
Esta líder de 31 años y su esposo se convirtieron en las dos primeras víctimas de violencia armada en Buenaventura en 2017, según la Fiscalía. Emilsen era una reconocida líder y defensora de derechos humanos de la región del Bajo Calima y miembro de la Red Conpaz, que busca construir paz desde los territorios. “De acuerdo con el director del CTI en el municipio, Omar Bonilla, los homicidios se habrían hecho con arma blanca.
Los cadáveres, que se encontraron en un avanzado estado de descomposición, fueron hallados en una zona selvática al lado de la vía férrea de Buenaventura, en la vereda El Limonar del Barrio El Progreso”, dijo el periódico El Espectador días después del fallecimiento de Manyoma. Emilsen era activista política y líder social desde 2005, y denunció duramente tanto la presencia paramilitar como el tráfico de drogas en el barrio El Calima, uno de los más peligrosos de Buenaventura.
13. José Yimer Cartagena
La policía de Carepa, un municipio del Urabá antioqueño, confirmó el 11 de enero la muerte del líder social Jose Yímer Cartagena. En circunstancias desconocidas, y mientras se desplazaba por la vereda Saiza, de ese municipio, varios sujetos acabaron con la vida del vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y líder del movimiento político Marcha Patriótica. La Defensoría del Pueblo se refirió al caso de este líder asesinado poco después de su muerte. “Condenamos el asesinato de José Yimer Cartagena Úsuga, vicepresidente de Asodecas. ¡Basta ya con la muerte de líderes sociales y de derechos humanos!”, indicó el organismo en su cuenta oficial en Twitter.
12. Juan Mosquera
Cuando Juan Mosquera se movilizaba por la vereda Salaquí, del municipio de Riosucio (Chocó), presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se le acercaron. Los acusaron a él y a su hijo —Moises Mosquera, de 33 años— de ser colaboradores del frente 57 de las Farc, y los asesinaron. Las autoridades investigan el caso, pero aún no han encontrado ni sospechosos ni culpables. Fuentes de la zona aseguran que una de las razones por las que fueron asesinados Juan y su hijo es que eran familiares de miembros de la guerrilla. Mosquera era un reconocido líder comunitario de la región del Bajo Atrato.
11. Yaneth Calvache
A Yaneth la mataron en su habitación. Cuando abrió la puerta de su cuarto para recibir un teléfono celular, un sujeto le disparó cuatro veces. Tres balas impactaron en el pecho y una en la mandíbula. Aunque fue auxiliada por su familia y amigos, murió cuando era trasladada al hospital. Yaneth era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca, y hacía parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, uno de los colectivos campesinos más articulados en esa región del país.
10. Aldemar Parra
Fue asesinado en zona rural del corrimiento La Loma, del municipio El Paso (Cesar). Era el presidente de la Asociación Apícola del Cesar y sobrino del presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Haltillo, de ese corregimiento. La comunidad de El Haltillo enfrenta un proceso de reubicación por cuenta de la contaminación del medio ambiente generada por la explotación carbonífera, y varios de sus líderes han sido amenazados por su labor en la defensa de los derechos humanos. Están a la espera de que la Unidad Nacional de Protección les asigne esquemas de seguridad.
Dos de las empresas que explotan carbón en la zona, Prodeco y Drummond, se pronunciaron sobre el hecho. La primera condenó el asesinato, hizo un llamado para que se investigara y dijo que a finales de 2016 “buscó la ayuda” del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar para implementar medidas de prevención y protección para la comunidad. Drummond, por su parte, rechazó los hechos y dijo que Parra es empleado de Colombia Natural Resources, que también saca carbón de ese departamento. El comandante (e) de la Policía en Cesar, coronel Mauricio Bonilla, dijo que Parra no era líder comunitario, pero que tres de sus familiares integran un comité de concertación con las empresas carboníferas. Tras el crimen, el Programa de Desarrollo y Paz expidió un comunicado en el que aseguró que “desde noviembre del año pasado advertimos sobre los riesgos que esta comunidad enfrentaba y ofrecimos nuestro apoyo para que se adoptaran medidas de prevención y protección”.
