Campesinos argentinos exportan cabras a Medio Oriente mientras pelean por el derecho a la tierra y el trabajo
Una inusual experiencia tiene lugar en la provincia argentina de Mendoza, donde los campesinos reunidos en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) han desarrollado uno de los pocos casos regionales de comercio exterior aplicado a la agricultura familiar. Más de 500 familias de cinco provincias reciben los beneficios de la exportación de cabras de refugo, animales viejos que ya no tienen utilidad productiva cuya carne se exporta a países de Medio Oriente. Muchos de esos campesinos ven peligrar el derecho sobre las fincas que han trabajado por generaciones a causa de un proceso de concentración de tierras que ha llegado al extremo de que se vendan terrenos con 110 familias adentro.
Las cabras de descarte de la región andina argentina llegan al puerto de Omán tras un largo viaje que se inicia en los desolados caminos cordilleranos que recorren los camiones que concentran el ganado caprino que hasta hace pocos años servía para chacinados caseros o directamente era descartado por los pequeños productores.
Raimundo Laugero, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar mendocina, recuerda que en la Cooperativa Agropecuaria Tierra Campesina, integrante de la UST, y la Asociación Ganadera Centro Cuyano, se habían enterado de que había un pequeño mercado para esas cabras improductivas y empezaron, en 2009, con la recolección de animales en Mendoza para el mercado argentino faenando las cabras en un frigorífico de la provincia de La Pampa.
Una vez que empezaron a organizar la producción, pasaron a una segunda etapa. A comienzos de 2015, cuando la hoy desaparecida Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación estaba organizando un departamento de Comercio Exterior, miembros de la Cooperativa viajaron a Dubai con una delegación de representantes de pequeños productores y conocieron en persona las posibilidades del mercado de las cabras en Medio Oriente.
“Esa línea de trabajo no pudo seguirse porque el nuevo gobierno (el de Mauricio Macri, que asumió en diciembre de 2015) no se interesó en continuar la experiencia, pero sirvió para tener el conocimiento necesario que les permitió a las cooperativas negociar con un exportador, articular con un frigorífico recuperado por sus trabajadores de Berazategui (en la provincia de Buenos Aires) y concretar la venta de carne caprina a países de Medio Oriente y Centroamérica”, señala Laugero.
Actualmente los trabajadores de la UST y las organizaciones que los acompañan faenan 8 mil cabras, que recogen en parajes de cinco provincias que comparten la cordillera de Los Andes. Las exportaciones benefician a 500 familias con pequeñas unidades productivas, que cobran un precio justo por su producción. El mercado de las cabras de refugo no tiene atractivo para las empresas que concentran el negocio agropecuario porque tiene características inusuales. Los camiones se cargan a lo largo de una extensa geografía con terrenos difíciles y en fincas con pequeñas cantidades de animales para la venta, con una rentabilidad baja. Sólo una organización de las características del movimiento campesino está en condiciones de organizar una logística de este tipo.
“Hay zonas productivas donde el aporte promedio por familia es de 10 cabras y en otras zonas es de 25 cabras. Para que todo salga bien y se puedan cargar las 360 cabras en un camión jaula es necesario organizarse para juntar los animales en un corral comunitario, hacer una manga de carga, contabilizar. Hay que tener coordinación, tolerancia, buscar el consenso. La fuerza de la organización hace posible llegar al volumen de animales, eso es fundamental”, sostiene Debora Ferreyra, de la Cooperativa Agrícola Tierra Campesina.
La lucha por la tierra
Mientras desarrollan esta experiencia exportadora, en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra buscan respuestas para un problema que se les ha presentado a los campesinos en las dos últimas décadas: la tenencia de la tierra.
“En la legislación argentina, la propiedad privada está por encima de las necesidades sociales, desde hace 20 años sufrimos un proceso de concentración de la tierra en el sur de Mendoza que se debió a la sojización de la Argentina. Los terrenos que antes nadie quería y en los que se afincaron desde hace muchísimos años nuestras familias ahora son usados para la ganadería que fue desplazada por la soja y para áreas turísticas con inversión extranjera. Se llegó a la barbaridad de que vendieran 400 mil hectáreas en Las Leñas a inversores malayos con 110 familias campesinas adentro”, afirma Juan José Bravo, integrante de la UST de San Rafael y uno de los campesinos agredidos en junio de 2016 por representantes de una empresa italiana que reclama terrenos que han pertenecido ancestralmente a 300 familias de pequeños productores.
El acceso a la tierra es uno de los derechos económicos más vulnerados y muestra una clara inequidad entre quienes buscan la mayor rentabilidad y las familias productoras que atienden necesidades sociales. “Lamentablemente cuando se llega a la instancia del desalojo el Estado actúa con la velocidad de una tortuga mientras que los empresarios van en avión, los derechos de los campesinos quedan vulnerados y hoy el apoyo escasea. Tenemos nueve compañeros que están imputados por el delito de defender sus tierras, el lugar donde se ganan la vida y vivieron desde siempre con sus familias”, subraya Bravo.
Eduardo Blanco, Editor RED PP
