Entrevista al periodista colombiano Julián Martínez: “El Gobierno tiene que reconocer que en Colombia el problema principal es de corrupción”

Por Nadia Luna – Nodal

Julián Martínez es un periodista colombiano que trabaja en Noticias Uno, catalogado por el jurado del Premio India Catalina como el “Mejor noticiero nacional” por seis años consecutivos. También es autor del libro “ChuzaDAS, ocho años de espionaje y barbarie”, una investigación sobre la persecución de la disidencia orquestada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

En diálogo con Nodal, habla sobre la situación de los conflictos que están teniendo lugar en Colombia entre diversas protestas sociales y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos: la huelga de maestros y los paros cívicos en los distritos de Buenaventura y Chocó.

¿Cuáles son los principales reclamos de los maestros?

Lo que sucede con los maestros en Colombia es que tienen que pasar más o menos unos 25 años para alcanzar la calificación que les permita acceder a un salario digno. Además, los maestros han hecho un paro porque el gobierno de Juan Manuel Santos les ha incumplido unos compromisos que él había asumido en 2014, durante la campaña para ser reelecto, entre ellos, mejorar su condición salarial. Hay que tener en cuenta que como Colombia está consolidando un proceso de paz, todo el dinero que iba a ser destinado a la guerra, que es alrededor de 28 mil millones de dólares por año, se puede utilizar en otra cosa. Entonces, lo que están diciendo los maestros es que hay que implementar un sistema educativo que no solamente les garantice un mejor salario sino que pueda proveer a los estudiantes una mejor infraestructura, alimentación y transporte, ya que en todo el país hay escuelas que no tienen pupitres y hasta con riesgo de derrumbe.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno hasta el momento?

El Gobierno aún no ha podido llegar a un acuerdo con FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), que es el sindicato más fuerte de los educadores en Colombia. El Gobierno dice que los educadores están pidiendo un aumento salarial y que están dispuestos a darles un aumento. Hay una estrategia mediática del Gobierno para decirle a la sociedad que por pedir un aumento salarial, están dejando a los niños sin educación, pero es falso que el foco del paro sea un aumento salarial. Por ejemplo, una profesora se murió porque el sistema de salud que tiene el magisterio es totalmente negligente. Lo que están peleando los maestros es que se aumente el PIB destinado a educación, para acceder a un mejor sistema de salud y que los estudiantes puedan tener mejor alimentación, transporte e infraestructura.

Buenaventura tiene el puerto más importante del país. Sin embargo, también tiene una tasa de desempleo del 62% y un 64% vive en condiciones de pobreza. ¿Hay una situación de abandono estatal, como denuncian los pobladores?

Por supuesto. La situación en la que se encuentran Buenaventura, que es un municipio costero en el valle del Cauca, y todo el departamento de Chocó, que está al lado, remite a que son regiones que viven en el siglo XIX: no tienen un acueducto consolidado, no disponen de agua potable, los servicios son intermitentes. Estos paros cívicos buscan mostrarle a la opinión pública que hay un abandono estatal por parte de los últimos 20 gobiernos, que han hecho acuerdos para hacer inversiones en esos sectores pero no se han cumplido. Las veces que el Gobierno ha tenido la disposición de invertir en la construcción de un hospital en Chocó, lo que ha sucedido es que los políticos corruptos asociados casi siempre al proyecto político que representa Álvaro Uribe, se terminan robando los recursos.

En Chocó, el distrito más pobre del país, lograron un acuerdo luego de 10 días de paro cívico. ¿A qué arreglo llegaron?

El acuerdo es que el Gobierno nacional se compromete a invertir más o menos el 60% del dinero que estaban pidiendo las comunidades de Buenaventura y Chocó. En el caso de Chocó, el Gobierno se compromete a invertir unos 400 mil millones (de pesos colombianos) para la construcción de infraestructura en el departamento y unos 90 mil millones para inversión social en temas educativos y de salud. El punto es que el gobierno de Juan Manuel Santos siempre ha estado dispuesto a escuchar a las comunidades que entran en paro, pero lo que dicen las agremiaciones es que es un Gobierno que firma los acuerdos pero no los cumple. Así que ahora el Gobierno tiene el reto de cumplirles a esas comunidades. De todos modos, ha habido negociación y un lenguaje decente por parte del Gobierno, situación que antes no sucedía. Antes había un paro y lo que salía a decir el presidente de la República es que los manifestantes eran terroristas que estaban alterando el orden.

¿Hubo represión en las manifestaciones?

Sí, en Buenaventura, pero todavía está por establecerse si hubo grupos paramilitares detrás de los disturbios. Lo que sucedió es que las comunidades estaban en paro y un sector de la población empezó a saquear supermercados y romper vidrios, por lo que el Gobierno tuvo que utilizar la fuerza para restringir los efectos. La Diócesis de Quibdó, autoridad de la Iglesia Católica en Chocó, le está pidiendo a las autoridades investigar si los paramilitares estuvieron detrás de esta infiltración porque cada vez que hay un paro o un sector de la población manifestando su inconformidad con el Gobierno, un sector político representado en el expresidente Álvaro Uribe se beneficia.

¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno ante estos conflictos?

Creo que el gobierno de Santos siempre ha tenido disposición para escuchar las inconformidades de los grupos que estén en paro o tengan una inconformidad. Yo resalto que tiene un lenguaje que no estigmatiza la protesta. Pero ahora el Gobierno tiene que reconocer que en Colombia el problema principal es de corrupción, porque en realidad Colombia tiene un recaudo de impuestos que puede llegar a sostener todas las necesidades del país. Un ejemplo es el escándalo de Reficar, refinería de Cartagena. La Contraloría General de la República ha dicho que se robaron 8.060 millones de dólares entre el gobierno de Álvaro Uribe y este Gobierno. Imaginemos cuántas cosas podríamos hacer con ese dinero. Lo que pasa es que en Colombia la institucionalidad es débil cuando se enfrenta a la corrupción.

¿Crees que el hecho de que haya un porcentaje importante de minorías étnicas entre los pobladores de la región influye en que siempre sean comunidades relegadas?

Sí, las comunidades indígenas, afrodescendientes y el campesinado colombiano son sectores olvidados por la política estatal. Sufren la ausencia de políticas sociales que les garanticen los mínimos vitales: una educación y un sistema de salud decentes, un plan de vivienda y empleo digno.

¿Cómo considera que golpean políticamente estos conflictos al Gobierno de Santos?

El gobierno de Santos está totalmente desprestigiado en Colombia. Por un lado, ha sido víctima de una campaña de propaganda negra por parte de la oposición de ultraderecha representada en Álvaro Uribe. Por otro, el Gobierno ha tenido problemas de comunicación para transmitirle a la gente que al firmar la paz, el foco del problema a atender pasaría a la corrupción. Finalmente, está el hecho de que la Presidencia de la República no cumpla los acuerdos que ha venido prometiendo a los campesinos del paro agrario de 2013, a los señores de las penitenciarías judiciales en 2014, etc. Todas las agremiaciones han estado en paro con el Gobierno de Santos porque les ha incumplido los acuerdos.

Más información:

Colombia: sigue el desacuerdo para levantar el paro cívico en Buenaventura y la huelga de maestros

Colombia: se levanta el paro en Chocó y siguen las protestas en Buenaventura y la huelga de maestros