Puerto Rico se declara en quiebra y se intensifica la crisis por la deuda
La Junta somete la quiebra del gobierno ante la corte federal en Puerto Rico
A un día de que el gobernador Ricardo Rosselló anunciara que aceptaba someter al gobierno de Puerto Rico a las disposiciones del capítulo de quiebra bajo la ley federal PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal sometió un recurso de 16 páginas de la petición voluntaria para acogerse a las disposiciones de ese estatuto ante el Tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico.
El presidente de la Junta, José Carrión, explicó que se determinó que era necesario y apropiado que el Gobierno de Puerto Rico radicara dicha petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración a la media noche del lunes de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA.
El documento de 16 páginas incluye una lista de los 20 acreedores con las mayores deudas no aseguradas.El listado es encabezado por Banco Popular de Puerto Rico, con $12,096,636,080, el Cuerpo de Ingenieros con $212,302,479, y Total Petroleum Corps, con $11,506,512.98.
Hay otras deudas que están aseguradas por leyes o por la constitución y que no se incluyen en esta lista.
Carrión enfatizó que esta radicación bajo el Título III no debe precluir esfuerzos para continuar las negociaciones para la restructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores.
“La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones”, dijo Carrión.
El Chairman de la Junta de Supervisión explicó que el Plan Fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda. Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios.
“La Junta de Supervisión toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, concluyó Carrión.
A continuación la lista de los 10 principales acreedores no asegurados por el gobierno:
- Banco Popular de Puerto Rico, como agente pagador de un monto total de $12,096,636,080.00
- Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, con $212,302,479.00
- Total Petroleum Corps, con $11,506,512.98
- Evertec, Inc. $10,167,835.37
- Microsoft $8,120,058.00
- Baxter Sales & District PR Corp $6,974,075.05
- Cesar Castrillo, Inc. $6,008,917.52
- IKON Solutions $5,857,040.37
- Kirkland & Ellis LLP $5,342,970.45
- MC&CS $3,998,904.15
4 claves para entender la histórica quiebra de Puerto Rico (y qué papel juega EE.UU.)
A Puerto Rico se le acabaron el tiempo y las opciones.
El estado libre asociado protagoniza, desde este miércoles, el mayor proceso de quiebra de un territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos en la historia.
La administración de su multimillonaria deuda ahora pasará a manos de un tribunal federal, que definirá cómo se liquidará su enorme pasivo y cuánto pagará la isla.
Esto, según explican expertos, no sólo comprometerá mucho la autonomía puertorriqueña para manejar sus recursos, también puede afectar dramáticamente el acceso de la isla a mercados de deuda.
También podrá golpear aún más a su población por un posible incremento en las medidas de austeridad que ya lleva adelante la gobernación puertorriqueña.
La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45%, un desempleo del 12%, que dobla la media de Estados Unidos, y una población que decrece por la emigración.
Lo que sigue en lo inmediato para Puerto Rico es acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de Estados Unidos hace menos de un año, y que deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago de los US$73.000 millones adeudados por la isla.
Esta situación, que muchos consideran previsible e incluso necesaria, es inédita y trae una serie de interrogantes respecto a lo que puede suceder en adelante con la deuda y las consecuencias que puede generar para los pobladores de la isla.
1. ¿Dónde se originó la deuda puertorriqueña?
El origen de la astronómica deuda de Puerto Rico proviene de una crisis económica iniciada en el año 2000, pero se multiplicó hace poco más de una década.
En 2005, EE.UU. decidió eliminar las exenciones fiscales para empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico que beneficiaron a la isla durante 20 años.
Desde 1976, Washington permitía a filiales de empresas estadounidenses operando en la isla enviar sus ganancias a la empresa matriz en cualquier momento, sin tener que pagar impuestos federales sobre los ingresos corporativos.
Durante dos décadas, los balances anuales puertorriqueños arrojaban que buena parte de la economía e la isla giraba en torno a este privilegio que fomentaba el ingreso de capitales estadounidenses.
La recesión puertorriqueña comenzó inmediatamente después de que Estados Unidos levantó las exenciones fiscales dado que las inversiones de las compañías estadounidenses comenzaron a reducirse o a retirarse.
También el índice de pobreza se disparó a niveles récord y el desempleo llegó a duplicar la tasa estadounidense, pese a que, durante las últimas décadas, Washington destinó cientos de millones de dólares anuales en asistencia social para elevar el nivel económico de los habitantes de la isla.
Las diferentes autoridades que llegaron al gobierno en la última década fueron señaladas de ser incapaces de solventar la economía de la isla y gastar mucho más de lo que generaban a través del endeudamiento público.