9. Olmedo Pito
El pasado 9 de enero, Marcha Patriótica denunció el asesinato de Olmedo Pito, comunero del resguardo Huellas Caloto, de indígenas Nasa, en el Cauca. Según esa organización, Pito fue asesinado en el corregimiento El Palo, de Caloto, a las 11:30 p. m., luego de “departir en un establecimiento público del corregimiento con algunas personas”. Dice la denuncia que, cuando el comunero se disponía a volver a su casa, “desconocidos se le acercaron y le propinaron tres heridas de arma blanca, dejándolo mal herido”.
Murió camino al hospital. Pito era, además de militante de Marcha, miembro del Movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia. El pasado 11 de enero, la Fiscalía informó que, presuntamente, fue asesinado por un hombre llamado Jesús Armando Troches, que lo atacó luego de que ambos tuvieran una “fuerte discusión”. El ente acusador dijo que el asesinato del comunero “no fue motivado por la condición de líder ni por hechos relacionados con la defensa de los derechos humanos en su cabildo”.
8. Anuar Álvarez
A pocos metros de su casa, ubicada en el municipio de Argelia (Cauca), desconocidos se acercaron a Anuar José Álvarez y le dispararon en tres ocasiones. El líder campesino, que se movilizaba en una motocicleta, “continuó su camino a bordo de la motocicleta y posteriormente se encontró un vehículo que venía en sentido contrario, a quienes les solicitó ayuda y de forma inmediata fue trasladado hasta el hospital de Argelia, pero por la gravedad de las heridas no pudieron salvarle la vida”, según explicó Marcha Patriótica en una denuncia pública. Álvarez era socio de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia. Además, coordinaba procesos de asociación campesina en la vereda Mirolindo, del corregimiento El Plateado, y trabajaba con el comité cocalero de esa localidad.
7. Guillermo Veldaño
Fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo). Era presidente de la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires e integrante del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo, que está afiliado a Fensuagro y a Marcha Patriótica. Su liderazgo se desarrollaba entre los corregimientos Teteyé y Puerto Vega, de Puerto Asís, donde los campesinos protestan frecuentemente por la explotación petrolera que realiza el Grupo Vetra, operador del Consorcio Colombia Energy. El crimen ocurrió muy cerca de la vereda La Carmelita, uno de los puntos donde las unidades del bloque Sur de las Farc dejarán las armas y empezarán su proceso de reincorporación. En la zona dicen que Veldaño era un importante defensor del agua y del medio ambiente.
6. Éder Mangones
La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar —un proceso social que defiende los derechos humanos y el medio ambiente— denunció que el pasado 10 de diciembre desconocidos asesinaron a Eder Mangones en la vía que conduce del municipio de Tiquisio al municipio de Norosí, ambos en el departamento de Bolívar. De acuerdo con la Comisión, Mangones se movilizaba en un mototaxi cuando fue asesinado. La Comisión aseguró que Mangones era “un pequeño minero, líder social de muchos años en el corregimiento de Mina Seca (Tiquisio) y actualmente hacía parte de la junta de acción comunal”.
5. Nataly Salas
El 3 de diciembre, Nataly Salas fue encontrada muerta en una laguna de Montería. La estudiante de 19 años, que se perfilaba como una activista estudiantil, también fue violada según las primeras declaraciones de las autoridades. El 14 de enero, más de 40 días después del asesinato, el papá de Nataly, Edwin Salas, le pidió a la Fiscalía que acelerara las investigaciones, pues hasta ese momento no habían encontrado ningún sospechoso del asesinato. “No estoy conforme con los que llevan este caso. Siempre que pregunto me dicen que el caso va adelantado, pero hasta el momento no hay capturas”, dijo Salas.
4. José Abdón Hoyos
En su informe sobre la situación de derechos humanos de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció que en la vereda San Isidro, de Sotará (Cauca), fue asesinado con arma de fuego José Abdón Hoyos, integrante de la Mesa de Víctimas de ese municipio. En abril de 2016, Hoyos le había pedido a la Corporación Autónoma del Regional del Cauca que identificara los humedales de una finca en la vereda Ullucos, determinara su estado y trazará una ruta para protegerlos con apoyo de la comunidad.
