Perú: dictan 18 meses de prisión para el exgobernador regional de Cusco por el caso Odebrecht
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex gobernador regional de Cusco Jorge Acurio, acusado de haber recibido sobornos por parte de la constructora Odebrecht, a cambio de otorgarle la ejecución de la obra de la Vía Evitamiento.
En la prolongada audiencia, Acurio negó haber cometido actos ilícitos. “Juro por mi madre y por Dios que no he recibido un solo sol”, expresó, al tiempo de precisar que no es propietario de las cuentas usadas para las transferencias efectuadas por Odebrecht.
El encargado de emitir la resolución fue el juez Manuel Chuyo Zavaleta, quien también ordenó la captura y prisión preventiva por 18 meses contra Gustavo Salazar Delgado, quien habría participado en los hechos, como intermediario.
Jorge Acurio, quien ya se encontraba con detención preliminar por siete días, es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
De acuerdo con el fiscal anticorrupción para el caso Odebrecht, Marcial Páucar, Acurio habría recibido una coima de US$ 1,2 millón de la empresa Odebrecht para favorecerlo con la obra de la Vía Evitamiento en Cusco.
Los empresarios José Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo Salazar Delgado también se encuentran investigados por haber facilitado el pago de los sobornos mediante cuentas en el exterior.
El representante del Ministerio Público relató que los sobornos de Odebrecht al ex gobernador se realizaron a través de Salazar Delgado en dos partes: la primera, realizada el 17 de octubre del 2013 por un millón de dólares a través de la empresa Klienfeld Services Ltd (Aruba), a la cuenta de la empresa offshore Wircel S.A., adquirida por Zaragoza por orden de Salazar para que se pague el soborno. El segundo pago fue el 26 de noviembre del 2013, por 250 mil dólares por la misma modalidad.
El fiscal también ha requerido el levantamiento del secreto bancario contra Acurio y sus cómplices.
Fiscalía solicita apoyo judicial a Brasil y Uruguay
En el marco de la investigación preparatoria, el fiscal Páucar Chappa realizará una serie de diligencias fiscales, entre ellas el pedido de asistencia de cooperación judicial internacional a los países de Brasil y Uruguay.
El pedido se hace para acceder a información sobre la empresa Wircel S.A. y tener información sobre otros contratos ficticios utilizados por Odebrecht con el fin de justificar transferencias bancarias a terceros.
Fiscales no procesarían a Odebrecht a cambio de información
El Ministerio Público peruano aceptaría no denunciar a los directivos de la constructora brasileña Odebrecht, por los actos de corrupción que han reconocido en Brasil.
Según diversas fuentes de la Fiscalía no hay otra forma para acceder a las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht. Además, con esto se busca que, después, los ejecutivos ratifiquen y amplíen sus declaraciones en un proceso y juicio público.
Este requisito de no procesar a los ejecutivos, que incluye a Odebrecht y sus filiales, fue remarcado en la visita que realizó a nuestro país el fiscal brasileño Orlando Martello.
También fue comunicado por la Fiscalía de Brasil en la diligencia que realizaron el 15 de mayo en ese país con Marcelo Odebrecht, los fiscales de lavado de activos Germán Juárez y Rafael Vela Barba, y el de cooperación internacional, Alonso Peña. Los fiscales de lavado de activos firmaron un acta que compromete a todos los fiscales peruanos.
Procuraduría ad hoc
Lo que aún no está claro y tampoco hay consenso en el Ministerio Público es cómo realizar este compromiso: en conjunto o caso por caso, conforme se vayan conociendo los hechos.
Un compromiso a nivel de cooperación internacional centraría los temas. Caso por caso se corre el riesgo de estar pidiendo cada semana la declaración de Marcelo Odebrecht y compañía.
El otro problema es la posición de la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht. La procuradora Katherine Ampuero se ha negado a cualquier negociación con la constructora brasileña.
Por esto, la procuradora de lavado de activos, Janet Briones, no participó en el interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba.
Lo sucedido con Briones retrata la situación: si no hay compromiso no tienen nada de información. La Procuraduría corre el riesgo de quedarse sin posibilidad de recuperar nada.
También hay preocupación por la reacción política ante una decisión de no procesar a Odebrecht. Muchos no quieren que se conozcan las declaraciones de Brasil.
En la Fiscalía consideran que hay políticos que solo quieren perseguir a Odebrecht y a sus oponentes políticos, pero desprecian que se investigue cómo se realizaron los pagos.
Compartir información
Este jueves, 1 de junio, concluye el plazo de seis meses que estableció el acuerdo de leniencia de Odebrecht en Brasil para mantener en reserva las declaraciones de los 78 ejecutivos de la constructora sobre actos de corrupción en otros países.
A partir de ese momento, Brasil podrá compartir esa información con sus similares de otros países. Pero, el mismo acuerdo establece que Odebrecht puede pedir –con fundamentos– ampliar ese periodo.
Tampoco es seguro que ese día, el juez del Supremo del Tribunal de Justicia de Brasil, Edson Fachin, haga públicas las delaciones. Los ejecutivos de la constructora han pedido que se mantenga la reserva de sus declaraciones.
Además, una cosa es que todo el mundo sepa qué declararon los ejecutivos de Odebrecht y otra que los fiscales los pueda utilizar en una investigación y en un juicio.
Son dos cosas distintas. Para el uso oficial de la declaración se necesita seguir un procedimiento de cooperación internacional. Para eso es el compromiso de no procesar. Además, se requerirá ampliar las declaraciones y repetirlas en juicio.
República Dominicana y Argentina negocian acuerdo
República Dominicana fue el primer país en recibir, el 19 de mayo, las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht y las pruebas de pagos ilícitos en ese país por 92 millones de dólares.
Los fiscales de ese país recibieron la documentación luego de llegar a un acuerdo denominado «criterio de oportunidad», por el cual la empresa constructora fue sentenciada a pagar 148 millones de dólares de reparación civil.
Odebrecht también negocia un acuerdo de no procesamiento en Argentina para entregar toda la información y pruebas de los actos de corrupción ocurridos en ese país. La constructora está pidiendo mantenerse al frente de las obras y seguir contratando con el Estado.
La idea para negociar es que en Brasil no está toda la información.
