Semántica de la intervención: desmontando el informe de Luis Almagro sobre Venezuela (Por Misión Verdad)

El informe de 75 páginas presentado por el secretario general de la OEA Luis Almagro el 14 de marzo, concentra las líneas discursivas y semánticas más acabadas que configuran el expediente por la intervención extranjera en Venezuela.

Esencialmente su cartografía intenta dibujar un «Estado fallido», donde el estatus de la cuestión venezolana supera (según el enfoque de Luis Almagro) cualquier límite nacional y político para su tratamiento, exigiendo su resolución por vías extrapolíticas y excepcionales, a través de medidas de fuerza y asedio, tanto en lo diplomático, político y financiero. El vértigo impuesto a la necesidad de buscar una salida conflictiva a la coyuntura venezolana se hace más que evidente, argumentando que no existe otra opción que no sea la de romper las reglas del juego político, desconocer la Constitución y el Estado de derecho.

Justamente lo que ponen en relieve las trágicas guerras recientes en Medio Oriente (Siria y Libia), es que todo proceso de intervención (directa o indirecta, diplomática y financiera primero, luego bélica) requiere de una semántica y un marco narrativo elaborado que la justifique, un expediente para criminalizar a los países víctimas de asedio.

El informe de Luis Almagro, más allá de que su presentación por sí misma no conlleve automáticamente a un respaldo indondicional de la OEA contra Venezuela en esos términos, es el punto clímax de lo que Venezuela tiene años denunciando (y que ha sido ridiculizado por los sectores antichavistas): el país es víctima de una agenda extranjera que busca una transición política por fuera de la Constitución, a favor de los aliados locales de los poderes fácticos y corporativos que gobiernan los Estados Unidos.

El informe en cuanto táctica diplomática no es el objetivo fundamental de este análisis. Sin embargo es menester recalcar que tan latente está la amenaza de la intervención, que los poderes que operan detrás de esta agenda internacional lo llevaron hasta el límite de su preparación discursiva, colocando todos los dispositivos y detonadores en la trama política internacional. Sea como se desarrolle la arena internacional a partir de ahora, debe tenerse en cuenta como elemento central ese punto de no retorno violentado y la declaración de los verdaderos intereses contra Venezuela.

Hay significados y expresiones que configuran la columna vertebral del documento y que equilibran lo que por la vía de las medias verdades y las inconsistencias estadísticas, le hacen perder credibilidad. Este ataca directamente el aspecto de la memoria colectiva al construir una falsa frontera entre el presente y el pasado: el informe de Luis Almagro propone «restaurar» la democracia representativa en Venezuela.

El documento, visto desde la óptica del márketing y la publicidad, es un acto de venta de ese futuro construido con base a las desgracias del pasado.

Desmonte de las principales inconsistencias y medias verdades del informe

En el desarrollo del informe algunas inconsistencias y mentiras resaltan más que otras, no tanto por sus exageraciones sino por el ahínco colocado en darle verosimilitud. A continuación desmontamos los elementos que configuran la narrativa central del informe.

-«El gobierno saboteó la mesa de diálogo instalada en Venezuela».

Luis Almagro fue el operador internacional más agresivo en contra de Venezuela durante todo 2016. Asumió posiciones que quedaron totalmente descolocadas de la realidad ante la instalación de una mesa de diálogo entre el Gobierno venezolano y la MUD que, como lo reconocieron los principales analistas del antichavismo, gozaba del respaldo de la comunidad internacional. Aunque presionado por las circunstancias a tener una postura cercana a la neutralidad, nunca evitó mostrar su descontento contra la Mesa de Diálogo y contra la participación de sectores antichavistas en ella.

Luis Almagro no menciona, por ejemplo, que el retiro del diálogo por parte de la MUD fue un ejercicio de control de daños, de contención de un acelerado desplome de su base de apoyo político frente al aluvión de críticas generadas, ante la imposibilidad de llevar a cabo sus promesas: referendo revocatorio, elecciones generales y enjuiciamiento político a Maduro. El ataque al diálogo en el informe es una excusa para negarlo como posibilidad y sustituirlo por un escenario de conflicto prolongado, sin solución política y constitucional.

