México: piden al Senado no aprobar ley de biodiversidad que viola derechos indígenas
Académicos, científicos, intelectuales y activistas, exigen a los senadores “se suspenda el dictamen de la iniciativa de la ley de biodiversidad y se abra un proceso de foros y consulta previa, libre e informada, en las diferentes lenguas de los pueblos indígenas.
Ley general de Biodiversidad es impulsada por Ninfa Salinas, senadora por el PVEM, hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca quien tiene intereses económicos en áreas protegidas. De aprobarse la propuesta de la senadora Salinas se abriría el mercado de la biodiversidad y con ello, la comercialización de especies y genes.
La escritora Elena Poniatowska, la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A C. y otros, reclaman a los senadores de las Comisiones de Medio ambiente y Recursos Naturales y la de Estudios Legislativos Primera que pretenden dictaminar que, de aprobarse esta iniciativa afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México.
La iniciativa deja ver sólo una norma de distribución de competencias concurrentes y no reconoce los derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas. De acuerdo al proyecto de Ley, “el presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural, excluyendo a los pueblos indígenas y comunidades equiparables”, detallan en posicionamiento conjunto.
La Iniciativa se elaboró sin consulta previa, libre e informada y de buena fe, a los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general, algo a lo que está obligado el Senado de acuerdo a la Constitución mexicana y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
