Argentina: comunidad guaraní acude a la justicia para reclamar tierras
Este miércoles la comunidad guaraní «Iwi Imemb´y» (Hijos de la tierra), que habitan la localidad de El Peligro en el partido de La Plata, presentaron un recurso de amparo ante los tribunales federales de la capital provincial para que el Estado de cumplimiento a las normativas vigentes y garantice tierras suficientes para el desarrollo pleno de los integrantes de ese grupo.
La presentación se realizará con el patrocinio de la Comisión Provincial por la Memoria y cuenta con el apoyo de las Secretarías de extensión de las Facultades de Derecho y Trabajo Social de la UNLP y tiene por objeto que el Estado Nacional cumpla con la Constitución Nacional, que en su artículo 75 reconoce el derecho de las poblaciones prexistentes a la conformación del estado argentino, a disponer de tierras para desarrollar sus actividades.
Además, los «Iwi Imemb´y» necesitan del acompañamiento en proyectos de desarrollo, sobre todo de carácter agrícolas, ya que se trata de una comunidad con graves problemas estructurales, con dificultades para superar la difícil situación que atraviesa todo el cordón frutihortícola de la región.
Un poco de historia
La comunidad de origen se situaba en el departamento de Orán, provincia de Salta, hasta que en 2003 sus integrantes comenzaron a padecer hostigamientos por parte de la firma norteamericana “Seaboard Corporation”, propietaria del Ingenio San Martín El Tabacal, que logró desalojar judicialmente a los habitantes originales de esas tierras.
Ante el despojo y abandono gubernamental de la Provincia, un grupo de guaraníes se vio obligado a migrar a la Provincia de Buenos Aires, emplazándose en la localidad de El Peligro, lugar en el cual empezaron a recrear su organización comunitaria, y la práctica agrícola desde su patrón cultural, desde 2003.
En septiembre del año 2012 realizaron presentaciones ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la finalidad de obtener el reconocimiento por parte del Estado de su estatus jurídico de Comunidad Indígena en los términos de la Ley n° 23.302, y la devolución o entrega de tierras aptas y suficientes, exigiendo a su vez el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente, en los tratados de DDHH y en la normativa específica para la defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Dos años más tarde, el INAI dicta la Resolución n° 751 mediante la cual se reconoce la personería jurídica de la Comunidad “Iwi-Imenb´y” y determina su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), pero no logra la solución de la problemática de fondo: la propiedad de la tierra. Es por ello que se realizó la denuncia ante el Defensor del Pueblo de la Nación.
