Posponen para mañana el inicio del proceso de extradición del exgobernador de Veracruz
Mañana da inicio proceso para extraditar a Duarte
La audiencia de inicio del proceso de extradición del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa ante el quinto tribunal de sentencia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala fue pospuesta para mañana a las 13:30 hora local (14:30 de México), informó el secretario del tribunal, Juan Daniel Lemus.
En tanto, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Elías Beltrán, confirmó que si Duarte acepta allanarse a la extradición sin presentar recursos legales en contra, llegaría a México en menos de un mes.
Sostuvo que hasta el momento ni la esposa del detenido, Karime Macías, ni otros miembros de su entorno familiar tienen órdenes de aprehensión en su contra. Pero aclaró que la PGR sigue investigando a quienes fueron cómplices, prestanombres o formaron empresas fachada, para presentarlos ante la justicia.
El funcionario habló ayer en diversas entrevistas con medios electrónicos, a los que aseguró: Ya tenemos a Duarte, vamos por lo que se llevó para reintegrarlo al patrimonio del pueblo veracruzano. Recordó que se han identificado activos en otros países, como Estados Unidos y España (concretamente en Madrid), y que se trabaja para su debido aseguramiento y para regresar esos fondos.
Todos los recursos que se acredite son producto del desvío ilícito del erario veracruzano se deberán asegurar y entregar al pueblo de Veracruz, insitió Elías Beltrán.
De acuerdo con el más reciente reporte de la PGR (13 de noviembre de 2016), la dependencia ha asegurado 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades, como resultado de las investigaciones por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
Al ex gobernador de Veracruz, el Ministerio Público Federal sumó las indagatorias de la fiscalía estatal por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Al respecto, el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció el pasado domingo que presentará ante la PGR una solicitud de extradición por los delitos referidos, para que ésta sea sumada a la petición que presente en su momento el gobierno mexicano a las autoridades guatemaltecas.
Elías confió en que el gobierno guatemalteco no presente algún inconveniente para entregar a Duarte, y precisó que el tratado en la materia entre ambas naciones contempla la extradición sumaria consentida por el reclamado, la cual consiste en que si el imputado acepta voluntariamente ser retornado, la parte requerida deberá entregarle inmediatamente a la parte requirente, lo cual se consumaría en menos de un mes.
El subprocurador jurídico precisó que si la defensa legal del ex gobernador interpone recursos legales, el asunto podría tardar de seis meses hasta un año.
El domingo pasado, Rodrigo Sandoval, abogado de Duarte, dijo afuera de la prisión militar de Matamoros que probablemente aceptaría ser extraditado, lo que agilizaría su proceso de entrega a México; sin embargo, ayer otro litigante, Alejandro Jaimes, declaró que la defensa legal aún no decide si se allana o no a la extradición.
Elías comentó que los delitos federales de que se le acusa a quien gobernó Veracruz bajo las siglas del PRI alcanzan de 20 a 40 años de prisión por delincuencia organizada, y de cinco a 15 por uso de recursos de procedencia ilícita.
Respecto de la audiencia, ayer el quinto tribunal no recibió el acta de consignación de Duarte de parte del juez de Panajachel, del departamento de Sololá, en donde el ex funcionario fue detenido el sábado pasado, por lo que fue aplazada, sin que hicieran acto de presencia los abogados del acusado.
De acuerdo con la explicación que dio el secretario del tribunal, sólo después de que el órgano jurisdiccional reciba la consignación del juez, el detenido comparecerá para dar inicio así al proceso de extradición.
Capturas de Duarte y Yarrington, mensaje contra la impunidad: Peña
Una plenaria del corporativismo gremial, antiguo enclave de la opulencia priista, sirvió de escenario para el mensaje presidencial, a propósito de sus compañeros de partido, los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y el exmandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
“Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el Poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”, espetó el presidente Enrique Peña Nieto en el acto de toma de nota al Congreso del Trabajo (CT).
