Colombia: 156 líderes sociales fueron asesinados en los últimos 14 meses según un informe de la Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, presentó el Informe Especial de Riesgo: “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos” donde se evidencia que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 01 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.
Las víctimas son líderes sociales y defensores de derechos humanos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Según Negret Mosquera, “una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc, para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”. Así mismo, ha encontrado que la estigmatización contra este grupo poblacional es un factor que aumenta el riesgo al que se encuentran expuestos.
La información de la Defensoría revela que estos homicidios, atentados contra la vida e integridad personal y amenazas, se dirigen contra un grupo que comparte características semejantes. A su vez, estas violaciones se han presentado en la misma zona geográfica y espacio temporal. Son cuatro elementos que le permiten concluir a la Entidad las condiciones de generalidad.
El Defensor del Pueblo hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a tomar acciones urgentes para blindar moralmente y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales. Urge aumentar los esfuerzos investigativos para esclarecer los móviles y los responsables de estos hechos, así como los mecanismos de protección individual y colectivos para prevenir eventuales ataques. Además, la Defensoría ante la insuficiente financiación que ha puesto de presente al Gobierno nacional, advierte del riesgo que corre la consolidación del componente de paz a su cargo.
Este Informe fue construido con base en la verificación en terreno por parte alrededor de 200 funcionarios de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y presentado ante un grupo de víctimas y líderes sociales de los Montes de María y Córdoba, reunidos en la vereda La Pava, municipio Mahates, Bolívar. Según el Defensor, se trató de un acto de reconocimiento y visibilización de su labor de reivindicación de los derechos fundamentales.
Defensoría del Pueblo (Colombia)
«Hay un fenómeno criminal contra la paz», advierte el defensor
SEMANA: Usted acaba de publicar el informe especial sobre la situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las principales conclusiones?
CARLOS ALFONSO NEGRET: En ese informe se estudió el fenómeno de violencia contra líderes y defensores de derechos humanos en el tiempo comprendido entre enero de 2016 y marzo de 2017. Hay cuatro hallazgos principales. Primero, enfrentamos un escenario de violaciones generalizadas a los derechos humanos de esta población, que demanda una actuación contundente por parte del Estado. Segundo, una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de grupos armados ilegales de copar los espacios del territorio de los que se han ido retirando las Farc, para controlar las economías ilegales. Tercero, y es algo que me preocupa mucho, el riesgo al que se encuentran expuestos los líderes sociales se debe en gran medida a la estigmatización que sufren por cuenta de su defensa de la paz, el territorio y el medioambiente, entre otras causas. Y cuarto, la superación de esta grave situación solamente puede ser conjurada con la articulación profunda entre el Estado y la ciudadanía.
SEMANA: Mientras que los líderes sociales y la ONU dicen que hay un fenómeno sistemático de violencia contra ellos, el gobierno y la Fiscalía lo niegan y dicen que se trata de casos individuales. ¿Qué postura tiene la Defensoría?
C.A.N.: Dentro de nuestras competencias hemos podido constatar que se trata de una situación generalizada de violaciones a los derechos humanos como la vida y la integridad personal. La sistematicidad, que al final de cuentas es la existencia de un plan criminal centralizado detrás de estas violaciones, solo puede ser constatada por el ente investigador del Estado que es la Fiscalía. Ahora, lo que sí tenemos claro es que los asesinatos de líderes sociales no son una simple coincidencia. Son el efecto directo de la desmovilización de las Farc, el interés de los grupos armados ilegales y la insuficiencia de la capacidad estatal para copar estos territorios con oferta institucional. Aseguramos que es un fenómeno generalizado porque los atentados han sido contra un grupo que tiene en común liderar procesos comunitarios similares y porque estas violaciones se han presentado en una zona geográfica y un espacio temporal semejante, con un mismo propósito.
SEMANA: ¿Cuál propósito?
C.A.N.: Básicamente copar estos espacios y ejercer el control territorial para posteriormente manejar las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Este objetivo regularmente encuentra en los líderes sociales y defensores de derechos humanos un obstáculo para su concreción. Su estrategia es, entonces, el amedrentamiento y la generación de zozobra mediante la estigmatización de quienes, por ejemplo, están promoviendo la implementación del acuerdo sobre sustitución de cultivos.
