El Salvador: prohibición de minería metálica, un paso en lucha más amplia – Por E. Ayala
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Ambientalistas, academia, la Iglesia Católica y comunidades en resistencia contra la minería metálica obtuvieron un histórico triunfo al lograr que el Congreso salvadoreño prohibiera por ley esa industria, pero la amenaza sigue latente y la lucha continúa, dijeron activistas.
El 29 de marzo, con 69 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir, por medio de una ley, esa industria, una exigencia planteada por el movimiento social por años.
En esencia, la normativa cierra todos los portones a la minería metálica, tanto de cielo abierto como subterránea, y prohíbe además el uso de cianuro y demás compuestos químicos que la industria usa para extraer oro.
Los congresistas aprobaron la normativa luego de que el 9 de marzo jerarcas de la Iglesia Católica lideraron una marcha demandando convertir en ley un anteproyecto elaborado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y que entregaron a los diputados.
“Lo de la ley fue una victoria sin precedentes, pero es un paso en una lucha más amplia que tenemos que continuar, y ahora el esfuerzo es contra la minería transnacional y regional”, dijo a Noticias Aliadas el activista Luis González, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, que aglutina a una veintena de organizaciones ambientalistas del país.
La decisión de vetar ese sector fue un triunfo histórico para la sociedad civil salvadoreña, opuesta desde hace más de una década a esa industria. Fue también un duro golpe a la transnacional australiana-canadiense Oceana Gold.
En el 2013 este consorcio adquirió Pacific Rim, la empresa canadiense que demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, por US$250 millones por negarle, en el 2009, el permiso para explotar la mina El Dorado, ubicado en el céntrico departamento de Cabañas.
El CIADI, con sede en Washington, zanjó la querella y resolvió en octubre pasado a favor de El Salvador, que ahora espera el pago de $8 millones por los costos procesales, más intereses. El 30 de marzo, la empresa manifestó en un comunicado que “el proyecto El Dorado y cualquier oportunidad en El Salvador no forman parte de nuestra estrategia de negocios”.
Riesgo viene de afuera
Si bien otras naciones han prohibido la actividad de consorcios en minas específicas, o han declarado moratorias contra esa industria por el daño al medio ambiente, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, con 6,3 millones de habitantes, ha sido el único en vetarla de tajo. A pesar de ello, la sombra de la minería aún se proyecta sobre el país, sobre todo por los proyectos asentados en Guatemala y Honduras que acabarán por dañar ambientalmente al ya contaminado río Lempa, cuyo recorrido es compartido por esas naciones con El Salvador.
“Hemos contabilizado ocho proyectos mineros del lado de Guatemala, y 40 del de Honduras que terminarían afectando el país a través del río Lempa”, precisó González.
La mina Cerro Blanco, en el municipio de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, Guatemala, es de momento la que mayor riesgo representa, ubicada en una región fronteriza con el occidental departamento de Santa Ana, en El Salvador.
Pese a que aún se encuentra en fase de exploración, el yacimiento de propiedad del conglomerado canadiense Gold Corp, ya realiza descargas de agua con altos niveles de arsénico al río Ostúa, que desemboca en el lago de Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, y de allí, al Lempa en el lado salvadoreño.
El Lempa —uno de los ríos más extensos de Centroamérica, que recorre Guatemala, Honduras y El Salvador—, “es la aorta de El Salvador”, indicó el activista, pues su cuenca abarca 45% del territorio nacional, y representa el 60% de agua que se consume en este país y el 30% en su capital, San Salvador.
“Por eso tiene importancia estratégica”, aseguró González.
Para Oswaldo Samayoa, investigador del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), el logro obtenido en este país centroamericano es el inicio de una lucha para toda la vida, pues los temas sobre derechos humanos no acaban nunca, sobre todo ahora que la amenaza sigue latente a nivel regional.
“No estaremos los que estamos aquí [para dar la batalla], y otros tendrán que sostener todavía estas victorias”, apuntó Samayoa, durante un foro sobre minería metálica en Centroamérica realizado el 30 de marzo en San Salvador.
La lucha continúa
Bernardo Belloso, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, afirmó a Noticias Aliadas que el logro alcanzado por la legislación contra la minería metálica se vería opacado si el país igual va a seguir siendo afectado por los yacimientos en los países vecinos. Por ello ve crucial impulsar un trabajo de coordinación con grupos ambientalistas de esas naciones y de la región, para crear un instrumento que permita el fortalecimiento de ese esfuerzo conjunto.
“Tenemos que apostarle a crear ese mecanismo que nos permita fortalecer ese trabajo coordinado, en función de expulsar a las empresa mineras de Centroamérica”, detalló.
La mayoría de las empresas mineras que operan en El Salvador, Guatemala y Honduras son canadienses, apunta el informe “La minería metálica en Centroamérica: una valoración sobre impactos, transparencia y fiscalidad”, publicado en febrero del 2017 por Oxfam y el CEG. El informe señala que el 75% de las empresas mineras de todo el mundo tienen sede en Canadá.
Aunque en la región se encuentra el denominado Cinturón del Oro, que va desde México hasta Panamá, este metal representa una concentración tan baja, de entre 1 y 14 gramos de oro por tonelada de roca, que para extraerlo se requiere triturar y moler enormes cantidades de piedra y usar ingentes cantidades de agua y cianuro, detalla el reporte.
Las actividades de explotación de minas y canteras representan menos del 1% del producto interno bruto de esos tres países, y su aporte en el empleo también es ínfimo: menos del 0.5% del total de afiliados a la seguridad social en esas naciones, explica el documento.
Belloso acotó que en el pasado ya ha habido acercamientos con organizaciones ambientales de Guatemala y Honduras, y del 24 al 29 de abril activistas del área llevarán a cabo un foro en Managua, Nicaragua, para definir las estrategias de cómo abordar el tema de la minería regional.
“Hay mucho trabajo que hacer, a la gente hay que seguirla organizando y empoderando para que defienda sus recursos naturales, la lucha continúa”, concluyó.