Otro aspecto que agudizó la crisis fue la crisis bancaria e hipotecaria que reveló circuitos de corrupción en el sistema financiero y obligó al cierre de al menos tres bancos.
Para cubrir el déficit creado, Puerto Rico comenzó a endeudarse profundamente, con una compleja combinación de de fondos mutuos y de cobertura (hedge funds) hasta llegar a los actuales US$73.000 millones de deuda.
En este punto, la condición de estado libre asociado de Puerto Rico jugó un rol importante.
Al considerarse territorio de Estados Unidos, los títulos que emitía la isla se encuentran exentos de impuesto sobre la renta para el resto de los estados.
Por lo tanto, esos bonos fueron apetecidos por inversionistas de varios puntos de EE.UU..
Así los pasivos no dejaron de crecer hasta que, en 2015, el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declaró como «impagable» la deuda pública del estado libre asociado.
A principios de 2016, la isla empezó a incumplir pagos.
2. ¿Qué es el Título III y qué significa que la isla se declare en quiebra?
Cuando la deuda de Puerto Rico se salió de control, San Juan pidió auxilio a Washington.
Al tratarse de un estado libre asociado, la isla no podía acogerse al Código de Bancarrotas estadounidense, como sí lo hizo Detroit en 2013.
Así fue como, en junio de 2016, Barack Obama firmó la Ley Promesa, que establece la creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), una entidad gubernamental puertorriqueña destinada a «proveer un método para que logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital».
Menos de un año después, ante la falta de un acuerdo con los acreedores del gobierno de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló apeló este miércoles al llamado Título III de la Ley Promesa.
Pidió a la JSF que acuda a aquella figura legal para paralizar una eventual avalancha de demandas de los titulares de la deuda pública y dejar en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago de la misma.
La radicatoria de la quiebra territorial se precipitó luego de que el plazo de moratoria para litigios, que impedía a los acreedores reclamar los pagos ante cortes de justicia, dejara de tener efecto a partir del lunes.
La ley Promesa señala que Puerto Rico podrá «reestructurar sus respectivas deudas en un proceso supervisado por la corte federal bajo ciertos términos y condiciones, si los esfuerzos para llegar a un acuerdo consensuado o voluntario no rinden fruto».
Además, todas las demandas judiciales de cobro asociadas a la deuda puertorriqueña quedaron congeladas.
3. ¿Perderá Puerto Rico control de su economía?
Con el Título III en marcha, Puerto Rico podrá renegociar la deuda, convenios de pago individuales y colectivos ya asumidos, acuerdos con proveedores e incluso sentencias con carácter retroactivo.
Sin embargo, en el marco del tribunal federal, también se podrán congelar algunos activos de la isla y condicionar su acceso a nuevos capitales.
Los acreedores de Puerto Rico, principalmente los titulares de bonos, señalan que definir la liquidación de la deuda en un tribunal federal y no de manera negociada le quitará autonomía económica por años.
«Con esa bancarrota ahora comenzada, el gobernador ha perdido todo el poder sobre la reestructuración, y la economía de Puerto Rico será puesta en suspenso por años», indicaron los bonistas en un comunicado este miércoles.
«La Junta ha decidido convertir a Puerto Rico en la próxima Argentina», señala la comisión de acreedores.
Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal será la que represente a Puerto Rico ante el Tribunal de Distrito Federal, defiende la decisión de la isla.
En un comunicado este miércoles, el presidente de la JSF, José Carrión, explicó que la Junta considera que la medida de quiebra era «necesaria» y «apropiada» para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores.
4. ¿Cómo va a afectar esto a los puertorriqueños?
Todo el proceso de reestructuración de la deuda iniciado con la Ley Promesa ya supuso una serie de recortes a las pensiones de los retirados, en el sistema de salud, en el sistema de educación superior y otros rubros del gasto público.
De hecho, el 1° de mayo se realizó una multitudinaria protesta en San Juan contra las medidas austeridad promovidas desde el gobierno puertorriqueño.
La JSF tiene dentro de sus facultades sugerir y promover nuevos recortes al gasto en programas sociales.
La Junta justificó los recortes señalando que las «reformas estructurales están dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico».
La entidad gubernamental indica que los «sustanciales recortes de gastos» son parte de «un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda».
En criterio de la periodista de El Nuevo Día Joanisabel González, uno de los desafíos de la isla con la declaración de quiebra será «demostrarle al juez que un acuerdo que sea negativo para Puerto a la larga afectará a la gente y a la economía».