-«El gobierno saboteó y terminó con el Referéndum Revocatorio».

En esta sección del informe, Almagro se hace eco de la versión de la MUD con respecto al referéndum revocatorio para exigir «elecciones generales inmediatas» en Venezuela, método electoral inexistente en la legislación venezolana. La MUD cometió ilícitos electorales que fueron debidamente demostrados en su momento ante el país, cuando, como parte de los requisitos primarios a la solicitud de un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, introdujo un conjunto de firmas plagadas de irregularidades durante la recolección de firmas del 1% del padrón electoral para inscribir la intención de revocar a Maduro.

La coalición opositora introdujo 1 millón 957 mil 779 registros, de las cuales 605 mil 727 (30,9%) presentaron irregularidades, entre ellas más de 10 mil firmas de ciudadanos fallecidos, 9 mil 333 números de cédula inexistentes, más de 3 mil cédulas de ciudadanos menores de edad y 1 mil 335 privados de libertad. De esas firmas invalidadas, 307 mil 747 no cumplieron con uno o más criterios y 97 mil 158 planillas sólo contenían datos en un campo: 86 mil 337 sólo tenían el nombre y el apellido, 80 mil 105 sólo la huella del elector, 18 mil 338 sólo el ciudadano a revocar, 7 mil 823 sólo el cargo a revocar, 1 mil 805 sólo la firma y 396 sólo la cédula del elector. La verdadera razón por las que fueron suspendidas las fases del proceso por las autoridades venezolanas.

-«Niveles actuales de pobreza son superiores a los de finales de los años noventa».

Al igual que en el informe pasado, esta falacia se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016 de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, que afirma que existe actualmente un nivel de pobreza del 81% en la actualidad, mucho mayor al 58% registrado durante la época neoliberal del Caracazo. En ninguna parte del informe clarifica a qué se refiere con «pobreza», dejando el tema a la interpretación subjetiva. Las estimaciones estadísticas constituyen una vaguedad con respecto a la situación económica real de Venezuela.

Luis Almagro expone estas cifras sin apego a mínimos parámetros internacionales, pero al mismo tiempo oculta el papel del empresariado privado venezolano en los efectos sensibles de la situación económica actual. El sector privado controla más de la mitad de la oferta de productos del país y la utiliza, en el caso de Empresas Polar, como un arma económica de acuerdo a la coyuntura política.

Pero dos datos (omitidos por Almagro) sirven para contrastar cómo, aún en medio de estas dificultades innegables, el Gobierno venezolano ha logrado contener los efectos de la guerra económica: la FAO/ONU en 2016 reconoció al Estado venezolano por «crear el mejor sistema de distribución de alimentos», logrando disminuir los niveles de inseguridad alimentaria de la población. Hace tan sólo cinco días la encuestadora Hinterlaces publicó una encuesta que refleja cómo el 53% de los venezolanos se han beneficiado de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una política alimentaria para distribuir directamente rubros esenciales a la población.

 

Para hablar sobre los supuestos atropellos a la libertad de expresión por parte del Gobierno venezolano, Almagro cita algunos casos recientes que poco tienen que ver con libertad de expresión y mucho con propaganda de guerra. Trata las sanciones a CNN en Español como un ataque a la libertad de expresión, el caso más reseñado dentro de esta parte del informe.

