Entrevista a Nadín Reyes, coordinadora del Comité de Familiares de Desaparecidos Hasta Encontrarlos: “El Gobierno mexicano está tratando de instaurar una situación de miedo y control social a través del terrorismo de Estado”

Por Nadia Luna – Nodal

Quién es la entrevistada: Nadín Reyes es fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos “Hasta Encontrarlos”. Es hija de Edmundo Reyes Amaya, víctima de desaparición forzada en 2007, en Oaxaca, México.

En esta edición de Nodal Pregunta, habla sobre la situación de impunidad que predomina en México respecto a los casos de lesa humanidad y denuncia que “no hay voluntad política del Gobierno mexicano para terminar con las desapariciones forzadas en el país”.

El informe de la CNHD evidencia que hay más de 32 mil desparecidos. Sin embargo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) habla de unos 30 mil. ¿Cuáles son las causas de que haya un subregistro de desaparecidos en México?

Esto se debe, principalmente, a que no existe en nuestro país la voluntad política de tener un registro debidamente clasificado de personas que han sido víctimas de desaparición forzada y de desaparición en general. Este sub-registro también se da porque las familias muchas veces no denuncian estos casos por la intimidación y amenazas que reciben por parte de las autoridades. Los familiares y organizaciones hicimos el ejercicio de ingresar nuestros casos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) y muchos no estaban registrados. Por ejemplo, en el caso del comité Hasta Encontrarlos, de los más de 150 casos que hemos ido relevando desde el 2006, solamente dos aparecían en el RNPED, a pesar de que están denunciados. Entonces, aunque se reconocen que existen más de 30 mil desaparecidos en México, nosotros decimos que se esta cifra puede ser mucho mayor.

¿El Gobierno ha implementado políticas para la identificación y búsqueda de desaparecidos?

No, el Gobierno no ha impulsado políticas de identificación. Ante la presión y exigencias de organizaciones, familiares y de otras instancias internacionales, el Estado ha simulado que está poniendo políticas en marcha. Sin embargo, vemos en los hechos que no existe voluntad para hacerlo de manera adecuada. Hemos visto que el propio Estado extravía las muestras de ADN brindadas por los familiares. También hay denuncias de que no cuentan con instancias adecuadas para poder hacer la identificación o la inhumación en los cientos de fosas que están siendo encontradas. Ellos dicen que no tienen dinero, capacidades e infraestructura necesaria; pero, por otro lado, el Estado siempre ha presumido de que tiene los equipos para hacerlo. No hay voluntad política del Gobierno mexicano para terminar con las desapariciones forzadas en el país. Esto se observa en el encubrimiento que hacen las autoridades de estos delitos, que está llevando a que los familiares nos veamos obligados a buscar y tengamos que solicitar el apoyo de expertos independientes en identificación forense.

¿Se han impulsado políticas de juicio y castigo a los responsables o predomina la impunidad?

No. Desde hace más de 40 años, el Estado mexicano en su conjunto sigue dejando en la impunidad a los perpetradores de los crímenes de desaparición forzada. No ha implementado políticas reales para poder enjuiciar y castigar a los responsables, no solo de los casos recientes, sino de los cientos de casos que se cometieron en décadas pasadas durante la llamada época de la “guerra sucia”. El Estado mexicano envió un informe al Grupo de Trabajos sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y solamente notificó la existencia de 6 sentencias. Tampoco dieron detalles de cuáles han sido las condenas que se implementaron, ni quienes han sido enjuiciados por esta situaciones. En el caso concreto de la desaparición de nuestros familiares, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que desaparecieron hace casi diez años, se logró obtener una resolución judicial en junio de 2014, que ordena realizar la búsqueda en los centros carcelarios y campos militares, y llamar a comparecer a altos mandos. A 3 años de que se emitió esta resolución, el Gobierno no ha hecho nada.

¿Cuáles son los principales motivos de los casos de desaparición?

