Adriana Benjumea: «Muchas mujeres fueron violadas en la guerra como ‘mensaje’ a las poblaciones»

Enric Llopis-Rebelión

En el Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia hay inscritas más de cuatro millones de mujeres como víctimas del conflicto armado, que se prolongó durante cinco décadas; constan como afectadas por delitos contra la libertad y la integridad sexual 18.544 mujeres. Entre los departamentos con mayor número de casos figuran Antioquía (3.019), Magdalena (1.929), Nariño (1.178) y Bolívar (1.020). Muchas de las mujeres que sufrieron agresiones (13.152) oscilan entre los 29 y los 60 años. Según la abogada feminista y directora de la corporación Humana, Adriana Benjumea, la violencia sexual en las guerras no constituyen casos excepcionales y aislados.

“Muchas veces se trata de mandar un mensaje a las poblaciones; hay mujeres a las que se viola para callarlas y despojarlas de las tierras”, afirma tras participar en un acto organizado en la Universitat de València por la ONG Atelier y la Mesa de Apoyo “Derechos Humanos de las Mujeres y Paz en Colombia”. Más allá de los años “duros” del conflicto, las agresiones continúan en el día a día. Entre primeros de enero y el pasado 30 de abril, de los 5.831 niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal para valorar un presunto delito sexual, 4.961 fueron niñas. La mayoría de ellas tenían entre 10 y 14 años. En el mismo periodo el instituto público atendió 5.808 casos de mujeres mayores de 18 años.

 -Después de 50 años de conflicto y cuatro de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC, ¿qué logros alcanzó el movimiento feminista y de mujeres en la Mesa de Diálogo de La Habana?

-El Movimiento de Mujeres en Colombia tuvo incidencia para que se constituyera la Subcomisión de Género, aproximadamente dos años y medio después que se iniciaran las conversaciones públicas, con el objetivo de que el enfoque de género se incluyera en todos los acuerdos. Por tanto, se logró que las mujeres de las FARC y del Gobierno conformaran la subcomisión, y ésta fuera el mecanismo de interlocución con el movimiento social. Hasta ese momento se escuchaba a los expertos y a las víctimas. Pero a partir de entonces se consiguió que en la Mesa también se abrieran espacios para conversar con expertas y organizaciones de mujeres. Hubo una cuarta visita con expertas en violencia sexual, a partir de la cual se lograron otras cosas; como la unidad especial de investigación sobre violencia sexual; y, sobre todo, que los delitos en esta materia no se consideraran a efectos de amnistía e indulto.

-¿Tuvieron que hacer grandes concesiones las víctimas de la violencia patriarcal y sus familias con el fin de que se firmaran los acuerdos de paz, en septiembre de 2016?

-Creo que las dos partes fueron, en general, muy respetuosas con las víctimas. En 2014 anunciaron un decálogo de principios, en el que se comprometían a que las víctimas estuvieran en el centro. Así pues, no estoy segura de que la palabra “concesiones” sea la más correcta. Todo esto forma parte de la pedagogía de la paz. Claro que hubo muchos sectores que pidieron penas más altas… Sin embargo, la “concesión” más grande que hicieron las víctimas fue el no haber participado antes, durante, ni parece que después del proceso. Ni las víctimas ni sus asociaciones, eso es lo más grave. En todo lo demás, estuvieron dispuestas a ceder sin rencor, en todo cuanto tuvieron que ceder.

-¿Y en cuanto a las negociaciones de Quito entre el ejecutivo de Santos y el ELN?

-Creo que el ELN tomó como punto de partida lo que ya se hizo con las FARC, para después introducir posibles críticas y agendas nuevas. El tema de la participación es una de las grandes banderas del ELN. Me parece que eso es bien interesante, ya que quieren mejorar los errores que se cometieron en La Habana. Por ejemplo en la cuestión del medio ambiente, los recursos naturales y otros asuntos que en la anterior negociación tuvieron menor alcance.

–Participaste en un trabajo de investigación, en 2009 y 2010, en la Sierra Nevada de Santa Marta….

-Mi experiencia es que los paramilitares tenían el poder de comprar a la policía, mandar en la plaza de los mercados, pagar profesores y decidir sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas. En la Costa Caribe los paramilitares tuvieron una presencia altísima. En los departamentos de Magdalena, Bolívar y Sucre… Jefes de escuadrones como “Jorge 40”, Salvatore Mancuso o Hernán Giraldo. Son nombres que causaron terror en las poblaciones. Hernán Giraldo estuvo en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, controlando las rutas del narcotráfico. Lo llamaban el “taladro”.

