Uruguay: Asociación Rural alerta a Vázquez por dificultades que afectan la competitividad
Una delegación de la Asociación Rural del Uruguay -constituida por su presidente, Pablo Zerbino; el vicepresidente, Gerardo García Pintos y el directivo Carlos Palma- fue recibida Vázquez.
El motivo de la solicitud de audiencia estuvo referido a los saludos y presentación que cada nuevo presidente de ARU realiza ante el presidente de la República.
La ocasión fue propicia para que las autoridades de ARU alertaran a Vázquez “por las crecientes dificultades que están afectando la competitividad de los sectores productivos de nuestro país. A los efectos se le entregó un documento.
Documento
La ARU presentó a Vázquez un memorándum denominado: “Aspectos sustantivos en la competitividad del sector agropecuario”.
En el mismo se indica que el crecimiento económico “es la única forma de que una sociedad crezca y se desarrolle”.
El sector asegura que para Uruguay este dicho se alcanza bajo un modelo de “economía abierta y exportadora de bienes y servicios”.
“Para ello debemos ser competitivos en aquellos productos y servicios que el mundo demande. Producir es función sustantiva del sector privado. La competitividad en cambio surge de los costos propios del país. No de los transables, precios internacionales tomados del exterior, pero si los internos, los no transables, los cuales están fuertemente condicionados por factores estructurales del país”, indica la ARU.
Por ello, asegura que lograr que “quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad del crecimiento económico lo hagan en condiciones de competitividad en relación a otros países proveedores de similares bienes y servicios, es el primer requerimiento para que la sociedad en su conjunto tenga un mejor porvenir”.
Un estudio realizado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República demostró que “cada unidad extra demandada al sector agropecuario provoca un aumento de 6,22 unidades monetarias extras en la economía”. En otras palabras, “que la demanda adicional hacia el sector agropecuario genera beneficios que se difunden fuera del sector, generando un efecto positivo en el desarrollo de los sectores menos prósperos”.
El incremento de la demanda externa de bienes agropecuarios y agroindustriales “es el principal impulso sobre la economía en su conjunto”, se indica en el informe que cita la ARU.
Entre las recomendaciones de este trabajo se destaca lo siguiente: “…los sectores agropecuarios y agroindustriales, son sectores con encadenamientos con otros sectores y multiplicadores del empleo y de producto importantes”.
Por lo tanto, al definir prioridades de política sectoriales, comerciales o macroeconómicas “el Gobierno debe considerar los impactos de las mismas sobre el sector”.
El estudio menciona en particular “la capacidad del agro, por encima de todos los demás sectores de la economía, como multiplicador del empleo principalmente para trabajo poco o no calificado”.
Asimismo, el sector agropecuario tiene “subsectores con características dispares”. La ganadería se destaca por “su contribución al producto mientras que la granja por su capacidad de generar empleo”.
“Por otra parte, si se van a diseñar políticas que atiendan problemas distributivos hay que considerar que un crecimiento del sector agropecuario es quien más arrastra los ingresos de los hogares más pobres respecto a otros sectores de actividad”, indica la ARU.
En momentos de alta incertidumbre internacional en aspectos políticos, sociales y económicos, “Uruguay debe aumentar su participación activa en los mercados mundiales a través de producciones competitivas propias del país”. En particular en lo que hace a la producción de alimentos, es un compromiso seguro adoptar el camino de aumento de competitividad mediante la presentación de productos de reconocida calidad a costos adecuados.
“Esto permitirá generar los recursos necesarios para alcanzar niveles superiores de desarrollo económico y social. Para ello es imprescindible apoyar a quienes participan en los procesos productivos y de comercialización con demostrada capacidad competitiva, evitando la generación de obstáculos que dificulten la obtención del objetivo a alcanzar”, sostiene el sector rural.
También expresan que “el desarrollo de Uruguay está unido al crecimiento de la oferta exportable, para lo cual es imprescindible contar con unidades económicas estables, económicamente solventes, que aseguren al conjunto humano, productor -trabajador – contratista – abastecedor – intermediario, niveles de ingreso adecuados”.
“Lamentablemente, la experiencia indica que en ese proceso hacia el desarrollo no podemos saltar etapas, distribuir lo que no existe, generando tensiones y expectativas que enturbian el camino”, manifiesta la ARU en su memorándum.