Según registró W Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, Pompy Pinzón, declaró que Hoyos “es integrante de la Mesa de Víctimas del municipio y aparece con unos registros: una condena por actos sexuales violentos y estaba vinculado a un proceso por porte ilegal de armas de fuego y homicidio, por lo cual tenía un impedimento para salir del país”. En 2001, la Fiscalía capturó a Hoyos por su presunta participación en la masacre de nueve excursionistas en el Parque Nacional Natural Puracé, ejecutada en febrero de ese año por las Farc. Más tarde, fue dejado en libertad.
3. Samir López
A comienzos de diciembre, la Policía informó que un hombre asesinó con arma blanca al concejal Samir López Visbal en su propia casa. La onegé Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de las personas LGBTI en la costa atlántica, informó que el concejal, de la Alianza Social Independiente, “se encontraba gestionando la creación de una oficina para la atención de las personas con orientación sexual e identidades de género diversas”.
Por eso, le pidió a la Fiscalía que investigara si el homicidio tuvo relación con su orientación sexual, pues López Visbal era abiertamente gay. La organización dijo, además, que López había recibido amenazas por hacerle oposición al alcalde de Galapa José Fernando Vargas, de Cambio Radical, destituido en octubre de 2016 por inscripción indebida. En un comunicado, la alcaldía de Galapa declaró que los hechos “no tienen relación con temas atienentes al ejercicio político”, aunque aún no han concluido las investigaciones. La Policía capturó al presunto asesino.
2. Luis Carlos
Tenorio En su informe sobre la situación de derechos humanos de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció el asesinato del médico tradicional Luis Carlos Tenorio a manos de desconocidos. Las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.
1. Vicente Borrego
Fue asesinado frente a su casa con múltiples disparos. Era un ganadero y comerciante de La Guajira, que fue concejal de Riohacha a comienzos de los años 90. Según el portal noticioso La Guajira Hoy, “en la actualidad estaba dedicado a apoyar a los amigos a corporaciones públicas de elección popular y también en la administración de sus fincas y bienes”. En 2014, la Fiscalía capturó a Borrego por su presunta participación en el asesinato de Iván Muñizen, profesor y sindicalista de la Asociación de Educadores de La Guajira. Entonces, la entidad lo señaló como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, y ordenó su detención domiciliaria. Quedó en libertad por las demoras de la justicia en tomar una decisión de fondo sobre el caso.
¿Por qué están matando a los líderes sociales?
La muerte de Bernardo Cuero Blanco en la noche del miércoles era una tragedia anunciada. Llevaba años liderando procesos de restitución de tierras, porque era “el hombre que más conocía la Ley de Víctimas en la región”, según le dijo a ¡Pacifista! un investigador local que no pudo dar su nombre por seguridad. Hace cuatro años estaba amenazado y, a pesar de las denuncias, el gobierno le quitó el esquema de protección desde agosto del año pasado.
La comunidad, Afrodes (la organización de la Blanco era Fiscal), la mesa de víctimas del Atlántico y el movimiento social de la Costa Caribe sabían que a Bernardo lo iban a matar. Los líderes sociales en esta zona del país están en peligro y desde que el gobierno y las Farc echaron a andar el acuerdo de paz negociado en La Habana (1 de diciembre de 2016), se han convertido en el objetivo de los violentos.
Reciben amenazas y panfletos por parte de los ejércitos antirestitución, de las Autodefensas Gaitanistas, los Rastrojos o las Águilas Negras. Les dicen a los reclamantes de tierras que les van a tapar la boca con tierra, que ni se les ocurra pedir restitución, quieren callar a los representantes de víctimas y a los defensores de Derechos Humanos. “Los violentos actúan como un actor regional, que tiene influencia sobre varios departamentos”, dice el investigador. ¡Pacifista! se ha encargado de reportar cada uno de los líderes asesinados desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, pero ahora queremos responder a la pregunta de por qué los están matando. En esta tercera entrega, intentaremos desentrañar las causas reales por las que los dirigentes campesinos de la costa norte del país pueden ser las primeras víctimas del posconflicto.
