Panamá: comunidad indígena Ngäbe rechaza acuerdo inconsulto suscrito con empresas chinas
La denuncia de la firma de un acuerdo inconsulto suscrito por la junta directiva de delegados del Congreso General Ngäbe Buglé, por el cual se otorga a un consorcio chino amplios poderes para desarrollar proyectos de toda índole en las tierras de la mayor reserva indígena nacional, encendió la semana pasada, la indignación de este pueblo nativo.
Pese a que el acuerdo fue firmado el 25 de julio de 2016, no fue hasta hace poco que vino a conocerse, por lo que se ha convocado a todos los delegados y autoridades comarcales a una reunión extraordinaria del Congreso, la próxima semana, para debatir el tema y pedir su anulación, durante los actos conmemorativos del vigésimo aniversario de creación de la Comarca Ngäbe Buglé, en Buabdi o LLano Tugrí.
Según reza el acuerdo, las empresas Power Construction of China y Shandong Pusheng, de origen asiático, cuentan con derechos para invertir y desarrollar obras sobre las riquezas comarcales, sin requerir consulta previa de las mayorías.
Ricardo Miranda, delegado del Congreso General y también dirigente del Movimiento 10 de Abril, sostuvo que este patrimonio natural de la comarca pertenece a todo el pueblo Ngäbe Buglé y no a un grupo de sus habitantes, por lo cual calificó dicho acuerdo como un «atentado» a la integridad de la comarca, a su pueblo y a la Ley 10 de 1997, como a su Carta Orgánica.
Explicó que dicho convenio, firmado por la junta directiva de delegados, no fue sometido a consulta ni a la aprobación del pleno de la máxima autoridad comarcal. «Ello es lo que mantiene alarmada a toda la población», sentenció.
El acuerdo señala que el consorcio citado podrá iniciar la construcción de viviendas, escuelas, centros de salud y hasta universidades, con la finalidad de dar una mejor calidad de vida a la población. Así mismo, acueductos residenciales, puertos, centrales eléctricas y sus tendidos, facilidades de transportación, sin excluir el desarrollo agropecuario y el turismo.
Según Miranda, es triste que una nueva amenaza se cierna sobre el pueblo ngäbe buglé, con fines de destruirlo, cuando ya ha sufrido un gran perjuicio como es el de la arbitraria construcción de la central hiddroeléctrica de Barro Blanco, en el río Tabasará, y al que dio su aval la cacica general, Silvia Carrera.
«Pediremos la anulación del acuerdo y la destitución de todos los delegados que lo firmaron», aseguró, tras señalar que esto es obligatorio para devolverle la paz social a su pueblo.
A su vez, otra delegada, Winny Miranda, expresó que muchos han sido sorprendidos por la noticia, ya que lo actuado por estos delegados directivos viola la Ley 10 y la Carta Orgànica, pues nadie tuvo conocimiento de esta acción, la cual calificó de «corrupciòn» entre estos dirigentes, y como una secuela de lo iniciado por la cacica Carrera, y ahora seguido por Demesio Casés.
El documento fue firmado por Demesio Casés, presidente del Congreso General, su vicepresidenta Olga Midí; Raimundo Palacio, secretario; Martiniano Miranda Cruz y Alfonso Montezuma Andrade, subsecretarios; Pedro Mendoza Palacio, Mauro García Santos y Carlos García, fiscales; Mitzila Santos, tesorera; Marco Tugrí Tugrí y Adundio Miranda Herrera, vocales; Jeremías Atencio, presidente de la Asociación de Municipios de la Comarca y Rogelio Moreno Montezuma, presidente de la Corporación Nôle Duima Development S.A., este último, señalado como testaferro del consorcio.
A la fecha, la dirigencia desconoce si el Ministerio de Economía y Finanzas tiene conocimiento de este trámite, pero el dirigente del M-10 estima que los «tentáculos del gobierno» pueden estar implicados en ello, tal como se hizo con Barro Blanco, con el fin de desestabilizar al pueblo ngäbe y facilitar el desarrollo de hidroeléctricas, así como la minería.
La Carta Orgánica Orgánica Administrativa de la Comarca Ngäbe Buglé, en su artículo 57, acápite 5, precisa que el Congreso General, en pleno, tiene la facultad de aprobar o desaprobar los proyectos nacionales e internacionales, y planes de trabajo en la comarca; y velar por la conservación y protección de sus bienes patrimoniales.
Se informó que la cacica Silvia Carrera también está citando a varios dirigentes comunitarios para analizar el polémico acuerdo.
