Colombia: sigue la incertidumbre sobre el plazo para que las Farc dejen las armas
Sigue incertidumbre por plazo para que las Farc entreguen armas
El próximo jueves 1 de junio se cumplirá el día D+180 (plazo de seis meses para implementar los acuerdos de paz). Entonces, según el presidente Juan Manuel Santos, las Farc no deben tener ningún arma en su poder.
Sin embargo, dicho tiempo empezó a estar en riesgo desde la semana pasada cuando la Corte Constitucional decidió que el ‘fast-track’, mecanismo por el cual se convierten en ley los acuerdos de paz, debe tener mayor debate en el Congreso de la República. Lo que de inmediato significa que los plazos para la implementación se extenderán.
De hecho, Jesús Santrich, miembro de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación del acuerdo de paz —CSIVI— habló de tres puntos mínimos que considera debe cumplir el Gobierno y que en ello se podrían ir, al menos, dos meses más. Pero dice que hay una voluntad clara. “Nadie puede dudar de la voluntad de las Farc para terminar esa dejación de armas”.
Para el jefe guerrillero, el Gobierno debe cumplir con tres mínimos: la seguridad jurídica, social y personal. Solo entonces, la Misión de la ONU podrá llegar a las 900 caletas que tendría las Farc: “Ustedes hablan de implementación. La primera observación es que ésta se ha convertido en renegociación; la segunda, sobre la Jurisdicción Especial y la Amnistía es la Corte Constitucional la que tiene que definir si va o no. Y tercero, no tenemos seguridad personal. Al día siguiente que los guerrilleros pongan un pie fuera de las zonas veredales los van a matar. Si han matado más de 120 dirigentes populares que no han tenido las armas, cómo puedo confiar en que sí se va a respetar la vida de los guerrilleros”.
Pero el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, recomendó no ponerle a Santrich “ninguna atención” cuando asegura que la Corte Constitucional va a equilibrar fuerzas para “hacer trizas” lo acordado.
¿Cómo está la implementación?
El último reporte de la Misión de la ONU, hace tres semanas, especificó que al 5 de mayo ya se habían recibido mil armas de las Farc y que se había terminado todo su registro en las zonas veredales, pero faltaban contenedores para el almacenamiento.
“Las condiciones técnicas de la dejación de armas no están listas. Las zonas veredales no están acabadas. ¡Ni una sola! Y ninguna de las zonas veredales tienen los contenedores para dejarlas”, dice Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Pero el tema no es solo de armas. Por eso los plazos de la implementación en el terreno han sido debatidos para saber si es necesario o no ampliar el D+180.
El Gobierno se encontró con 26 zonas que tenían dificultades de terreno, que eran de difícil acceso y con complejidades que varían con el clima.
El 15 de mayo, según Carlos Córdoba, gerente de las referidas zonas, al menos en 17 de estas se habrían entregado los alojamientos y 24 tendrían sus áreas comunes. Las más atrasadas eran la de Policarpa, las dos de Mesetas y las dos de Caldono.
Por dichos retrasos la misma Misión de la ONU pidió que se extendiera el cronograma, y una propuesta parecida hizo las Farc. El debate terminó en la reunión del pasado 26 de marzo en Cartagena donde se buscó redefinir algunos puntos.
Ese día se fijó que en abril se presentaba el paquete legislativo de la reforma rural, pero a hoy, se continúa en ese proceso; y se prometió crear la Unidad de Búsqueda de personas dadas como desaparecidas -que ya ha tenido reuniones-, y la Comisión de la Verdad, creada por decreto.
El jueves pasado se retomó una reunión, muy parecida a la de Cartagena, pero esta vez en Bogotá, con participación del presidente Juan Manuel Santos: “El Gobierno va a cumplir el acuerdo, es una palabra empeñada, no solamente del Presidente de la República, sino del Estado y del pueblo colombiano y tenemos que trabajar todos: Farc, Congreso, Cortes. Todos, para que los acuerdos se cumplan”.