Atlántico
De acuerdo con un documento del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la mayoría de hechos violentos contra los defensores de Derechos Humanos en Atlántico suceden en Barranquilla. Allí, hay líderes sociales que, como Bernardo Cuero, se han convertido en enemigos de los dueños del microtráfico en esta ciudad. Además, muchos reclamantes de tierra desplazados de municipios del departamento viven en la capital y desde allí realizan su labor. Según esa ONG, muchos de los líderes amenazados y asesinados, no solo en este momento sino desde mediados de los noventa, son desplazados por la violencia de municipios de Córdoba, Urabá y Magdalena.
Leonardo Díaz, investigador y defensor de Derechos Humanos, sostiene que a los líderes los están matando por “asuntos medioambientales y temas de territorio” relacionados con la disputa por recursos y territorios tras la salida de las Farc de sus zonas de influencia.
Córdoba
Álvaro Villarraga, investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, resumió las situaciones de riesgo para los líderes sociales en Córdoba así: primero, hay una expresión en aumento del proyecto paramilitar “que nunca se acabó”; segundo, hay un recrudecimiento de la disputa por la tierra que dejaron las Farc; y tercero, luchas “frente a los reclamos desde campesinos desplazados que retorna o campesinos que están en la región y quieren legalizar tierras”, según Villarraga.
Tras la salida de las Farc, la situación en Córdoba se ha agravado. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado a finales de agosto de este año, están en riesgo “diversas organizaciones, líderes sociales y comunitarios así como defensores de Derechos Humanos, propugnan por la implementación del proceso de paz, especialmente en los puntos de solución al problemas de las drogas de uso ilícito, la reforma rural integral y la participación política, en abierta oposición a los intereses de las élites locales involucradas en el fenómeno del paramilitarismo”.
Magdalena
La principal razón para que asesinen líderes en este departamento es, según el Cinep y otros investigadores, los procesos de formalización de tierra que han emprendido en el marco de la Ley de Víctimas. En febrero de este año, un panfleto amenazaba a “16 líderes y lideresas que participan en las Mesas de Víctimas de siete municipios del Magdalena no deben participar en las próximas elecciones o serían asesinados”, según denunciaron varias organizaciones en un comunicado conjunto.
De acuerdo con el informe de la Defensoría, están en riesgo líderes de 17 organizaciones en 13 municipios de la región. Muchas de estas asociaciones tienen incidencia en lugares como Chivolo, uno de los municipios que fue objeto del plan piloto de restitución de tierras, en el marco de la Ley de Víctimas.
Cesar
Los líderes de este departamento están en la mira de los violentos por las distintas acciones dirigidas a la defensa de los territorios, críticas al modelo de desarrollo fundado en el extractivismo, cuestionamientos a las dinámicas de acaparamiento y concentración de tierras”, según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo.
Por oponerse “a la utilización del fracking y por sus frecuentes denuncias de los impactos ambientales ocasionados por los megaproyectos”, han sido objeto “de amenazas, hostigamientos, estigmatizaciones, agresiones, atentados e, incluso, homicidios”, de acuerdo con el documento.
Los representantes de víctimas del Cesar, que también lideran procesos de restitución de tierras en la región, fueron amenazados en abril de este año con un panfleto que declaraba “objetivo militar a los sindicalistas acaba empresas, los falsos defensores de Derechos Humanos, los falsos representantes de víctimas, los comunistas de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y las ONG que defienden a los terroristas”.
Bolívar
Luego de las masacres que sufrieron los habitantes de Montes de María (a finales de los 90 comienzos del 2000), el liderazgo social en esta región quedó fracturado. Los intentos por recomponer organizaciones que representen el sentir local ha significado, según el Cinep, que los dirigentes estén en la mira de los violentos. Sus reclamos de retorno, acompañado de procesos de formalización y legalización de la tierra, le ha costado la vida a varios líderes sociales.
Además, al sur del departamento, es evidente el enfrentamiento entre las organizaciones campesinas y los empresarios que quieren establecer proyectos mineros en la región. Esa resistencia de las organizaciones sociales ha provocado que líderes de por lo menos 10 asociaciones, de acuerdo con la Defensora del Pueblo, tengan riesgo de ser atacados.