Gran parte de su acción consistía en desvirgar niñas. Además, se trata de un paramilitar que cuando se desmovilizó fue acompañado por la comunidad. Al principio se le consideró un “buen hombre”, que apoyó económicamente a la ciudadanía. Los medios de comunicación lo definieron como un gran padre, que tuvo más de un centenar de hijos, y todos ellos reconocidos. Sin embargo, muchos de estos hijos fueron con mujeres menores de 14 años. Y en Colombia, cualquier trato sexual con una mujer menor de esa edad constituye un delito. También hubo sacerdotes que realizaron los bautismos y registradores que hicieron su trabajo, sin plantear ninguna denuncia. Existió, por tanto, connivencia con un paramilitar por los beneficios económicos comunitarios, sin pensar en las niñas de la región.

-El 25 de mayo de 2017 la Defensoría del Pueblo informó que su Sistema de Alertas Tempranas había detectado “riesgo evidente” de violencia sexual contra mujeres y niñas en 85 municipios de 19 departamentos. Trabajas día a día con mujeres víctimas de la violencia sexual. ¿Qué conclusión extraes de las narraciones sobre el conflicto armado?

-Lo que hemos escuchado y documentado en los distintos rincones del país es muy atroz. Hay mujeres que cuentan que han sido víctimas de hasta 30 paramilitares, otras con las glándulas mamarias destrozadas, además de afectaciones físicas y psicológicas muy fuertes. En regiones como Montes de María, entre Sucre y Bolívar; en el municipio de Tumaco (Nariño) o en el Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, la estrategia paramilitar consistió en arrasar las poblaciones y a las mujeres, someterlas a punta de violencia sexual. Por eso, decía, fue tan importante que los acuerdos de La Habana no reconocieran la amnistía ni los indultos por los delitos sexuales.

-¿La violencia contra las mujeres durante el conflicto han de considerarse episodios aislados, de guerreros que perpetraban las violaciones por su cuenta, o respondieron a una planificación?

-En ninguna guerra la violencia sexual constituye un caso aislado, y Colombia no resulta una excepción. Se cometieron estos actos con una finalidad, en contextos de ataque y control territorial o durante una privación de libertad. En muchos casos se trataba de mandar un mensaje a la población, y éste era que podía disponerse del cuerpo de las mujeres. Muchas fueron violadas para callarlas, castigarlas y arrebatarles las tierras. El fin va más allá del deseo erótico del guerrero. Incluso tropas militares se llevaban a mujeres, trabajadoras sexuales, para otorgar premios por haber realizado un buen trabajo, fuera una masacre o coronar un cargamento de coca.

-¿Confiesan los paramilitares sus delitos de violencia sexual con el fin de acceder a determinados “beneficios” penales?

-No es un delito que se confiese de manera voluntaria. Algunos empezaron a hacerlo cuando las mujeres iban a los procesos a decir: “Sí, usted me violó” o “sus hombres me violaron”. Ahí es cuando empezaron a aceptarlo, siempre a posteriori. Pero no fueron de manera autónoma a narrar cómo se produjeron las violaciones.

-Según la sección colombiana de Naciones Unidas, los crímenes contra las mujeres “continúan siendo silenciados, lo que permite altos niveles de impunidad”.

-Si la impunidad respecto a los delitos de los paramilitares es altísima, lo es más todavía cuando se trata de violencia sexual contra mujeres y niñas.

-¿Y en cuanto al día a día, una vez firmada la paz? En el primer cuatrimestre de 2017 se produjeron 204 casos de homicidios a mujeres en Colombia, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; la mayor parte de los crímenes fueron obra de las parejas y exparejas.

-Las mayores violencias sexuales y contra las mujeres en Colombia no ocurrieron en el marco del conflicto armado. Padres, padrastros, hermanos y tíos son los mayores violadores. ¿Miedo a la denuncia? Sí, porque no hay mecanismos de protección claros y que les permitan a las mujeres proteger su vida si se atreven a denunciar; ni protegerlas de sus exmaridos, examantes o exnovios. Hay una ley sobre violencia contra las mujeres en Colombia, con medidas de protección pero que no funcionan. Por ejemplo, obliga a que el agresor no se acerque a la casa o que no pueda chantajear a la esposa o compañera con los hijos. También se establecen medidas policiales, pero los policías dicen que con tal nivel de violencia no cuentan con suficientes medios. Pero muchas de estas medidas, cuando no se adoptan, se convierten después en feminicidios.

-Por último, ¿se está dando un trato diferencial a las fuerzas armadas respecto a los exguerrilleros de las FARC?

-Por supuesto. En La Habana las dos partes llegaron a un acuerdo. La Ley de Amnistía e Indulto de 2016 tiene muy bien determinados los delitos por los que va a responder la guerrilla, y aquéllos por los que se va a recibir un indulto. Pero no ocurre lo mismo con los militares. Estos, además de la legislación de amnistía, tienen dos herramientas adicionales. Por un lado, la reforma constitucional de abril de 2017, en la que se han introducido beneficios, salvaguardias y perdones; y un decreto presidencial, el 706, por el que se conceden libertades anticipadas a las fuerzas públicas.