Pero Almagro no dice, por ejemplo, que el «reportaje» sobre la venta de pasaportes venezolanos en el Líbano es usado como argumento para inferir que Hezbolá y Venezuela planean un ataque terrorista en los EEUU, con Marco Rubio de protagonista, con lo cual queda reflejo del interés político de la agresión mediática. Almagro igualmente invisibiliza a Misael López, el ex funcionario diplomático utilizado para el reportaje de CNN. Reseña una nota de Telesur que «Misael López mantiene una relación personal con Ana Argotti, quien es la actual abogada de Lilian Tintori», lo cual infiere su relación con el partido Voluntad Popular. Este ex diplomático fue despedido en 2015 y las pruebas mostradas por la cancillería venezolana deja en evidencia que forjó su pasaporte. Estas irregularidades y las graves acusaciones realizadas por López, posibilitaron las sanciones contra CNN por parte del Estado venezolano.

-«La crisis humanitaria».

Luis Almagro en este apartado comenta que Venezuela está viviendo una «crisis humanitaria» por la existencia de altos precios en bienes esenciales y escasez selectiva de algunos rubros de la canasta básica, omitiendo los efectos que ha tenido el uso del dólar paralelo como arma económica y el fraude importador de la empresa privada en este proceso, ampliamente registrado por Misión Verdad. Con base en esto Luis Almagro intenta presionar por la apertura de un canal humanitario que tenga como principal gestor a la OEA. El concepto de «crisis humanitaria» es errónamente utilizado en el informe ya que sólo es aplicable, según la ONU, a desastres naturales y conflictos bélicos de mediana y alta intensidad, que dejan a la población en una situación de vulnerabilidad que pone en riesgo su vida.

La experta opositora en el tema, Susana Raffalli, entrevistada recientemente por Prodavinci comenta que la resolución de la crisis económica a base de “ayuda humanitaria” es un mito, ya que en Venezuela, con sus innegables dificultades, no está ni cerca de crisis humanitarias verdaderas en otras regiones del planeta. A su criterio, sólo existe esta situación cuando la población está en extremo alejada de establecimientos que dispensen comida, producto de guerras o desastres naturales. Al no aplicarse esta condición, no existe crisis humanitaria en Venezuela y por ende cualquier rescate es sólo una excusa para intervenir paulatinamente a Venezuela.

-«El servicio de la deuda parece insostenible».

Con base a datos emitidos por el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, dirigido por el sicario financiero, Ricardo Hausmann, el Banco Mundial y el Foro Económico de Davos, Luis Almagro afirma que Pdvsa (la principal industria nacional) no puede sostener sus pagos de deuda, intentando imprimirle una imagen negativa a la economía venezolana y un ataque a la credibilidad del sistema financiero nacional. Luis Almagro omite que Pdvsa y el país han honrado todos sus compromisos internacionales de deuda. Hasta enero de 2016 el país pagó 27 mil millones de dólares (deuda de 2014 y principios de 2015), sumando un total de 40 mil millones de dólares hasta finales del año pasado. A principios de 2017 todos los compromisos de deuda han sido cancelados.

Pero Luis Almagro silencia factores mucho más peligrosos: los bancos Citibank y JP Morgan, y las calificadoras de riesgo estadounidenses Standard and Poor’s y Moody’s, sabotearon las operaciones de pago de deuda de Pdvsa y su plan de canje de bonos el año pasado, levantando alarmas de default, cerrando las cuentas de corresponsalía de la estatal petrolera, alterando el riesgo-país y elevando las calificaciones negativas. Una operación orquestada para bloquear los pagos de Venezuela y afectar sensiblemente su sistema financiero. Quien le sirve de fuente primaria, el sicario Ricardo Hausmann, ha sido uno de los gerentes del bloqueo financiero contra Venezuela.

-«La congelación de activos impide al Vicepresidente tener acceso a una fortuna estimada en 3 mil millones de dólares».

Este quizás es el punto donde el informe de Luis Almagro pierde la poca credibilidad que le había quedado el año pasado. Apoyando las sanciones del Departamento del Tesoro contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el secretario general de la OEA resalta que el funcionario venezolano no podrá tener acceso a 3 mil millones de dólares.