Otra decisión fue sacar del conteo de los 180 días la búsqueda de las 900 caletas y sobre ello la Misión de la ONU, en voz del Jean Arnault, reconoció que se idealizaron los plazos.
“Recuerdo que la recolección de las caletas estaba programada para el día D+5 y el D+60, sabemos ahora que son 900 caletas y por consiguiente no bastan 55 días para cumplir con esa tarea. No es un fenómeno inusual que en el curso de una negociación uno vea las cosas con más optimismo de lo que se pueden realizar”, dijo Arnault.
Según Ariel Ávila, otro punto que frena el cumplimiento es que no están claros los planes de reincorporación de las Farc, es decir, no se ha respondido con claridad la pregunta: ¿Qué harán los guerrilleros después del jueves de la semana entrante?
En eso coincide el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda: “Como se sabe el acuerdo de paz dice que una vez se cumplan los procedimientos de dejación de armas, inmediatamente tienen que entrar unos programas de reincorporación y hasta que éstos no estén claros, a mi modo de ver, hablar de una fecha es especular”.
Lo que dice Santrich al respecto, es que ahora “tenemos el proyecto ‘Escalona’: el de la casa en el aire”.
“No hay que alarmarse”
“No hay que alarmarse si de aquí al 31 de mayo o 1 junio no se da el proceso de dejación”, dijo Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las Farc. A esta consideración se sumó Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU, quien señala que aunque se deben poner plazos perentorios con el ánimo de cumplir un obligación, modificar los calendarios es normal en estas negociaciones, “lo fundamental es que la base del proceso sea sólida”.
Lo que se teme, sin embargo, es que con la ampliación y nuevos posibles retrasos se demore mucho más la dejación de armas, aunque señala Iván Garzón, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de la Sabana, que a las dos partes les conviene que todo quede listo este año.
“Los procesos que no se adelanten este año van a entrar en arena movediza porque en campaña la oposición va a presentar eso como fracaso y ambas partes -que tienen intereses electorales-, van a salir damnificadas”, afirma.
Y es que entre más se demoren las Farc en dejar las armas, más se demorará la creación de su partido y su libertad para hacer política. Por lo pronto, Garzón cuestiona que se le atribuya a la Corte Constitucional el poner trabas jurídicas.
“A uno le da la impresión que ambos están haciendo política: las Farc con su papel de victimización y el Gobierno que sigue con el cuento de que si no respaldamos todos la paz entonces el proceso va a fracasar”, dice.
Leyes caídas
De los catorce decretos ley expedidos por el presidente Juan Manuel Santos, cinco de ellos ya tienen fallo de la Corte Constitucional con tres “cuerpos normativos” declarado inexequibles: El 2204 (que creaba la Agencia para la Renovación del Territorio); el 154 (que crea la Comisión Nacional de Garantías) y el 249 (que otorgaba facultades de contratación directa a la Policía para la erradicación de cultivos ilícitos), dos de estos parcialmente inexequibles.
Hay otro decreto ley, el 248, (que destina los saldos del Fondo Nacional de Regalías que no están comprometidos para la implementación de los acuerdos) que la Corte declaró exequibilidad en el inciso primero.
En cuanto a los actos legislativos aprobados por el Congreso de la República y fallados por la Corte Constitucional, el de mayor impacto es el del ‘fast-track’, que prohibió que se aprobaran en bloque los artículos de los proyectos relacionados con la paz. Así las cosas, tendrá que ser estudiado y votado artículo por artículo.
Dudas jurídicas
Hasta el momento se han aprobado tres actos legislativos: el de la Jurisdicción Especial para la Paz; el que le da estabilidad jurídica al acuerdo; el de la reincorporación política de las Farc. Y tres leyes: la de la amnistía, el que permite que Voces de Paz apoye el trámite legislativo de las iniciativas en el Congreso; y el estatuto de la oposición.
Entre los decretos presidenciales el que crea el Consejo Nacional de Reincorporación, el de las zonas veredales, el de la CSIVI, y el que crea la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad.
