Uruguay: sindicatos, empresarios y la izquierda rechazan el decreto antipiquete del gobierno
Una medida del gobierno logró algo que muy poco usual en Uruguay: que las cámaras empresariales, varios sindicatos y los representantes de la izquierda radical aparezcan del mismo lado del mostrador.
Aunque con argumentaciones muy diferentes, el decreto anti piquete que firmó el presidente Tabaré Vázquez – que habilita a la Policía a intervenir en cortes de ruta espontáneos sin orden judicial – tuvo el rechazo de organizaciones que están en las antípodas de pensamiento.
Ayer, mientras el gremio de profesores de Secundaria de Montevideo (ADES) realizaba una marcha en la explanada de la Intendencia de Montevideo, las gremiales empresariales daban a conocer que habían recurrido el decreto del Poder Ejecutivo. La molestia de los empresarios surgió debido a que la normativa exceptúa a las medidas sindicales.
«Seguimos teniendo ciudadanos de primera y de segunda. Si un empresario corta la ruta porque no está de acuerdo con algo, lo desalojan. En cambio, a los sindicatos no. No puede ser que a uno sí y a otros no. O para todos o para nadie», dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Carlos Perera.
«Le dieron demasiados derechos al poder sindical», dijo Perera.
El empresario informó que el texto fue entregado en Presidencia el miércoles a las 15 horas. Además de Comercio, también elevaron un recurso otras gremiales como la Cámara de Industrias y la Asociación Rural del Uruguay. Perera aclaró que cada una de las agrupaciones presentó un recurso propio. A su juicio, esta es una más de las medidas que inclinan el péndulo de las relaciones laborales a favor de los sindicatos y en detrimento de los empresarios.
«Decreto represivo»
Varios sindicatos y agrupaciones sociales han cuestionado el decreto publicado por el gobierno el 20 de marzo por considerarlo que es un avance en la «represión» que el gobierno pone en práctica.
«No al decreto represivo. Las calles son del pueblo», era la consigna con la que ADES convocaba a la marcha de ayer.
Liderados por la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE), nueve sindicatos recurrieron el decreto de Vázquez.
«El acto que se recurre causa agravio a los comparecientes en tanto trasgrede principios y normas fundamentales que constituyen los pilares básicos del estado de derecho y el orden republicano y democrático del estado y la nación», establecía el texto del recurso contra el decreto presentado por los trabajadores.
El documento lleva, además, la firma de otros sindicatos como la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), la Unión Ferroviaria, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom)
Al mismo tiempo, y con los mismos argumentos, la izquierda radical también salió al cruce de la nueva reglamentación.
Asamblea Popular, un partido integrado por exintegrantes del Frente Amplio emitió un comunicado en el que calificó al gobierno de «seudoprogresista. «Se profundiza con este decreto al estilo del ´pachecato´, el espíritu represivo de la Ley de Procedimiento Policial de 2008 (…)», dice el texto. «Este decreto busca «blanquear» este tipo de actuaciones con un sustento jurídico», agrega el comunicado.
Comunicado del partido Unidad Popular en el que rechaza el decreto contra manifestaciones callejeras
Manifestamos nuestro más enérgico rechazo al decreto 76/017 que sancionó el gobierno seudoprogresista del Frente Amplio, el 20 de marzo, y que permite a la policía dispersar cualquier manifestación popular que corte calles, sin orden judicial y con el argumento de garantizar la libre circulación.
Con este decreto se limita el derecho de reunión (art. 38 de la Constitución) y a la libre expresión (art. 7 sobre la libertad y específicamente la libertad de protesta). La Constitución establece que sólo se pueden limitar derechos y libertades a través de una ley fundada en el interés general (art. 7 inciso 2). Por lo tanto, el decreto es inconstitucional.
Más grave aún es la posibilidad de recurrir a otros organismos públicos (art. 1 del decreto), donde por ejemplo podrían entrar las Fuerzas Armadas a pedido del Ministerio del Interior.
El artículo 4 del decreto establece que éste no se aplicaría en caso del ejercicio del derecho de huelga, pero el texto es demasiado vago, lo cual le da un margen de discrecionalidad al gobierno para reprimir las manifestaciones sindicales. Así pasó con trabajadores del SUTCRA, el 21/3, a quienes se detuvo por hacer una asamblea en una ruta.
En los hechos este decreto va contra la actividad sindical y otro tipo de manifestaciones populares en un momento donde persiste la crisis económica, con cierres de fábricas, se perdieron 50.000 puestos de trabajo en 2 años, se agrava la situación social del pueblo y se viene la Rendición de Cuentas, con ajuste fiscal y rebaja salarial.
Se profundiza con este decreto al estilo del “pachecato”, el espíritu represivo de la Ley de Procedimiento Policial de 2008, usada por la policía para “disuadir” una manifestación de trabajadores del transporte frente al Ministerio de Trabajo en 2011, o las amenazas (“disuación”) en un piquete del FOICA, en el puerto de Montevideo en 2010. Este decreto busca “blanquear” este tipo de actuaciones con un sustento jurídico.
El gobierno quiere dar una señal de mano dura a UPM, con la que negocia la instalación de su segunda mega-planta contaminante, de celulosa, y a los monopolios imperialistas que potencialmente puedan hacerlo.
El gobierno proimperialista del Frente Amplio se prepara para imponer su política antiobrera y antipopular con más represión. Hay sectores del FA que vienen acompañando el conjunto de esa política desde el 2005 y que se quieren distanciar de la cara represiva para no perder su base social, pero esta es inseparable de esa política económica y social, y estos sectores son también responsables de ella.
Desde la Unidad Popular llamamos al pueblo oriental a resistir con lucha este decreto represivo y desarrollar la lucha por todas sus reivindicaciones en el camino hacia un auténtico gobierno antiimperialista y popular.
UNIDAD POPULAR – AP
27 de marzo de 2017
