Costa Rica reclama ante la Corte de la Haya a Nicaragua el pago de 6,7 millones de dólares
Costa Rica entregó ayer una memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que reclama a Nicaragua 6,7 millones de dólares por los daños ambientales que este país provocó supuestamente en Isla Portillos.
El documento presentado ante los jueces de La Haya informa de los gastos que Costa Rica tuvo que afrontar en una zona del norte de Isla Portillos, después de que Nicaragua desplegara tropas militares en parte de ese territorio a finales de 2010.
«Cuando Nicaragua invadió esa sección de Isla Portillos, hizo unos caños artificiales para desviar el río San Juan», explicó a Efe el embajador de Costa Rica en Holanda y coagente ante la CIJ, Sergio Ugalde.
Según Ugalde, la suma que se reclama a Nicaragua es «bastante conservadora».
Después de que una orden de la CIJ obligara a desmilitarizar la zona, Costa Rica cerró los caños construidos por Nicaragua «porque había un riesgo de que el río San Juan pudiera conectar con el mar Caribe», dijo Ugalde, que añadió a los daños causados por Managua «la deforestación de un bosque primario con árboles de 250 años que se perdieron para siempre».
La memoria presentada por Costa Rica también refleja gastos asociados con el despliegue de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Energía, tras una orden dictada por los jueces del Alto Tribunal de la ONU para controlar la zona y darle seguridad.
«En este momento las autoridades de conservación medioambiental monitorean la recuperación de ese humedal», añadió Ugalde.
La suma de 6,7 millones de dólares estimada por Costa Rica es «bastante conservadora», indicó Ugalde, porque incluye «los gastos verdaderamente indispensables de pago que se produjeron a consecuencia de la acción ilegal de Nicaragua».
La suma, sin embargo, agregó, excluye «otros gastos que quizás pudieron haberse cobrado, pero que decidimos no hacerlo para presentar un caso sólido», como, por ejemplo, el salario de los abogados implicados en el proceso judicial.
La memoria, presentada en las dependencias de la CIJ, está compuesta de órdenes de compra derivadas del caso, facturas y los pagos de los salarios de los oficiales de Medio Ambiente.
Este proceso judicial es consecuencia directa de la sentencia dictada por la CIJ en diciembre de 2015, en la cual consideró que Nicaragua «violó la soberanía territorial de Costa Rica» al instalar un campamento militar en el norte de Isla Portillos hace más de seis años.
Los jueces obligaron a Managua a compensar económicamente a Costa Rica por los daños materiales que los militares causaron, pero no establecieron una cantidad concreta, sino que dieron un año a las partes para que alcanzaran un acuerdo.
En dichas negociaciones, Costa Rica hizo una estimación de 6,7 millones de dólares, cantidad considerada «exagerada» y «desproporcionada» en noviembre de 2016 por el agente de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, pues, según afirmó, no se derivaba «directamente» de las acciones realizadas por Managua en la zona en disputa.
Al no llegar ambos países a un acuerdo, serán los jueces del tribunal internacional quienes dictaminen a cuánto asciende la suma a pagar.
Nicaragua tiene hasta el próximo 2 de junio para presentar su contramemoria, en la que tendrá que explicar qué gastos considera que le correspondería abonar.
Además de este contencioso, San José y Managua mantienen otros dos litigios ante la CIJ sobre la delimitación territorial y marítima entre ambos países, los cuales fueron unidos en un solo caso por los jueces de La Haya.
«La corte ya determinó que el territorio de Isla Portillos invadido por Nicaragua era costarricense, pero se han generado cambios geomorfológicos en esa zona y hay un pequeño estrecho de playa al frente de una laguna que requiere determinación», señaló el coagente de Costa Rica ante la CIJ.
En cuanto al caso de la delimitación marítima, Costa Rica quiere que el tribunal aclare las coordenadas específicas de la frontera entre ambos países tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico porque, según Ugalde, Nicaragua en el pasado «pretendió espacios marítimos que son costarricenses».