Luis Almagro no incluye en el informe las declaraciones de Tareck El Aissami, donde afirma que no tiene propiedades o activos financieros en los Estados Unidos, lo cual hubiera podido ayudarle para constuir una imagen de pluralismo y neutralidad. Pero no. Da como cierto lo que es una estimación de la agencia Bloomberg y de la OFAC, luego replicada por el Miami Herald (medio utilizado como fuente) sin hacer énfasis en que esas pruebas son inexistentes y una mera especulación para legitimar las sanciones. La misma OFAC, que viene diciendo desde 2015 que persigue sanciones contra funcionarios venezolanos, nunca ha revelado que esté investigando ese supuesto capital.

Recursos y métodos de la propaganda de guerra utilizados en el informe

Señala el investigador Greg Simons, en un texto sobre la guerra información contra Siria, que recursos como el falso dilema y las generalidades brillantes (entre otros), han sido utilizados para legitimar a los mercenarios y terroristas apoyados por los Estados Unidos y la OTAN. Salvando las obvias distancias entre ambos conflictos, el informe de Luis Almagro también puede ser analizado a la luz de estos dos recursos de la propaganda de guerra, en la actualidad absorbidos por la academia en forma de publicidad y comunicación política.

En este sentido, ambos recursos son usados para plantearle al objetivo-audiencia un conjunto de vagas generalidades (las generalidades brillantes de las que habla Simons), para confundirla y forzarlo a aceptar argumentos falaces, imprecisos y manipulados, como los que expone Luis Almagro en su informe.

De igual forma se posiciona en el informe el recurso propagandístico del falso dilema, proyectando la apariencia de estar eligiendo entre dos opciones, cuando realmente se propone un solo extremo: el de apoyar una salida no constitucional a la coyuntura venezolana. Todo lo contrario a esa decisión, será entonces interpretado como un apoyo a «la dictadura» venezolana.

Forzar el golpe, estimular la narrativa del paraestado

En la parte final del informe, como también en su desarrollo, se emiten “recomendaciones”, entre las cuales destacan la realización de elecciones generales a la mayor brevedad posible, la apertura de un canal humanitario y la renovación de todos los poderes públicos, entre otras exigencias repetitivas como retirar el desacato que pesa sobre la Asamblea Nacional y la liberación de políticos presos por actividades criminales de distinta índole. Todas exigencias que contravienen las leyes de Venezuela y estimulan la generación de condiciones para un golpe de Estado.

Pero a medida que se delinea un escenario de intervención por delegación a través de la OEA de toda la institucionalidad venezolana, también se prefigura una narrativa de suplantación del Estado venezolano.

Ese proceso colocaría, según sugiere entre líneas el informe, como único nexo entre las gestiones (financieras, humanitarias y políticas) de la OEA y la «soberanía venezolana» a la Asamblea Nacional, configurando así un paraestado que desplace a las autoridades legítimas del país, en franca violación de la legislación internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos de la ONU. Este es el punto clímax del choque institucional y el golpe continuado (en su esferas económicas e institucionales) que ha generado el antichavismo desde principios de 2016, cuando precisamente comenzó a buscar en el ámbito internacional ser reconocido como el único interlocutor válido para aproximarse a la cuestión venezolana.

El mismo formato aplicado contra Siria y Libia, cuando las instituciones multilaterales globales y de esas regiones reconocieron a mercenarios y terroristas financiados por los Estados Unidos como la única representación política válida de esas poblaciones, y por ende, el único vínculo con la comunidad internacional. El único canal de comunicación con el mundo, el comercio, las finanzas, lo más sensible que constituye al Estado moderno dentro del concierto de naciones. El informe dispone de una narrativa para que, efectivamente, eso deje de ser reconocido en beneficio de los gestores locales de la intervención.

Los ejemplos y las tragedias sobran en la historia reciente cuando se habla de informes presentados por operadores de los Estados Unidos contra países soberanos. De nuestra parte queda entender estos mecanismos y recursos aplicados con anterioridad para desarmarlos a tiempo.

Misión Verdad