Cuestionado él mismo y su círculo cercano, especialmente tras la revelación periodística por la residencia de Las Lomas conocida como la Casa Blanca, el mandatario federal aseguró que quienes trabajan en el servicio público están conscientes de la demanda de integridad, probidad y honestidad.
La detención de Tomás Yarrington, realizada el domingo 9 en Florencia, Italia, así como la de Javier Duarte, ejecutada el sábado 15 en Guatemala, son las más recientes acciones contra exgobernadores mexicanos acusados de corrupción y saqueos millonarios al erario.
Peña Nieto no tuvo apariciones públicas por el periodo vacacional ni se había referido a la detención de sus ahora excompañeros de partido. Y, aunque en el caso de Yarrington su aprehensión no fue producto de gestiones mexicanas sino estadunidenses, Peña Nieto aprovechó para agradecer en los dos casos a las instituciones mexicanas y a las contrapartes internacionales con las que se habrían coordinado.
Luego de explicitar su reconocimiento a las áreas de inteligencia, seguridad y procuración de justicia, Peña Nieto mencionó que además de esas acciones se han impulsado leyes y nuevos marcos institucionales, como el Sistema Nacional Anticorrupción.
Así, aludiendo a las reformas legales, expuso que la detención de los exmandatarios estatales “son avances” y aseguró contar con el respaldo de millones de mexicanos que buscan vivir en un país de leyes e instituciones, de derechos y libertades, de estado de derecho sólido y eficaz.
La defensa de Duarte esperará la solicitud formal de extradición para definir si la aceptan o no
La defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, esperará a que la Procuraduría General de la República (PGR) presente la solicitud formal de extradición, lo que deberá ocurrir en un plazo máximo de 60 días, para definir si la aceptan o si deciden combatirla con argumentos jurídicos ante un Tribunal en Guatemala.
En entrevista con Animal Político, el abogado defensor de Duarte, Alejandro Jaimes, sostuvo que no pueden tomar determinación alguna hasta no conocer de fondo el expediente por el cual la justicia mexicana requiere a su cliente.
“Lo que hoy hay es una solicitud provisional con fines de extradición. La audiencia que hoy se realiza es un trámite en el cual se hará oficial la existencia de la orden y se revisará si la detención cumplió con los requisitos del Tratado entre ambos países, pero para conocer el fondo del asunto habrá que esperar a que la PGR presente la solicitud formal”, dijo.
Jaimes señaló que una vez que la Procuraduría presente este requerimiento formal la defensa la estudiará desde la Ciudad de México para definir cuál será la estrategia,El abogado precisó que la defensa no puede especular solo en torno a lo que públicamente se ha señalado en los medios, sino que deben conocer a fondo el expediente, revisar los argumentos del Ministerio Público, y a partir de ello definir la estrategia.
En el caso de que Javier Duarte y sus abogados definan allanarse del procedimiento, es decir aceptar la solicitud formal de la PGR y no presentar argumentos en contra, el Tribunal que estudie el caso deberá revisar el expediente y emitir una resolución.
Por el contrario, si la defensa del exgobernador de Veracruz decide combatir la extradición, deberán aportar pruebas para tratar de desvirtuarla, previo a que el Tribunal emita la resolución.
Además, en caso de que aun con ello se conceda la extradición, se podrá interponer una apelación o amparo en contra de la misma para que el caso sea analizado por la Corte de aquel país.
En ese contexto el abogado de Javier Duarte insistió en que cualquier determinación que se tomara ahora sería “precipitada”, por lo que esperarán a conocer el expediente completo que envíe la Procuraduría General de la República.
En tanto autoridades de la propia PGR indicaron a Animal Político que la solicitud formal de extradición que deberá presentarse ante un Tribunal en Guatemala tardará por lo menos entre dos y tres semanas.
La detención de Javier Duarte se realizó en Guatemala por una solicitud provisional de extradición luego de que la PGR acusó ante un juez al exgobernador de Veracruz de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
