La CIDH abre su 162° período de sesiones extraordinarias, por primera vez en Argentina
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrirá hoy en Buenos Aires, a las 10.30, su 162° período de sesiones extraordinarias, por primera vez en Argentina. No es cualquier momento. La apertura de sesiones se hará en un escenario de regresión de las políticas de memoria, verdad y justicia sobre las que el movimiento de derechos humanos viene alertando desde hace más de un año. La apertura, que será en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, estará a cargo Francisco Eguiguren, presidente del organismo y relator para la Argentina. También estarán el vicecanciller Pedro Villagra Delgado y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. La CIDH realizará tres jornadas de audiencia en Buenos Aires. Cerrará las sesiones el sábado próximo. Y como es protocolo no tocará en su agenda oficial temas vinculados al país. De todos modos, el país se le impone. Los integrantes de la CIDH ya mantuvieron reuniones por fuera de la agenda oficial, con distintos colectivos. Recibieron muy duros informes y uno de sus miembros expresó que “la situación es muy preocupante aquí”. A las 18 de mañana, el Foro por la Libertad y la Democracia constituido alrededor del reclamo por la libertad de Milagro Sala realizará una marcha y un acto en Retiro, frente al hotel.
Desde 2014, la CIDH realiza sus sesiones extraordinarias fuera de Washington. Este año hará tres en total. Una en Argentina, otra en Perú prevista en julio, y otra en México, en septiembre. En este caso, Eguiguren hará la apertura con un agradecimiento a los representantes del Estado argentino por la invitación para sesionar en el país. Tras la apertura, las audiencias se realizarán entre el miércoles y el viernes. De ellas participarán, además del presidente de la CIDH, el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, y parte del equipo técnico de la secretaría ejecutiva que llegó al país la semana pasada. El temario no incluirá ninguno de los ejes pendientes en materia de derechos humanos sobre la Argentina, dado que cuando la CIDH realiza las sesiones extraordinarias fuera de su sede de Washington no toca temas vinculados al país receptor para evitar conflictos de intereses. Durante esta semana, trabajarán temas centrados en problemáticas de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú. Entre ellos, encarcelamiento y políticas de drogas en Brasil; independencia judicial en Uruguay; protesta y derechos humanos en Paraguay; e institucionalidad de pueblos indígenas y afrodescendientes de Perú. El sábado 27 a las 11.30 en la ex ESMA está previsto el cierre de las sesiones, que será abierto a la prensa.
“Expresamos nuestro agradecimiento por esta presencia y la tranquilidad de sabernos acompañados”, les dijo el viernes pasado Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a los integrantes de la Comisión, en un encuentro que los reunió con miembros de la sociedad civil e interlocutores de los organismos de derechos humanos argentinos, entre ellos quienes comenzaron a reunirse de forma periódica para coordinar líneas de acción en un escenario en el que observan enormes retrocesos. “Hemos acudido a ustedes sobre todo en la dictadura militar, cuando nos ponían trabas para que otros países hermanos conocieran lo que pasaba –explicó Carlotto–. En estos 40 años de lucha siempre recurrimos a ustedes. Es una historia que nos ha llevado la vida, pero que no vamos a abandonar.” Durante ese encuentro, los integrantes de la Comisión se llevaron un documento de once páginas consensuado por los organismos. También informes de diversos colectivos que fueron tomando la palabra. Escucharon a ex presos políticos de la dictadura reclamar por sus pensiones, a una mujer de Catamarca por la contaminación de la minera La Alumbrera. Y se llevaron un muy crítico informe de 328 páginas elaborado por más de cien organizaciones durante el Foro por la Libertad y la Democracia del pasado 26 y 27 de abril. Un documento entregado a Francisco Eguiguren que incluyó entre sus 11 ejes, la denuncia por la detención ilegal de Milagro Sala y los presos políticos de la organización Tupac Amaru en Jujuy y Mendoza, pero además el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el incremento de los casos de violencia policial, entre otros.
“En la actualidad, nuestro país está atravesando una profunda crisis en materia de derechos humanos, que parece no tener fin. Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas de poder del Estado –Ejecutiva, Legislativa y Judicial–, no cesan la toma de decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo reconocidas estas luchas a nivel internacional”, reclamaron antes de enumerar los desmantelamientos de las áreas vinculadas con la materia en los distintos ministerios, las designaciones de autoridades vinculadas con responsables de crímenes de lesa humanidad y las declaraciones de funcionarios nacionales reivindicando o negando los hechos ocurridos durante la dictadura.
Los encuentros continuaron con representantes de Justicia Legítima y del Colectivo de abogados de lesa humanidad Mario Bosh. También estuvieron reunidos con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. En el encuentro con legisladores, Eguiguren destacó la “gran celeridad” del Congreso para limitar la aplicación del cómputo del 2×1 en casos de lesa humanidad y valoró “positivamente” la reacción de la sociedad frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó ese beneficio a un represor.