A la vez, agrega que el país “necesita mucho en materia de infraestructura, la educación es un debe, la salud aún no alcanza niveles de calidad adecuados, la seguridad registra índices preocupantes, y nuestro Estado mantiene estructuras burocráticas vetustas y caras”.
“Esto implica el uso de recursos adicionales, derivando en costos internos muy superiores a los de nivel internacional, que sumado a las altas cargas fiscales y las transferencias internas pueden desestimular los esfuerzos y riesgos empresariales que la actividad implica”, denuncia el sector.
Entre los aspectos que afectan la competitividad del agro negocio de exportación, incluyen: “La situación fiscal y tipo de cambio. En una economía como la uruguaya, pequeña y abierta al mundo, la competitividad internacional juega un rol fundamental para el crecimiento económico del país. Parte importante, aunque no exclusiva, es la competitividad precio a la que se ven expuestas las empresas. Es vital para una economía como la uruguaya mantener un tipo de cambio real alineado al de las economías relevantes”.
El tipo de cambio real en los últimos años “ha mostrado una tendencia a la baja, con un significativo desvío respecto del promedio histórico”.
Asimismo, recientes estudios demuestran que “también se encuentra desalineado de sus fundamentos, en un valor cercano al 25%”. Este indicador estaría mostrando el “traspaso” de recursos desde los sectores transables a los no transables de la economía.
Reducir el llamado “atraso cambiario” sin incidir en los precios internos y por tanto sin generar inflación, requiere de una intervención “esterilizada” del Banco Central, para lo que es imprescindible un superávit fiscal que evite la emisión de moneda.
Lograr esto exige como paso previo “un significativo ajuste del gasto público, razón sustantiva en los desalineamientos del tipo de cambio real que afectan la competitividad de la producción nacional”.
Con respecto a los “costos de producción”, entre ellos los combustibles y la energía eléctrica, la ARU plantea “ajustar precios a los valores de nuestros principales competidores, evitando cargas fiscales exageradas y transferencias vía subsidios a otros sectores de la economía”.
en referencia a la infraestructura y logística, aseguran que “se requieren medidas inmediatas destinadas a bajar el costo del transporte carretero de carga, cuyos valores elevados han determinado que la región dónde se produce sea determinante en la viabilidad de muchos rubros, particularmente agrícolas, en función de su distancia a puerto”.
Sobre “inserción internacional”, la ARU manifiesta que Uruguay “está condicionado por un MERCOSUR en crisis, con un enfoque totalmente diferente a los fines para lo cual fue creado”.
“Se hace necesario e impostergable una estrategia país inteligente y agresiva que dé lugar a todo tipo de negociaciones que apunten a potenciar acuerdos comerciales estables con otros países o bloques, como forma de adaptación al nuevo escenario internacional”, se indica en el informe.
Aseguran que no se trata de negar el bloque regional, “sino de utilizar el MERCOSUR como palanca de apoyo para que nuestra economía logre una integración global”.
En otro orden, la ARU manifiesta que a nivel de mercado interno resulta “sustancial” garantizar la libre competencia a partir del libre mercado, procurando “minimizar acciones monopólicas, oligopólicas, monosópnicas u oligosópnicas, evitando que algunos grupos de poder se apropien de márgenes exagerados en la cadena de producción y distribución, alterando el correcto funcionamiento del mercado”.
Por otro lado, aseguran que “una incorrecta instrumentación de las políticas fiscales determinan el desestimulo en las inversiones productivas”. En ese sentido se hace necesario “mantener en el largo plazo la estabilidad en materia fiscal ya que los ciclos productivos naturales son en la mayoría de los casos los más largos, respetando los postulados de la reforma fiscal del año 2007”.
En particular “evitando gravar los bienes de producción mediante impuestos ciegos que no se compadecen de la renta del negocio”.
La ARU también sostiene que el crédito actual al sector agropecuario del sistema financiero nacional es de 2.481 millones de dólares alcanzando un 75 % del Producto Bruto agropecuario mientras que en el 2006 significaba un 24 % del PB sectorial.
“Esto sin considerar un importante endeudamiento con proveedores del sector. Esta situación está alcanzando niveles de riesgo altamente peligrosos, siendo particularmente crítica para el mediano y pequeño productor”, advierte la ARU.