Jesús Santrich, líder de las Farc, afirma que “esta Corte, así como está, no da ninguna garantía para seguir avanzando”, añade que hay catorce decretos ley expedidos por el presidente Santos y de ellos cinco tienen fallo de la Corte Constitucional. “Tres de esos cuerpos normativos los ha declarado inexequibles”, recuerda y agrega que “¿Si a la ‘cortesita’ se le ocurre que la amnistía es inexequible, en qué quedamos?”, señaló Santrich.
Y en eso coincide Ávila, quien pone este aspecto dentro de las razones para no cumplir con la entrega de las armas el día D+ 180.
“Después del frenazo de la Corte Constitucional o más bien el portazo que le mandó la Corte Constitucional al proceso, realmente es muy difícil que cumplan con el cronograma porque no hay garantías de que les vayan a cumplir”, dice el especialista.
Sin embargo, el jueves fueron aprobaron dos actos legislativos que cursan aún en el Congreso con la nueva versión del ‘fast track’, y no se generaron problemas o dificultades para su aprobación.
Pero esto no es una señal suficiente para que se dé tranquilidad, dice el senador Iván Cepeda: “Yo creo que es muy importante que se haya hecho ese trámite de los proyectos pero, por supuesto, acá el problema es más global, pues tiene que ver con cómo va a desarrollarse el cronograma de las leyes y los actos legislativos en el Congreso, cómo van a ser tomadas las decisiones en la Corte”.
Las Farc celebraron su último cumpleaños como grupo armado ilegal
Este fin de semana las Farc celebraron su cumpleaños número 53, el último en como grupo armado y el primero de manera pública.
Con conciertos y jornadas culturales en las 19 zonas veredales, los 7 puntos transitorios, los integrantes de este grupo se gozaron la fiesta alejados de las armas y ratificaron que no darán un paso atrás para alcanzar la paz.
«Me siento feliz de poder compartir esta fecha con mis camaradas en la hermosa región del Catatumbo colombiano», escribió Rodrigo Londoño, alias Timochenko en su cuenta en Twitter.
En Bogotá, las FARC, festejaron sus 53 años de existencia con un concierto y la lectura de un manifiesto que reivindicaba algunas de sus banderas.
«Nuestra marcha es irreversible hacia la paz y la reconciliación», afirmó Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, quien en nombre de la guerrilla pidió nuevamente perdón «por las afectaciones» que hayan podido causar en medio siglo de conflagración.
Entretanto, Andrés París sostuvo que este jubileo «significa el fin de una larga lucha» y «el comienzo de otra»: el de transformación a un movimiento político legal, como lo establece el pacto firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos tras cuatro años de negociaciones en La Habana.
¿Qué pasará con la dejación de armas tras el incumplimiento en la fecha pactada?
“Estamos discutiendo con las Farc qué va a pasar con el día D+180. No quiero anticiparme a esas negociaciones, porque están en este momento sentados y cualquier cosa que yo diga puede perturbar esa negociación”.
Con estas palabras, el presidente Juan Manuel Santos intentó contener, en la tarde del jueves 25 de mayo, la polémica generada por uno de los jefes de las Farc, alias Jesús Santrich, quien en la mañana, en una rueda de prensa, dijo que “el 31 de mayo no puede terminar la dejación de las armas”.
“A lo que aspiramos es a que las Farc se desarmen a la mayor brevedad posible”, agregó el Mandatario durante la clausura de la XIII Cumbre de las Ciudades Capitales en Valledupar, donde agregó que Colombia “tiene la obligación de cumplirle a la comunidad internacional”, que ha respaldado de manera decidida el proceso de paz.
Sin embargo, el Jefe de Estado reconoció que la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre el ‘fast-track’ “generó incertidumbre y desconfianza entre los integrantes de las Farc”, pero que el jueves sostuvo una reunión con algunos jefes de la guerrilla a los que les reiteró que “el Gobierno está totalmente empeñado en cumplir el acuerdo”, pero que los otros sectores, como el Congreso y las Cortes también deben “prestos” a hacerlo.