SEMANA: ¿Tiene claro quiénes, en concreto, son los perpetuadores?
C.A.N.: Yo no puedo identificar con certeza de dónde vienen todas las balas. Sin embargo, sí puedo evidenciar que los movimientos en el territorio de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como del ELN y otras estructuras armadas ilegales, están conllevando a este escenario crítico. No me cabe duda: hay un fenómeno criminal contra la paz. Pero para la paz no hay marcha atrás, sino que debemos empujarla y seguir marchando.
SEMANA: Al menos en la mitad de los asesinatos reportados, la Defensoría advirtió el riesgo mediante alertas tempranas. ¿Eso significa que no están siendo atendidas esas alertas?
C.A.N.: Si cruzamos los lugares y las circunstancias en que ocurrieron algunos de los homicidios, nos encontramos con que existían 22 documentos de advertencia mediante los cuales la Defensoría informó a las autoridades competentes sobre su probable ocurrencia. Y es que aunque muchas de las alertas sí vienen siendo atendidas, en ocasiones la respuesta es tardía e ineficaz. Eso puede obedecer a que no existe un protocolo de reacción inmediata y a que hace falta un mayor compromiso por parte de las autoridades departamentales y locales en la gestión de las alertas. Uno de los puntos del acuerdo de paz que tiene que ver con garantías de protección es explícito en la necesidad de superar estos vacíos. Para ello se necesitan recursos, por eso no se entiende que en el proyecto de adición presupuestal en trámite no se haya atendido la solicitud formulada por la Defensoría para lograr el financiamiento necesario de la entidad.
SEMANA: ¿Hay algún indicio de que el ELN sea uno de los actores que esté buscando copar los espacios que dejan las Farc?
C.A.N.: Como lo he expresado, el ELN ha venido haciendo presencia en zonas de influencia de las Farc, como Vichada, Córdoba, Meta, la subregión del Bajo Atrato y el litoral del San Juan en el Chocó. También a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se han identificado estas dinámicas de avance y expansión del ELN. Este es un asunto de gran preocupación, pues afecta principalmente a las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. Por esa circunstancia y para proteger a la población civil es clave que el gobierno nacional y el ELN logren un pronto acuerdo de desescalamiento.
SEMANA: En el informe que preparó, ¿cómo aparece la gestión de la Fiscalía frente a estos casos?
C.A.N.: En la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad creada por el acuerdo de paz propuse que unamos esfuerzos para esclarecer estos hechos. El mecanismo más eficaz para prevenirlos es una acción investigativa rigurosa que, además de explicar las circunstancias en que ocurrieron, lleve ante la Justicia a los responsables. Mi recomendación respetuosa a la Fiscalía es acumular todos los expedientes en la Unidad Especial de Investigación creada por el acuerdo de paz, desarrollar una estrategia articulada e integral de investigación.
SEMANA: Del total de asesinatos de líderes en 2016, el 31 por ciento de los casos ocurrieron en el Cauca. ¿Cómo se explica que en ese departamento el fenómeno sea más grave?
C.A.N.: En el Cauca, mi departamento, confluyen múltiples problemas sociales y económicos que lo hacen especialmente conflictivo. Además existen diferencias geográficas, políticas y étnicas ancestrales, exacerbadas en las últimas décadas debido a la confrontación armada por el control de los corredores del narcotráfico hacia el Pacífico en su camino hacia el exterior, donde está el gran mercado. Es decir, el Cauca es un departamento cuya gente ha soportado con estoicismo todos los abusos y atropellos de todos los grupos armados ilegales que ha conocido la historia de Colombia. Pero ahí siguen los caucanos erguidos, esperando la paz y la presencia del Estado.
SEMANA: Con los graves hallazgos de violencia que usted relata en el informe, sumados a la estigmatización que en él se reconoce de los líderes de derechos humanos, ¿cree que con la llegada de las Farc a la política podría repetirse un exterminio como el de la UP?
C.A.N.: Quiero pensar con el deseo y asegurar que no, que en este momento se está cerrando por fin el círculo de la violencia. Pero hay un riesgo que no puedo desconocer como defensor del Pueblo, y es que los actores armados ilegales están arremetiendo con mucha intensidad. Ahora, más que nunca, deben desplegarse todas las garantías de prevención y protección. El Estado está poniendo su mejor empeño para que eso no ocurra.
