Sistemas electorales en América Latina: cambios y continuidades en el siglo 21 – Por Inés Nercesián y Adriana Gallo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Durante el siglo XXI, América Latina ha seguido recorridos diversos donde se experimentaron cambios de orden económico, social y político. Un importante conjunto de países avanzó en una serie de transformaciones político-institucionales cuyas tendencias más destacadas han sido ampliación de la ciudadanía política, mediante la inclusión de sectores anteriormente postergados o invisibilizados, y la recuperación de la participación del Estado en la vida político-partidaria. Durante estos años, se instrumentaron modificaciones en las legislaciones electorales o en las normativas partidarias, que tendieron a la ampliación de los derechos políticos, tanto en lo referente al sufragio activo (derecho a elegir) como al sufragio pasivo (derecho a ser elegido). Hubo algunos casos donde se incorporaron actores que antes no estaban habilitados para participar electoralmente (como los menores de 18 años o los residentes en el exterior), y otros en los que se incluyeron a sectores que anteriormente no tenían garantizada su efectiva representación en los ámbitos de poder formal (como las mujeres o las minorías étnicas).
A su vez, se ha observado una tendencia hacia una mayor regulación del Estado en los asuntos públicos ya sea respecto de la organización interna de los partidos o de las campañas electorales, y la incorporación de herramientas institucionales de participación popular.
Esta investigación se realizó sobre la base de once países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Se tomaron 19 variables referidas a: aspectos sustanciales de la estructura gubernamental, los mecanismos de elección y selección y los requisitos formales incorporados para garantizar la presencia institucional de determinados colectivos sociales.
Las variables consideradas fueron: 1) obligatoriedad del voto, 2) sistema electoral, 3) reelección presidencial, 4) duración del mandato presidencial, 5) estructura gubernamental, 6) simultaneidad electoral, 7) características del parlamento, 8) sistema electoral (cámara baja y cámara alta), 9) Primarias, 10) instrumento de votación, 11) cupo, 12) campañas electorales, 13) Autoridad de aplicación en materia electoral, 14) financiamiento partidario, 15) Financiamiento partidario, 16) herramientas de participación ciudadana, 17) edad de votación, 18) facultades legislativas del presidente, 19) voto en el exterior.
Con base a los resultados obtenidos podemos extraer algunos balances. La tendencia general en la mayoría de los países ha sido la ampliación de la ciudadanía política mediante mecanismos diversos. En algunos países donde se reformaron sendas constituciones, Venezuela, Bolivia y Ecuador, se incorporaron herramientas de democracia directa: consulta popular ó referéndum. Con relación a la extensión del sufragio pasivo (derecho a ser elegido), una tendencia contundente en esa dirección ha sido la incorporación del cupo femenino, que actualmente existe en todos los países analizados; inclusive en aquellos casos donde esa normativa no existía, fue incluida con las últimas reformas: Bolivia (2010), Chile (2014), Colombia (2011), México (2002), Uruguay (2009).
También se ha incorporado un cupo para minorías étnicas y actualmente esta normativa existe en tres países: Perú, Bolivia y Venezuela, estos dos últimos casos se implementó durante los últimos años.
En cuanto a las modificaciones referidas a la ampliación del sufragio activo, se observó una tendencia hacia la reducción de la edad mínima para votar a 16 años. Aunque en algunos países ya existía -como Brasil y Perú- en Argentina (2012) y en Ecuador (2008), se formalizó ese derecho en este último período. La incorporación del voto en el exterior también ha sido una tendencia general.
ruguay es el único país de los estudiados que no lo permite (tras haber sido rechazada la opción del voto epistolar en la consulta popular realizada en 2009); mientras que Colombia (1991), México (2005) y Paraguay (2010), lo incorporaron legalmente durante los últimos años.
Otro rasgo a destacar es la mayor participación del Estado en los asuntos concernientes a los partidos políticos y a la mecánica electoral. Con relación al carácter del voto se observa una tendencia hacia la obligatoriedad. De los países estudiados, en ocho el voto es obligatorio, entre los cuales se encuentra Bolivia que modificó esa normativa en el año 2009; mientras que en tres países es optativo: Chile, Colombia y Venezuela.
Con relación a los partidos políticos, aunque en la mayoría de los países existe la figura de las internas o las primarias, sólo en dos países están reguladas por el Estado, Argentina (reforma de 2009) y Uruguay. Al mismo tiempo, hay una tendencia general hacia la regulación estatal de las campañas electorales: con la excepción de Brasil y Uruguay, en todos los demás existe una regulación oficial sobre aquéllas.
Los países que no contaban con regulación la incorporaron durante estos últimos años: Argentina (2009), Colombia (2009). Con respecto al financiamiento de los partidos políticos, salvo en Venezuela, donde el financiamiento es totalmente público, el resto de los países tiene un sistema mixto, donde se combinan lo público y privado.
Notas
1 Todo es producto de la reforma Constitucional de 2009
2 Todo es producto de la reforma Constitucional de 2008
3 Todo es producto de la reforma de la Const. de 1999 y sucesivas reformas de carácter electoral.
4 El cuociente electoral es el resultado de la división de los votos válidos por el número de curueles a proveer.
5 La situación que favorece más a los partidos más grandes es la existencia de circunscripciones uninominales, con sistema mayoritario; y si es proporcional, el D’Hont, las circunscripciones chicas y los umbrales altos.
6 La situación que favorece más a los partidos más grandes es la existencia de circunscripciones uninominales, con sistema mayoritario; y si es proporcional, el D’Hont, las circunscripciones chicas y los umbrales altos.
7 Ordenadas en función del nivel de injerencia de los órganos de poder público sobre la vida partidaria creciente.
8 Ordenadas en función del grado sofisticación y tecnificación del acto eleccionario y del proceso de escrutinio.
9 Ordenados en función del grado de intervención pública decreciente.
(*) Nercesián es Directora del Observatorio Electoral de América Latina, www.oblat.am, Gallo es Investigadora del CONICET, especializada en temas de reforma política y cuestiones electorales en América Latina. Colaboraron con la investigación María Constanza Costa, Roberto Cassaglia, Sol Sebastián, Rocío Drabenche, Nayla Bosch, Jimena Frei, Julieta Caggiano.
