América Latina: Los ambientalismos frente a los extractivismos – Por Eduardo Gudynas (Revista Nueva Sociedad)

Aunque no es raro que se diga que hoy en día se vive una expansión de los debates ambientales y que una de sus expresiones son las críticas a los extractivismos, en realidad los antecedentes se remontan por lo menos a la década de 1970. En consonancia con el debate internacional, se instalaron discusiones sobre cuestiones como los límites ecológicos al crecimiento económico o el deterioro de la fauna y la flora silvestres. Asimismo, se crearon los primeros grupos ambientalistas en América Latina, asomaron investigaciones pioneras en ecología y conservación, y se lanzaron diálogos con el mundo político. El ambientalismo se tornó un campo plural, con posiciones tanto reformistas como radicales, unas más tecnocráticas y otras más politizadas. Entre ellas se pueden encontrar las primeras denuncias por contaminación en sitios mineros y petroleros.

De manera muy similar a los debates actuales, las alertas que en los años 70 se plantearon sobre los límites ecológicos al crecimiento económico fueron resistidas por gobiernos, políticos, académicos y empresas. Esos actores defendían el crecimiento económico como meta central del desarrollo y minimizaban los aspectos ambientales.

Un nuevo empuje en la cuestión ambiental se inició a mediados de la década de 1980 y alcanzó un pico a inicios de la década de 1990. La cobertura temática se amplió mucho más (se sumaron, por ejemplo, la economía ecológica o la ética ambiental), se extendieron las articulaciones ciudadanas y estaban en marcha los experimentos de los partidos verdes¹. Se planteaban más denuncias sobre los efectos de emprendimientos mineros o petroleros, pero el extractivismo como estrategia no era necesariamente una cuestión central para los ambientalistas, sino que era entendido solo como causa de distintos impactos ecológicos.

A medida que avanzaba la década de 1990, ese empuje languideció. Prevaleció un contexto político conservador, proliferaron reformas enfocadas en el mercado y en el ambientalismo se extendieron posiciones funcionales al crecimiento económico. Estas, a su vez, apostaron a la autorregulación del empresariado extractivista por medio de la denominada «responsabilidad social empresarial» y la mitigación de algunos de sus efectos ambientales.

Eclosión extractivista y nueva crítica ambiental

A inicios del siglo xxi la situación comenzó a cambiar sustantivamente. A pesar de las evidencias de graves deterioros ambientales y de las alertas por cambios ecológicos planetarios (especialmente el cambio climático), se fortalecieron todos los extractivismos en todos los países. Proliferaron proyectos de megaminería a cielo abierto, la explotación petrolera avanzaba sobre todo en áreas tropicales, se aceptó el fracking (fracturación hidráulica) y se disparó la superficie dedicada a monocultivos.Al mismo tiempo, se precisó el concepto: se definieron los extractivismos como modos de apropiación de grandes volúmenes o con alta intensidad de recursos naturales, para ser en su mayoría exportados como materias primas². Su expansión respondía a la particular situación global de altos precios de las materias primas, a la disponibilidad de capital que llegaba como inversiones a esos sectores y a una sostenida demanda, especialmente desde China.

Es importante subrayar que los volúmenes extraídos, especialmente de minerales, hidrocarburos y granos, son enormes. El déficit comercial físico (exportaciones de recursos naturales menos importaciones, medidos en unidades físicas como toneladas de minerales o granos) creció desde 1980 y alcanzó el nivel de 700 millones de toneladas en 2005 para toda América Latina. El mayor extractivista es Brasil: se estima que exportó unos 500 millones de toneladas de recursos naturales hacia el año 2010³.

Actividades como la megaminería a cielo abierto son una «amputación» ecológica (por ejemplo, la mina Yanacocha, en el norte de Perú, remueve 180 millones de toneladas por año). Además, se utiliza todo tipo de contaminantes (distintas sustancias peligrosas en la minería, fugas y derrames de hidrocarburos y aplicaciones de agrotóxicos en los monocultivos). Por lo tanto, los extractivismos envuelven impactos ambientales muy graves, que cubren amplias superficies, con muy pocas opciones de ser amortiguados o remediados, y muy difíciles de gestionar al estar anclados en los mercados globales⁴.

Paralelamente, se imponen severas reconfiguraciones territoriales, como las concesiones de explotación o los permisos de ampliación de la frontera agropecuaria, y no menos importante, las obras de infraestructura y provisión de energía (es el caso de grandes represas hidroeléctricas en la Amazonia). Como no podía ser de otra manera, esto generó todo tipo de alertas y cuestionamientos desde los ambientalismos y reacciones de muchísimas comunidades locales en todos los países latinoamericanos sin excepción. Muy rápidamente se acumuló un abrumador volumen de información sobre la pérdida de biodiversidad, efectos de la contaminación en suelos, agua y sobre la salud de las personas, y crecientes niveles de violencia. El ambientalismo también colaboró en identificar impactos sociales, especialmente en comunidades campesinas o indígenas, en un amplio abanico de cuestiones, como los efectos en la salud o la destrucción de prácticas económicas tradicionales.

A partir de esta tríada de efectos locales (ambientales, territoriales y sociales), se avanzó en reconocer los llamados «efectos derrame» sobre otras dimensiones sociales, económicas y políticas (y que iban más allá de los casos de emprendimientos extractivistas específicos). Entre ellos se cuentan, por ejemplo, efectos económicos (como los cambios en los sistemas tributarios, los controles a los flujos de capital en esos sectores, etc.), comerciales (la inserción exportadora de cada país o las incapacidades de coordinación regional en la oferta de commodities) y así sucesivamente para otros sectores⁵.

Esas discusiones obligaban a repensar categorías básicas, como las de justicia o democracia. En el primer caso, muchos subrayaron una y otra vez que no podía haber una verdadera justicia social sin una justicia ambiental: de nada servía dar bonos en dinero a los sectores más pobres si ellos continuaban viviendo en lugares contaminados. En el segundo caso se apuntó a las restricciones democráticas para poder imponer los extractivismos, desde trabas al acceso a la información o la consulta ciudadana hasta la tolerancia de la violencia contra militantes locales.