Gobierno de Bolivia acusa a la policía chilena por la detención de nueve funcionarios
Solo faltaba una última revisión y corregir detalles de forma. El amparo constitucional, la estrategia jurídica para liberar a los nueve funcionarios bolivianos recluidos en Chile, no fue presentado ayer debido a que había pormenores que enmendar que no afectan al fondo del recurso, que en esencia acusa a la Fiscalía de Pozo Almonte y a Carabineros de Chile de violar los derechos humanos de los compatriotas recluidos. Se estima que hoy el procurador general del Estado, Pablo Menacho, presente el memorial ante la Corte de Apelaciones de Iquique.
Menacho llegó ayer a Iquique al finalizar la tarde tras pasar el día en la capital chilena por la conexión aérea. De inmediato se reunió con el equipo jurídico que está a la cabeza del abogado chileno Claudio Vila. Hubo un contacto audiovisual con los juristas también chilenos Matías Coll y Roberto Celedón, quienes asesoran el proceso desde Santiago.
El recurso de amparo tiene 52 páginas de argumentos, que en su esencia acusa a la Fiscalía de Pozo Almonte (comuna aledaña a Iquique) y a Carabineros de Chile de vulnerar los derechos humanos de los funcionarios bolivianos al momento de su detención. El memorial deja a un lado el lugar de la aprehensión y agranda que los funcionarios cumplían una función de Estado, que es la lucha contra el contrabando.
Versión de la Fiscalía
El fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres, quien lleva el caso, prefirió no comentar sobre el amparo hasta que la Corte de Apelaciones de Iquique lo notifique para presentar sus descargos. El investigador se limitó a afirmar a este medio que los funcionarios bolivianos fueron detenidos en suelo chileno. “Se hicieron mediciones con sistemas geodésicos para constatar respecto de los distintos puntos donde sucedieron los hechos”, remarcó.
Vila explicó que el recurso tiene dos ejes: que los funcionarios fueron detenidos de forma “ilegal, arbitraria y abusiva”, vulnerando así sus derechos humanos, y que los compatriotas ejercían un trabajo público (lucha contra el contrabando) el momento de su arresto.
En ese sentido, se acusa a Carabineros por la forma de detención y a la Fiscalía por acusarlos de robo, contrabando y portación de armas. No se descarta incluir en el proceso a la Aduana de Chile y a la propia jueza Isabel Peña, quien determinó la detención preventiva de los nueve funcionarios en el penal de Alto Hospicio
Bolivia eleva su queja ante la ALBA
Ayer se instaló el XV Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en La Habana, Cuba. La reunión tenía como eje central reafirmar el compromiso del bloque con la unidad de la región y la crisis de Venezuela. Pero Bolivia ingresó al orden del día el caso de los nueve funcionarios recluidos en el penal de Alto Hospicio.
El canciller Fernando Huanacuni llegó a la reunión en La Habana luego de permanecer unos días en Washington, Estados Unidos, donde intervino en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la cita, el diplomático comentó el caso de los detenidos y el bloque expresó su respaldo a la liberación de los funcionarios. La ALBA es dirigida por el excanciller David Choquehuanca.
No se deja a un lado el pedido de revisión
Son tres estrategias que se diseñan en Iquique, en el norte de Chile. Cada una tiene su objetivo y dos de ellas son paralelas en su misión. El amparo constitucional y los alegatos se elaboran bajo la misma idea, mientras que la solicitud de revisión de la sentencia del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que determinó la detención preventiva de los nueve funcionarios por 180 días en el penal de Alto Hospicio, no se deja a un lado en caso de que sea necesario.
El abogado chileno Claudio Vila, quien encabeza el equipo jurídico, explicó que la solicitud de revisión del dictamen también está en planes, ya que “no se pueden dejar a un lado todos los elementos que tengamos a nuestro alcance”.
El pedido de revisión puede ser ejecutado en los 180 días que se determinó de detención preventiva y tiene el fin de observar el dictamen con sustento jurídico. En este caso se podría demostrar que los funcionarios combatían el contrabando y que, irónicamente, son acusado de cometer el mismo delito que es sancionado en ambas naciones.
Sobre el amparo, el recurso solo tenía pendientes correcciones de forma y en paralelo se trabaja en los alegatos, que serán expuestos el día de la audiencia que convoque la Corte de Apelaciones de Iquique.
Si el amparo ingresa hoy, la parte acusada, Fiscalía de Pozo Almonte y Carabineros de Chile, tiene 48 horas para presentar sus descargos. Tomando en cuenta los feriados de Semana Santa, la audiencia sería el martes de la próxima semana.