Antes, ‘Santrich’, miembro de esa organización en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación de los Acuerdos de Paz, Csivi, indicó: “He hablado de que por lo menos (necesitamos) dos meses para terminar el proceso de dejación, más concreto no hay nada”.
Y añadió que “este tema está siendo tocado en este momento por una comisión de la guerrilla y del Gobierno, (así que) no puedo adelantar conclusiones hasta que termine la reunión”.
A puerta cerrada
En efecto, hasta el cierre de esta edición se supo que continuaba un encuentro a puerta cerrada en Bogotá en el que las partes firmantes del Acuerdo de Paz buscaban un consenso con respecto al Día+180, que se cumplirá la próxima semana, y corresponde a la fecha en la que todo el armamento de las Farc ya debía estar en poder de la Misión de la ONU en Colombia.
Por parte del Gobierno estaban el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y el recién renunciado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mientras que por las Farc estaba todos los miembros del secretariado.
Según versión de Caracol Radio, tras una jornada muy tensa, al finalizar la tarde se tenía un principio de acuerdo con respecto a una posible prórroga del plazo que vencería el próximo miércoles 31 de mayo, siempre y cuando haya “un gesto de confianza” de parte de la guerrilla hacia los colombianos.
Entre las razones expuestas por ‘Jesús Santrich’ para incumplir el cronograma de entrega de armas, incluida la identificación y destrucción de las caletas en las que tienen fusiles, explosivos y material inestable, está la falta de seguridad jurídica que les generó la Corte Constitucional al abrir el debate en el Congreso sobre las iniciativas de la implementación de lo pactado en Cuba.
“¿Si la cortesita que tenemos, se le ocurre que la amnistía es inexequible, en qué quedamos?”, cuestionó ejemplificando porqué “el proceso está en el limbo” y añadió: “Al día siguiente de que salgan de las zonas veredales los guerrilleros, los van a matar”.
Según él, para la dejación de armas “se requiere tanto como sea la celeridad del Gobierno”, que considera que no ha cumplido a la hora de generar las “condiciones básicas” en materia de seguridad, protección individual y social, así como “los mínimos para que los combatientes puedan comenzar un proceso de reincorporación”.
“No se justifica que ya, a poquísimos días del D+180, no se haya culminado la conclusión de los campamentos en las zonas veredales”, dijo y resaltó que a algunas de ellas todavía no han llegado los contenedores en que deben depositar las armas.
No es inusual
Por su parte, el representante especial de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, advirtió el pasado jueves que “no es inusual” que en una negociación de paz se vean las cosas “con más optimismo de lo realizable” y aseguró que los dos meses de más que piden las Farc para entregar armas no afectará la implementación de los acuerdos.
“Las implementaciones de acuerdos de paz son un choque de cara a los objetivos concretos de la negociación, entonces, a pesar del valor simbólico que tiene el plazo del 29 de mayo, no se debe perder el sueño de la paz”, dijo.
Según él, “había una visión idealizada de esta situación, pues para la recolección de 900 caletas no bastan 55 días” y “estas recalendarizaciones son habituales porque la implementación siempre presenta dificultades que no se anticipan”.
No tan conciliador se presentó en la mañana del pasado jueves, el alto comisionado Sergio Jaramillo. “Yo les hago una recomendación a todos ustedes, no le pongan atención a ‘Jesús Santrich’”, les dijo a los periodistas horas después de que en una ponencia el guerrillero dijera que los textos del acuerdo llegan “a las inocentes manos” de la Corte “para volverlos mierda”.
En su opinión ‘Santrich’ saca comunicados “de él, a nombre de la Comisión de Seguimiento”. “Yo lo que oigo del secretariado es otra cosa. No nos vamos a desgastar como Gobierno discutiendo con ‘Jesús Santrich’, no vale la pena”, concluyó.
La Misión de la ONU ya ha registrado cerca de mil armas, las cuales corresponden a los guerrilleros integrados al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese el Fuego, en el que también hay observadores de Naciones Unidas y de la Fuerza Pública, así como de quienes están realizando labores específicas fuera de las zonas veredales.