Consideramos que, al igual que en los años de “guerra sucia”, es una política que el Estado mexicano viene implementando de manera sistemática contra luchadores sociales y movimientos defensores de derechos humanos. Además, ha habido un incremento en las desapariciones forzadas perpetradas en contra del pueblo en general. Vemos que el Gobierno mexicano está tratando de instaurar una situación de miedo y control social a través del terrorismo de Estado, donde a través de la desaparición forzada se pretende que la sociedad no se movilice y sea más fácil implementar una serie de reformas neoliberales que buscan disminuir los derechos que ya se habían logrado.

Una de las respuestas que ha dado el Estado frente a estas miles de desapariciones es que son parte de la delincuencia organizada, como forma de deslindarse de su responsabilidad, cuando hay evidencia de que en muchos de estos casos existe la participación de agentes del Estado. Entonces, es importante señalar que este incremento también se debe a que el Gobierno continúa eludiendo su responsabilidad.

A fines de abril, el Senado aprobó un proyecto de ley contra desaparición forzada, pero aún resta su aprobación en Diputados. ¿Qué opinión tiene acerca de esta iniciativa?

Esta ley todavía no se legisla completamente ya que hay varios puntos con los que los familiares no estamos de acuerdo. Nosotros hemos emitido un pronunciamiento público al respecto donde no avalamos esta iniciativa ya que todavía cuenta con muchas deficiencias. Por ejemplo, no hay dentro de la ley protocolos específicos para la búsqueda de personas desaparecidas en años anteriores, particularmente en la época de la “guerra sucia”; tampoco reconoce la responsabilidad de altos mandos que incurren en la comisión de delitos de desaparición forzada; ni contempla la creación de un instituto nacional en investigación forense. Esperamos que en la Cámara de Diputados aún haya oportunidad de poder enviar revisiones respecto de estos puntos.

Desde el comité Hasta Encontrarlos, formamos parte de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, un esfuerzo de varias organizaciones populares y familiares de desaparecidos que nos dimos a la tarea de impulsar una iniciativa de ley. Hemos venido trabajando en esto desde 2012 y también estamos pendientes sobre cómo sigue la propuesta que mandó Peña Nieto en 2015.

Ante la falencia de políticas de parte del Estado, los familiares de desaparecidos y organizaciones de DDHH se muestran como los principales impulsores de políticas en el área. ¿Cuáles son las medidas más urgentes que ustedes exigen que el Gobierno tome?

La principal exigencia que tenemos como colectivo es la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. Queremos que hablen las instancias militares implicadas. El Gobierno mexicano sabe dónde están los desaparecidos, porque muchos de estos delitos fueron cometidos por elementos del Estado, como el Ejército y las Fuerzas Armadas. Otra medida urgente que exigimos es la búsqueda en los cuarteles militares. También, que haya juicio y castigo a los responsables. El importante que el Gobierno empiece a poner fin a la impunidad.

Otra iniciativa que solicitamos es la creación de un organismo autónomo e independiente en investigación y ciencias forenses, que cuente con la confianza de las familias para realizar las identificaciones y posea un banco de datos de ADN, con las herramientas necesarias para hacer la identificación. Las autoridades no hacen la identificación de manera adecuada, se han entregado restos equivocados a las familias, incluso restos de animales. También se debe brindar una atención adecuada a las familias, que implica una reparación integral del daño, no solo entendida como la indemnización económica. El Estado tiene que garantizar que esas prácticas no se volverán a cometer y brindar atención gratuita.

Todo esto lo hemos planteado en la iniciativa ciudadana de ley que entregamos, pero también sabemos que esta ley por sí sola no va a cambiar la terrible situación de impunidad que existe en el país, si no hay voluntad política del Gobierno mexicano para poner fin a las desapariciones forzadas. Esto solo se terminará cuando las personas desaparecidas sean presentadas y los responsables sean enjuiciados y castigados.

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